Mensajes clave
- El viaje de Joseph Aoun a la Casa Blanca –el primero de un presidente libanés en 17 años– ha logrado el respaldo público de la Administración Trump pero no su compromiso para forzar a Israel a que cumpla su parte.
- El acuerdo-marco tripartito firmado el 26 de junio entre Líbano e Israel con la mediación de Washington es estructuralmente asimétrico. Exige a Líbano condiciones para recuperar lo que ya le otorga el derecho internacional –su soberanía–, mientras Israel evita hablar de “retirada” –sólo de “reposicionamiento”–, sin calendario y con un “derecho a la autodefensa” blindado. Los puntos 13 –renuncia a foros jurídicos internacionales– y 3 –retorno de desplazados condicionado al desarme– levantan las críticas de los defensores de los derechos humanos.
- Los dos países entablan negociaciones directas civiles por primera vez en su historia abriendo una ventana de oportunidad única para negociar sus fronteras y una paz duradera. Ambos gobiernos comparten el objetivo de desarmar a Hezbolá, pero divergen significativamente en el por qué, el cómo y el cuándo. La conducta de la guerra por parte de Israel, lejos de reforzar a las Fuerzas Armadas Libanesas (FAL), las deslegitima y debilita en este empeño.
- Hezbolá no es únicamente una milicia sino un proveedor de servicios sociales básicos, por lo que para desarmarla no sólo deberá el Ejército libanés suplir su papel militar, sino que el Estado también deberá proveer a sus bases.
- La verdadera oportunidad es interna y las elites la eluden hasta ahora. La ventana abierta por el debilitamiento simultáneo de Irán y Hezbolá es excepcional pero frágil. Sin un debate sobre el reparto confesional del poder, un nuevo pacto social y la injerencia externa, el cambio será otra rotación de tutor que se nutra del sistema político-confesional actual.
- Líbano necesita dejar de ser escenario para ser actor. Encajado entre una Siria que gana apoyo internacional y un Israel expansionista, sin un proyecto de Estado propio corre el riesgo de quedar reducido a espacio residual entre los proyectos de sus dos vecinos y únicas fronteras.
Análisis
El presidente de Líbano, Joseph Aoun, viajó el pasado 21 de julio a EEUU en lo que supone la primera visita de un presidente libanés a la Casa Blanca en 17 años. En la actual reconfiguración de poderes que se produce en Oriente Medio, buscaba dos mensajes con los que aplacar las críticas de Hezbolá de cara a su audiencia doméstica: la Administración Trump le respalda y está dispuesta a presionar a Israel para que cumpla con su parte del trato. El mandatario estadounidense ha confirmado el primero, pero esquivado el segundo y más importante. Sus detractores en el gobierno de Beirut le reprochan hacer concesiones a Washington sin obtener nada a cambio y Hezbolá le acusa de legitimar la ocupación israelí. Presionado desde dentro y fuera del país, el colosal desafío que afronta Aoun es el desarme de Hezbolá, piedra angular para la implementación del acuerdo marco tripartito firmado el 26 de junio entre Israel y Líbano con la mediación de Washington. Para ello, hace falta que tanto las Fuerzas Armadas Libanesas (FAL) sean capaces de asumir el relevo militar como que el Estado sea capaz de suplir a la comunidad chií los servicios básicos que provee Hezbolá. Líbano tiene ahora una oportunidad única en unas condiciones desfavorables para refundar su Estado y para ello debe repensar cómo redistribuir el poder político internamente.
Un acuerdo asimétrico en un contexto cambiante
El gobierno de Benjamin Netanyahu ha logrado expulsar a todos los actores tradicionales relevantes de la mesa de negociación –UNIFIL, Francia, la UE o la Liga Árabe– para imponer sus términos. Con este acuerdo intenta marginalizar a Hezbolá e Irán en la política regional. Teherán ha contraatacado haciendo valer su ventaja estratégica sobre el estrecho de Ormuz y, por ende, sobre la ruta de avituallamiento del suministro energético mundial, para vincular su Memorando de Entendimiento con EEUU al cese del fuego israelí en Líbano. Una estrategia que conforme aumenta el fuego cruzado entre Washington y Teherán en el Golfo, ha generado las primeras grietas entre la hasta ahora sólida relación personal, política, religiosa y militar que despliegan en público el presidente estadounidense y el primer ministro israelí. Ambos encajan una pérdida de popularidad en las encuestas de cara a las elecciones de medio término de noviembre para el primero, y legislativas de octubre para el segundo. Lo que es bueno para uno –paz en Líbano para reabrir Ormuz y recobrar los mercados globales– es malo para el segundo –cuya oposición interna, junto con el 70% de la población de Israel según sondeos locales, ve como necesaria la guerra en su frontera norte–.
En Líbano el gobierno que lidera el tándem Joseph Aoun y Nawaf Salam es el primero en medio siglo sin, simultáneamente, la injerencia directa de los Assad y con el eje militar Irán-Hezbolá debilitado. Existe un consenso amplio entre los partidos políticos (incluso entre políticos del partido chií aliado Amal) y entre la población de Líbano de que el brazo armado del Partido de Dios debe entregar su arsenal y el ejército regular ser desplegado en todo el país como único garante de la seguridad nacional. Al descabezar a Hezbolá, Israel provocó un cambio de liderazgo con su reemplazo, Naim Qassem, percibido como más directo ejecutor de las órdenes de Irán frente a la mayor independencia que mantenía Nasralá. Esta mayor “iranización” de Hezbolá ha acentuado el distanciamiento de una parte de la comunidad chií hastiada tras tres años de guerra que la ha castigado especialmente y que sentía una identificación con el carismático líder que no comparten con su sucesor. Existe, además, una disposición internacional para armar a las FAL en este empeño.
Los principales puntos de fricción del acuerdo-marco reflejan una asimetría estructural entre las partes. Hezbolá y sectores de la oposición y la sociedad civil lo perciben como un intercambio de tierra por paz desequilibrado: exige a Líbano una larga lista de condiciones para recuperar lo que el derecho internacional le otorga, su soberanía, sin contrapartida equivalente de Israel, que además evita comprometerse a una “retirada” –hablando sólo de “reposicionamiento” de tropas, en la misma semántica ya usada en Oslo–, sin un calendario claro y condicionado “al desarme” de Hezbolá, sin especificar quién decidirá cuándo se ha desmilitarizado a la milicia.
Organizaciones de derechos humanos añaden otras dos objeciones centrales: el punto 13, que obliga a Líbano a cesar toda acción en foros jurídicos internacionales contra Israel –bloqueando de facto el acceso de las víctimas civiles a la Corte Penal Internacional (CPI) o la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sin reciprocidad hacia Hezbolá–, y el punto 3, que condiciona el retorno de los desplazados del sur a un desarme verificado, en lo que consideran una violación del derecho humanitario internacional. A ello se suma el punto 7, que blinda el “derecho a la autodefensa” de Israel sin restricciones, siendo el mismo argumento que amparó sus más de 10.000 violaciones del alto el fuego según el recuento que hace la FINUL (noviembre de 2024-noviembre de 2025), frente a la abstención por parte de Hezbolá durante ese período. El balance de víctimas de la última escalada es de 4.333 muertos y más de 12.250 heridos (la mayoría civiles) y 1,2 millones de desplazados causados por Israel, según el Ministerio de Salud de Líbano, frente a los 39 muertos atribuidos a Hezbolá, de los cuales 36 son militares y tres civiles, refuerza para los críticos la idea de que el acuerdo consolida una asimetría de poder e impunidad ya existente en el terreno.
El presidente libanés está siendo criticado por firmar un acuerdo cuyo único garante es la Administración de Donald Trump, quien para muchos en Líbano no representa un árbitro ecuánime ni fiable. Que rubricara el pacto es fruto de tanto las enormes presiones ejercidas por EEUU como de la trayectoria política del propio Joseph Aoun. Ex comandante de las FAL, cuya financiación depende en gran medida de Washington, y a cargo de desarmar Hezbolá, Aoun es un transatlantista con formación antiterrorista en instituciones estadounidenses. Su elección tras una docena de candidatos fallidos puso fin a un “vacío” presidencial de dos años y tuvo lugar durante las horas más bajas de Hezbolá –tras el asesinato de su líder Hasán Nasralá y la operación híbrida contra su sistema de comunicación– y con la entrada de Donald Trump en la Casa Blanca.
¿Oportunidades o imposibles?
En la falla geopolítica donde sobrevive el país levantino se mezclan oportunidades e imposibles, en plena redistribución de fuerzas regionales. Aquí tanto Líbano como Israel comparten objetivo con el desarme de Hezbolá –cuyo brazo armado está catalogado como grupo terrorista por la UE– para reducirlo a su vertiente de partido político. Para Líbano supone la consolidación del Estado como soberano sobre las decisiones de guerra y paz en su territorio y de concentrar bajo las Fuerzas Armadas Libanesas –única institución guardiana de la identidad nacional transconfesional en el país– el monopolio de las armas y la violencia en sus fronteras y territorio. Este es un objetivo de larga fecha presente en la semántica libanesa desde el Acuerdo de Taef que puso fin a la Guerra Civil en 1990 y por el que todas las milicias –menos Hezbolá– entregaron las armas.
El pasado 2 de marzo el brazo armado del Partido de Dios reanudó los ataques sobre Israel en respuesta al asesinato del Ayatolá Jamenei en Irán. Israel invadió el sur del país y lanzó órdenes masivas de desalojo forzado. Esta fecha marca la ruptura del acuerdo tácito que hasta entonces prevalecía entre el gobierno de Joseph Aoun y Hezbolá, y abre un nuevo paradigma con las conversaciones directas civiles y militares con el vecino Israel, las primeras en su historia (a excepción de los llamados acuerdos del 17 de mayo de 1982 entre Amine Gemayel y Menachem Begin, considerados como nacidos muertos).
Líbano tiene ante sí la oportunidad de definir un nuevo proyecto de Estado y de contrato social con su pueblo, con el que dejar atrás el sistema actual, en crisis desde las masivas protestas populares de 2019, el subsiguiente corralito que junto a la guerra ha empujado a tres cuartas partes de la población a estar por debajo del umbral de pobreza, y la macroexplosión del puerto de Beirut en agosto de 2020 por causas que se derivan de la desidia administrativa de sus elites. Sus ciudadanos califican el actual sistema de reparto de poder en base a cuotas confesionales como “pluri-teocrático” y “cleptocrático” debido al alto grado de corrupción inherente a todas las fuerzas políticas sin distinción, así como a la injerencia de los diferentes poderes religiosos tanto sobre los asuntos de Estado como sobre la gestión social. Líbano destaca en el ranking de corrupción, ocupando el puesto 153 de 182 países en materia de transparencia según el último informe realizado en 2025 por la Coalición Global contra la Corrupción. En el plano político, el reparto del poder se hace siguiendo una lógica de cuotas demográfico-confesionales anclado al último censo oficial de 1932 (bajo mandato francés) por el que el presidente de Líbano ha de ser maronita cristiano (el único en el mundo árabe), el primer ministro musulmán suní y el portavoz del parlamento musulmán chií.
La historia de intervencionismo de potencias mundiales y extranjeras es una constante para este país fronterizo con Israel, sin recursos en hidrocarburos y que alberga una población de unos cinco millones con una diáspora que dobla esa cifra. Sus habitantes han sido rehenes de las pugnas cíclicas que han librado en su suelo ya sea Francia y el Reino Unido, Siria e Israel, Irán y Arabia Saudí, o ahora el nuevo frente de competencia que despunta entre Francia/UE y EEUU. En las dinámicas de supervivencia geopolíticas aprendidas por Líbano, el viaje de Aoun a la Casa Blanca consagra su alineación con el bloque de EEUU. Ese viraje por distanciarse de Irán puede no hacer al país más independiente sino convertirlo en peón de otros actores como Israel y EEUU o regresar a la zona de influencia de Riad.
Para evitarlo, el gobierno libanés no sólo debe solventar su flanco externo con el desarme de Hezbolá y la retirada de las tropas israelíes, sino también consensuar qué proyecto político y definir qué estrategia quiere para el futuro de su país si quiere dejar de ser escenario y convertirse en actor. Un debate que las elites libanesas actuales no parecen dispuestas a emprender, renuentes a ceder privilegios adquiridos.
Desarmar Hezbolá
Si bien Líbano e Israel están de acuerdo en desarmar a Hezbolá, difieren en el cómo y el cuándo. Israel está ejerciendo presión a través de EEUU para que las FAL desarmen a Hezbolá por la fuerza. Teniendo en cuenta que la milicia está mejor armada que el propio Ejército libanés –en parte por la financiación iraní y en parte por el bloqueo sistemático de los lobbies israelíes en el Congreso de EEUU a toda venta de aviones o armas pesadas a Líbano–, el escenario más plausible de un desarme por la vía militar es el de una guerra civil interconfesional.
Cabe recordar que las relaciones entre Hezbolá y el cuerpo del Ejército libanés son más complejas y alternan entre confrontación y colaboración, así como que existen soldados y altos mandos militares afines a Hezbolá. Si bien Hezbolá arrastró al Líbano a la guerra de Siria (desde 2013) lejos de las fronteras del “ocupante israelí”, y en 2026 a la de Irán, fueron sus milicianos quienes lideraron en 2017 la ofensiva conjunta con las FAL para la expulsión de varios miles de muyahidines de al-Qaeda y de Estado Islámico de su territorio tras tres años de lucha antiterrorista. Lejos de las guerras regionales, el peligro de Hezbolá para los libaneses reside en sus armas ligeras, que en mayo de 2008 usó contra sus conciudadanos suníes asomando el país a una nueva guerra civil confesional. Por tanto, el desafío que sus milicianos suponen para el Estado libanés radica en su potencial para implosionar el ejército y no en su arsenal de misiles balísticos, que es lo que preocupa a Israel para proteger a sus ciudadanos del norte.
Para Líbano el desarme sólo debería ser negociado, nunca por la fuerza; al menos mientras Irán retenga poder en la región. Sin embargo, el acuerdo-marco actual exige su desarme sin ofrecer a Hezbolá una contrapartida política clara. Se desconoce tanto el número de milicianos de Hezbolá muertos en la guerra como cuántos siguen vivos y a los que habría que proporcionar unos ingresos alternativos para mantener a sus familias. Ese mapeo sería necesario para poder explorar vías opcionales desde la inserción de sus hombres en las administraciones del Estado o en las filas del Ejército –como se hizo con otras milicias tras el acuerdo de Taef–. No existen aún opciones serias sobre la mesa, ni indicios de que Israel, EEUU o los propios libaneses estén dispuestos a aceptar la asimilación de los milicianos chiíes en las FAL.
En paralelo, las políticas agresivas y maximalistas de Israel, lejos de reforzar al Ejército libanés en la tarea que le exige, lo deslegitima. Atacan sus bases militares (con 33 soldados regulares muertos y decenas de heridos desde el 2 de marzo según datos de la ONU), a las posiciones de los cascos azules (siete soldados muertos sin precisar autoría), obstaculizan su despliegue en el sur y bombardean barrios residenciales densamente poblados. Con ello reducen el margen de maniobra del gobierno de Aoun y refuerzan la narrativa de Hezbolá, que sostiene que, de no existir la milicia para contenerlo, Israel ocuparía aún más territorio libanés. Como ejemplo, cita a la vecina Siria, donde de nada ha servido que no existan un Hezbolá ni un Hamás local, que Trump apoye al nuevo presidente ni que Damasco haya tendido repetidas veces la mano a Israel para que las tropas israelíes prosigan bombardeando y ocupando el sur de Siria con presencia israelí actualmente a unos 20km al sur de la capital siria.
Esto refuerza entre los libaneses la imagen de Hezbolá como movimiento de resistencia armada que ésta reclama desde su nacimiento en los inicios de la segunda invasión israelí de Líbano (1982-2000) y ampara al derecho internacional mientras su tierra siga ocupada. El actual gobierno israelí –que incluye varios ministros de la ultraderecha– argumenta que la política de concesiones, con la retirada unilateral de sus tropas en 2000 y 2006, no acabó con el riesgo de seguridad. De ahí que ahora aboguen por soluciones maximalistas y clamen una victoria total para “eliminar” a Hezbolá.
A pesar de las narrativas cruzadas, la realidad contradice tanto a Hezbolá como a Israel, atrapados en una dinámica de retroalimentación mutua y de fracaso compartido en las promesas hechas a sus bases sociales. Tras el ataque de Hezbolá del pasado 2 de marzo, Israel ha extendido a unos 608km2 el territorio libanés que mantiene ocupado (lo que equivale al 5,8% del país), frente a los 25km2 (el 0,2%) que suponen las Granjas de Chebaa que ocupaba antes de que estallara la guerra en octubre de 2023, cuando el brazo armado del Partido de Dios se sumó a la contienda en nombre de la defensa de Gaza. La realidad es también que la expansión de los territorios de sus vecinos que las tropas israelíes ocupan y su inflexibilidad a la hora de negociar ha terminado poniendo en riesgo a la totalidad de su población –no sólo a la del norte– que hoy queda expuesta a los ataques directos de Irán además de los de su anillo de milicias aliadas en Líbano, Yemen e Irak.
No obstante, Hezbolá es un Estado dentro del Estado que se proyecta más allá de una “resistencia armada” frente al ocupante, proveyendo servicios sociales a los ciudadanos, que oscilan desde préstamos bancarios a cobertura sanitaria, pasando por la escolarización y las pensiones a viudas y huérfanos. Los expertos libaneses especulan sobre la incapacidad económica de Hezbolá para afrontar la reconstrucción tras la guerra más destructiva que ha librado con Israel al verse cortada la vía terrestre siria por donde recibían los maletines con dólares, pero Irán ve en unas futuras tasas del estrecho de Ormuz y la relajación de las sanciones sobre la venta de crudo una vía para volver a llenar sus arcas y posiblemente compensar a sus proxies.
Por lo tanto, se puede reemplazar a Hezbolá, pero no se puede eliminar. Recluir a Hezbolá en la batalla política implica asumir las dos labores que cumple. Por un lado, que el Ejército libanés sea capaz de proteger su territorio de Israel y que el Estado sea capaz de proveer servicios a la comunidad chií. Algo para lo que en la actualidad tanto las FAL como el Estado, a pesar de la voluntad política, no disponen de medios para cumplir. Esto implica también atraer capital de una comunidad internacional que no sólo muestra la fatiga del donante a escala global, sino una reticencia a verter ayuda a un gobierno que se ha mostrado opaco en la gestión de fondos y que se resiste a cambiar unas reglas del juego que lo privilegia. Líbano tiene bloqueados unos 2.760 millones de euros de ayuda del FMI desde 2022, y necesita otros 10.000 millones de euros del Banco Mundial para la reconstrucción tras la guerra –fondos que siguen congelados mientras no complete las reformas bancarias y de transparencia exigidas–. Además, Beirut tendrá ahora que competir con Gaza y Siria para lograr inversores y ayudas para su reconstrucción de un sur mayoritariamente chií mientras que el Golfo suní pierde ingresos y sufre también daños en su infraestructura con los bombardeos iraníes.
Un proyecto encajado entre dos fronteras
Propuestas como la lanzada al aire por Trump el pasado 16 de junio llamando a que sea el nuevo presidente sirio, Ahmed al-Sharaa, “quien se encargue de Hezbolá” preocupan en Beirut por la falta de comprensión de las dinámicas regionales. Para Israel, la ofensiva a la que convenció a EEUU a sumarse contra Irán tiene como objetivo último expulsar a Irán de la competición regional. En su empeño, ha replicado la estrategia iraní con su propia red de alianzas en la región siguiendo la “doctrina de la periferia” (apoyando y armando a los kurdos iraníes en Irak, a los drusos en Siria y a los maronitas en Líbano). La exclusión de la negociación de actores como Francia y la UE no hace sino debilitar las oportunidades de éxito y acrecentar las capacidades de Israel e Irán para desestabilizar Líbano.
En el movimiento tectónico, Siria ha dado un vuelco histórico poniendo fin a medio siglo de la dinastía Assad. Absorbido por su propio proceso de reconstrucción institucional y de pactos internos con drusos, alauíes y kurdos, el nuevo presidente Ahmed al-Sharaa no puede intervenir en Líbano, pero sí actúa como aliado indirecto en la contención de Irán al cortar la ruta terrestre de aprovisionamiento de armas a Hezbolá a través de su territorio. No obstante, el despliegue de unidades de combatientes extranjeros en la frontera norte de Siria que linda con Líbano puede interpretarse como un posicionamiento ante el escenario de una intervención transfronteriza junto a elementos armados suníes en el bastión del norte de Líbano (Trípoli), en caso de que Beirut se vea incapacitada para llegar a un acuerdo que desarme a Hezbolá. El desarme dejaría entonces de ser un asunto interno para convertirse en un frente confesional chií-suní con capacidad de propagación regional.
Con fricciones intercomunitarias e intracomunitarias al alza, y un país exhausto por la crisis económica, la guerra y el desplazamiento, a Líbano le resultará aún más difícil salir del ciclo de dependencias para encajar su propio proyecto de Estado entre dos vecinos en movimiento: una Siria que sabe ganarse el apoyo regional e internacional, y un Israel que persigue su propia expansión, alentado por ministros de la ultraderecha a cargo de la seguridad y defensa que hablan de una coyuntura única para construir el “Gran Israel”. Si las fuerzas político-económicas libanesas no logran sentarse a refundar el Estado, Líbano corre el riesgo de perder esta oportunidad histórica y quedar reducido de nuevo a un espacio residual entre los proyectos de sus dos únicos vecinos fronterizos, todos confiados en que sea Trump quien les allane el camino.
Conclusiones
El creciente consenso dentro de Líbano en torno al desarme de Hezbolá, junto con las primeras negociaciones civiles directas con Israel, abre una ventana de oportunidad que exige también un cambio de paradigma en el reparto de poder dentro de Líbano. El objetivo no debe ser el desarme de Hezbolá, sino acabar con las causas de su creación, que tiene sus raíces en la ocupación israelí y en la perpetuación de un sistema sectario y nepotista en el que el Estado libanés se ha mostrado incapaz de proveer servicios básicos a sus ciudadanos.
En clave regional, para evitar volver a los años de ocupación siria e israelí o de guerra civil que tantas secuelas dejaron en la estructura sociopolítico-económica del país, Beirut puede explorar las opciones de cómo Siria puede usar sus buenas relaciones con la Administración Trump para contribuir a implementar los objetivos del acuerdo marco tripartito. Delimitar el futuro de los escasos kilómetros cuadrados de las Granjas de Chebaa, ocupadas por Israel y que Hezbolá invoca para justificar el mantenimiento de sus armas aunque se trate de territorio originalmente sirio, negociar el retorno de los refugiados sirios en Líbano y establecer unas relaciones de no injerencia entre ambos países son algunas de las prioridades. Pensar en fórmulas que beneficien mutuamente a ambos países con la coordinación en la reconstrucción de sus infraestructuras y la creación de empleo para la abundante mano de obra puede ser el punto de partida y habida cuenta de los proyectos de aeropuertos en ciudades como Trípoli en Líbano y Deir Ezzor en Siria, cuya coordinación facilitaría la canalización de la ayuda.
Sin reforma del Estado y reconstrucción económica, el brazo armado de Hezbolá seguirá reclutando. Y esa reconstrucción exige un volumen de financiación y un acompañamiento institucional que Beirut no puede movilizar solo. Aquí es donde la UE puede jugar un papel que Washington no está en condiciones de asumir. Beirut (y Damasco) encuentran en Bruselas al interlocutor natural para un apoyo a la reconstrucción desde la economía a la justicia y a la infraestructura del país. Un apoyo que la UE debería articular en cofinanciación con los países del Golfo y Turquía para romper con el papel de mero “pagador” y recuperar parte de la legitimidad política perdida entre sus vecinos de la ribera sur tras la guerra en Gaza.
Los vínculos europeos con los vecinos de la región mediterránea son sólidos, siendo la UE el mayor donante para los refugiados sirios (y palestinos) y, al mismo tiempo, el mayor socio comercial de Israel. A ello se suma el tradicional papel mediador de uno de sus Estados miembros, Francia, a la hora de convocar a la comunidad internacional para recaudar fondos para Líbano. La proximidad geográfica convierte además la estabilidad del Mediterráneo oriental en un asunto doméstico europeo –con la migración y la seguridad como preocupaciones añadidas–, y justifica que Bruselas mantenga y amplíe los proyectos existentes de rescate económico y asistencia técnica al refuerzo de las FAL, así como los programas de gestión integrada de fronteras.
La oportunidad actual puede cerrarse rápidamente si no hay una estrategia integral, por lo que el reto reside en sentar políticas de continuidad en el país, resistiendo el empuje de las Administraciones de Trump y Netanyahu para expulsar a Francia y a la UE de la mesa de negociación. Encontrar fórmulas que preserven lo ya invertido, empezando por el relevo a la FINUL, cuyo mandato expira el 31 de diciembre y a la que los Estados miembros contribuyen –con tropas italianas, francesas, españolas e irlandesas–, que debe hacerse de forma coordinada entre las propuestas de Bruselas, de los Estados miembros (iniciativa francoitaliana) y del secretario general de la ONU para alinear y unir recursos. La propuesta europea para establecer una misión de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) presenta la ventaja de que, además de reforzar a las FAL, persigue elevar la capacidad operativa de las Fuerzas de Seguridad Interior –orden público, respuesta rápida, contraterrorismo, lucha contra el contrabando y funciones de Estado de derecho–, mejorar la seguridad portuaria, así como la gestión de la frontera marítima, y fortalecer las instituciones del Estado libanés. La “solución” franco-italiana suple el vacío de fuerzas de interposición que deja UNIFIL.
En cuanto a España, su postura sobre Gaza y su distancia respecto a la Administración Trump sobre el uso de sus bases militares en la península ofrecen en Beirut –y en la región y por extensión en el denominado Sur Global– un capital político y de soft power del que otros socios europeos no disponen. Esta ventaja se puede capitalizar en una mayor participación política y económica en la transición y reconstrucción del país; sin olvidar que España cuenta con 650 efectivos en la FINUL, en el mayor despliegue español bajo la ONU y donde lidera el sector este, que se suma a una fluida colaboración bilateral con proyectos de asistencia técnico-militar con las FAL. Estas expertise y relaciones deben ser capitalizadas desde la fase de diseño del proyecto europeo anunciado para el otoño de 2026, así como la iniciativa franco-italiana en las que España ya ha comunicado su interés en participar. Tampoco hay que olvidar que la presencia de 7.500 cascos azules desplegados actualmente no supone sólo un componente de seguridad, sino que representa un importante motor económico para los ciudadanos del sur, cuya salida ahondará la pérdida de medios de ingresos provocada por los bombardeos israelíes (sobre campos de cultivo ahora infértiles o contra infraestructuras clave como el acceso al agua). La antena que la AECID prevé abrir en Beirut permitiría prolongar esa presencia española más allá del calendario militar y ampliar la continuidad civil con una más ambiciosa apuesta en cooperación.
