Mensajes clave
- La propuesta de la Comisión para el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034 introduce cambios estructurales importantes que redefinen la arquitectura presupuestaria europea, sobre todo en lo relacionado con la Política Agrícola Común (PAC) y la política de cohesión.
- El Parlamento Europeo adoptó a finales de abril 2026 su posición de negociación de cara a las negociaciones con los Estados miembros sobre el próximo MFP.
- La discusión del primer negotiating box presentado por la Presidencia danesa del Consejo en diciembre de 2025 permitió identificar varias coaliciones de Estados miembros que reflejaban intereses nacionales, sectoriales e institucionales diferenciados.
- Muchos de los conflictos plantean un debate más allá del próximo MFP y reflejan debates sobre el futuro papel de la Comisión Europea y de la propia Unión Europea (UE). La mayoría de los Estados miembros se resiste a una ampliación de la discrecionalidad de la Comisión.
- Aunque se prevé que la negociación concluya en el segundo semestre de 2027, el ciclo electoral en varios Estados miembros –especialmente las elecciones presidenciales y legislativas francesas de 2027– podrían introducir una mayor complejidad en el proceso negociador.
Análisis
El Parlamento Europeo, en su votación del 28 de abril de 2026 sobre la posición negociadora del MFP 2028-2034, adoptó su mandato de cara a las negociaciones formales con el Consejo. El informe, que fue aprobado con 370 votos a favor, 201 en contra y 84 abstenciones, contiene varios aspectos divergentes en relación con la propuesta presentada por la Comisión Europea el 16 de julio de 2025. Esta propuesta no sólo afecta al presupuesto, sino que también incluye cambios muy relevantes en los instrumentos y objetivos de la UE, con efectos para los equilibrios de poder entre los Estados miembros, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo (PE). La propuesta también reformula el sistema de gobernanza de la política de cohesión establecido en 1988. En particular, redefine las funciones de los gobiernos nacionales y de la Comisión en la elaboración de los planes de asociación nacionales y regionales, y vincula de manera más estrecha las inversiones del presupuesto de la UE con las reformas emprendidas por los Estados miembros. La propuesta incluye también recortes en las políticas tradicionales, pero prevé importantes recursos destinados a la competitividad, la defensa, y la acción exterior.
Tras la presentación, y siguiendo la dinámica habitual de negociaciones anteriores, los gobiernos de los Estados miembros, las administraciones regionales y locales, así como diversos grupos de interés y el mundo académico, han empezado a tomar posiciones y a tejer alianzas transversales y sectoriales de cara a los próximos meses. Aunque era previsible que los Estados miembros se agrupasen, como suele ocurrir, entre contribuyentes netos y beneficiarios –unos buscando minimizar sus aportaciones y otros maximizar los recursos recibidos–, la realidad es más compleja. Han surgido numerosas líneas de conflicto nuevas que articulan diversas coaliciones, formadas por actores con objetivos en ocasiones contrapuestos y en otras superpuestos.
A continuación, se analizarán las posiciones de los actores clave respecto a los elementos centrales del próximo MFP, como el umbral del gasto general y en las rúbricas del gasto específicas, con especial atención en la nueva lógica de la gobernanza de la política de cohesión y el Fondo de Competitividad. Aunque el acuerdo político sobre el MFP debe adoptarse por unanimidad, la primera parte del texto se centra en Estados miembros claves como: Polonia, Alemania, Italia, Francia y España, así como en el Parlamento Europeo. En la segunda parte se incluyen los resultados de un estudio elaborado por el European Regional Policy Research Consortium[1], que sitúa a cada Estado miembro en función de su posición respecto a los elementos clave de la propuesta de la Comisión para definir grupos de Estados conforme a sus preferencias específicas. Así, se pueden deducir posibles alianzas estratégicas que serán clave para la negociación.
El umbral del gasto
La propuesta para el próximo MFP asciende a cerca de dos billones de euros, lo que equivale aproximadamente al 1,26% de la Renta Nacional Bruta (RNB) de la UE en promedio para el período 2028-2034. Teniendo en cuenta que incluye el comienzo de la devolución de los préstamos de los fondos NextGenerationEU, la propuesta, en comparación con las proposiciones anteriores de las Comisiones, es una apuesta tímida para el inicio de la negociación. No obstante, el patrón de reacciones fue muy similar al observado en otras negociaciones. Los principales países contribuyentes rechazaron la propuesta. Tanto el gobierno alemán como el de los Países Bajos se opusieron firmemente al aumento del presupuesto, considerándolo injustificado dadas las dificultades fiscales nacionales. Según Alemania, la Comisión Europea debería centrarse en mejorar la eficiencia del gasto y en definir con mayor claridad las prioridades de la UE, manteniéndose muy reacia a incrementar sus aportaciones nacionales. En la misma línea, el ministro de Finanzas neerlandés reiteró la postura tradicional del país: “No deberíamos centrarnos siempre en cómo la UE puede gastar más, sino en cómo se pueden gastar mejor los fondos existentes”. Otros cuatro países de la tradicional, pero cada vez más reducida, alianza de contribuyentes netos –Bélgica, Finlandia, Irlanda y Suecia– respaldaron también esta posición.
Sin embargo, un grupo significativo mayor de Estados miembros apoya un aumento del presupuesto, entre ellos España, Francia y Polonia (Figura 1). Francia ha propuesto duplicar el presupuesto, subrayando que es “esencial” aumentar la inversión en las prioridades europeas. España ha hecho un llamamiento similar para que el presupuesto se duplique hasta alcanzar el 2% de la RNB de la UE. Polonia –que seguirá siendo el mayor beneficiario del presupuesto– sostiene que las ambiciones financieras deberían ser “significativamente más altas que antes”. Tambien Dinamarca, que tradicionalmente forma parte de la coalición de los “frugales”, se ha mostrado abierta a un presupuesto más amplio.
En la resolución sobre el MFP 2028-2034 aprobada en abril de 2026, los eurodiputados solicitan que el presupuesto se sitúe en torno al 1,27% de la RNB de la UE, lo que supone un incremento modesto respecto a la propuesta de la Comisión, pero piden que la deuda del instrumento NextGenerationEU se contabilice fuera del MFP.
La futura política de cohesión y la PAC
La nueva gobernanza
Una de las principales novedades estructurales de la propuesta son los planes de asociación nacionales (con capítulos regionales). Ante la creciente crítica sobre la burocracia de la UE, algunos gobiernos, como el alemán –sin contar con los Länder, ven un potencial de simplificación administrativa y para la eficiencia del gasto. Pero también existe escepticismo sobre si la fusión de 540 programas en 27 planes nacionales simplificaría automáticamente la ejecución. Algunos gobiernos advierten que podría incluso aumentar la complejidad, a menos que se armonicen las normas y las auditorías sean proporcionadas. No obstante, los planes de asociación nacionales también inciden en la participación de las regiones en la gobernanza multinivel de la política de cohesión establecida en 1988, por lo que “Los amigos de la cohesión” se expresaron en un non paper claramente en contra de la propuesta: “La fortaleza de la política de cohesión como política de inversión a largo plazo reside en sus principios fundamentales, a saber, la gestión compartida, la gobernanza multinivel, la asociación y el enfoque basado en el territorio”.[2]
El gobierno de España reclama un papel más activo de las regiones (y entidades locales) en el diseño y ejecución de los planes del MFP, porque muchas políticas se aplican regionalmente. Incluso el gobierno de Polonia demandó que los fundamentos y la filosofía de la política de cohesión después de 2027 deben ser compartidos y deben basarse en la gobernanza multinivel y el principio de asociación.
Los principales grupos parlamentarios del Parlamento Europeo manifiestan su rechazo a la posibilidad de que el presupuesto de la Unión se convirtiera en una suma de 27 planes nacionales distintos. También expresaron su preocupación ante el riesgo de que esta arquitectura presupuestaria relegara al Parlamento Europeo –única institución de la UE elegida por sufragio directo y con competencias legislativas y presupuestarias– a un papel secundario en la gobernanza del futuro MFP.
Las críticas también se refieren a la nueva lógica de gestión de los fondos y de vincular las inversiones con reformas en los Estados miembros. De manera similar al enfoque basado en el rendimiento (performance-based approach) del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), la Comisión pretende negociar con cada uno de los 27 Estados miembros planes de inversión específicos, que estarán vinculados al cumplimiento de hitos específicos y reformas. Un grupo de gobiernos, con importantes matices, se muestra interesado con el enfoque basado en el rendimiento. Francia considera que se trata de una “vía potencialmente interesante” en el caso de que no se altere el equilibrio institucional existente entre los Estados miembros y las regiones, se reduciría la carga administrativa y las auditorías, no se combina el enfoque basado en el rendimiento con el enfoque basado en los costes y se garantizarían las dotaciones necesarias para financiar las prioridades de la Unión.[3] Tambien Polonia considera que algunas lecciones del MRR pueden servir como inspiración para el MFF 2028-2034, aunque la cohesión debe seguir siendo redistributiva y solidaria. La condicionalidad basada en los resultados sólo es aceptable cuando refuerza las inversiones, en lugar de transformar la cohesión en una herramienta de reforma.[4]
Los gobiernos federales, como Alemania, manifestaron que el nuevo enfoque no debe interferir en su organización territorial. Aunque el gobierno federal considera que las reformas pueden aportar valor añadido cuando están directamente vinculadas a las inversiones, los Länder se muestran escépticos ante los mecanismos obligatorios vinculados a reformas definidas de forma centralizada. Varios gobiernos alertan sobre una posible concentración del poder decisorio en la Comisión Europea en las negociaciones de los planes con los Estados miembros (entre ellos Alemania, Francia y Polonia). Otros Estados se muestran más reacios u opuestos a condicionar el acceso a los fondos de la política de cohesión a la realización de reformas (Figura 1). Según ellos una condicionalidad vinculante a reformas, va a reducir drásticamente la capacidad para diseñar intervenciones adaptadas a las necesidades nacionales y regionales y va a limitar la capacidad para responder a los retos específicos. Además, la centralización excesiva es contraria al principio de subsidiariedad y pone en riesgo el propósito de la cohesión.
Aunque el Parlamento Europeo acepta una ampliación limitada de instrumentos simplificados y orientados al rendimiento, insiste en que cualquier mecanismo de flexibilidad o financiación basada en resultados debe ir acompañado de sólidas salvaguardas que garanticen la buena gestión financiera, la trazabilidad del gasto y el pleno control parlamentario.
La oposición de los principales actores a la propuesta relativa a la rúbrica 1, se explica también por los drásticos recortes previstos en el gasto tradicional: una reducción aproximada del 9% en la PAC y del 12% en la política de cohesión. Esta postura crítica es compartida por varios Estados miembros (entre otros Alemania, España, Francia, Italia y Polonia). Polonia, por ejemplo, sería uno de los países más perjudicados en materia de cohesión y su gobierno exige que se mantenga el nivel actual de apoyo a esta política. España afrontaría un recorte importante, ya que en el nuevo MFP no contaría con las inversiones financiadas a través de NextGenerationEU. El gobierno insiste en que tanto la PAC como la política de cohesión deben mantener un presupuesto “suficiente y adecuado”. La exministra de Hacienda española, María Jesús Montero, indicó que el gobierno no está de acuerdo con la propuesta actual de la Comisión porque diluye la cohesión. El gobierno alemán indicó en su posición oficial que la PAC debe mantener un “presupuesto adecuado” y los fondos de cohesión deben adaptarse para responder a las necesidades futuras de la UE. También Italia subrayó que la financiación de nuevas prioridades, como la defensa y la digitalización, no debe realizarse a expensas del gasto en cohesión y la PAC.
La ministra de Agricultura de Francia expresó “profunda incomprensión” por la cantidad asignada a la enveloppe garantie de la PAC en la propuesta de la Comisión. Según ella, los importes no coinciden con la importancia estratégica que se supone que tiene la agricultura para la soberanía francesa.
Sólo los Países Bajos y Finlandia se muestran partidarios de limitar el gasto de la PAC y la política de cohesión, favoreciendo la reasignación hacia la competitividad y la defensa. Además de Suecia, que vincula el incremento del gasto en nuevas prioridades a recortes en los programas existentes, subrayando que “las inversiones en áreas existentes o nuevas deben ir acompañadas de recortes en otras áreas”.
En su posición adoptada el 28 de abril, el Parlamento Europeo reafirma que la cohesión económica, social y territorial debe seguir siendo una prioridad estructural del presupuesto de la Unión y defiende la preservación de líneas presupuestarias claramente diferenciadas y protegidas para la política de cohesión y la PAC.
Además de la reducción del gasto para ambas políticas, la Comisión Europea propone una fusión de la política de cohesión y la PAC en una única rúbrica de gasto eliminando las asignaciones para el desarrollo rural.
Muchos Estados se oponen a ello (entre otros Alemania, España, Francia, Italia y Polonia). Alemania se muestra especialmente escéptica ante la fusión de fondos tradicionales. El ministro federal de agricultura calificó la fusión como un “punto de inflexión peligroso” y destacó que la PAC y la Política de Cohesión deben seguir siendo ámbitos políticos separados, con el desarrollo rural como parte “integrante” de la PAC. Asimismo, según el gobierno de España, se debe evitar un “fondo único” que generaría desigualdades entre Estados miembros y una renacionalización de la política agraria. El gobierno considera que la fusión podría resultar ineficaz para lograr un presupuesto más sencillo y específico, y subraya que la PAC debería mantener su estructura de dos pilares. Polonia hace hincapié en que debe mantenerse el modelo de dos pilares de la PAC, “bien establecido y probado”. En esta línea también “los amigos de la cohesión” se expresaron en contra de la fusión de la PAC con la apolítica de cohesión.[5]
Un grupo más reducido se muestra más abierto a fusionar o racionalizar ambas políticas. Sobre todo, los Países Bajos, Suecia y Finlandia apoya la racionalización de los fondos para evitar solapamientos, y una estructura del presupuesto más sencillo, con menos áreas temáticas y programas.
En cuanto a los objetivos que deben seguir ambas políticas, se abre una brecha dentro de los defensores de la política de cohesión que se había observado ya en anteriores negociaciones. Polonia aboga por una perspectiva tradicional de la política de cohesión y para que sea un catalizador del cambio estructural.
El Parlamento Europeo se ha opuesto a la integración de la política de cohesión y la PAC en una única rúbrica presupuestaria y a la desaparición de asignaciones específicas para desarrollo rural. En noviembre de 2025 logró que la Comisión Europea introdujera en un ajuste limitado en su propuesta de MFP, estableciendo que al menos el 10% de los recursos se destinara a territorios rurales.
La rúbrica 2: “Competitividad, prosperidad y seguridad”
En la rúbrica 2 destaca la creación del nuevo Fondo de Competitividad, dotado con 409.000 millones de euros, que constituye el núcleo estratégico de la propuesta. El aumento sustancial de los recursos destinados a los objetivos de esta rúbrica son la parte menos controvertida de la propuesta de la Comisión. En noviembre de 2024, los líderes de la UE respaldaron firmemente el informe Draghi –que se refleja en el Fondo de Competitividad– en su declaración de Budapest. La mayoría de los gobiernos respaldan la creación de un gran instrumento de competitividad y soberanía centrado en tecnologías estratégicas –transición verde, digitalización, defensa y espacio, salud y bioeconomía–a favor de un pilar industrial y tecnológico más sólido para la UE. Los países favorables a esta idea conciben el Fondo como una vía para equilibrar la competencia con Estados Unidos (EEUU) y China y para reducir la actual fragmentación entre los distintos instrumentos europeos de apoyo industrial e innovador. Los Estados contribuyentes netos (por ejemplo, Alemania y los Países Bajos) insisten en que el Fondo debe financiarse dentro de un límite máximo “disciplinado” del MFP global; debe racionalizar o absorber los programas existentes en lugar de añadir una nueva capa; y la gobernanza debe garantizar un acceso equitativo en todo el mercado único, no sólo para los grandes Estados o empresas. Los defensores de la cohesión temen que un gran Fondo de Competitividad pueda ir en detrimento de las dotaciones destinadas a la cohesión y la agricultura, y subrayan que el apoyo a los sectores estratégicos debe ser geográficamente equilibrado. En general, no se oponen al Fondo en sí, pero sostienen que debe complementar, y no sustituir, el gasto en la política de cohesión y la PAC. El gobierno español ha defendido aumentar la inversión en seguridad y cooperación en materia de defensa en el marco europeo y ha declarado que apoyará medidas que fortalezcan la capacidad estratégica y de compra conjunta, en este contexto ha propuesto la creación de un “laboratorio europeo de competitividad”, que permita “acelerar la puesta en marcha de soluciones innovadoras y tangibles” a desafíos como los aranceles.
El Fondo sería un mecanismo a largo plazo amplio y flexible e introduciría un nuevo sistema de dirección dinámica lo que ampliaría significativamente la discrecionalidad ejecutiva de la Comisión Europea. Es probable que este sea el elemento más polémico, aunque tampoco tendría mucha relevancia en la negociación del MFP. El Consejo se opondría a un incremento de poderes de ejecución de la Comisión. Sin embargo el reglamento del fondo se adoptará mediante el procedimiento legislativo ordinario, que otorga el mismo peso al Consejo y al Parlamento y ambos pueden modificar el texto y deben aprobar la versión final. A diferencia del presupuesto, el Consejo decidirá por mayoría cualificada, lo que significa que ningún país tendrá derecho de veto. Las conversaciones también serán más multifacéticas, con la participación de varios ministerios nacionales. En teoría, el Parlamento y el Consejo podrían dar prioridad a garantizar su control sobre esta fase del proceso de programación, en lugar de intentar limitar en gran medida a la Comisión en la fase de ejecución. Para el Parlamento Europeo, un Fondo Europeo de Competitividad gestionado a escala supranacional resulta institucionalmente atractivo, pero debería basarse en instrumentos financieros inspirados en la experiencia de InvestEU para movilizar inversión pública y privada.
La rúbrica 3: “Europa Global”
La rúbrica 3 incluye una dotación total de 200.300 millones de euros para el período 2028-2034, lo que supone un aumento del 75% con respecto a los 98.400 millones de euros disponibles en el MFP 2021-2027. La mayoría de los Estados valora de forma positiva un mayor gasto de la UE en cooperación al desarrollo en un momento en que las partidas nacionales se ven limitadas. En este sentido, el apoyo a la futura adhesión de Ucrania significaría un fortalecimiento de los esfuerzos nacionales para la reconstrucción del país. Hay que destacar que, Estonia, Letonia y Lituania han mostrado un gran interés por el Instrumento Global Europa, vinculándolo a sus preocupaciones e inquietudes en materia de seguridad con respecto a Ucrania y Rusia. Los contribuyentes netos muestran su apoyo al incremento de esta rúbrica, pero defienden la necesidad de establecer prioridades más claras en lugar de una mayor dispersión geográfica/programática, una condicionalidad estricta y una coordinación con las políticas de desarrollo de los Estados miembros. Los amigos de la cohesión expresaron su desacuerdo con la propuesta de “reequilibrar” el MFP hacia la acción exterior si ello implica una reducción en los fondos destinados a la cohesión o la PAC, argumentando que la convergencia interna sustenta la fuerza exterior de la UE.
El PE considera la rúbrica estratégicamente relevante en el contexto geopolítico actual. Aunque valora positivamente el aumento propuesto por la Comisión, considera que la dotación sigue siendo insuficiente. Asimismo, expresa su preocupación por que la integración de instrumentos en una estructura más agregada pueda debilitar la transparencia, la trazabilidad del gasto y el control democrático del presupuesto exterior de la UE.
Diagnóstico
De acuerdo con estas posiciones sobre los elementos centrales de la propuesta y a los datos del European Regional Policy Research Consortium,[6] han emergido tanto las líneas de conflicto tradicionales como nuevas divergencias entre los Estados miembros, que revelan distintas visiones sobre el futuro de la UE y su modelo de gobernanza. Estas líneas de conflicto se manifiestan de manera más evidente en la rúbrica 1 de la propuesta. Las posiciones en cuanto a las rúbricas 2 y 3 son menos marcadas y, de hecho, son muy limitadas cuando se trata de un mayor gasto en la política exterior y defensa. En términos generales, se observa la presencia de cuatro grandes bloques que muestran intereses diferenciados y divergentes entre sí.
El primer bloque estaría formado por los Defensores de las Políticas Tradicionales[7] e integrado por Estados que mantienen una defensa firme del statu quo presupuestario y de las políticas que consideran esenciales para su convergencia económica. También rechazan la condicionalidad entre reformas e inversiones de forma estricta. Este grupo incluye a Estados como Bulgaria, la República Checa, Croacia, Eslovenia y Portugal.
El segundo bloque lo conformarían los Reformistas frugales[8] encabezado por países que presionan con mayor intensidad por una reforma profunda del presupuesto. Su enfoque combina austeridad, exigencia de eficiencia y un énfasis en mecanismos que garanticen resultados verificables. Finlandia, los Países Bajos y Suecia son los exponentes más claros de esta corriente, que cuestionan el peso relativo de la PAC y la cohesión y defienden un presupuesto más orientado al desempeño.
El tercer bloque sería el Modernizador Ambicioso[9] y estaría formado por aquellos Estados que quieren asegurar recursos suficientes para las políticas tradicionales –particularmente PAC y política de cohesión–, incluso se sitúan a favor de un aumento del presupuesto, pero al mismo tiempo están dispuestos a aceptar instrumentos de modernización, como el enfoque basado en resultados (performance-based approach). Francia, Polonia y Lituania serían los principales representantes de este grupo, situado en el centro del debate y responsable de inclinar la balanza hacia la continuidad o hacia la reforma. España también comparte muchos de estos intereses, aunque con ciertos matices, ya que combina la protección de la cohesión con una mayor receptividad a instrumentos de modernización.
Finalmente, el cuarto bloque correspondería a los Estados del grupo Modernizador Prudente,[10] cuya posición es más ambivalente. Estados miembros como Alemania e Irlanda no desean aumentar sus contribuciones al MFP, pero tampoco están dispuestos a que se debiliten los pilares tradicionales del presupuesto. Su apoyo a la modernización presupuestaria es más moderado y condicionado, aceptando ciertos avances siempre que no impliquen aumentos significativos de gasto ni pérdidas en las políticas clave.
Es cierto que el grupo de los defensores de la Cohesión Tradicional es numéricamente más numeroso y representa el bloque más grande en defensa del actual modelo de gasto. Por otro lado, el grupo de los Reformistas/Frugales es mucho más reducido, pero ejerce una influencia desproporcionada debido a su estatus de contribuyentes netos y su poder de veto implícito. El punto crucial de la negociación será la posición final de los bloques intermedios, que son los Modernizadores Prudentes y los Modernizadores Ambiciosos.
Conclusiones
La propuesta para el nuevo MFP 2028-2034 introduce transformaciones significativas en la estructura del presupuesto de la UE. Estos cambios reflejan tanto las tendencias a largo plazo en la evolución de los MFP como las lecciones derivadas de la aplicación del MFP 2021-2027 y de los instrumentos de NextGenerationEU. Al mismo tiempo, responden a los crecientes desafíos internos y externos que afronta la Unión. Con las propuestas han surgido numerosas nuevas líneas de conflicto que articulan coaliciones distintas, formadas por actores con objetivos en ocasiones contrapuestos y en otras superpuestos.
En conjunto, los cuatro bloques de Estados miembros definidos en este análisis muestran una UE dividida entre quienes quieren preservar el esquema tradicional del presupuesto, quienes buscan reformarlo en profundidad, quienes pretenden equilibrar ambas dimensiones y quienes defienden selectivamente sus intereses sin comprometer un aumento en su contribución financiera. Esta configuración determinará el margen de maniobra y el resultado final de las negociaciones del próximo MFP. Desde esta perspectiva, los cuatro bloques tampoco parecen ser tan diferentes como en negociaciones anteriores. Sin embargo, este análisis no ha profundizado en otros temas importantes, como los programas específicos de INTERREG o la financiación del presupuesto, donde también han surgido varias propuestas nuevas.
Finalmente, muchas líneas de conflicto implican un debate sobre el futuro papel de la Comisión Europea. Durante la aplicación del MRR, la Comisión ha visto incrementada su discrecionalidad respecto a algunos Estados miembros. El Semestre Europeo, que previamente a la pandemia había perdido relevancia, ha emergido como un instrumento clave para pactar y supervisar reformas nacionales. Aún es prematuro determinar la sostenibilidad a largo plazo de estas reformas, sin embargo, la experiencia del MRR se refleja en varios elementos del nuevo MFP. No sería la primera vez que mecanismos creados en un contexto de crisis, pasen a formar parte del repertorio habitual de la UE.
Pese a ello, la mayoría de los Estados miembros no respalda una ampliación adicional de la discrecionalidad de la Comisión. Las demandas relacionadas con el respeto al principio de subsidiariedad y las competencias nacionales continúan siendo importantes. Asimismo, el apoyo a la gobernanza multinivel de la política de cohesión es mayoritario entre los Estados miembros. Sin embargo, varios Estados miembros consideran que los vínculos entre las reformas y las inversiones pueden ser beneficiosos y seguramente se reforzará este tipo de condicionalidad en el nuevo MFP. Los debates competenciales se manifiestan asimismo en la dicotomía entre el incremento de la flexibilidad presupuestaria –y, por ende, un aumento de la discrecionalidad de las instituciones de la UE–, planteando una tensión entre los objetivos de la UE a largo plazo, tales como la cohesión económica, social y territorial, y la necesidad de adaptabilidad del MFP para responder a las crisis y a las prioridades emergentes. Por ello, queda por ver el diseño del nuevo Fondo de Competitividad. Aunque su diseño inicial refuerza la capacidad de la Comisión para orientar la asignación de recursos, el resultado final dependerá de las negociaciones del reglamento correspondiente. En este proceso, el Parlamento Europeo, como colegislador, podrá defender un mayor papel de supervisión y control democrático sobre el uso de estos fondos.
Antes de su adopción definitiva, el MFP debe ser acordado por unanimidad entre los gobiernos de los Estados miembros, lo que hace políticamente inviable que alguno de ellos aparezca como “perdedor” en el reparto. Por este motivo, y ante la compleja red de intereses nacionales que se activa en cada negociación, es previsible que aumenten las compensaciones y pagos adicionales destinados a equilibrar el acuerdo y garantizar el consenso. En este contexto, el Parlamento Europeo –que debe otorgar su consentimiento al reglamento del MFP una vez que se alcance un acuerdo en el Consejo– actúa como un órgano de presión institucional, condicionado a que el resultado final preserve sus prerrogativas presupuestarias y su capacidad de control sobre la ejecución del presupuesto.
En cualquier caso, debe subrayarse que, por el momento, se trata de una propuesta inicial de la Comisión Europea y por delante quedan muchos meses de complejas negociaciones interinstitucionales. Hasta entonces, se aplicaría la frase “nada está acordado hasta que todo esté acordado”.
[1] Mendez, C., Bachtler, J. y F. Wishlade (2025), “Cohesion Policy on the Rocks?”, EoRPA Report 25/3, European Policies Research Centre, University of Strathclyde and EPRC Delft.
[2] El non paper “A Strong Cohesion Policy for Growth, Convergence and Competitiveness”, de marzo 2025 fue firmado por Bulgaria, Chipre, Rep. Checa, Estonia, Grecia, España, Croacia, Hungría, Italia, Lituania, Letonia, Malta, Portugal, Rumanía, Eslovenia y Eslovaquia
[3] Op. cit.
[4] Op. cit.
[5] El non paper “Cohesion Policy in the Future MFF,” de julio 2025, fue firmado por Bulgaria, Rep. Checa, Grecia, España, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia y Eslovaquia
[6] Op. cit.
[7] A favor de un incremento del MFP, en contra de reducción de recursos para PAC/Cohesión, en contra de la fusión de ambas políticas y del performance-based approach.
[8] En contra del incremento del MFP, a favor del performance-based approach, en contra de incremento de gasto para PAC/Cohesión, a favor de la fusión de ambas políticas.
[9] En contra de reducción de recursos para PAC/Cohesión, en contra de la fusión, pero a favor del performance-based approach y a favor del incremento del MFP.
[10] En contra de reducción de recursos para PAC/Cohesión, en contra de la fusión de ambas políticas, pero a favor del performance-based approach y en contra del incremento del MFP.
