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- La dimisión de Joe Kent, director del National Counterterrorism Center (NCTC) de Estados Unidos (EEUU), el pasado 17 de marzo pone de relieve tanto la transformación en curso del sistema de seguridad estadounidense, con el desplazamiento del contraterrorismo como prioridad estratégica, como las primeras fracturas internas dentro de la Administración Trump.
- El sistema de seguridad estadounidense ha reducido progresivamente la centralidad del contraterrorismo en favor de la competencia entre grandes potencias. Este cambio se acompaña de un vaciamiento de capacidades especializadas, lo que debilita la respuesta frente a una amenaza terrorista que sigue activa y que podría intensificarse con la escalada del conflicto con Irán. Este riesgo se ve reforzado por ataques recientes en suelo estadounidense y por la proximidad de eventos de gran visibilidad internacional, como la Copa Mundial de Fútbol o el 250º aniversario de la independencia.
- La reducción de la implicación y capacidad estadounidense en contraterrorismo puede tener efectos directos sobre la seguridad europea al generar vacíos de poder que los grupos terroristas pueden aprovechar. Esto refuerza la necesidad de mantener y fortalecer las capacidades europeas en este ámbito.
- En el plano interno, las distintas dimisiones dentro de la cúpula militar y el creciente desacuerdo político evidencian tensiones dentro de la Administración y del movimiento MAGA, donde la política exterior empieza a generar divisiones. Esto, unido al efecto económico del conflicto y a la percepción de inseguridad, puede influir en la movilización electoral de cara a las elecciones de medio mandato.
Análisis
El pasado 17 de marzo, Joe Kent, director del NCTC de EEUU, dimitió alegando su oposición frontal a la guerra contra Irán, que considera injustificada y contraria a los intereses de Washington. En su carta, denuncia que el conflicto no respondía a una amenaza inminente, sino a la presión de Israel y su influencia en la política y los medios estadounidenses, lo que, a su juicio, ha alimentado un clima favorable a la guerra y ha desvirtuado la agenda “America First” de Donald Trump. Kent, veterano de la guerra de Irak y esposo de una militar asesinada en un atentado suicida en Siria en 2019, recurre a su propia experiencia en combate y a la pérdida de su mujer para rechazar el envío de nuevas generaciones a una guerra que, en su opinión, no beneficia a EEUU ni justifica el coste de vidas humanas.
Esta dimisión adquiere relevancia no sólo por el puesto que ocupaba Kent, convirtiéndolo en el primer alto cargo de la Administración que dimite por oposición a la operación militar en Irán, sino por el papel estructural del propio NCTC dentro del sistema de seguridad estadounidense. El NCTC se creó tras los atentados del 11-S como pieza central de la reforma del sistema de inteligencia estadounidense, con el objetivo de integrar, analizar y compartir toda la información relacionada con el terrorismo para coordinar una respuesta conjunta del gobierno. Dependiente de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, el NCTC actúa como principal órgano de referencia en contraterrorismo, asesorando directamente al presidente y encabezando la planificación estratégica operativa, además de gestionar bases de datos clave, coordinar el intercambio de inteligencia y fortalecer la cooperación interagencial. Por este motivo, resulta especialmente relevante el momento en el que se produce la dimisión de Kent ya que ocurre en la fase final de elaboración de la nueva Estrategia Nacional Contraterrorista de EEUU, publicada finalmente el 6 de mayo, en la que el NCTC tiene un papel central en su aplicación.
Sin embargo, el perfil de Joe Kent ha estado también rodeado de controversia, lo que ha contribuido a intensificar el debate en torno a su figura y, en última instancia, a la lectura política de su dimisión. Ha sido asociado con teorías de la conspiración, llegando a sugerir sin pruebas que agentes de la Oficina Federal de Investigación (FBI) pudieron estar implicados en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 y ha descartado la interferencia rusa en las elecciones de 2016 calificándola como parte del “Russia Hoax”. Además, fue acusado de presionar a analistas para modificar evaluaciones de inteligencia sobre una banda criminal venezolana para alinearlas con la posición de la Administración Trump, lo que ha alimentado el debate sobre su credibilidad.
Por otro lado, la dimisión de Kent se produce en un contexto de profunda reorganización de la cúpula militar, marcado por una sucesión de salidas –tanto forzadas como voluntarias– de altos mandos del Ejército y del aparato de defensa estadounidense. Éstas no pueden entenderse de forma aislada, sino como parte de dinámicas más amplias de transformación del sistema de seguridad estadounidense, que desde el 11-S, ha experimentado una profunda reconfiguración.
Transformación del sistema de seguridad estadounidense
Este año se cumplen 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001, que supusieron un punto de inflexión en la política estadounidense y en el orden de seguridad internacional, iniciando la denominada “Guerra contra el Terror”. A diferencia de las guerras tradicionales, la victoria en la lucha contra el terrorismo no se define por la derrota militar total del enemigo, sino por la erosión progresiva de la ideología que lo sostiene. El objetivo no es eliminar completamente la amenaza, sino reducirla y desacreditar sus ideas, en un proceso comparable al desgaste ideológico que precedió al colapso del bloque soviético al final de la Guerra Fría. Sin embargo, en la práctica, la estrategia estadounidense ha estado marcada por un claro predominio de la dimensión militar, materializado en las intervenciones en Afganistán e Irak y en la expansión de operaciones contraterroristas mediante drones y ataques selectivos en países como Pakistán, Somalia y Yemen.
No obstante, en los últimos años, el contraterrorismo ha ido perdiendo peso en la agenda de seguridad de EEUU en favor de la competencia entre grandes potencias y otras prioridades estratégicas, una tendencia que se refleja tanto en las recientes dimisiones de altos cargos, como en el progresivo debilitamiento de las capacidades especializadas en este ámbito.
Esta tendencia de transformación del sistema de seguridad estadounidense queda claramente reflejada en la evolución de las estrategias de seguridad nacional de EEUU. Durante la Guerra Fría, éstas se centraron en la disuasión nuclear y la contención de la Unión Soviética; en los años 90, tras el colapso del bloque soviético, se amplió el concepto de seguridad incorporando amenazas transnacionales como el terrorismo; y, tras el 11-S, el contraterrorismo se convirtió en el eje central, articulado en torno a la acción preventiva y el uso extensivo de la fuerza.
A partir de la presidencia de Barack Obama, sin abandonar el contraterrorismo como prioridad, se amplió la noción de seguridad hacia una visión más amplia y multilateral de ésta, basada en alianzas, diplomacia y cooperación internacional, en paralelo a un desplazamiento del foco estratégico hacia la competencia entre grandes potencias, especialmente con China. Esta tendencia se consolidó con Trump y posteriormente con Joe Biden, ya que, aunque el terrorismo siguió presente, perdió centralidad frente a la rivalidad geopolítica y un enfoque más amplio de la seguridad que abarca también dimensiones tecnológicas, económicas y sistémicas. En conjunto, la estrategia exterior de EEUU ha ido desplazándose desde la “Guerra contra el Terror” hacia la competencia entre grandes potencias, especialmente con China y Rusia.
La ruptura discursiva más marcada se produjo con la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017 de la primera Administración Trump, que situaba la competición geopolítica entre grandes potencias en el centro de la política exterior estadounidense bajo la lógica de un “mundo competitivo”, relegando así la lucha contra el terrorismo, que después de más de una década y media, dejó de ser la prioridad de la seguridad nacional de EEUU. Esta visión se consolidó con la Estrategia de Defensa Nacional de 2018 que afirmaba que “la competencia estratégica interestatal, y no el terrorismo, es ahora la principal preocupación de la seguridad nacional de Estados Unidos”. Igualmente, Trump prometió abandonar la lógica de la “guerra global contra el terrorismo” y criticó el enfoque de su predecesor, llegando a afirmar que el auge de Estado Islámico era el “resultado directo de las decisiones políticas tomadas por el presidente Obama”. Igualmente, planteó la posibilidad de un despliegue masivo de tropas en Oriente Medio para acabar con Estado Islámico, acción que nunca llegó a materializarse. Sin embargo, en la práctica, Trump mantuvo una notable continuidad respecto a Obama en materia contraterrorista, consolidando un modelo heredado de su predecesor, en el que amplió el uso de drones armados para el asesinato selectivo de líderes terroristas, incrementando tanto el número de ataques como su alcance geográfico. En este sentido, resulta ilustrativo que ambos presidentes buscaran proyectar éxitos de gran impacto mediático y simbólico mediante la eliminación de los principales líderes yihadistas más relevantes de cada momento: Obama anunció la muerte de Osama bin Laden en 2011, mientras que Trump hizo lo propio con Abu Bakr al Baghdadi en 2019.
La Estrategia de Seguridad Nacional de 2022 de Biden mantuvo la competición con China como eje central de la seguridad nacional, en continuidad con la línea marcada por Donald Trump en 2017. Sin embargo, la Administración Biden sustituyó la idea de “competición entre grandes potencias” por la de “competición estratégica” o “geopolítica”, subrayando así una rivalidad de carácter más sistémico e ideológico –democracias frente a autocracias– e integrando de forma más activa a los aliados de EEUU dentro de esa competencia global. Además, la salida de Afganistán en 2021 fue presentada por la Administración Biden como un paso necesario para poner fin a dos décadas de política exterior marcadas por el 11-S y recuperar el foco en la competencia geopolítica.
Con la vuelta de Trump, la Estrategia de Seguridad Nacional de 2025 consolida la tendencia de competición entre grandes potencias con un retorno a la seguridad hemisférica, marcado por la agenda “America First”. Destaca, asimismo, la importancia de la frontera sur y de neutralizar los llamados “cárteles terroristas”, cuyo potencial de amenazar directamente a EEUU se presenta como una novedad relevante. Este cambio conceptual introducido en 2025 por la Administración Trump al redefinir el crimen organizado como terrorismo, plantea importantes limitaciones, ya que no aborda las causas estructurales del crimen organizado, introduce riesgos legales, económicos y diplomáticos, y puede generar efectos contraproducentes en la lucha contra estas amenazas.
El primer año de la segunda Administración Trump también ha estado marcado, en el ámbito del contraterrorismo, por intervenciones militares selectivas mediante drones contra los líderes de los aparatos de operaciones exteriores de las distintas organizaciones yihadistas. Como, por ejemplo, el ataque lanzado en diciembre de 2025 contra militantes de Estado Islámico en el noroeste de Nigeria, que contó con la participación y aprobación del gobierno de Nigeria. Igualmente en 2025, EEUU intensificó significativamente su campaña aérea contra grupos yihadistas en Somalia, llevando a cabo decenas de ataques contra al-Shabaab y Estado Islámico, debido al deterioro de la situación sobre el terreno, así como a una creciente percepción de riesgo regional e internacional, lo que supone un cambio respecto a la retirada de fuerzas promovida al final del primer mandato de Trump.
Esta doble dinámica –continuidad operativa y cambio discursivo– refleja que el contraterrorismo ha pasado de ser el eje vertebrador de la política de seguridad –como lo ha sido durante la “Guerra contra el Terror”– a convertirse en una herramienta más dentro de un marco estratégico más amplio dominado por la competencia entre grandes potencias. En este nuevo contexto, las operaciones contraterroristas se mantienen, pero con un carácter más selectivo, limitado y táctico, orientado a la contención de amenazas concretas más que a su erradicación estructural. Al mismo tiempo, se observa una cierta instrumentalización del contraterrorismo para abordar otras prioridades estratégicas –como el crimen organizado y la guerra contra Irán– lo que contribuye a desdibujar sus contornos tradicionales y a generar tensiones en su aplicación.
Cómo afecta a la amenaza terrorista doméstica
Este cambio en las prioridades de seguridad nacional de estadounidenses también se ha traducido, especialmente desde la caída del califato de Estado Islámico en 2019, en una reorientación progresiva de los recursos hacia amenazas asociadas a potencias rivales y Estados hostiles como Irán. En este contexto, resultan preocupantes otras decisiones que ha tomado Trump respecto a la política de contraterrorismo: Nick Rasmussen, quien durante la Administración Obama dirigió el NCTC, ha expresado preocupación por el posible “vaciamiento” del personal especializado en contraterrorismo dentro de la administración, debido a la salida progresiva de perfiles experimentados y a cambios en las prioridades estratégicas. Rasmussen también critica que el mencionado desplazamiento del foco desde el contraterrorismo hacia la competencia entre grandes potencias, junto con recortes presupuestarios y reorganizaciones institucionales, podría debilitar la capacidad analítica y operativa de las agencias, en un momento en el que la amenaza terrorista sigue siendo persistente, aunque menos prioritaria en la agenda de seguridad estadounidense.
Este desvío de recursos coincide con un repunte de la amenaza terrorista en territorio nacional, en gran medida vinculado a la escalada del conflicto con Irán. A medida que se prolonga el conflicto con Irán, aumenta el incentivo de este último para recurrir a una amplia gama de herramientas de guerra asimétrica con el objetivo de presionar a EEUU. De hecho, el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense ha alertado sobre los riesgos, entre los que se contemplan la activación de células durmientes o actores individuales inspirados por Teherán, ciberataques contra infraestructuras críticas e incluso operaciones externas más organizadas a largo plazo. Este repertorio de acciones iraní no sería una sorpresa, ya que encaja en una trayectoria más amplia: durante décadas, Irán ha impulsado una estrategia sostenida de operaciones encubiertas y atentados –incluidos intentos de asesinato, secuestros y amenazas– contra sus opositores en EEUU y otros países occidentales.
Este riesgo no es meramente teórico, sino que ya se está materializando en incidentes recientes: El 1 de marzo de 2026, un tiroteo en Austin (Texas) fue perpetrado por un individuo que portaba simbología vinculada a la República Islámica de Irán, hallándose posteriormente en su vehículo y domicilio banderas e imágenes de altos dirigentes del régimen. Apenas unos días después, el 12 de marzo, un ciudadano estadounidense de origen libanés, atacó con un camión la sinagoga Temple Israel en West Bloomfield (Míchigan) –la mayor sinagoga reformista del país– aunque la intervención del personal de seguridad logró evitar víctimas. Sin que por ahora se haya podido establecer una vinculación directa y concluyente con el Estado iraní, ambos casos ilustran cómo la amenaza puede materializarse, especialmente en un contexto de guerra que puede actuar como acelerador para personas descontentas y susceptibles de radicalizarse.
En esta misma línea, es preciso tener en cuenta que el alcance de las operaciones exteriores iraníes es significativo. Entre 2021 y 2024, el Washington Institute for Near East Policy ha documentado 157 casos de operaciones iraníes en el extranjero, entre los que se incluyen 27 complots en EEUU y 54 en Europa. Fuentes de inteligencia estadounidense consideran que Teherán mantiene tanto la intención como la capacidad de desarrollar redes operativas dentro del propio territorio estadounidense, incluyendo intentos de asesinato contra figuras políticas a las que responsabiliza de la muerte de Qasem Soleimani. De hecho, investigaciones recientes han sacado a la luz planes concretos dirigidos por la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) contra altos cargos, como el complot en noviembre de 2024 para asesinar a Trump.
Este cambio en la asignación de recursos plantea dudas sobre la capacidad real para responder eficazmente ante una crisis imprevista. Especialmente si se tiene en cuenta que los recientes recortes de personal pueden haber erosionado parte del conocimiento experto y la memoria institucional acumulados durante décadas. A ello se suma un calendario marcado por acontecimientos de gran visibilidad internacional –como la Copa Mundial de Fútbol o el 250º aniversario de la independencia de EEUU– que podrían convertirse en escenarios atractivos para posibles acciones de represalia por parte de actores como Irán, en un momento en el que la atención y los recursos no están necesariamente centrados en la prevención del terrorismo.
Por otro lado, para analizar todas las dimensiones del incremento de la amenaza terrorista en suelo doméstico, no debemos olvidar que existe la vertiente del terrorismo yihadista que sigue articulándose en torno a al-Qaeda y Estado Islámico. Ninguna de estas dos organizaciones ha renunciado a su ambición global de golpear al enemigo lejano, aunque ambas atraviesan una situación de debilidad como consecuencia de la prolongada crisis de liderazgo que arrastran y de algunas campañas fallidas. De momento, esto ha favorecido la adopción de estrategias descentralizadas en sus respectivas entidades asociadas, filiales y provincias regionales en Asia, Oriente Medio y, sobre todo, África.
Concretamente, Siria se plantea como un nuevo escenario de fragilidad ya que, en marzo de 2026, el ya debilitado sistema de seguridad en torno a los centros de detención del noreste de Siria colapsó, permitiendo la fuga de entre 15.000 y 20.000 personas –en su mayoría familiares de combatientes yihadistas y milicianos experimentados de Estado Islámico– del campo de Al-Hol. Este episodio se produce en un contexto de creciente inestabilidad regional: tras la caída de Assad, la actividad de Estado Islámico en Siria aumentó notablemente, pasando de 121 ataques en 2023 a 294 en 2024, con una ligera reducción a 244 en 2025, año en el que además murieron tres estadounidenses en el país. La retirada parcial de fuerzas estadounidenses hacia el Kurdistán iraquí en septiembre de 2025 ha reducido aún más la capacidad internacional de contención. La liberación repentina de miles de individuos altamente radicalizados en un entorno de conflicto activo ofrece a Estado Islámico una oportunidad sin precedentes para reorganizarse, recuperar territorio y explotar tensiones sectarias, agravadas por la dinámica regional. Paralelamente, en Yemen, la reorientación de recursos estadounidenses ha abierto espacio para que al-Qaeda en la península Arábiga refuerce sus capacidades, reestablezca campos de entrenamiento y planifique posibles ataques exteriores.
La amenaza persiste y evoluciona, lo que pone de relieve los riesgos de reducir capacidades en contraterrorismo. En este sentido, la reasignación de recursos hacia otras prioridades estratégicas puede generar vacíos que los grupos terroristas están en condiciones de aprovechar, dada su capacidad de adaptación y resiliencia. Un ejemplo ilustrativo es el caso de Rusia, que, al desviar capacidades hacia la guerra en Ucrania, debilitó su aparato de seguridad interna frente a la amenaza yihadista, como puso de manifiesto el atentado del Crocus City Hall en Moscú en 2024.
Cómo afecta al movimiento MAGA y a las elecciones de medio mandato
La dimisión de Kent ocurre en un contexto de reorganización de la cúpula militar, encabezadp por el secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, quien ha solicitado la dimisión del jefe del Estado Mayor del Ejército, Randy George. George, un oficial de carrera con experiencia en la Guerra del Golfo y en los conflictos de Irak y Afganistán, ha sido reemplazado de forma inmediata por el general Christopher LaNeve, hasta ahora vicejefe del Estado Mayor, quien asumirá el cargo de manera interina. Este relevo se enmarca en una serie de cambios más amplios dentro del Pentágono, donde en los últimos meses también han abandonado sus cargos figuras clave como el secretario de la Marina, John Phelan, y otros altos mandos del Ejército. Tras un primer año marcado por la lealtad a Trump, estas salidas empiezan a evidenciar fracturas dentro de la Administración en un momento especialmente delicado para Washington, al coincidir con la escalada de tensiones derivadas de la guerra con Irán.
Además, la opinión pública estadounidense se muestra mayoritariamente crítica tanto con la decisión de intervenir en Irán, como con la gestión del conflicto por parte de Donald Trump. En torno al 61% de los encuestados desaprueba su actuación, frente a un 37% que la respalda, y una proporción similar considera que el uso de la fuerza fue una decisión incorrecta (59% frente a 38% que la apoya). Sin embargo, existen marcadas diferencias partidistas: entre demócratas e independientes de tendencia demócrata, el rechazo es mucho mayor, con alrededor del 90% desaprobando la gestión del conflicto y un 88% considerando errónea la intervención; mientras que, entre republicanos y simpatizantes del partido, predomina el apoyo, con aproximadamente siete de cada 10 respaldando tanto la actuación del presidente, como la decisión de recurrir a la acción militar.
Sin embargo, la guerra contra Irán ha generado tensiones dentro del propio movimiento MAGA, hasta el punto de que algunas de las figuras más influyentes han pasado de expresar dudas sobre la intervención a dirigir críticas directamente contra el propio presidente. Este desacuerdo se ha hecho visible en declaraciones públicas de personalidades con gran audiencia, como Tucker Carlson y Megyn Kelly, que cuestionan tanto las amenazas de escalada como el tono empleado por Trump. Aunque en otros casos estas voces suelen suavizar o reencauzar sus críticas, la intensidad inicial refleja un nivel de frustración poco habitual, incluso dentro de un entorno tradicionalmente muy alineado con el presidente. Dado el alcance de estas figuras, estas divisiones adquieren relevancia política, aunque analistas subrayan que el vínculo entre Trump y su base sigue siendo especialmente sólido. En cualquier caso, estos episodios evidencian las primeras fisuras dentro del movimiento MAGA en torno a política exterior, que se deben observar con atención de cara a las elecciones de medio mandato de noviembre.
Parte de esta frustración se explica también porque Irán no ocupaba un lugar central ni en la Estrategia de Seguridad Nacional ni en la Estrategia de Defensa Nacional de la Administración Trump, lo que hace que esta guerra sea percibida por parte de la base republicana como una desviación de la promesa de “America First” y del rechazo a nuevas guerras prolongadas en Oriente Medio. Además, estas críticas no son completamente nuevas: ya durante el verano algunos sectores del movimiento MAGA habían cuestionado el creciente protagonismo de asuntos internacionales en la agenda de Trump, especialmente tras el despliegue de barcos militares estadounidenses frente a Venezuela.
Adicionalmente, la escalada del conflicto en Oriente Medio está teniendo ya un efecto económico global significativo, especialmente en los mercados energéticos. El cierre del estrecho de Ormuz ha paralizado exportaciones clave de crudo, gas y fertilizantes, generando tensiones en las cadenas de suministro. Esta elevación de los precios a nivel internacional, provocan un incremento de la inflación y un estancamiento del crecimiento económico que podría prolongarse incluso si el conflicto se resolviese rápidamente, con efectos directos sobre consumidores, empresas y la estabilidad económica global.
En este contexto de presión económica sostenida, es probable que el conflicto se convierta en un eje central de las elecciones de medio mandato, con el riesgo de desmovilizar a parte del electorado republicano y, al mismo tiempo, movilizar al votante demócrata. Este efecto podría intensificarse si la guerra se prolonga, si se producen bajas estadounidenses y, especialmente, si el aumento de la amenaza terrorista en suelo nacional se traduce en más ataques o en una mayor percepción de inseguridad ciudadana. Sobre todo teniendo en cuenta que el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU ha señalado la guerra contra Irán como un posible factor que pudo influir en el último intento de asesinato a Trump durante una cena de periodistas en la Casa Blanca el pasado 25 de abril. Según un informe preliminar sobre el sospechoso, Cole Allen, presentaba múltiples quejas políticas y sociales, por lo que el FBI continúa investigando su actividad en redes sociales y otros elementos del caso para determinar si el conflicto en Irán fue un factor determinante o solo uno entre varios motivos ideológicos y personales.
Conclusiones
La dimisión de Joe Kent es la primera de un alto cargo de la Administración debido a su oposición a la guerra contra Irán, que considera injustificada y contraria a los intereses de EEUU. Esta dimisión es importante, ya que evidencia, por un lado, la transformación del sistema de seguridad estadounidense que se viene produciendo desde hace años y, por otro lado, las fracturas internas dentro de la Administración Trump.
El sistema de seguridad estadounidense ha ido relegando progresivamente la lucha contra el terrorismo, que deja de ocupar un lugar central, en favor de la competencia entre grandes potencias. Este giro se hace especialmente visible con la Estrategia de Seguridad Nacional y la Estrategia de Defensa Nacional de la primera Administración Trump y se consolida con la retirada de Afganistán bajo la Administración Biden, que marca el cierre de dos décadas de política exterior condicionadas por el 11-S.
Aunque es lógico que la competencia geopolítica estructure la política exterior actual, ello no debería implicar una pérdida de prioridad de la lucha contra el terrorismo, que sigue siendo una cuestión de seguridad nacional. Especialmente si se tiene en cuenta que al-Qaeda y Estado Islámico no han renunciado a su ambición global de atacar al enemigo lejano y que los vacíos de poder que deja EEUU en regiones como Siria o Yemen pueden ser aprovechados por organizaciones terroristas para reconstituirse o expandirse. Además, la escalada del conflicto con Irán ha supuesto un repunte de la amenaza terrorista en territorio estadounidense, que ya se ha materializado en incidentes recientes. En este contexto, resulta especialmente preocupante el progresivo vaciamiento de personal especializado en contraterrorismo dentro de la Administración, derivado tanto de la salida de perfiles experimentados como de los cambios en las prioridades estratégicas.
Esta dinámica también puede tener implicaciones directas para Europa, ya que una menor capacidad de respuesta de EEUU frente a esta amenaza transnacional puede generar vacíos que los grupos terroristas están en condiciones de aprovechar y, en consecuencia, tener efecto directo sobre la seguridad europea. Especialmente teniendo en cuenta que funcionarios europeos de los servicios de inteligencia y políticos, como el diputado alemán Marc Henrichmann, han advertido sobre la alta probabilidad de acciones de represalia por parte de células durmientes distribuidas por el continente. Todo ello subraya la necesidad de que Europa evite una reducción similar de capacidades en el ámbito del contraterrorismo y mantenga un nivel sostenido de atención y recursos frente a una amenaza que sigue siendo persistente y estructural.
Por otro lado, tanto la dimisión de Kent como otras salidas –forzadas o voluntarias– dentro de la cúpula militar de la Administración empiezan a evidenciar fracturas tras un primer año marcado por una fuerte lealtad a Trump. A ello se suma una opinión pública mayoritariamente crítica tanto con la intervención en Irán como con la gestión del conflicto, así como las crecientes voces disonantes dentro del propio movimiento MAGA, que reflejan las primeras fisuras en torno a la política exterior, al considerar que Trump no está cumpliendo plenamente su promesa de “America First”.
Este deterioro del clima político, junto con el impacto económico asociado a la guerra, podría tener consecuencias relevantes de cara a las elecciones de medio mandato de noviembre, al contribuir a una menor movilización de parte del electorado republicano y, al mismo tiempo, favorecer una mayor movilización del votante demócrata.
[1] La autora agradece muy especialmente a Carlota García Encina sus comentarios y su orientación en la elaboración de este análisis. Asimismo, agradece a Álvaro Vicente sus comentarios, que han contribuido a enriquecer y mejorar el texto.