Mensajes clave
- En sus primeros 100 días como primer ministro de Hungría, Péter Magyar ha iniciado un rápido desmantelamiento del legado iliberal de Viktor Orbán, reformando la Constitución, reforzando la independencia institucional y actuando contra la corrupción y el control político de la justicia, la prensa y la educación, entre otros.
- Hungría ha dado un giro proeuropeo, buscando recuperar fondos comunitarios, profundizar su integración en la Unión Europea (UE) y restablecer su credibilidad como socio.
- El nuevo gobierno también rompe con la orientación prorrusa de Orbán, con un mayor apoyo a Ucrania y condena de la invasión rusa, aunque persiste una fuerte dependencia energética.
- Por delante quedan aún retos por afrontar, incluyendo la redacción de una nueva constitución, respetando el fondo y la forma, de manera que se creen los consensos sociales necesarios y las transformaciones sean sostenibles.
- También se deberá articular una política económica que revitalice el país, una política exterior más definida en ámbitos más allá de la UE y Rusia, al tiempo que se presta atención al futuro de Fidesz como fuerza política en la oposición.
Análisis
El año 2026 se define, hasta ahora, como el año de los muchos y variados sobresaltos en política internacional. Por su abundancia y carácter sorpresivo, un acontecimiento reemplaza rápidamente el inmediatamente anterior en el imaginario colectivo, las portadas de prensa y el análisis político. Pese a que los sucesos han sido, generalmente, de carácter negativo y preocupante, uno de los más positivos, especialmente en clave europea, fue la elección de Péter Magyar como primer ministro de Hungría, poniendo fin a los 16 años consecutivos de gobierno orbanista.
Han transcurrido más de 100 días tanto desde los comicios húngaros, el 12 de abril, como de la toma de posesión de Magyar el 9 de mayo. Toca, por tanto, evaluar la evolución de las promesas electorales en estos primeros 100 días de mandato y de los retos que tiene por delante el gobierno húngaro.
Las elecciones parlamentarias de abril de 2026 tuvieron como resultado la desbordante victoria de Tisza, partido de la hasta entonces oposición húngara, sobre Fidesz, el partido gobernante. Tisza, liderada por Péter Magyar, eurodiputado en el Parlamento Europeo desde 2024 y exmiembro de Fidesz, obtuvo 141 de los 199 escaños. Por tanto, el partido superó holgadamente la mayoría de dos tercios (133 escaños) necesaria para reformar la Constitución. Irónicamente, fue precisamente la reforma electoral impulsada por Viktor Orbán la que propulsó a Tisza para alcanzar un resultado tan favorecedor. Por su parte, Fidesz apenas obtuvo 52 escaños, una reducción abismal con respecto de los 135 de la anterior legislatura.
La victoria de Tisza no fue una sorpresa en sí misma ya que, por primera vez en muchos años, los sondeos sí que identificaban la probabilidad de un cambio político. Péter Magyar, al contrario que otros partidos en elecciones anteriores, fue capaz de agrupar la oposición en torno a su figura, recibiendo los apoyos de otros candidatos y partidos. De esta manera, el voto no se disputaba entre alternativas programáticas distintas, sino entre la continuidad de un “régimen” y el rupturismo con la tendencia.
Las diferencias más importantes entre las propuestas de Fidesz y de Tisza se organizaban en torno a dos ejes clave, uno de modelo democrático e integridad institucional y otro sobre la orientación geopolítica del país. Tisza se presentaba como la alternativa a la degradación democrática de Hungría, definida ya en 2014 por Orbán como una “democracia iliberal”. Esta degradación incluía la erosión del Estado de derecho, la independencia judicial, la libertad de prensa y la corrupción institucionalizada, dinámicas que preocupaban seriamente a sus socios europeos. Tisza planteaba volver a un marco geopolítico proeuropeo, desmarcándose del alineamiento prorruso de los gobiernos de Orbán, particularmente en lo referente a la guerra en Ucrania. Es en este contexto en el que los húngaros acudieron a los comicios en abril y es también en torno a estos dos ejes que el gobierno de Magyar ha estructurado su acción gubernamental más inmediata.
Modelo democrático e integridad institucional: el desmantelamiento del iliberalismo
Uno de los aspectos definitorios de los primeros 100 días del gobierno de Magyar ha sido el desmantelamiento del entramado institucional y normativo que había tejido Orbán durante años para, entre otros, minar el Estado de derecho, la separación de poderes y asegurar su propio poder. Esto ha conllevado dos reformas constitucionales, la decimosexta y decimoséptima de la Constitución húngara, aprovechando la supermayoría de la que dispone Tisza en el Parlamento. La primera reforma, aprobada en junio, establece un límite de dos mandatos, no necesariamente consecutivos y con carácter retroactivo, para los primeros ministros húngaros. De esta manera, se excluye la posibilidad de que Viktor Orbán vuelva a convertirse en el líder del gobierno ya que, en total, acumula 20 años en el cargo y cinco legislaturas, cuatro de ellas consecutivas.
La segunda reforma, de mayor calado, fue aprobada en julio. En ella se incluían, tras muchos avisos, la destitución del presidente Tamás Sulyok, fiel aliado de Orbán. Con la reforma, se puso fin a su tiempo en el cargo y se preveía la designación de otra candidatura para la presidencia, a ser aprobada por el Parlamento. Finalmente, András Baka se convirtió en el nuevo presidente húngaro el 19 de agosto de 2026.
Este no es el único cambio introducido en la segunda reforma. También se limita la edad de los magistrados del Tribunal Constitucional a los 70 años, se devuelve a los magistrados la elección del presidente del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y del órgano de gobierno de los jueces, y se pone límite al número de legislaturas que un diputado o diputada puede ejercer como tal: tres. En términos prácticos, la segunda reforma constitucional de Magyar ha supuesto la destitución del presidente del Tribunal Constitucional e imposibilita la reelección en el futuro de la mitad de los parlamentarios de Fidesz.
Más allá de los requisitos para cargos públicos, la reforma incluye otros dos elementos notables. El primero es que reduce los ámbitos regulados por leyes cardinales. Estas son leyes que requieren de una mayoría de dos tercios en el Parlamento para ser adoptadas. Esta mayoría estaba, hasta este mismo año, reservada a Fidesz, que confiaba en que incluso en un contexto de derrota electoral la oposición no alcanzaría la supermayoría y vería su margen de maniobra reducido. Con la reforma constitucional, se devuelve la política fiscal, las finanzas públicas, la gestión de los activos estatales y las transacciones de tierra agrícola al proceso legislativo ordinario. El segundo elemento es la creación de la Oficina Nacional de Recuperación y Protección de Activos del Estado, una especie de agencia anticorrupción que se encargará de auditar los activos públicos, revisar las decisiones del gobierno anterior y recuperar los bienes transferidos a entidades fuera del control estatal.
Las reformas constitucionales aprobadas son temporales y transitorias, ya que se prevé que en el otoño comience un proceso constituyente para redactar una nueva constitución, reemplazando la introducida por Orbán en 2011, así como de una nueva ley electoral. El objetivo es restaurar los estándares democráticos del país.
Más allá de lo referente a la Constitución, el gobierno de Magyar ha tomado otras medidas relevantes para recuperar la integridad institucional y la separación de poderes del sistema político húngaro. Entre ellas, se incluye la abolición de las fundaciones privadas que habían tomado el control de múltiples universidades e instituciones científicas en Hungría. Los miembros de estas fundaciones estaban estrechamente ligados al gobierno y ejercían el control político de los campus universitarios, lo que llevó a la Comisión Europea a penalizarlas con la exclusión de los programas Erasmus+ y Horizonte Europa. También ha aprobado una nueva ley de medios que modifica las estructuras de gobernanza y los órganos regulatorios de los medios. Esto se pudo ver el día 7 de julio de 2026, cuando los principales canales de televisión y radio públicas húngaras dejaron de emitir señal. El día 20 de agosto, la televisión pública emitió su primer noticiario, que cadenas independientes calificaron como “equilibrado”, representando el fin de la propaganda en los medios públicos.
Orientación geopolítica: abandono de Rusia y vuelta a Europa
El segundo eje clave de acción de los primeros cien días de Magyar tiene que ver con la orientación geopolítica de su gobierno. Viktor Orbán había dejado claro su desagrado por la UE y la burocracia bruselense, a la que le plantaba cara de manera continua, acusándola de interferencia ideológica y señalándola como una de las principales amenazas para el futuro y la soberanía del país.
El distanciamiento de Hungría con respecto de la Unión, especialmente en lo referente a sus fundamentos democráticos, estaba teniendo efectos económicos notables en el país. Prueba de ello es la congelación de unos 35.000 millones de euros en fondos que le correspondían o para los que era elegible Hungría. Este monto incluye 7.600 millones de euros en fondos de cohesión y 10.400 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, es decir, del fondo creado para revitalizar la economía tras la pandemia del COVID-19. Otros 17.000 millones de euros son préstamos del Instrumento de Acción por la Seguridad de Europa, por el que la UE presta dinero a los Estados miembros a través de deuda conjunta una vez que se aprueban los Planes Nacionales de Inversión en Defensa. Los fondos de estas tres partidas no han llegado a Hungría por diferentes motivos, aunque, al fin y al cabo, todos tienen que ver con el deterioro del Estado de derecho y el respeto de los valores europeos.
Es por esto, además de por tratarse de una promesa electoral clave y por las acuciantes necesidades presupuestarias y económicas, por lo que el gobierno de Magyar se ha apresurado a acometer reformas institucionales y democráticas que podrían desbloquear los fondos europeos. A mediados de junio de 2026, Magyar consiguió la aprobación de la Comisión Europea de una nueva versión de su Plan de Recuperación y Resiliencia, es decir, de las inversiones a ejecutar con el dinero disponible. Este dinero, cuya fecha límite de solicitud era hasta septiembre de 2026 siempre y cuando las reformas acordadas, que incluyen medidas anticorrupción, de transparencia en la contratación pública, participación pública en los procesos legislativos, entre otras, estuvieran aprobadas antes del 31 de agosto. De acuerdo con fuentes gubernamentales, Hungría ha cumplido con todas las reformas acordadas (27 súper-hitos y más de 100 hitos), por lo que podría acceder a los más de 10.000 millones de euros que le corresponden. En mayo, tras múltiples contactos entre la Comisión y el gobierno húngaro, se consiguieron desbloquear otros 6.400 millones de euros de fondos de cohesión.
Aun así, el acercamiento se observa no sólo en lo relacionado con el desbloqueo de fondos, sino también con la expresión del deseo de mayor integración de Hungría en las políticas e instituciones de la Unión. El gobierno de Magyar busca la adhesión al euro para 2030. Aunque hay dudas de que el país pueda cumplir con los criterios de Maastricht de inflación, deuda pública, déficit presupuestario, tipos de interés y estabilidad monetaria, especialmente por la precaria situación fiscal del país, el cambio de dirección y ambición es significativo. Asimismo, Hungría se unió oficialmente a la Fiscalía Europea, que se encarga de investigar y perseguir crímenes financieros relacionados con el presupuesto europeo, en julio de 2026. Esto señala un mayor compromiso con el Estado de derecho y con el desmantelamiento de la corrupción observada en anteriores legislaturas, que se sospechaba que también incluía el uso indebido de fondos comunitarios.
Magyar ha tratado de acercarse no sólo a las instituciones comunitarias, sino también a otros Estados miembros. Prueba de ello fue el primer viaje oficial del primer ministro Magyar: Polonia. Las relaciones con el país vecino se habían enfriado notablemente desde la invasión rusa de Ucrania y particularmente desde que Donald Tusk se convirtiese de nuevo en primer ministro en 2023. Su viaje además contaba con una importante carga simbólica, puesto que Polonia también formó parte de los países díscolos de la Unión entre 2015 y 2023, estuvo sancionado sin acceso a fondos por el deterioro de su Estado de derecho y retomó la senda europeísta con la elección de Tusk. Por tanto, el viaje hace un guiño al paralelismo entre ambos países. A ese viaje sucedieron también otros a Austria, Alemania y Francia, países importantes de la Unión a los que se les trasladaba que Hungría vuelve a ser un socio fiable.
Además de su orientación antieuropea, la política exterior de Orbán se caracterizaba por su preferencia rusa, que se agudizó tras la invasión de Ucrania. Orbán bloqueaba los paquetes de sanciones, utilizaba su veto como chantaje para obtener concesiones y vender a la opinión pública doméstica que plantaba cara a la tiranía de Bruselas. El gobierno húngaro se convirtió así en uno de los mayores dolores de cabeza de los socios europeos, que debían contar con el muy posible veto húngaro en las votaciones, particularmente relevante en los asuntos de política exterior.
Las tensiones se hicieron palpables en los últimos meses antes de las elecciones, con dos eventos clave que reflejan la naturaleza de las relaciones Orbán-Putin. Pese a que se había acordado con Hungría que no participase en el préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania en diciembre de 2025, meses después Hungría declaró que lo bloquearía. La justificación fue la disrupción del suministro de petróleo ruso que transitaba por el oleoducto de Druzhba, dañado por un bombardeo ruso en terreno ucraniano y que el país atacado se negaba a reparar. Se recibió la decisión de Orbán como desleal y en violación del principio de cooperación sincera recogido en los Tratados. A esto se añadió una investigación del Washington Post que revelaba que el ministro de Asuntos Exteriores húngaro Péter Szijjártó, del gobierno de Fidesz, compartía información confidencial de los Consejos de la UE con Sergei Lavrov, su homólogo ruso.
Con estos antecedentes, Magyar ha decidido desmarcarse de las posiciones prorrusas del gobierno de Fidesz. En esta cuestión, Hungría ha dado últimamente pasos particularmente importantes. Magyar ha desbloqueado el préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania, así como la apertura de dos grupos temáticos de capítulos para la adhesión de Ucrania y Moldavia a la Unión: el capítulo de fundamentos básicos en junio y el de relaciones exteriores en julio. Además, en las guías emitidas para el cuerpo diplomático encargado de representar al país en la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas de este septiembre, Hungría califica a Rusia como “una amenaza para Hungría, Europa y el orden global”, condena la agresión rusa de Ucrania y apoya la integridad territorial del país vecino. En la misma línea, a principios de septiembre se ha expulsado a 10 miembros del cuerpo diplomático ruso en Budapest por conductas “inaceptables que contravenían la Convención de Viena”. Esto representa un claro giro con respecto de la relación especial con Rusia y los obstáculos puestos a todo lo relacionado con Ucrania.
Lo que queda por dilucidar es cómo solventará Magyar la dependencia energética húngara de los combustibles fósiles rusos, que representan el 93% del petróleo y el 75% del gas importado a Hungría, y cómo afectará esto a su política exterior. La falta de alternativas y la limitada inversión previa en renovables parece apuntar a que esa relación de dependencia se puede mantener, aunque más atenuada, en el tiempo. Tisza se ha comprometido a la diversificación gradual del origen de su energía y ha señalado el 2035 como el fin de la dependencia energética rusa (el calendario europeo, sin embargo, apunta a 2027, lo cual puede suponer un conflicto en el futuro). Además, este mes de agosto, en el contexto de sequía que llevó a paralizar los reactores de plantas nucleares en Europa, la planta húngara de Paks también se vio afectada. Esta planta se encuentra en proceso de expansión. La construcción está a cargo de la empresa rusa Rosatom y financiada con 10.000 millones de euros de financiación estatal rusa, tras un acuerdo alcanzado en 2014 con el gobierno de Orbán. Sin embargo, Magyar ha anunciado que el gobierno está revisando el contrato y el proyecto ante posibles incumplimientos que podrían tener como desenlace la ruptura del compromiso.
Conclusiones: el camino que queda por andar
Se puede concluir que la actividad del gobierno de Magyar ha sido frenética en los últimos 100 días. Aun así, queda mucha legislatura por delante con retos no menores que han empezado a aflorar en los últimos meses. Tienen que ver con cuatro aspectos: (a) la legitimidad de las reformas, (b) el desempeño económico, (c) su política exterior más allá de Europa y Rusia y (d) el futuro de Fidesz.
El primer reto es la legitimidad, velocidad y apoyo a las reformas. Por diferentes motivos, como la necesidad de acceso a los fondos europeos, las reformas se han aprobado de manera muy apresurada con el apoyo de la supermayoría parlamentaria de Tisza. Un ejemplo claro es la 17ª enmienda de la Constitución húngara, que contó con un proceso de consulta pública de tan sólo cinco días, criticada por organizaciones de la sociedad civil y derechos humanos como Human Rights Watch y el Comité de Helsinki. La selección de la presidenta que dirigirá la Oficina Nacional de Recuperación y Protección de Activos del Estado también ha generado malestar tanto dentro como fuera de Tisza.
Si bien se reconoce la necesidad de actuar y de reestablecer el Estado de derecho, Magyar debe ser cauteloso a la hora de continuar con las reformas. Estas deben estar bien calibradas para que los avances no sean fácilmente reversibles, se dé espacio a la participación y deliberación pública, se garantice la idoneidad de los nombramientos más allá de alineamientos ideológicos y no se crucen líneas que puedan justificar actuaciones similares si Fidesz o alguna otra fuerza iliberal recupera el poder. Esto es incluso más importante en el contexto de redacción de una nueva constitución que comenzará en otoño y de la reforma electoral.
Cabe destacar que para la sostenibilidad de las reformas se necesitarán consensos amplios, lo cual requiere tiempo y deliberación, y es incluso más importante si se tiene en cuenta que el éxito político de Tisza se basa en el aglutinamiento de la oposición liberal a Fidesz en torno a Magyar. Por eso, el primer ministro no debería arriesgarse a alienar al resto de fuerzas que permitieron su éxito electoral, puesto que podrían utilizar argumentos de iliberalismo contra él en las futuras elecciones, así como legitimar esas conductas en el futuro.
El segundo reto es la economía húngara. El país es el tercero a la cola en PIB per cápita real de la Unión, tan sólo por delante de Bulgaria y Rumanía. Ha convergido mucho menos con la renta media europea que otros países de la región que se adhirieron también en 2004, como son Lituania, Polonia, Estonia y Eslovaquia. El déficit público húngaro se encuentra de forma consistente entre los cinco o seis mayores de la Unión desde 2022 y un crecimiento de apenas el 0,4% y el 0,6% en 2024 y 2025 (aunque se prevé que llegue al 1,7% en 2026 y al 2% el año que viene). Por tanto, una vez acometidas algunas de las importantes y acuciantes reformas democráticas y anticorrupción que requería el país, el gobierno de Magyar debe centrarse en aplicar una política económica que revitalice el país y sus servicios públicos, ejecute las inversiones asociadas a los fondos NextGenerationEU, atraiga capital extranjero mientras garantiza la seguridad jurídica y equilibra su posición fiscal pese a la necesidad de más gasto en defensa, entre otros retos. En definitiva, en el ámbito económico, Hungría no tiene tiempo que perder porque, a pesar de que necesita poner su casa en orden, los retos a los que se enfrenta y que le presenta la economía global no la van a esperar.
El tercer reto será su política internacional más ampliamente. Pese al giro observado en cuanto a Rusia y la UE, hay otros elementos que han caracterizado a Hungría en los últimos años que pueden mantenerse y han sido irritantes para algunos socios. Uno es su posición con respecto a Israel, el conflicto en Palestina y su labor en Oriente Medio, en sentido más amplio. El gobierno de Magyar ha permitido desbloquear las sanciones a colonos violentos en Cisjordania y ha confirmado que Hungría no se retirará de la Corte Penal Internacional, pero queda por ver cómo evoluciona su comportamiento según se desarrolle la situación en el terreno.
También está en el aire cuál será la actitud del nuevo gobierno hacia China y Estados Unidos (EEUU). Con respecto al gigante asiático, Hungría ha sido en numerosas ocasiones la puerta de entrada de las inversiones chinas en Europa, atrayendo importante capital para la fabricación de baterías y vehículos eléctricos, e incluso ha acogido la primera universidad china en territorio europeo. Magyar parece apuntar a un reequilibrio con respecto a las inversiones en el sentido de que se someterán los proyectos a controles más estrictos. Así lo ha hecho con el cierre en julio de una fábrica china de baterías por no cumplir con la normativa de seguridad y de protección medioambiental. Y en el contexto de la competición geopolítica entre EEUU y China, Orbán había conseguido un delicado equilibrio, puesto que encontraba en Donald Trump un aliado ideológico. Ahora que Orbán no ostenta el liderazgo del país tras recibir el apoyo explícito pero fallido de la Administración Trump en la campaña electoral, sigue sin estar claro qué tipo de relación tendrán Hungría y EEUU.
Finalmente, el cuarto reto será lo que ocurra con Fidesz. El partido está claramente debilitado tras la debacle electoral, pero aún es pronto para vaticinar su fin. Si bien las encuestas tan sólo le dan un 24% de los apoyos, no está claro cuál será su futuro. Por ahora, Orbán continúa como líder del partido hasta la primavera de 2027, cargo para el cual fue reelegido en mayo, pero no como líder de la oposición en el Parlamento, lo cual evita el choque directo con Magyar. La formación se encuentra en un proceso de reflexión interna sobre los próximos pasos, incluyendo su posible disolución. La salida de varias figuras sénior del partido puede invitar a la entrada y mayor protagonismo de otros líderes más jóvenes y con menos problemas de reputación. Puede incluso que posibles victorias electorales de partidos euroescépticos y ultranacionalistas en otros lugares del continente, como Marine Le Pen en Francia o el reciente éxito de Alternativa por Alemania en Sajonia-Anhalt y en Mecklemburgo-Pomerania, den ímpetu a Fidesz en el futuro.
En definitiva, los primeros 100 días de Magyar se han caracterizado por una estrategia de acoso y derribo de la arquitectura institucional iliberal que Orbán había diseñado durante 16 años, así como de sus amistades más peligrosas a nivel internacional. Falta por consolidar todo lo avanzado, asegurando la legitimidad de los cambios y dotando al Estado de una estructura que funcione para la vida de la población húngara. Queda, por tanto, la normalización de la política en Hungría. En los próximos comicios no se votará la posibilidad de una alternativa a Orbán, puesto que eso ya se habrá testado, sino a la opción política que haya demostrado a los y las húngaras que pueden tener una vida y un futuro mejor.
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