Ursula von der Leyen debe estar agradecida al primer ministro canadiense, Mark Carney, porque con su presencia en el debate celebrado en el Parlamento Europeo el pasado 16 de septiembre sobre el Estado de la Unión, dio relevancia mediática a un acto que, de otro modo, difícilmente habría acaparado los titulares del día. De dicha presencia y de las palabras de la presidenta de la Comisión Europea cabe extraer algunas consideraciones para la seguridad europea.
Es comprensible que, ante los desplantes y los ataques de Donald Trump, Canadá busque apoyos en otras latitudes. Tanto en términos económicos como de seguridad se entiende la inquietud de Carney y los suyos cuando su principal socio comercial y su tradicional protector cuestiona de raíz la relación bilateral; más aún cuando tres océanos lo separan de cualquier posible aliado alternativo a corto plazo. Es lógico, en esas circunstancias, que Ottawa busque reforzar las relaciones con otros con los que comparta no sólo valores, sino también intereses; y en ese sentido la Unión Europea (UE) parece la opción más sensata. En todo caso, aun dejando de lado la dificultad derivada de la geografía, son muchas las incógnitas por despejar antes de imaginar una plasmación política de esa aspiración.
En primer lugar, están las palabras elegidas. Carney promueve una “alianza de potencias medias” ante la inquietud generada por el impulso imperialista de un Estados Unidos (EEUU) empeñado en hacer colapsar el orden internacional vigente, una Rusia que no tiene reparo en recurrir a su poder militar para imponer su dictado y una China que vuelve a sentirse el centro del mundo. Sin embargo, a tenor de las declaraciones y los documentos emanados de Bruselas desde hace años, no parece que la propia UE se perciba a sí misma (al margen de que lo sea o no) como una potencia media, sino como una potencia global. Existe, por tanto, una diferencia de nivel que no se puede soslayar.
Por su parte, por boca de Ursula von der Layen, la Unión acaba de plantear la conversión de Canadá en el “primer Estado asociado a la Unión”. Una fórmula de relación que puede sonar positiva, pero que choca con la elemental realidad de que tal categoría no figura en el Tratado de la Unión. De momento, lo que existe entre ambos actores es un acuerdo de libre comercio (CETA), firmado en 2016, que todavía no está plenamente en vigor porque hay 10 miembros de la UE que, por diferentes razones, no lo han ratificado (Bélgica, Bulgaria, Eslovenia, Chipre, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia y Polonia). ¿Es realista pensar que se puede dar el salto a una todavía por definir “alianza de futuro”, que cabe suponer que debe incluir una vertiente de seguridad y defensa, reducto último de la soberanía nacional?
La presidenta de la Comisión planteó igualmente en el mismo discurso la necesidad de crear un Consejo Europeo de Seguridad, abierto también a Canadá, junto a Noruega, el Reino Unido, Ucrania y otros países sin concretar. En principio, nada cabe objetar a la idea de contar con un órgano que permita valorar en común las amenazas a sus miembros, así como coordinar la respuesta que quepa dar en cada caso. Pero de inmediato surgen las dudas sobre cómo puede concretarse, empezando por el encaje institucional entre el Consejo Europeo, las capitales de los Veintisiete y las de los aliados extracomunitarios que se animen a sumarse a la iniciativa. Por otro lado, cabe recordar que los Veintisiete todavía no han sido capaces de materializar sus planes para alcanzar la ansiada autonomía estratégica, encajando las diferentes sensibilidades internas entre europeístas, atlantistas y neutrales que conviven en el seno de la UE. ¿Habrá que esperar hasta ese momento antes de emprender la aventura de crear dicho Consejo? ¿Será únicamente consultivo o sus decisiones serán vinculantes? ¿Tendrán todos sus miembros el mismo poder? ¿Se creará en paralelo una estructura de defensa al servicio del Consejo?
Por último, Ursula von der Layen también hizo referencia a la creación de un Marco Europeo de Respuesta ante Emergencias. A la espera de una mayor concreción, la (innecesaria) alusión al artículo 4 de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) parece dar a entender que se trata de complementar el artículo 42.7 del Tratado de la Unión –que establece la cláusula de defensa colectiva ante una agresión armada–, añadiendo un protocolo común ante amenazas que no supongan ataques militares. En otras palabras, asumiendo que ya estamos en un escenario de guerra híbrida (sea desde Moscú o desde Rabat), se trata de disponer de un mecanismo de respuesta rápida y ajustada al nivel de la amenaza. La parte más preocupante de esa iniciativa (con la crisis actual de Ceuta en mente) es la que hace referencia a la voluntad de “flexibilizar” –es decir, suspender– normas vigentes, como el ya de por sí criticable Pacto de Migración y Asilo, rebajando aún más las garantías propias del Estado de derecho.
La UE parece querer ser más de lo que es –un mero mercado común para unos o un eterno aspirante a actor de envergadura mundial para otros–, pero aún no sabe cómo hacerlo. El camino no puede ser a costa de debilitar su esencia democrática ni tampoco de replicar el modelo militarista que propugnan Trump, Putin o Xi. La clave, una vez más, está en superar los pruritos nacionalistas, activando la voluntad política necesaria para desarrollar en común todas las potencialidades que atesoran sus miembros. Sabemos lo que necesitamos –sirvan los informes de Mario Draghi y Enrico Letta como ejemplos–, pero, dos años después de la publicación del primero, tan sólo el 16% de sus propuestas han sido completadas. Y nadie va a esperar por nosotros.
