Mensajes clave
- La política europea de España afronta una “crisis de los 40”: 40 años después de la adhesión a la Unión Europea (UE), existe un creciente desacoplamiento entre la transformación de Europa y la forma en que España sigue gestionando los asuntos europeos.
- El principal reto es la revisión de la gobernanza de la política europea. Hay una distancia creciente entre el modelo formal de coordinación vigente y el funcionamiento real del sistema, cada vez más descentralizado.
- El incumplimiento del Derecho de la UE constituye el ejemplo más claro de la distancia entre discurso y realidad. España mantiene un discurso europeísta, pero presenta resultados muy deficientes en la aplicación de la normativa europea.
- Sería deseable alcanzar consensos puntuales en cuestiones estratégicas para el país como el presupuesto europeo, las reformas institucionales, o la mejora del cumplimiento normativo.
- Como parte esencial de la política europea es necesario impulsar la comunicación, con una visión estratégica que incluya no solo los medios sino también vectores como la población, los socios europeos o el sector privado.
- Para preservar y reforzar su influencia, España debe modernizar su política europea abordando los cuatro retos identificados: gobernanza, incumplimiento, consenso y comunicación.
Introducción
En 2020 publiqué un análisis para el Real Instituto Elcano sobre la política europea de España, centrado en cuatro claves para aumentar la influencia en Bruselas. Con el mismo espíritu constructivo y práctico, y de acuerdo con mi experiencia en asuntos europeos en la Secretaría de Estado para la UE (SEUE), la Representación Permanente de España en Bruselas, diversas embajadas y el sector privado, querría completar ahora aquel análisis de 2020 con una reflexión sobre los que considero que son actualmente los cuatro principales retos de la política europea de España.
Esos retos están en gran medida conectados entre sí y cuentan con una idea fuerza subyacente: 40 años después de nuestra entrada en la UE es necesario mirar al futuro y repensar de forma conjunta cómo se hace la política europea en España. Eso nos permitiría adaptarnos de manera urgente a la evolución en temas, equilibrios y sistemas de trabajo a nivel europeo, y de esta forma reforzar nuestra influencia en la UE y la defensa de nuestros intereses.
Una Europa mutante
Si echamos la vista atrás, hasta 2020, resulta sorprendente cómo han cambiado las cosas en sólo seis años. La manida frase atribuida a Paul Valéry según la cual “el futuro ya no es lo que era” parece más cierta que nunca. La pandemia, la guerra en Ucrania, la era Trump 2.0 y el declive económico y tecnológico de Europa frente a China y Estados Unidos (EEUU), nos han ido golpeando sin cesar.
A algunos les parecerá exagerado el adjetivo “mutante”, pero si se observa con perspectiva se podría decir que la Europa actual está viviendo un proceso de profunda transformación: una Unión que asume que defender la paz y el proyecto europeo requiere nuevas herramientas y otra manera de estar en el mundo. Y por eso el momento actual es de redefinición de prioridades, de políticas, de legislación y de presupuestos. Desconcertados ante el fin del “mundo de ayer”, el auge de las lógicas de poder en las relaciones internacionales y los cambios en las dinámicas comerciales, los europeos parecemos haber emprendido de forma tácita una mutación, pero “a tratado constante” (sin reforma de los tratados europeos), presidida por paradigmas como la seguridad, la competitividad o la soberanía.
La conversación europea ha ido virando progresivamente, desacoplándose con frecuencia de la conversación pública española, y ahora está principalmente centrada en cuestiones como Ucrania, la defensa, la profundización del mercado único, la ampliación, el futuro presupuesto europeo (en el que España pasaría a ser contribuyente neto), las relaciones con EEUU y China, y la migración. Se habla además de temas que no son nuevos, pero que son tratados bajo una óptica diferente, como por ejemplo en el caso de la energía, ya no percibida, como en la legislación anterior, desde una perspectiva medioambiental, sino cada vez más como una dimensión de nuestra seguridad y competitividad. Centrados en la geopolítica y la supervivencia, como señalara el presidente de Francia Emmanuel Macron en su discurso sobre Europa de abril de 2024, hemos reparado en que “Europa es mortal”.
Todos estos elementos de mutación están afectando además a la manera en que se hace la política europea en Bruselas, y provocando diversos cambios en las dinámicas de funcionamiento.
Por ejemplo, algunos autores están hablando sobre el concepto de geopolitización de la política europea, es decir, cómo la reorientación del proyecto europeo hacia la geopolítica y la geoeconomía está aumentando la relevancia de los temas y departamentos de acción exterior, seguridad y defensa, y vinculando a ellos la acción de departamentos tradicionalmente considerados técnicos (como, por ejemplo, la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea).
Otra tendencia que diversos autores destacan en los últimos años es la progresiva “presidencialización”[1] de la política europea. Con las sucesivas crisis y el contexto de cambio, los jefes de Estado y de gobierno en el Consejo Europeo están ganando más peso en el equilibrio institucional de la UE, en una distribución del poder cada vez más intergubernamental, que coincide además con una progresiva presidencialización de los propios sistemas de funcionamiento interno de la Comisión Europea bajo el mandato de Ursula von der Leyen.
Finalmente, una tercera tendencia que se advierte de manera creciente es la transversalidad de los expedientes. Los grandes temas de la actual legislatura iniciada en 2024, como la simplificación, la seguridad y la competitividad son multisectoriales y escapan a una lógica de silos y ministerios. La transversalidad que viene de Bruselas obliga a revisar la forma de hacer política europea en los Estados miembros, forzando a una mayor coordinación entre diferentes departamentos y niveles de la administración. En la Europa de 2026 hace falta una forma diferente de trabajar en las administraciones públicas, en la que se tienda más a un trabajo coordinado e integrado.
Esta es, a grandes rasgos, la Europa de hoy. No es la que teníamos y tal vez no es la que queríamos. Pero es a la que habrá que adaptarse, a ser posible más pronto que tarde, mediante una política europea renovada y actualizada.
La política europea de España, 40 años después
Hoy ya es difícil sostener que la política europea es sólo política exterior. El grado de imbricación entre la política europea y la realidad interna es tal que una gran parte de nuestra legislación viene determinada por la normativa europea. Con la expansión de los ámbitos de acción de los últimos años (por ejemplo, en la respuesta a la crisis del COVID-19) es casi imposible encontrar un área que no se vea afectada por la normativa o las decisiones de la UE. Sin embargo, la sociedad española no parece haber tomado conciencia plena de la necesidad de pensar en dicha política europea, en cómo se debe afrontar y cómo se debe hacer. No se aborda por ejemplo cómo realizar un proceso eficiente de reflexión, fijación de prioridades y formación de la posición nacional o cómo establecer mecanismos para un adecuado cumplimiento de las normas y obligaciones europeas.
En el momento actual, podríamos decir que, en lo que respecta a nuestra política europea, presentamos síntomas de una cierta crisis de los 40. En especial un desacoplamiento entre nuestra autopercepción y discurso con nuestra realidad. Y una falta de cambio y adaptación a la nueva realidad que nos rodea.
Por ello, como han hecho otros países europeos, es conveniente parar y pensar cómo estamos haciendo política europea. Asumir que Europa ha cambiado, pero nosotros no hemos adaptado nuestras formas de trabajar en la fase ascendente o descendente de la política europea (es decir, en la fase de negociación de normativa y de aplicación de dicha normativa). Prepararnos en suma para los próximos 40 años y renovar nuestra forma de estar en Europa.
Para la Real Academia Española, un reto es un “objetivo o empeño difícil de llevar a cabo y que constituye por ello un estímulo y un desafío para quien lo afronta”. En el contexto actual podríamos decir que la política europea de España se enfrenta a cuatro retos principales: la gobernanza, el incumplimiento, el consenso y la comunicación.
El reto de la gobernanza
Para la política europea de España el reto central y más relevante (que por ello se analizará aquí con mayor profundidad y detalle) es el de la revisión de su gobernanza.
No hay entre los Estados miembros un modelo único para coordinar la posición nacional y defender los intereses propios. En función de la historia y estructura de cada país hay modelos centralizados (como Francia) o descentralizados (como Alemania) y países donde la oficina del presidente o primer ministro adquieren un protagonismo total (la propia Francia) o donde el Ministerio de Asuntos Exteriores controla la coordinación (como los Países Bajos y Dinamarca).
Por incidir en algunos ejemplos ilustrativos, en el caso de Alemania se cuenta con un sistema descentralizado en el que los ministerios sectoriales cuentan con gran autonomía, pero por el principio de colegialidad se debe lograr la aprobación de las posiciones nacionales por unanimidad y se han establecido por escrito reglas de procedimiento claras para el proceso de coordinación, que recae en el Ministerio de Asuntos Exteriores (para las cuestiones del ámbito COREPER II) y de economía y energía (para las del COREPER I). Francia, por su parte, encarna un modelo centralizado para la formación de posiciones en la UE. Una potente Secretaría General de Asuntos Europeos, vinculada a la Oficina del primer ministro, ocupa la posición crucial en la coordinación y envío de instrucciones a la Representación Permanente (REPER) en Bruselas (sin las cuales sus consejeros no tienen margen de maniobra). Se trata de un sistema en el que un órgano central superior arbitra entre las diferentes posiciones e intereses, con la legitimidad otorgada por su vinculación directa con el primer ministro. En el caso de los Países Bajos, el Departamento de Integración Europea, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, es el encargado de la coordinación. De acuerdo con la llamada “cultura del pólder”[2] se busca el consenso entre todos los actores, que están implicados en la determinación de las posiciones negociadoras mediante mecanismos de coordinación permanente como el Comité de Alto Nivel para la UE. Una gran capacidad de anticipación, y una buena coordinación con el sector privado, permiten además a los Países Bajos introducir regularmente sus prioridades y enfoques entre las propuestas de la Comisión.
Frente a este panorama general, en el caso de España resulta llamativa la progresiva separación entre la teoría y la práctica. Desde nuestra adhesión en 1986, la SEUE en el Ministerio de Asuntos Exteriores está encargada de la “formulación y ejecución de la política de España en el ámbito de la Unión Europea”, de la “coordinación de las actuaciones que realicen las administraciones públicas en la Unión Europea (incluyendo la Administración General del Estado, pero también las administraciones autonómicas y locales)” y de la “impartición de instrucciones al Embajador Representante Permanente”. A pesar de la pervivencia sobre el papel de ese modelo, que sería similar al adoptado por países como Dinamarca y los Países Bajos (centralización y ubicación de la coordinación en el Ministerio de Asuntos Exteriores), en los últimos años, en respuesta al contexto cambiante y las necesidades urgentes, se ha ido realizando de forma espontánea una adaptación informal y no codificada de los métodos de trabajo. Conviven de esta forma un sistema formal y un sistema real, en un contexto de deterioro de la coordinación estructurada.
La mencionada presidencialización de los asuntos europeos se ha traducido en que otras unidades, las más cercanas al presidente del gobierno, asuman progresivamente un mayor peso coordinador: se han producido novedades como la creación de un departamento específico en presidencia del gobierno encargado de “asesorar al presidente en los asuntos relacionados con la Unión Europea y proporcionar la información necesaria para el ejercicio de su participación en el Consejo Europeo”. Dada la importancia creciente de las decisiones de dicho Consejo Europeo sobre las políticas de la UE, este departamento, junto con la oficina de asuntos económicos y G20, puede asumir en ocasiones la función de arbitraje superior entre las posiciones de los ministerios. De esta manera se han introducido de facto, pero de manera incompleta, elementos del modelo centralizado francés, en el que la presidencia ocupa un lugar crucial en la formación de posiciones nacionales.
Por otro lado, los diferentes ministerios, de forma desigual y de acuerdo con una casuística variada, han ido reforzando su personal dedicado a asuntos europeos, tanto en Madrid como en Bruselas, con clara voluntad en ocasiones de reafirmar su perfil y voz propia marcando directamente la posición a través de los contactos de sus representantes, no siempre con la oportuna coordinación y arbitraje para alcanzar una posición realmente nacional. Por tanto, se están introduciendo de hecho elementos del modelo descentralizado alemán de formación de posiciones, pero careciendo de los mecanismos reforzados de colegialidad esenciales en Alemania. Frente a todo ello, la REPER ha ido tomando un papel cada vez más relevante, realizando muchas veces la necesaria coordinación y fijación de posiciones que no se realiza en la capital. De esta manera contamos (de acuerdo con la categorización clásica de H. Kassim) con un sistema teóricamente centralizado, pero que es en la práctica descentralizado, en el que impera la negociación informal y un difícil arbitraje, y en el que la coordinación interna (representada por mecanismos tradicionales como la Comisión Interministerial de Asuntos de la UE, CIAUE) ha ido debilitándose de manera paulatina pero constante.
En el caso español faltarían actualmente mecanismos sistemáticos de reflexión conjunta para lograr un pensamiento estratégico a largo plazo que identifique los intereses nacionales, prioridades y alianzas que se deben establecer, y cuáles deben ser nuestras posiciones y narrativas en los principales debates europeos. En resumen, identificar qué Europa conviene a España, qué integración europea nos interesa, y cómo acomodar el interés español al interés general de la UE.
Además, faltarían mecanismos estructurados y ágiles de coordinación de los asuntos cotidianos, con reuniones frecuentes de grupos de trabajo para contar con una visión de conjunto y análisis técnicos desde diferentes perspectivas, y fijar con anticipación suficiente la posición nacional en todas las cuestiones relacionadas con la UE (no sólo en las negociaciones legislativas en el Consejo). Para ello sería necesario mejorar el funcionamiento de las estructuras existentes (como la mencionada CIAUE) y abordar un aumento de medios humanos y materiales para que, desde los órganos de coordinación, como la SEUE y las distintas subdirecciones de asuntos europeos del resto de ministerios, se pudiera abordar el incremento del número y complejidad de los expedientes. La mencionada transversalidad de los temas agrava actualmente esta necesidad de mecanismos de coordinación.
En muchas ocasiones el debate sobre la gobernanza de la política europea ha estado centrado en España en la ubicación del órgano coordinador.[3] Por ejemplo, algunos han considerado conveniente situar la SEUE bajo la órbita de la Presidencia del Gobierno o bien elevar su rango a vicepresidencia o atribuir a su titular un doble papel, nombrándolo también sherpa (asesor de máximo nivel) del presidente para asuntos europeos. Como se ha visto, no hay una respuesta única entre los Estados miembros.
Sin embargo, la cuestión central (parafraseando a Deng Xiaoping) no es si el gato es blanco o negro, sino si caza ratones. El debate sobre la gobernanza de la política europea debería estar centrado en cómo mejorar la calidad de los procesos, en vez de centrarse en cambios profundos de estructuras o debates competenciales sobre quién lleva un expediente. En la Europa actual funcionar pensando en propietarios exclusivos de los temas o en silos distribuidos por ministerios, es un camino condenado al fracaso. Sin olvidar que, en última instancia, la coordinación no depende tanto de las estructuras creadas como de la articulación de una “cultura de coordinación” y unos mecanismos eficaces (grupos de trabajo, puntos de contacto, mecanismos de organización fluidos) que aseguren la circulación de la información y garanticen la toma en consideración de todos los intereses.
En realidad, la revisión de la gobernanza de la política europea en España debería estar presidida por la combinación de tres principios: coordinación, responsabilidad y arbitraje. Es decir, la determinación clara de quién coordina (y a quién coordina en cada caso), pero también de quién es responsable del seguimiento de un expediente y de quién decide y arbitra en caso de que haya diferentes visiones o fricciones entre departamentos.
Todo este proceso no debe olvidar otro gran desafío de la política europea de España: la participación de las comunidades autónomas en el proyecto europeo. Muchos expedientes de relevancia afectan a sus competencias y ámbitos de actuación, por lo que es necesaria una adecuada comunicación y coordinación, que los mecanismos existentes (como la Conferencia para asuntos relacionados con la UE, CARUE) no estarían garantizando. Cualquier revisión de la gobernanza de la política europea de España debe incorporar desde el principio de la reflexión una derivada autonómica.
Con una paradoja final: en esta Europa cada vez más presidencialista parece claro que el arbitraje final sólo lo puede realizar la presidencia del gobierno o alguien designado por ella que sea capaz de tener una visión de conjunto y dar seguimiento. Pero sin olvidar que dicha presidencia no podrá ocuparse de todo, sin ir más lejos porque su naturaleza no es ésa. Su función genuina es el liderazgo ejecutivo al más alto nivel, marcando las líneas directrices de los grandes temas, pero no tiene la capacidad administrativa, el conocimiento técnico o la disponibilidad de atención sostenida en el tiempo para seguir con anticipación y profundidad el detalle de todos los expedientes, con negociaciones que en algunos casos pueden durar años. En resumen, aunque arbitre Presidencia del Gobierno el resto de la administración debe participar, en un proceso necesario de reflexión, coordinación, elaboración de posiciones, y emisión de instrucciones que garanticen la coherencia.
El reto del incumplimiento
Cuando se habla del reto del incumplimiento de la normativa comunitaria es cuando se aprecia mejor la idea de la crisis de los 40 y la distancia entre la autopercepción y el discurso, por un lado, y la realidad por otro.
El último gobierno socialista de Felipe González (1993-1996) empezó a utilizar el slogan de “Más Europa”, que después fue el lema escogido para la Presidencia española del Consejo de la UE en 2002. Desde entonces parece ser un mantra esencial de la política europea de España: ser europeístas y estar comprometidos con los avances en el proyecto europeo y la integración. Sin embargo, si atendemos a los datos y la realidad de la aplicación de la normativa europea, se aprecia que en los últimos años España no cumple con el lema de “Más Europa”. Conviene decirlo claro, con un afán constructivo y de mejora: España se sitúa actualmente entre los Estados miembros con peores resultados agregados de incumplimiento.
Sin entrar en análisis técnicos de profundidad, dos datos bastan para ilustrar claramente esta idea. De acuerdo con las últimas estadísticas oficiales de la Comisión Europea, en noviembre de 2026 España encabeza por un amplio margen la tabla de Estados miembros en dos categorías fundamentales para evaluar la falta de cumplimiento con la normativa de la UE: los procedimientos de infracción abiertos (124 procedimientos abiertos, por delante de Polonia, con 110, y Hungría, con 103) y el déficit de transposición de directivas,[4] con un 5,1%, cuando la media de los Estados miembros es del 2,5% y el objetivo de referencia establecido tradicionalmente por la Comisión es del 1%.
Figura 1. Reparto de procedimientos de infracción por Estado miembro
Figura 2. Déficit de transposición en los Estados miembros
Se podrían plantear muchos matices y salvedades, teniendo en cuenta cuestiones como por ejemplo el llamado déficit de conformidad (es decir, cuándo los problemas vienen en realidad por una incorrecta aplicación del Derecho de la UE), el plazo y estado de los procedimientos, o cuáles son las áreas más afectadas, pero la realidad es que España lleva años cumpliendo mal y tarde con la normativa europea. La gravedad del problema es clara. Una prueba dolorosa de nuestra incapacidad interna, que afecta a nuestra participación en la arquitectura comunitaria.
Porque este patrón de incumplimiento tiene consecuencias directas para España. Con costes económicos por las multas impuestas por la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), de varios millones de euros anuales. Por poner un ejemplo, la transposición tardía de la Directiva sobre conciliación de la vida familiar y profesional de progenitores y cuidadores provocó una sentencia del TJUE en agosto de 2025 por la que se impuso una multa a España de 6,8 millones de euros, mientras que en el conocido caso de la depuración de aguas residuales urbanas el TJUE impuso en 2018 una multa a tanto alzado de 12 millones de euros y una multa coercitiva semestral inicialmente de 10,95 millones de euros hasta la completa ejecución de la sentencia.
Pero también tiene consecuencias en términos de inseguridad jurídica, que afecta a toda la sociedad y en especial a los operadores económicos y al sector privado, como ha ocurrido por ejemplo en el caso de la incertidumbre creada por la revisión de la directiva sobre responsabilidad social corporativa (CSRD). Por no hablar de los daños para la reputación y la capacidad de influencia de España ante las instituciones europeas que implica liderar las clasificaciones de procedimientos de infracción e incumplimiento de normativa.
Los problemas de incumplimiento llevan agravándose varios años, hasta convertirse en un fallo sistémico motivado por múltiples factores, entre los que se podrían señalar los problemas de gobernanza mencionados anteriormente, la complejidad institucional derivada de la descentralización, la capacidad administrativa insuficiente para gestionar un volumen creciente de legislación europea y la fragmentación política que complica el logro de mayorías parlamentarias. A pesar de la existencia de iniciativas de mérito que han intentado explicar y revertir esta situación,[5] mientras no se tomen medidas de calado previsiblemente seguirán sucediéndose las malas noticias: los indicadores preocupantes, los procedimientos de infracción, la lentitud en la ejecución de las sentencias del TJUE y el uso frecuente de mecanismos de urgencia para evitar sanciones. Sería necesario un fuerte impulso político y administrativo, y un compromiso colectivo, para mejorar la situación, tal vez tomando como ejemplo mecanismos como los llamados Decreti di Natale[6] utilizados en Italia para agilizar anualmente la aplicación del derecho europeo en el país. De no ser así, y en estrecha vinculación con el reto de la gobernanza y con el reto del consenso, el reto del incumplimiento se mantendrá en el futuro, perjudicando gravemente a España.
El reto del consenso
Se suele señalar desde el ámbito académico que la politización de la política europea y la polarización, dos tendencias diferenciadas, pero a menudo conectadas, están alterando de manera directa el funcionamiento de la UE en los últimos años.
Al hablar de politización de la política europea (expresión utilizada por ejemplo por Simon Hix) se suele hacer referencia al proceso por el que los asuntos de la UE han dejado de ser tratados como cuestiones técnicas o administrativas gestionadas por expertos y han pasado a convertirse en objeto de controversia política y competencia partidista en el espacio público nacional y europeo. De esta forma las normas de la UE no se perciben ya como meras soluciones técnicas, pasando a ser objeto de debate político abierto (algo que en realidad puede verse también de manera positiva, como una señal de madurez democrática). Se ha superado así el llamado “consenso permisivo”,[7] en el que las élites nacionales impulsaban la integración, los ciudadanos prestaban poca atención a los asuntos europeos, la UE se percibía como un proyecto técnico y beneficioso, y la lógica dominante era esencialmente tecnocrática.
De forma estrechamente vinculada a la politización, la polarización se ha convertido en un rasgo cada vez más destacado del discurso político en las democracias occidentales. Las preferencias, identidades y posiciones de los principales actores políticos y sociales se concentran en polos ideológicos cada vez más distantes, reduciendo los espacios de consenso y dificultando los compromisos transversales necesarios para la gobernabilidad. En la UE, la polarización se manifiesta cuando los partidos, los dirigentes y sus electorados no sólo discrepan sobre políticas concretas, sino que desarrollan visiones opuestas sobre cuestiones fundamentales como las prioridades fundamentales, los valores compartidos, el futuro del proyecto europeo o el funcionamiento de las instituciones democráticas.
Todo indica que en el debate europeo la politización y la polarización van a mantenerse en los próximos años. Es previsible por ello que se mantengan fenómenos como la creciente utilización de las instituciones europeas como prolongación de la confrontación en el debate nacional (en especial en el Parlamento Europeo) o, a la inversa, la utilización de asuntos de carácter europeo, como los fondos de recuperación, el Pacto Verde o el Pacto europeo de Migración y Asilo, como elementos de confrontación partidista en los Estados miembros, incluyendo España.
En este contexto, se podría decir que para la política europea de España el reto que se plantea es el del consenso o, mejor dicho, el del logro de consensos puntuales: la conveniencia de que, a pesar de la politización y la polarización, los principales grupos políticos sean aún capaces de destilar visiones compartidas y presentar posiciones nacionales conjuntas en algunos temas determinados de la agenda europea que sean esenciales para España.
Por poner algún ejemplo ilustrativo, sería deseable que existiera una colaboración y coordinación de posiciones en cuestiones como la superación del reto del cumplimiento expuesto anteriormente (reduciendo el déficit de transposición de directivas y el número de procedimientos de infracción), la posición nacional en el futuro Marco Financiero Plurianual, las posibles reformas institucionales o en algunas políticas de gran relevancia como la industrial, la de seguridad y defensa, y la de ampliación.
En otros temas polémicos y que condensan debates ideológicos, como la migración, seguramente será imposible encontrar posiciones de consenso. Pero en los temas mencionados, y en otros similares, sería deseable que los partidos políticos debatieran abiertamente y acordaran con sentido de Estado y luces largas algunas posiciones comunes para los grandes debates de la agenda europea, tal vez utilizando para ello mecanismos ya existentes como la Comisión Mixta Congreso-Senado para la UE. Además, la construcción de consensos no debería limitarse a los partidos políticos. También debería incluir una conversación más estructurada por ejemplo con las Comunidades Autónomas (como se ha mencionado al hablar del reto de la gobernanza) o con el sector privado (como se planteará a continuación al hablar del reto de la comunicación). Esto permitiría defender los intereses de España de una manera más firme en áreas donde la evolución de la política europea puede producirnos resultados muy perjudiciales.
Partiendo de la privilegiada condición de España como Estado medio-grande, con una posición de relevancia en el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo, su peso potencial podría multiplicarse si supera el reto del consenso y logra defender en ocasiones posiciones comunes vinculadas con el interés nacional y con los avances en la integración que le resulten de interés.
El reto de la comunicación
Cualquier corresponsal español que cubra asuntos europeos suele decir siempre, antes o después, la misma frase: España comunica mal en Bruselas. Sus posiciones, sus argumentos, incluso sus éxitos. Es una queja sostenida en el tiempo, que contrasta con las menciones a la activa política de comunicación en asuntos europeos que desarrollan otros Estados miembros, como por ejemplo los Países Bajos. Se podría decir que el de la comunicación sería el cuarto reto para la política europea de España, porque hoy en día la comunicación debe entenderse ya como parte esencial de la misma. De manera general se podría decir que la comunicación europea de España debería evolucionar desde una lógica predominantemente reactiva hacia otra más proactiva. No se trataría sólo de explicar decisiones ya adoptadas, sino de anticipar y generar debates, y proyectar una visión propia sobre el futuro de la integración europea. En una Unión marcada por la competición de ideas y proyectos nacionales, quien no comunica su visión corre el riesgo de terminar discutiendo únicamente las propuestas de los demás.
Pero al hablar de comunicación europea no solo se debería considerar la relación con los medios de comunicación y los corresponsales en Bruselas, sino que se deberían contemplar también, con una óptica estratégica, otros vectores, como por ejemplo la comunicación con la población, con los socios europeos, o con el sector privado.
Respecto a la población, en España un 40% de la misma ha nacido ya después de 1986, es decir, 20 millones de españoles son “nativos europeos” y no han conocido una España fuera de la UE. De acuerdo con los datos del Barómetro del Real Instituto Elcano, una clara mayoría de los españoles (83%) sigue considerando beneficiosa la pertenencia de nuestro país a la UE, aunque esos datos conviven todavía de manera sistemática con un preocupante bajo nivel de conocimiento sobre las instituciones y las políticas europeas y un gran desinterés hacia su funcionamiento. En conjunto, la actitud de los españoles ante la UE tendría mucho de fe ciega y poco de confianza basada en información. Por ejemplo (siempre según datos del Barómetro del Real Instituto Elcano), sólo un 23% sabe qué es la Política Agraria Común (PAC) y sólo un 25% sabe qué son los fondos Next GenerationEU. Un llamativo 41% de los españoles sigue reconociendo hoy en día no saber cómo funciona la UE. Un evidente desafío social para nuestra política europea, 40 años después de nuestra entrada en la UE.
Otro vector sería la comunicación con los socios europeos, pero no sólo en el Consejo de la UE y en Bruselas. En esta UE de 2026 es necesario intensificar la relación con los Estados miembros con un enfoque multinivel y desarrollando una estrategia activa y sistemática de explicación de nuestros puntos de vista y prioridades, y de búsqueda de aliados en ámbitos de interés común. En el futuro, las embajadas españolas en Estados miembros de la UE, dentro del trabajo en asuntos europeos que ya realizan, deberían desempeñar un papel reforzado en la política europea de España, mediante una comunicación bidireccional: con un seguimiento detallado de las posiciones de los respectivos países en los principales temas de la agenda europea y, por otro lado con una difusión amplia de información sobre las posiciones españolas (que deben ser remitidas desde Madrid de forma sistemática), para ejercer influencia mediante herramientas diversas como las gestiones directas, las entrevistas y tribunas en prensa, el uso de “voces amigas”, la difusión de papeles de posición e informes técnicos, o las campañas específicas de comunicación, sin olvidar la utilización de eventos públicos, viajes y visitas oficiales. Actualmente la influencia en Bruselas se construye también mediante la explicación de posiciones y la forja de alianzas en el resto de las capitales europeas, que permitan después lograr apoyos en expedientes relevantes o ante acontecimientos inesperados.
Finalmente, dentro del reto de la comunicación en la política europea de España debería tenerse en consideración también la comunicación con el sector privado. Porque la transformación de dicho sector privado (en especial de las grandes empresas españolas) en lo que respecta a los asuntos europeos es una de las mayores noticias de los últimos años de la política europea de España. A diferencia de otros sectores de la población, el sector empresarial va entendiendo de manera creciente que las decisiones que se toman en Bruselas son cruciales para su actividad en España.
Si se toman datos del registro de transparencia de la Comisión Europea se puede percibir con claridad el gran aumento de presencia del sector privado en Bruselas, con todo tipo de sectores, asociaciones, empresas y niveles de interlocución. España cuenta ya con un total de 569 entidades inscritas, lo que la sitúa por encima de los Países Bajos (479), Italia (480) y Polonia (179). En la política europea de España ese aumento de presencia se debería percibir como una oportunidad: el sector privado debe ser visto cada vez más como un potencial aliado y un auténtico agente de influencia, que puede ayudar en la reflexión y formación de posiciones, y en la labor de defensa de los intereses españoles en Bruselas, gracias a su capacidad de organización y de interlocución con las instituciones europeas, y su legitimidad derivada de su conocimiento técnico y capacidad económica.
En ese sentido, sería deseable una comunicación renovada con el sector privado, con un marco estructurado y regulado similar al que existe en la Comisión Europea, y con mecanismos de coordinación permanentes de colaboración institucionalizada y diálogo técnico con el sector privado. En suma, naturalizar la relación con el sector privado, logrando una velocidad de crucero en la cooperación y utilizando su experiencia, percepciones, información y capacidad de interlocución, sólo puede redundar en un gran beneficio para la política europea de España.
Conclusiones
Más allá del mantra de “Más Europa”, ¿cuál es el proyecto de España en esta Europa mutante para los próximos 40 años? El 40º aniversario de nuestra entrada en la UE es un buen motivo para recordar y celebrar. Pero sobre todo nos impele a buscar juntos cuál es nuestro proyecto en la UE para las cuatro próximas décadas y a adaptarnos.
Tuvimos un proyecto nacional para los primeros 40 años, que era el de integrar en Europa a una España que cambiaba. Ahora necesitamos otro, para encontrar cuál es el acomodo de esta España en una Europa que está cambiando.
Sea cual sea ese proyecto, tendrá que contar con una política europea adaptada al momento actual y que responda a los retos aquí planteados: la gobernanza, el incumplimiento, el consenso y la comunicación.
De no ser así, nos podríamos encontrar en el futuro con un desacoplamiento cada vez mayor entre Europa y España, con una nueva “deseuropeización” (como la producida por la crisis de 2008) de una España que no defienda adecuadamente sus intereses y, por otro lado, con una Europa que se dedique a cosas que no nos interesan y en la que hayamos perdido capacidad de influencia. La disyuntiva es clara: ir de espectadores a Bruselas a debatir lo que nos plantean o ser parte de la necesaria e ineluctable transformación de la UE.
En respuesta a esta disyuntiva, una recomendación formulada por Ignacio Molina allá por 2013 mantendría una sorprendente vigencia en el momento actual. Para superar la crisis de los 40 y salir reforzados de ella deberíamos “pensar más en español, pero actuar más en europeo”. Ni más ni menos.
[1] Tesis central, por ejemplo, de Luuk van Middelaar en su conocido libro Alarums and Excursions: Improvising Politics on the European Stage.
[2] La “cultura del pólder” (poldermodel) es un concepto político y social neerlandés basado en la búsqueda sistemática del consenso mediante el diálogo y la negociación entre gobierno, empresarios, sindicatos y otros actores sociales. El término procede de los pólderes, terrenos ganados al mar cuya gestión exigía históricamente la cooperación de todos los habitantes para evitar inundaciones
[3] Debate ya reflejado, por ejemplo, en el artículo “La Administración española ante la UE” de Alfonso Dastis (Revista de Estudios Políticos, número 90, octubre-diciembre 1995) y en el Informe del Consejo de Estado sobre la inserción del derecho europeo en el ordenamiento español de 2008.
[4] Porcentaje de directivas de la UE que un Estado miembro aún no ha incorporado correctamente a su ordenamiento jurídico nacional dentro del plazo establecido. El déficit de transposición mide el grado de retraso de un país en la adaptación de su legislación nacional.
[5] Por ejemplo, el Informe sobre la mejora del proceso de incorporación del Derecho de la UE al ordenamiento interno presentado al Consejo de Ministros el 11 de febrero de 2020 o el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de febrero de 2021 para establecer un sistema de Estudios de Impacto sobre las Propuestas Legislativas Europeas (EIPLE).
[6]Decretos legislativos de transposición de directivas de la UE que el gobierno italiano suele aprobar a finales de año, frecuentemente en diciembre.
[7] Popularizado en los años 70 por Leon N. Lindberg y Stuart A. Scheingold.
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