Mensajes clave
- Los húngaros han puesto fin al régimen de Viktor Orbán con una participación electoral histórica del 77,8% y una victoria contundente de Péter Magyar (Partido Respeto y Libertad –Tisza–, 52%). No fue un vuelco ideológico, sino una coalición amplia y heterogénea unida por el rechazo al modelo de la Unión Cívica Húngara (Fidesz) y la demanda de un cambio de rumbo real.
- Magyar hereda la economía con el nivel de vida más bajo de la Unión Europea (UE), inflación récord, recesión técnica recurrente y 33.000 millones de euros en fondos europeos bloqueados por violaciones del Estado de derecho. Desmantelar 16 años de captura institucional –judicial, mediática, educativa– es el reto más complejo y urgente del nuevo gobierno.
- La victoria de Magyar elimina el principal obstáculo interno en la UE para la toma de decisiones clave: el crédito a Ucrania, el nuevo marco financiero plurianual y la ampliación. Pero la reintegración será gradual: Magyar mantiene una postura deliberadamente ambigua sobre el apoyo militar a Kyiv y continúa, por el momento, comprando petróleo ruso.
- La derrota de Orbán es también la derrota de Moscú y del ecosistema MAGA. La implicación directa del vicepresidente J.D. Vance en la campaña de Orbán y el apoyo explícito de Donald Trump al “patriotismo europeo” de Fidesz convierten este resultado en un revés simultáneo para el populismo nacionalista como modelo exportable, para la influencia rusa dentro de la UE y para la narrativa de que el iliberalismo era irreversible.
- Hungría demuestra que el freno a los intentos autoritarios e iliberales que parecen irreversibles existe y que ese freno pasa por la fuerza de la moderación y por la propuesta de soluciones concretas a problemas reales. Pasa por la renuncia a competir en el espacio político cuando el tablero es el que está en juego. Pasa por la generosa capacidad de construir mayorías amplias desde la diferencia y con respeto.
Análisis
El 12 de abril, los ciudadanos húngaros pusieron fin a la hegemonía que Viktor Orbán había construido a lo largo de 16 años. Lo hicieron de forma masiva: la participación alcanzó el 77,8%, la más elevada desde la caída del comunismo en 1989, y siete puntos por encima del anterior máximo registrado en 2002. Los resultados fueron, además, contundentes: el 52% del electorado respaldó a Péter Magyar, líder de Tisza; el 40% optó por Fidesz de Orban; y el 6% restante apoyó a Our Homeland, formación ultranacionalista que repitió la representación parlamentaria obtenida en 2022.
El mapa político resultante merece una primera reflexión. 37 años después de la caída del comunismo, ningún partido de izquierda tiene representación en el Parlamento húngaro. Los electores pudieron escoger entre la derecha moderada de Tisza, la derecha ultraconservadora de Fidesz y la derecha extrema de Our Homeland. Este dato revela que la victoria de Magyar no descansa exclusivamente en un vuelco ideológico, sino en una coalición amplia y heterogénea de electores unidos por el rechazo a Orbán y por la demanda de un profundo cambio de rumbo en el país. Tizsa debe tener en cuenta que una parte significativa de su apoyo no está dado, es un voto prestado, lo que hace que la gestión de expectativas dispares sea uno de los desafíos políticos más inmediatos del nuevo gobierno.
En su primera rueda de prensa, Magyar interpretó el resultado como un mandato claro para un “cambio de régimen” y no sólo de gobierno. Tiene margen de acción para hacerlo: obtuvo 137 de los 199 escaños del Parlamento, cuatro más de los 133 que representan los dos tercios necesarios para acometer reformas constitucionales. Debe ahora ponderar y calibrar las medidas necesarias para llevar a cabo estas reformas sin reproducir los mismos vicios que lo han alzado al poder.
Es verdad que la Constitución es la causa y origen de todo. La Ley Fundamental que Orbán aprobó en 2011 no fue una reforma técnica del ordenamiento jurídico: fue la apropiación del Estado por un ideario de partido, Fidesz. Su preámbulo, la llamada Declaración Nacional, no tiene la estructura de una norma jurídica sino la de un credo identitario –cristiano, étnico e historicista– que la propia Constitución establece como llave hermenéutica obligatoria para interpretar cualquier ley. En la práctica, eso significó que durante estos 16 años cualquier norma podía leerse a través del filtro ideológico de Fidesz, borrando la línea democrática elemental de diferenciar entre Estado y partido. Deshacer esa arquitectura y hacerlo con escrupuloso respeto al mandato electoral concedido, es el reto que Magyar tiene por delante.
La reforma electoral que esa misma constitución introdujo es la expresión más visible de esta misma lógica. Orban redujo el número de escaños de 386 a 199 y aumentó el peso de los distritos uninominales, que pasaron a determinar 106 de los 199 escaños. El diseño de las circunscripciones favorecía deliberadamente las zonas rurales, tradicional bastión electoral de Fidesz, sobrerrepresentándolas en el reparto de escaños, mientras que se infrarrepresentaban los distritos urbanos donde se concentraba, tradicionalmente, el voto de la oposición.
A diferencia de otros sistemas democráticos consolidados, en Hungría no existe ningún organismo independiente que vigile la distribución de los distritos, ni que exija una población equivalente entre circunscripciones, lo que da lugar a diferencias de hasta el 35% de población entre distritos. Adicionalmente, los votos “sobrantes” del candidato ganador en los distritos uninominales se agregan a su lista nacional, lo que permite que un partido como Tisza, con un 45% del voto popular, pueda controlar hasta el 67% del Parlamento. Este mecanismo diseñado por Fidesz para convertir victorias modestas en mayorías aplastantes, se convirtió en estas elecciones en un arma de doble filo: el efecto amplificador funcionó, pero esta vez a favor de Tisza, que, con sólo 12 puntos de ventaja real en votos, obtuvo 137 de los 199 escaños. Y lo hizo, además, penetrando en territorio que se consideraba terreno vedado: las regiones rurales del este y el sur del país, históricamente de Fidesz, votaron mayoritariamente por Magyar hartas del deterioro de los servicios públicos y de una economía estancada. El sistema que Orbán había calibrado para amplificar su ventaja en el campo acabó incrementando la de su rival.
El resultado electoral refleja tres demandas fundamentales de los húngaros que expresaron inequívocamente en las urnas y que, a su vez, marcan las prioridades del nuevo gobierno: la reversión del deterioro económico acumulado, el desmantelamiento de la corrupción institucional sistémica y la redefinición de la posición exterior de Hungría en el marco europeo y transatlántico.
La herencia económica: urgencias y oportunidades
Péter Magyar hereda una economía en estado crítico. Si se mide el consumo real de los hogares ajustado por diferencias de precios entre países –el indicador más preciso para comparar el nivel de vida material entre Estados miembros–, Hungría se sitúa en el nivel más bajo de la UE, junto con Letonia y Bulgaria, un 27% por debajo de la media comunitaria. Equipararse con Bulgaria, –históricamente el país más pobre de la UE– representa no sólo una llamada de atención sobre los bolsillos de los húngaros, sino también un golpe a la narrativa de prosperidad nacional que Orbán había cultivado y a la autoestima de los habitantes del antiguo imperio astro-húngaro.
Esta situación es el resultado acumulado de una combinación de factores: inflación récord, tipos de interés elevados, fondos europeos bloqueados y corrupción sistémica. En 2023 y 2024, la economía húngara entró en recesión técnica en dos ocasiones consecutivas, registrando además los índices de inflación más elevados de toda la UE mes a mes, con una media anual del 15,3% que llegó a rozar el 17% en 2023. La respuesta política fue una subida agresiva de tipos que alcanzó el 13%, lo que frenó de forma severa la inversión y el crecimiento. Aunque los salarios nominales crecieron a un ritmo interanual del 8,9% –por encima de la inflación de consumo en términos agregados–, Hungría fue el único país de la región que registró un descenso sistemático de la participación de los salarios en el PIB durante la segunda década del siglo XXI. Todo ello se produjo en un contexto de déficit fiscal estructuralmente elevado, que a marzo de 2026 ya superaba el 80% de su objetivo anual.
A este cuadro macroeconómico se añade el deterioro severo de los servicios públicos –sanidad, educación, infraestructuras– como consecuencia de años de infrainversión. El bloqueo de los fondos europeos, acordado por la Comisión y el Consejo a finales de 2022 como respuesta a las violaciones del Estado de derecho cometidas por el gobierno de Orbán –en particular, la falta de independencia judicial, el desvío de fondos a redes clientelares, la restricción de libertades académicas y derechos LGTBI+, así como el control de los medios de comunicación– agravó la presión presupuestaria y envenenó el clima de inversión privada, al restar certeza jurídica y previsibilidad regulatoria.
Desbloquear cuanto antes estos fondos es la prioridad económica inmediata de Magyar. En un gesto sin precedentes, la Comisión Europea envió una delegación negociadora de alto nivel –encabezada por Björn Seibert, jefe de gabinete de la presidenta Ursula von der Leyen– a Budapest apenas días después de las elecciones, para mantener conversaciones informales con un gobierno que aún no se ha formado. El foco inmediato son los 10.400 millones de euros del Fondo de Recuperación y Resiliencia (FRR) que Hungría perdería de manera irrevocable si no se alcanza un acuerdo antes de finales de agosto de 2026. Tisza presentó tras la reunión un plan de acción orientado al desbloqueo, basado en tres ejes: la lucha contra la corrupción, la restauración de la independencia judicial y la salvaguarda de la libertad de prensa y la autonomía académica. En total, los fondos congelados –incluyendo los instrumentos de cohesión y el mecanismo SAFE de defensa– ascienden a aproximadamente 33.000 millones de euros, el equivalente al 17% del PIB húngaro.
El desbloqueo de fondos no sólo aliviaría las presiones presupuestarias a corto plazo; también permitiría acelerar la agenda de modernización que Péter Magyar ha presentado como parte de su programa de gobierno, que incluye la renovación del sistema ferroviario y de metro, y la mejora de la red eléctrica, dos áreas directamente vinculadas a la transición verde y digital que el bloqueo ha frenado.
Más allá de la gestión inmediata, Magyar ha anunciado un objetivo estratégico de calado: que Hungría cumpla las condiciones necesarias para adoptar el euro en 2030. Esta declaración de intenciones tiene un doble significado. En el plano económico, implica asumir un programa de consolidación exigente en los próximos cuatro años: reducir el déficit público desde los niveles actuales hasta el 3% del PIB requerido por los criterios de convergencia de Maastricht; rebajar la deuda pública desde el 74% del PIB actual hasta el umbral del 60%; contener la inflación; y mantener la estabilidad cambiaria del forinto mediante la participación en el Mecanismo de Tipos de Cambio (MTC II) durante al menos dos años. En el plano político, supone un anclaje simbólico y práctico con el proyecto europeo que Orbán había cuestionado sistemáticamente. Si en 2030 se cumplen los criterios, la Comisión y el Banco Central Europeo emitirían su evaluación y el Consejo, por mayoría cualificada y previa consulta al Parlamento Europeo, fijaría la fecha de adopción del euro y el tipo de cambio irrevocable al que el forinto quedaría sustituido.[1]
El desmantelamiento del Estado capturado
Deshacer 16 años de sistemática captura institucional no es una tarea sencilla, como bien lo demuestra el caso polaco. Orbán utilizó la mayoría de dos tercios de Fidesz no sólo para reformar la Constitución en su favor, sino para construir una extensa red clientelar que penetraba en la función pública, el Poder Judicial, los medios de comunicación y en todas las instituciones supuestamente independientes, en las que colocaba a personas leales al partido sin ser necesariamente los más capacitados para el puesto. Péter Magyar ha anunciado su intención de proceder a esta limpieza institucional con rapidez y ha exigido la dimisión de los principales cargos de designación “fideszyiana”: desde el presidente de la República, Tamás Sulyok, a los presidentes del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, y, por supuesto, el fiscal general. Si estos no abandonan sus cargos voluntariamente, el nuevo gobierno intentará cesarlos mediante su mayoría parlamentaria de dos tercios. Sin embargo, queda conocer la reacción del presidente Sulyok –cuya firma es necesaria para la promulgación de las leyes– ya que podría convertirse en un obstáculo, tal como el presidente Andrzej Duda lo fue para Donald Tusk en Polonia.
La reforma constitucional que Magyar plantea incluye la limitación a dos mandatos para los primeros ministros, lo que impediría a Orbán presentarse de nuevo, emulando a Donald Trump en este segundo mandato. Asimismo, el programa de Tisza contempla el desmantelamiento –mediante el fin de las subvenciones públicas– del llamado Sistema de Cooperación Nacional, el entramado que permitió a Fidesz colocar a sus afines al frente de universidades y empresas estatales –como MOL, la compañía energética pública– y crear fundaciones mediáticas y centros de pensamiento favorables al partido. Entre estas entidades destaca la Fundación Mathias Corvinus Collegium, que se ha convertido en un nodo del movimiento populista internacional y que Orbán llegó a financiar con 1.700 millones de euros, equivalente al presupuesto nacional para la educación.
La restauración de la independencia judicial es otro pilar de este proceso: sin jueces imparciales no es posible perseguir la corrupción ni garantizar el Estado de derecho que la UE exige para desbloquear los fondos. En paralelo, resulta igualmente necesario recuperar derechos políticos como el derecho de manifestación sin ser criminalizado y las garantías procesales para quienes litigan contra el Estado, así como reabrir el espacio cívico, cooptado durante años por leyes como la Ley de Protección de la Soberanía Nacional de 2023, que estableció una Oficina de Protección de la Soberanía con amplios poderes de investigación para poder acusar a cualquier organización de ser agente extranjero.
En materia de libertad de prensa, los primeros síntomas de cambio se hicieron visibles de forma casi espontánea al día siguiente de las elecciones, cuando la televisión pública emitió íntegramente la rueda de prensa de Magyar, después de haberse negado a cubrirlo durante toda la campaña. La caída del gasto público en publicidad política en los medios afines a Fidesz no sólo permitirá que los medios independientes que destaparon la corrupción –como Telex y 444.hu– compitan en condiciones más equitativas; sino que eliminará también el principal instrumento con el que el gobierno premiaba la lealtad editorial y penalizaba el periodismo crítico.
El proceso de regeneración institucional se enfrenta, no obstante, a una tensión estructural que Magyar deberá gestionar con cuidado: la tentación de priorizar la eficacia política sobre el rigor democrático. Tusk fue criticado en Polonia por aproximarse en ocasiones a ese riesgo. Hungría tiene la oportunidad de demostrar que la restauración del Estado de derecho puede hacerse respetando escrupulosamente sus procedimientos, lo que reforzaría tanto la legitimidad del nuevo gobierno como su credibilidad ante Bruselas y ante la ciudadanía.
Proyección exterior: ajustes necesarios en un entorno complejo
La herencia de Orbán en política exterior
Durante 16 años, Orbán fue alejando progresivamente a Hungría del consenso europeo hasta convertir su propia campaña electoral en una ofensiva frontal contra la UE y contra el apoyo de ésta a Ucrania. Su estrategia exterior se articuló en torno a tres pilares: el uso sistemático del veto en el Consejo Europeo –bloqueando en particular el crédito de 90.000 millones de euros a Ucrania–; el fortalecimiento de vínculos con Rusia y China, frecuentemente opacos y carentes de transparencia; y, con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, la integración en el ecosistema ideológico del movimiento MAGA. No debe subestimarse tampoco el papel que desempeñan las afinidades personales en la elección de estas prioridades exteriores.
El apoyo activo de la Administración Trump quedó evidenciado durante la última semana de campaña, cuando el vicepresidente J.D. Vance se desplazó a Budapest para participar en actos electorales junto a Orbán. Por si quedaba alguna duda, la línea doctrinal de la Casa Blanca apareció explícitamente reflejada en la Estrategia de Seguridad Nacional que consideraba la influencia –y victoria– de los “partidos patrióticos europeos», como Fidesz, de los pocos motivos de optimismo en el futuro de la relación atlántica. La derrota de Orbán supone, por tanto, un revés simultáneo para Moscú, para el ecosistema MAGA y para la narrativa del populismo nacionalista como alternativa viable al modelo liberal europeo.
Hungría y Ucrania: un nuevo comienzo, con cautelas
La victoria de Magyar abre la posibilidad de iniciar una nueva etapa en las relaciones bilaterales con Ucrania, aunque aquí conviene moderar el optimismo. Las relaciones entre estos dos países vecinos nunca han sido sencillas, en parte por la presencia de una minoría húngara en el territorio ucraniano de Transcarpatia, cuyos derechos han sido fuente de tensiones recurrentes. El presidente Volodímir Zelenski se apresuró en felicitar al nuevo primer ministro electo proponiéndole organizar una reunión bilateral para abordar temas comunes, desde el desarrollo de la infraestructura fronteriza hasta el proceso de adhesión de Ucrania a la UE.
Sin embargo, la posición de Péter Magyar es deliberadamente matizada con respecto al vecino. Ha confirmado el desbloqueo del crédito de 90.000 millones de la UE a Ucrania, pero ha dejado igualmente claro que Hungría no participará directamente en los mecanismos de apoyo militar que puede prever la Unión. Ha calificado a Rusia de agresor y amenaza para Europa, pero no ha expresado disposición a apoyar la participación húngara en la asistencia militar a Ucrania. Sobre la adhesión de Ucrania a la UE, Magyar ha eludido cualquier toma de postura clara, prometiendo someter la cuestión a referéndum de una población históricamente recelosa de Ucrania, lo que le permite un amplio margen de actuación. En materia energética, aunque el nuevo gobierno se ha fijado como objetivo la diversificación de fuentes, por el momento, continuará la compra de petróleo ruso. Pragmatismo, dirán unos; realpolitik, otros. En cualquier caso, cabe esperar que los profundos, y opacos, lazos económicos que unían a la Hungría de Orbán con la Rusia de Putin sufran en los próximos años un ajuste significativo, aunque probablemente gradual.
Hungría y la UE: de obstáculo a socio
Para la UE, la salida de Orbán es un alivio de primera magnitud. Hungría había actuado durante años como canal de influencia externa dentro de la Unión –especialmente ruso y, más recientemente, trumpista–, bloqueando o ralentizando decisiones clave. Con Magyar, se abren perspectivas más favorables para el avance en varios frentes: el desbloqueo del crédito a Ucrania, la negociación del próximo marco financiero plurianual (2028-2034), el proceso de ampliación hacia los Balcanes Occidentales y Moldavia, y potencialmente el debate sobre la reforma de la regla de unanimidad en política exterior.
Sin embargo, Bruselas deberá mantener una postura equilibrada: la presión política para liberar fondos rápidamente no puede traducirse en una relajación del escrutinio sobre el Estado de derecho. La experiencia con Polonia ha demostrado que la restauración democrática es un proceso largo y no necesariamente lineal. La Comisión deberá asegurarse de que las reformas húngaras sean sustantivas y no meramente cosméticas, y que los fondos fluyan en proporción directa al cumplimiento efectivo de los hitos acordados.
La interacción entre Magyar y la UE introduce también una nueva dinámica en Europa central y oriental. Países como Rumanía, que habían ganado relevancia relativa como contrapunto estable al obstruccionismo húngaro, se encontrarán ahora en un entorno más competitivo, donde Hungría podría recuperar posiciones en términos de influencia, captación de inversión y protagonismo regional. El mapa, sin embargo, dista de ser homogéneo: Bulgaria, sumida en su octavo ciclo electoral en cinco años y con un gobierno de orientación prorruso, ilustra que el giro húngaro no arrastra a toda la región. La consolidación democrática en Europa central y oriental sigue siendo un proceso desigual y frágil.
Próximos pasos: la carrera contra el reloj
El 4 de mayo se han de publicar los resultados oficiales definitivos de las elecciones, una vez finalizado el escrutinio del voto exterior y por correo, sin que se esperen cambios sustanciales en la distribución de escaños. A partir de ese momento, el presidente Sulyok –afín a Fidesz y cuya dimisión ha exigido Magyar– deberá convocar formalmente la constitución del nuevo Parlamento y proponer al candidato a primer ministro. La votación de investidura se prevé para mediados de mayo, lo que dejaría apenas un mes de actividad parlamentaria efectiva antes del inicio del receso estival, fijado oficialmente el 15 de junio. Dado el volumen e importancia de las reformas pendientes, es de esperar que dicho receso quede cancelado o suspendido, al menos parcialmente, para priorizar las modificaciones legislativas necesarias para desbloquear los fondos de recuperación antes del cumplimiento de su plazo límite de finales de agosto.
La agenda de los primeros 100 días del nuevo gobierno se organiza en torno a tres bloques de actuación simultánea: las reformas legislativas requeridas por la Comisión Europea para liberar los fondos (independencia judicial, marco anticorrupción, libertad de prensa); las destituciones o renuncia de los altos cargos institucionales de designación “fideszyiana”; y la apertura de negociaciones con Bruselas sobre el calendario de reformas estructurales de más largo alcance. La secuencia y velocidad de cada bloque determinará en gran medida la credibilidad del nuevo gobierno tanto en el interior como ante sus socios europeos.
Lecciones aprendidas: claves de una victoria que importa más allá de Hungría
Son varios los factores que explican un giro político de la envergadura del que se ha producido en Hungría, que ha transitado de una democracia asentada en principios iliberales a una apuesta muy decidida por los valores del marco democrático europeo. Conviene analizarlos con detalle, porque su relevancia trasciende las fronteras húngaras.
Si tenemos en cuenta las claves sobre las que se realizó la narrativa de campaña, Fidesz apostó por un mensaje tan simple como polarizador: guerra o paz. Orbán confiaba en que su base electoral rural asumiera que los males económicos del país tenían su origen en la guerra en Ucrania y que la UE sólo podía agravarlos al presionar a favor de la concesión al gobierno de Zelenski del crédito de 90.000 millones de euros para continuar la guerra. Fidesz se presentó como la única garantía de mantener a Hungría al margen del conflicto y conectada a una Rusia proveedora de energía barata y de estabilidad. Tisza, por su parte, eludió deliberadamente la tensión emocional propia de los partidos populistas y concentró su mensaje en dos ejes muy concretos: la lucha contra la corrupción en el gobierno y la esperanza fundada en revertir los malos indicadores económicos. La fuerza de la realidad cotidiana se impuso a la narrativa del enemigo externo.
Particularmente revelador es que Tisza no sólo triunfara en las grandes ciudades, sino también en zonas rurales que, en principio, podrían haberse sentido resentidas con el libre comercio de productos agrícolas ucranianos tras la invasión promovidos por el eje europeísta de Magyar. Que esas comunidades hayan respaldado igualmente a Tisza indica que las promesas de recuperar condiciones económicas dignas y un proyecto de país coherente calaron más hondo que la retórica antieuropea.
La lección más importante de este proceso es, sin embargo, que todo este movimiento pudo construirse gracias a la concentración de voluntades políticas en torno a una figura de consenso que fue Magyar. Desde la derecha moderada, Tisza logró aglutinar prácticamente todas las fuerzas de centro y centroizquierda opuestas no sólo a Orbán como figura política, sino a Fidesz como proyecto de país. La articulación de ese frente en torno a Magyar –un líder procedente del propio Fidesz, que conoce desde dentro su mecánica de decisión y sus puntos más débiles– resultó determinante. La escena de la noche electoral en Budapest reflejaba con nitidez tanto el logro como el reto principal que tiene por delante: la gestión de una victoria que es de muchos que no son, necesariamente, iguales. Los jóvenes gritaban “Eleg Volt” y “Más Europa”; los mayores coreaban “¡Ruszkik haza!” (¡Rusos a casa!); y todos: “¡Mocskos Fidesz!” (¡Fidesz corrupto!).
Quienes observábamos desde fuera la celebración –jovial, civilizada, exultante y comprometida– lo hacíamos con una mezcla de satisfacción y aprendizaje propio. Hungría demuestra que el freno a los intentos autoritarios e iliberales que parecen irreversibles existe; y que ese freno pasa por la fuerza de la moderación, por la propuesta de soluciones concretas a problemas reales. Pasa por la renuncia a competir en el espacio político cuando el tablero es el que está en juego. Pasa por la generosa capacidad de construir mayorías amplias desde la diferencia y con respeto a ésta. El proyecto europeo –con su oferta de solidaridad, prosperidad compartida y libertad económica– fue una palanca decisiva en esta victoria. Pasa por tratar como adultos a los adultos. Las soluciones sencillas a los problemas complejos no funcionan. Enfrentar a los hunos contra los hotros tampoco. Orbán lo intentó durante 16 años y los húngaros acabaron diciéndole: “Elég volt”. Ya es suficiente.
[1] El cumplimiento del objetivo de 2030 dependerá de la velocidad con que se desbloqueen los fondos europeos, de la evolución de la economía regional y de la capacidad del nuevo gobierno para poner en marcha reformas estructurales de calado sin comprometer la estabilidad política interna.
Bibliografía
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