El pasado 6 de mayo se publicó la nueva estrategia de contraterrorismo de Estados Unidos (EEUU) cuyo objetivo es orientar a los organismos de inteligencia y fuerzas del orden de EEUU sobre la amenaza terrorista, así como informar a la ciudadanía, incluidos los dirigentes estatales y locales.[1]
Esta estrategia destaca por su marcado carácter trumpista e ideológico y parece orientada a reforzar las prioridades geopolíticas de la Administración Trump, especialmente su apuesta por recentrar la política exterior y de seguridad en el continente americano.
En ella, Donald Trump establece tres grandes prioridades. En primer lugar, la neutralización de los cárteles de drogas. En segundo lugar, la identificación y destrucción de los cinco principales grupos terroristas islamistas con intención y capacidad de llevar a cabo operaciones exteriores contra EEUU: al-Qaeda y, más concretamente, al-Qaeda en la Península Arábiga (AQAP, por sus siglas en inglés), Estado Islámico y, en particular, la provincia de Jorasán de Estado Islámico (ISIS-K, por sus siglas en inglés) y los Hermanos Musulmanes. Por último, la tercera prioridad es la identificación y neutralización de grupos políticos seculares violentos de extrema izquierda, descritos como “antiamericanos, radicalmente pro-transgénero y anarquistas”.
Si analizamos más detalladamente las tres prioridades, incluir a los cárteles de la droga como principal amenaza terrorista tiene dos implicaciones. La primera es la consolidación de una línea iniciada por Trump en su primer mandato, cuando designó varias organizaciones criminales transnacionales como organizaciones terroristas extranjeras (FTO), una medida controvertida que ha derivado en el uso de la fuerza militar contra embarcaciones venezolanas en aguas internacionales y otras acciones cuestionadas por el derecho internacional al emplear fuerza letal fuera de un conflicto armado y sin autorización del Congreso. La segunda es la priorización del “hemisferio” americano frente a otros escenarios de seguridad, ya presente en la Estrategia de Seguridad Nacional (2025) y la Estrategia de Defensa Nacional (2026), y que incorpora además un claro componente ideológico vinculado al America First.
Esta equiparación entre cárteles y grupos terroristas plantea un problema conceptual y estratégico, ya que mientras el terrorismo persigue fines políticos o ideológicos, los cárteles responden principalmente a incentivos económicos. La priorización responde además a la visión de Sebastian Gorka, principal impulsor de la estrategia, quien sostiene que los cárteles han causado indirectamente más muertes en EEUU por drogas que las bajas militares acumuladas desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, esta decisión responde más a una reinterpretación política de la amenaza, alineada con la perspectiva America First, que a una evolución objetiva del panorama terrorista internacional, al desplazar el foco contraterrorista hacia América Latina –donde no existen organizaciones con capacidad real para proyectar ataques estratégicos contra EEUU– y trasladar herramientas propias del contraterrorismo al ámbito del crimen organizado.
La segunda prioridad es combatir a los grupos islamistas con capacidad para realizar operaciones exteriores contra EEUU, probablemente el elemento más coherente de la estrategia. La amenaza yihadista sigue procediendo principalmente de las dos grandes matrices, al-Qaeda y Estado Islámico, que, pese a su debilidad actual por crisis de liderazgo y fracasos operativos, mantienen su aspiración global de atacar al “enemigo lejano”. Este contexto ha impulsado estrategias más descentralizadas a través de sus filiales y provincias regionales en África, Oriente Medio y Asia, desde donde buscan mantener influencia local y proyección internacional. En este sentido, destacan –como menciona la estrategia– ISIS-K y AQAP por su capacidad operativa exterior, aunque también mantienen relevancia regional Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM) en África Occidental, Estado Islámico en la Provincia del Sahel (ISSP) y al-Shabaab en Somalia, pese a no representar el mismo nivel de amenaza directa para EEUU.
Por otro lado, la estrategia subraya la amenaza de los Hermanos Musulmanes y la reciente designación como FTO de algunas de sus ramas en Egipto, Jordania y el Líbano. Se trata de un movimiento islamista fundado en 1928 que promueve la islamización gradual de la sociedad mediante la acción social, religiosa y política, pero que no constituye una organización homogénea ni principalmente violenta, sino una red transnacional con ramas muy diversas, muchas de ellas integradas en procesos políticos legales. Esta distinción resulta relevante ya que dentro del salafismo –una corriente fundamentalista del islam suní que aboga por el retorno a las prácticas originales del islam temprano– coexisten distintas estrategias para transformar la sociedad: mientras algunas legitiman el uso de la violencia, como los grupos yihadistas, otras recurren al proselitismo, la acción social y la participación política. Por este motivo, la extensión de la etiqueta de FTO a los Hermanos Musulmanes tendrá probablemente un efecto limitado en términos contraterroristas y responde más bien a alineamientos políticos con países como Egipto, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, que utilizan con frecuencia el discurso antiterrorista para encuadrar a la oposición islamista. Aun así, el auge del islamismo radical también genera preocupación en Europa, como refleja el informe francés del año pasado, que alertaba sobre la expansión “sutil pero subversiva” de la ideología de los Hermanos Musulmanes a nivel local y sus posibles efectos sobre la cohesión social, el secularismo y las instituciones democráticas.
Por otro lado, la estrategia se centra casi exclusivamente en la amenaza exterior y presta escasa atención a la amenaza interna o homegrown, pese a que actores solitarios radicalizados e inspirados por al-Qaeda o Estado Islámico continúan representando un riesgo significativo dentro de EEUU. Un ejemplo paradigmático fue el ataque contra la discoteca Pulse de Orlando en 2016, en el que murieron 49 personas y cuyo autor había jurado lealtad a Estado Islámico. Otro ejemplo fue el ataque contra la Estación Aeronaval de Pensacola (Florida) en 2019, en el que un oficial saudí mató a tres personas y que fue posteriormente reivindicado por AQAP. Esta omisión resulta especialmente relevante en un contexto marcado por el debilitamiento de las políticas de prevención de la radicalización, incluida la eliminación de programas del Departamento de Seguridad Nacional y el desmantelamiento de estructuras dedicadas a prevenir la radicalización violenta.
Por último, la tercera prioridad refleja un claro giro ideológico al situar como amenaza prioritaria a grupos políticos violentos de izquierda, anarquistas y “radicalmente pro-transgénero”, a los que la Administración Trump acusa de promover violencia política contra cristianos y conservadores. La estrategia sostiene que los servicios de inteligencia habrían sido instrumentalizados políticamente en administraciones anteriores y plantea emplear todas las herramientas disponibles para identificar y desarticular redes como Antifa, designada como FTO en septiembre. Sin embargo, esta decisión genera dudas, ya que Antifa carece de estructura definida, jerarquía o membresía formal y ha sido descrita por el exdirector de la Oficina Federal de Investigación (FBI), Christopher Wray, más como una ideología que como una organización formal.
Sebastian Gorka subraya además que el objetivo no se limita a organizaciones concretas, sino también a ideologías consideradas contrarias a los valores estadounidenses. Esta narrativa cobró aún más fuerza tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk en septiembre, utilizado por sectores de la Administración para reclamar una respuesta más amplia frente a la violencia de izquierda. Y, aunque el propio Gorka afirmó que la estrategia también incluiría grupos violentos de extrema derecha, resulta llamativa la ausencia de referencias a este fenómeno, pese a haber sido una de las formas más letales de terrorismo en EEUU durante la última década. Atentados como los de Pittsburgh (2018), El Paso (2019) y Buffalo (2022), así como la actividad de grupos como Atomwaffen Division y The Base, ilustran esta amenaza. Según el Center for Strategic and International Studies (CSIS), en la última década la extrema derecha ha sido responsable de 152 ataques y 112 muertes, frente a 35 ataques y 13 víctimas de la extrema izquierda y 82 muertes por yihadismo. La estrategia minimiza así este fenómeno mientras sobredimensiona la violencia de extrema izquierda, con implicaciones tanto para la asignación de recursos como para la percepción de qué víctimas merecen mayor atención. También destaca la ausencia de referencias al “aceleracionismo”, especialmente relevante tras el ataque del 18 de mayo contra una mezquita en San Diego, donde se hallaron referencias a Brenton Tarrant –autor de la masacre de Christchurch de 2019–, simbología neonazi, mensajes racistas y antislámicos y elementos asociados al aceleracionismo.
Así, más que responder a una evaluación objetiva de la amenaza terrorista, esta estrategia destaca por su marcado carácter trumpista e ideológico y parece orientada a reforzar las prioridades geopolíticas de la Administración Trump, especialmente su apuesta por recentrar la política exterior y de seguridad en el continente americano. El resultado es una deficiente priorización de amenazas y una escasa articulación entre riesgos, objetivos y medios.
Además, la expansión del marco antiterrorista resulta preocupante porque puede desviar recursos de amenazas como Estado Islámico y al-Qaeda, mientras que el uso extendido de la categoría FTO corre el riesgo de diluir su significado al incluir redes puramente criminales, movimientos ideológicos y grupos de otra naturaleza. De hecho, la estrategia no aclara ni cómo se financiará esta ampliación del esfuerzo ni cuáles serán sus límites prácticos, una ambigüedad que podría utilizarse para justificar medidas excepcionales que afecten a derechos políticos y civiles, como la vigilancia digital, las deportaciones o un uso ampliado de la fuerza militar.
Para Europa, esta lectura resulta especialmente problemática, ya que sugiere una visión cada vez más unilateral, ideologizada y poco predecible de la política de seguridad estadounidense, con implicaciones directas para la cooperación transatlántica en materia antiterrorista. No obstante, pese a las divergencias políticas y discursivas, la cooperación operativa entre EEUU y Europa en inteligencia y lucha antiterrorista sigue siendo fundamental y continúa ofreciendo resultados sólidos, por lo que mantener y reforzar estos mecanismos de coordinación seguirá siendo esencial. Al mismo tiempo, Europa deberá continuar fortaleciendo sus propias capacidades frente a un entorno cada vez más complejo, en el que el terrorismo yihadista continúa siendo la principal amenaza, pero donde también ganan relevancia otras formas de extremismo violento, incluida la extrema derecha e izquierda.
[1] La autora agradece a Carola García-Calvo su orientación en la elaboración de este análisis y sus comentarios, que han contribuido a enriquecer y mejorar el texto.
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