Hace poco volvía a quejarse amargamente el expresidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, de la falta de grandeza política de la Unión Europea (UE), al tiempo que se lamentaba de que su voz fuera irrelevante en el escenario internacional. Quejas y lamentos repetidos en boca de muchos otros europeístas convencidos, que no cabe achacar a ningún actor externo, por mucho que podamos constatar la animadversión de los Trump, Xi y Putin de turno contra una criatura política que se define como antiimperialista y democrática.
Abundan, por desgracia, los casos que visibilizan esa estructural carencia de los Veintisiete. Ahí está, por ejemplo, la penosa imagen que genera su falta de respuesta a las atrocidades que Israel sigue cometiendo en Gaza y más allá. Cabe recordar que, tras haber mirado para otro lado durante casi dos años en los que se multiplicaban las pruebas de que el gobierno dirigido por Benjamín Netanyahu estaba violando el derecho internacional y los derechos humanos en la Franja, finalmente, en junio del pasado año, el Servicio Europeo de Acción Exterior estableció que, efectivamente, dichas acciones se estaban cometiendo. Lo que cabía esperar a partir de esa constatación era que, en atención al artículo 2 del Acuerdo de Asociación UE-Israel –que determina que el respeto de los derechos humanos es un elemento esencial de las relaciones entre ambas partes–, los ministros de Exteriores tomaran conjuntamente alguna decisión para hacer ver a Tel Aviv que sus decisiones tenían algún coste. Sin embargo, hasta hoy, y sin que ya no puedan parapetarse en el supuesto desconocimiento de lo que allí ocurre, los Veintisiete no han sido capaces de adoptar algún acuerdo punitivo considerando alguna de las nueve propuestas que la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, les planteó en su momento.
En la misma línea, aunque aquí habría que hablar además de retroceso en clave democrática y de alejamiento de los valores y principios que dicen propugnar los Estados miembros, hay que sumar la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo el pasado día 12 de junio. Desde el acuerdo político alcanzado el 20 de diciembre de 2023, en el marco de la presidencia española de la UE, se ha llegado a los nueve reglamentos y una directiva que tratan de abordar globalmente la gestión migratoria, desde los procedimientos fronterizos hasta los mecanismos de retorno, la protección internacional y la resolución de crisis en el terreno de la migración y el asilo.
A la espera de ver sus resultados, y a pesar del empeño de sus defensores en presentarlo como el resultado de un equilibrio entre la solidaridad y la responsabilidad, tanto lo que se vislumbra en esos documentos como lo que está ocurriendo ya en el territorio de algunos Estados miembros dibuja un panorama preocupante. Preocupante, en primer lugar, porque se aleja abiertamente de los pretendidos principios y valores humanistas y garantistas que los Veintisiete reclaman como señas de identidad propias. Y preocupante, igualmente, porque su innegable enfoque policial y restrictivo, centrado principalmente en blindar las fronteras y desentenderse de lo que ocurra fuera de ellas, ya ha demostrado sobradamente su inutilidad para hacer frente a lo que algunos presentan como una invasión o “el gran reemplazo”. Más aún, incluso desde la más estricta perspectiva mercantilista, interesada en el mercado laboral y el sostenimiento del Estado de bienestar, cabe ya calificarlo de disfuncional para hacer frente al evidente envejecimiento de la población del Viejo Continente.
Por un lado, el Pacto cuestiona derechos fundamentales, permitiendo la retención de todo solicitante de asilo durante 12 semanas en la frontera, sin permitirle la entrada en territorio nacional. Por otro, elimina la asignación de cuotas de reparto entre los Estados miembros, dejando que cada uno de ellos pueda determinar si acepta la admisión de alguna cantidad de solicitantes, si prefiere contribuir financieramente al esfuerzo de otros o si se limita a prestar algún apoyo logístico a los países de llegada. Y, además de dejar siempre una puerta abierta a la suspensión de los compromisos adquiridos ante situaciones de crisis o de fuerza mayor, volviendo a restablecer controles nacionales que invaliden lo acordado en el Pacto, recoge definitivamente la idea crear centros de internamiento en terceros países. Una iniciativa en la que la Italia de Giorgia Meloni ya había tomado la delantera, jugando con el burdo truco de declarar previamente como “país seguro” a aquel al que se van a expulsar sin remedio a desesperados que tan sólo buscan una vida digna en suelo comunitario.
El tercer ejemplo reciente de la inanidad política de la Unión es lo ocurrido con la decisión germano-francesa (con España como convidado de piedra) de abandonar el proyecto para contar con un avión de combate de sexta generación. Aunque en primera instancia pueda decirse que se trata de una decisión puramente empresarial, en la que ha primado más el factor mercantil que el político, resulta imposible esconder la falta de visión geopolítica de los gobiernos implicados y de Bruselas, precisamente cuando tanto se insiste en la necesidad de una autonomía estratégica que nos haga menos dependientes de un aliado tan poco fiable como Estados Unidos.
