Mensajes clave
- A pesar de registrar 18 incidentes violentos desde 2016, Costa de Marfil ha logrado contener la amenaza yihadista en su fase de implantación. Ello se debe a la respuesta militar desplegada tras el ataque de Kafolo (2020), a iniciativas de desarrollo y consolidación de la presencia estatal, así como a factores de protección endógenos, como la tolerancia interreligiosa arraigada y el rechazo de la mayoría al proyecto ideológico yihadista. Sin embargo, la frontera continúa bajo presión de grupos insurgentes: el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin, JNIM) sigue utilizando el norte del país como espacio de tránsito, refugio y aprovisionamiento, y los factores estructurales de vulnerabilidad permanecen.
- Costa de Marfil ha desarrollado un enfoque de prevención y lucha contra el extremismo violento (EV) que destaca en la región por su vocación integral: consciente de las limitaciones de las respuestas exclusivamente militarizadas que han predominado en el Sahel central, el Estado articula su respuesta en torno a tres ejes complementarios –defensa, mejora de las condiciones de vida y consolidación de la presencia estatal–, supervisados desde el Consejo Nacional de Seguridad. Su visión es coherente con la naturaleza del problema y su arquitectura de coordinación, sólida; el principal reto pendiente es la implementación: la estrategia es difícil de operacionalizar, carece de indicadores de evaluación claros, y su ritmo de ejecución resulta insuficiente ante la inminencia de la amenaza.
- La parálisis de los principales mecanismos regionales de cooperación en materia de seguridad, agravada por el deterioro de las relaciones entre Costa de Marfil y sus vecinos sahelianos, debilita la respuesta colectiva frente a una amenaza transnacional. En ese contexto, Costa de Marfil diversifica sus alianzas internacionales desde una posición de creciente autonomía. A España, cuya cooperación con Costa de Marfil en materia de seguridad se ha centrado hasta ahora en la formación de fuerzas y cuerpos de seguridad, se le abren oportunidades concretas de consolidar su papel, especialmente si el proyecto GAR-SI llega a implementarse en el país.
Análisis[1]
En África Occidental, la violencia yihadista ya no se circunscribe al Sahel central: especialmente a partir de 2021, la amenaza se ha extendido progresivamente hacia las costas del golfo de Guinea. Aunque Benín y Togo son los países más afectados –sufrieron, respectivamente, 82 y 6 incidentes violentos con participación de al menos un grupo yihadista en 2025–, Costa de Marfil experimenta una presión sostenida sobre su frontera norte, especialmente en el límite con Burkina Faso. Desde 2016, el país ha registrado al menos 18 ataques con implicación de actores extremistas violentos.[2]
Costa de Marfil presenta factores específicos de vulnerabilidad a la radicalización conducente al terrorismo. El norte del país, fronterizo con Malí y Burkina Faso,[3] arrastra déficits estructurales históricamente desatendidos:[4] mientras el sur concentra la actividad industrial, portuaria y del sector servicios –cerca del 40% del PIB se genera en Abiyán–, el norte permanece rezagado en términos de desarrollo y de presencia estatal. Esta desigualdad se traduce en tasas de alfabetización y acceso a servicios sanitarios significativamente inferiores a la media nacional, con una ratio de médicos por habitante 8,5 veces menor y mayores niveles de mortalidad materna e infantil. Agravada por la guerra civil (2002-2011), esta brecha ha alimentado un sentimiento extendido de abandono frente a un Estado percibido como ineficaz y depredador, asociado a la corrupción y a los abusos de la fuerza. En este contexto, los discursos antiestatales promovidos por los grupos insurgentes encuentran una audiencia especialmente receptiva.
La erosión de otras fuentes de autoridad agrava esta vulnerabilidad. En el norte predomina un islam sufí moderado, bien implantado en torno a las cofradías Tijaniyya y Qadiriyya,[5] cuya histórica función estabilizadora se ve limitada por la pérdida de legitimidad de sus líderes, percibidos en ocasiones como demasiado cercanos al poder político. A esta fragilidad se suma la presión demográfica derivada de la creciente aridez del Sahel, que empuja a comunidades de ganaderos nómadas hacia las zonas más tropicales del norte marfileño, intensificando la competencia por recursos ya escasos como el agua, los pastos y las tierras cultivables. Además, conflictos intercomunitarios preexistentes –como los que enfrentan a comunidades peul, tradicionalmente ganaderas y marginadas, con grupos agrícolas como los lobi y los koulango, especialmente en el noroeste fronterizo con Ghana y Burkina Faso– ofrecen a los grupos insurgentes un vector adicional para su implantación y captación de apoyos.
Ante el aumento de la presión de la amenaza yihadista sobre su frontera norte, Costa de Marfil ha desarrollado un enfoque de prevención y lucha contra el EV con vocación holística que, por su carácter innovador, podría servir de referencia para otros países del golfo de Guinea expuestos a la misma amenaza. El presente análisis tiene por objeto el enfoque marfileño de prevención y lucha contra el EV: describe su naturaleza, identifica sus fortalezas y señala sus principales áreas de mejora. Para contextualizarlo, aborda previamente la naturaleza y evolución de la amenaza yihadista en el país.
Para ello, se basa en 12 entrevistas semiestructuradas realizadas en Abiyán entre octubre y diciembre de 2025. Los perfiles consultados incluyen responsables y técnicos marfileños en los ámbitos de la defensa, la seguridad, la gestión fronteriza y el sistema penitenciario; organizaciones de la sociedad civil dedicadas al estudio y la prevención del EV; y actores europeos y españoles, entre los que figuran fuerzas y cuerpos de seguridad y personal diplomático y técnico.[6] [7] Estas fuentes primarias se complementan con el tratamiento de una base de datos especializada en violencia política –Armed Conflict Location & Event Project– y con la revisión de la literatura académica y gris relevante. El texto que sigue se estructura en tres apartados: el estado de la amenaza yihadista, los principales ejes del enfoque marfileño de prevención y lucha contra el EV, así como el papel de los socios internacionales, con especial atención a España.
Estado de la amenaza
La amenaza yihadista en Costa de Marfil es, por el momento, de baja intensidad: desde 2016, el país ha registrado 18 incidentes violentos con participación de al menos un grupo yihadista. El primero, en marzo de ese año, fue perpetrado por al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), que atacó la ciudad costera de Grand Bassam –destino turístico frecuentado por expatriados– en una operación de alto impacto mediático. Los 17 incidentes restantes, a partir de 2020, son obra del JNIM, filial de al-Qaeda en África Occidental, cuyo modus operandi responde a una lógica distinta: no la espectacularidad, sino la infiltración paciente y de escala local.
Para interpretar esta evolución, resulta útil el modelo de fases de expansión de movimientos EV propuesto por Assale.[8] Distingue entre implantación, caracterizada por la construcción de redes y sustitución gradual del Estado; desestabilización, con ataques sistemáticos a símbolos e instituciones del Estado, infraestructuras económicas estratégicas, junto con la explotación de conflictos intercomunitarios preexistentes; y, por último, una fase de consolidación, en la que se busca establecer un proto-Estado. Costa de Marfil se encuentra en la primera fase, de implantación, puesto que el JNIM prioriza tejer redes sociales, económicas y religiosas, así como situarse como actor de sustitución del Estado en comunidades donde éste es percibido como ausente o depredador. Construyen, por ejemplo, centros de salud, pozos o escuelas coránicas con el objetivo de ir creando una dependencia material y simbólica en el seno de las poblaciones del norte marfileño.
El pico de violencia registrado en 2021 –12 incidentes en la franja nororiental, 11 de ellos dirigidos contra fuerzas y cuerpos de seguridad– apunta a un intento de avanzar hacia la fase de desestabilización. Éste fue frenado tanto por la militarización del norte del país, como por la contraofensiva burkinesa al otro lado de la frontera. Desde entonces, los ataques han remitido significativamente: un ataque en 2022, ninguno en 2023 y uno en 2024 y 2025 respectivamente. El norte del país, y especialmente las zonas boscosas como el parque de Camoe, opera hoy principalmente como espacio de tránsito, refugio y aprovisionamiento para militantes sahelianos y sus familias. Este cambio en el patrón de actividad refleja una contención parcial, pero no la desaparición de la amenaza: las ambiciones expansivas del JNIM se mantienen, al igual que los factores de vulnerabilidad en las regiones septentrionales.
Amenaza exógena o homegrown
La amenaza yihadista en el norte de Costa de Marfil es principalmente exógena: proviene en su mayor parte de individuos originarios de las vecinas Malí y Burkina Faso. A pesar de la presencia de factores de vulnerabilidad –en particular, la precariedad de la juventud rural, el vacío de gobernanza, y la menor cohesión social en el noreste fronterizo con Burkina Faso–, los procesos de radicalización locales, o homegrown, continúan siendo minoritarios.[9] En general, la población rechaza el proyecto ideológico insurgente: los flujos de refugiados,[10] especialmente burkineses, actúan como recordatorio cotidiano del coste humano de la inestabilidad al otro lado de la frontera. A ello se suma una arraigada tolerancia interreligiosa, ilustrada por matrimonios mixtos y la celebración compartida de festividades religiosas, que también actúa como un factor de protección frente a versiones fundamentalistas del islam. En este contexto, la colaboración con grupos insurgentes responde menos a la adhesión ideológica al salafismo yihadista que a incentivos económicos o al deseo de proteger a la familia.[11]
A pesar de estos elementos de contención, el JNIM despliega esfuerzos sostenidos de captación en el norte de Costa de Marfil, dirigidos especialmente a comunidades peul. El terreno ha sido abonado por años de influencias religiosas externas. Por una parte, de predicadores salafistas saudíes, sudaneses y pakistaníes, tradicionalmente presentes en ciudades norteñas como Odienné, Boundiali y Khorogho; por otra, de marfileños formados en escuelas coránicas radicales en Mauritania y el norte de Nigeria. Transforman la precariedad económica y el resentimiento hacia la clase política en una retórica de guerra santa que se difunde en escuelas coránicas, lugares de culto y redes sociales, creando una suerte de contracultura yihadista. Así, la combinación de una implantación creciente del JNIM en el tejido social y económico del norte y de años de influencias religiosas externas podría, con el tiempo, ampliar la base de adhesión ideológica al proyecto yihadista entre la población autóctona.
La influencia religiosa se ve complementada por flujos económicos opacos provenientes de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, que exportan versiones rigoristas del islam, canalizados a través de organizaciones caritativas o fundaciones islámicas que financian la construcción de pozos, dispensarios, escuelas coránicas y mezquitas.[12] La creciente presencia de forasteros con músculo económico impresiona y atrae a muchos jóvenes con perspectivas limitadas. A ello se suma el papel de los combatientes marfileños retornados, principalmente de Malí y Burkina Faso, que favorecen la creación de células durmientes locales y actúan como conectores entre las zonas de conflicto en el Sahel central y Costa de Marfil. De hecho, el primer ataque perpetrado por el JNIM en suelo marfileño (Kafolo, 2020), contó con la implicación de combatientes marfileños retornados de Burkina Faso.[13] Así, el proceso de implantación del JNIM se ve favorecido por apoyos externos, tanto financieros como humanos.
Vínculos con tráficos ilícitos
El contrabando de gasolina, cigarrillos y otros bienes es una práctica históricamente extendida en el norte de Costa de Marfil, de la que depende una parte significativa de la población en un contexto de precariedad económica y abandono por parte de la administración central. De forma unánime, los actores entrevistados señalan que es común que, por dinero o por desconocimiento, se establezcan intercambios comerciales con miembros de grupos insurgentes procedentes de países vecinos. De este modo, militantes van tejiendo redes sociales y comerciales, infiltrándose progresivamente en distintas localidades del norte del país.
Además de facilitar su implantación en comunidades locales, los tráficos ilícitos también constituyen una fuente de ingresos para los grupos insurgentes, complementaria a flujos procedentes del exterior. Los vínculos entre estos grupos y las economías ilícitas adoptan diversos grados de intensidad en función del tipo de actividad. La conexión más estrecha se observa en el robo de ganado: los beneficios de su venta constituyen una fuente de financiación directa. Además, los mercados de ganado son espacios de contacto y encuentro entre yihadistas y poblaciones locales. Por otra parte, existen también vínculos indirectos, como en el caso de la minería clandestina: distintos testimonios apuntan a relaciones basadas en acuerdos económicos o inversiones, mediante los cuales militantes proporcionan maquinaria a los mineros a cambio de una parte de la producción –en ocasiones hasta un 40% del oro extraído– y adquieren además el oro restante con fines de reventa. Asimismo, actores extremistas ofrecen protección a las explotaciones frente a bandidos y a la vigilancia de las fuerzas de seguridad.[14] Por último, en otros tráficos, como el de madera y carburante, su implicación es más difusa y se articula a través de intermediarios.
En cuanto al tráfico de bienes ilícitos, el nivel de evidencia disponible varía considerablemente según la actividad. La proliferación de armas en las regiones fronterizas alimenta sospechas fundadas sobre su participación en este tráfico: cada ataque a un puesto militar supone una captura de armamento, parte del cual se destina a la reventa. Respecto al tráfico de drogas, la ruta terrestre saheliana hacia Europa es poco frecuentada por el crimen organizado, que prefiere la vía aérea; aun así, un testimonio recogido en el marco de este estudio apunta a que el JNIM percibe pagos para permitir el paso de cargamentos de cocaína. Por el contrario, los actores consultados fueron unánimes en descartar cualquier vínculo entre grupos insurgentes y el tráfico de personas en Costa de Marfil.
Enfoque de prevención y lucha contra el EV
La respuesta de Costa de Marfil a la amenaza yihadista contrasta con la que, durante la última década, ha predominado en el Sahel central, donde el énfasis en la dimensión militar demostró ser insuficiente para contener una violencia enraizada en agravios socioeconómicos, vacíos de gobernanza y otros factores estructurales. Consciente de esas limitaciones, el Estado marfileño ha desarrollado un enfoque con vocación integral, articulado en torno a tres ejes complementarios: el refuerzo de las capacidades de defensa, la mejora de las condiciones de vida de la población en las regiones septentrionales y la consolidación de la presencia estatal en todo el territorio nacional. Este enfoque carece aún de un documento estratégico formal –la aprobación oficial del tercer borrador de una estrategia nacional está previsto para 2026–, pero su lógica subyacente refleja un aprendizaje deliberado de los errores ajenos.
Dicho borrador trae consigo un cambio conceptual: la sustitución del término “terrorismo” por el de “extremismo violento”, desplazando el foco de la lucha contra una táctica a la prevención de la radicalización en una ideología que justifica la violencia como medio legítimo para lograr sus fines. La decisión de no utilizar, además, el término “yihadismo” refleja una sensibilidad política deliberada: en un país con gran diversidad religiosa, se ha preferido evitar señalar al islam como factor de desestabilización. Para la elaboración de este borrador, el Consejo Nacional de Seguridad –órgano vinculado a la Presidencia que coordina los esfuerzos en materia de prevención y lucha contra el EV– se apoya en un comité técnico que reúne a funcionarios ministeriales, fuerzas y cuerpos de seguridad, representantes de la sociedad civil y organismos multilaterales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). A falta de un texto estratégico público, el análisis que sigue examina el enfoque marfileño tal y como se materializa en la práctica.
El primer eje, de refuerzo de las capacidades de defensa, es el que cuenta con mayores recursos. El ataque de Kafolo (2020), por ser el primero desde el de Grand Bassam (2016) y por cobrarse la vida de 14 miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, actuó como detonante: en respuesta, el Estado militarizó los distritos septentrionales de Denguélé, Savanes y Zanzan mediante la creación de la Zona Operativa Norte, que establece un mando único en Khorogho, bajo liderazgo del ejército de tierra, para coordinar el conjunto de las Fuerzas de Defensa y Seguridad. Sobre el terreno, esto se traduce en el despliegue progresivo de brigadas de gendarmería en zonas rurales –bajo tutela del Ministerio de Defensa–, efectivos policiales en núcleos urbanos –dependientes del Ministerio del Interior– y brigadas del Ministerio de Aguas y Bosques en espacios naturales como el Parque de Comoé. En 2025, el número de efectivos ascendía a 3.000. El objetivo es claro: ocupar espacios, reforzar las fronteras y la capacidad de respuesta del Estado, enviando una señal inequívoca a los grupos insurgentes que pretenden infiltrarse e implantarse en territorio marfileño.
El despliegue no estuvo exento de dificultades, especialmente en sus fases iniciales. Los efectivos enviados al norte procedían de otras regiones del país, sin compartir lengua ni vínculos étnicos con las comunidades locales; a las barreras culturales y lingüísticas se sumaba la tradicional desconfianza hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad. La construcción de vínculos positivos con la población se convirtió así en una prioridad: se establecieron espacios de diálogo y cooperación cívico-militar –las llamadas “células cívico-militares”– y los efectivos fueron formados para realizar obras de interés público –escuelas, dispensarios, infraestructuras de agua y saneamiento– con un doble efecto positivo: impacto directo en la población local y reducción de la ociosidad entre los soldados. El resultado ha sido una mejora progresiva de la relación entre fuerzas de seguridad y población civil, que se ha convertido en un valioso proveedor de inteligencia.
En paralelo al despliegue territorial, el Estado marfileño ha acometido una reforma sustancial de su sector de seguridad. En 2021 se crearon tres nuevas instancias: el Centro de Inteligencia Operativa Antiterrorista (CROAT), que centraliza la inteligencia disponible y traduce sus conclusiones en instrucciones operativas; el Grupo de Trabajo de lucha contra la minería ilegal, compuesto por elementos de la gendarmería; y la Academia Internacional de Lucha contra el Terrorismo (AILCT), iniciativa franco-marfileña orientada a la investigación y la formación de personal de distintos cuerpos de seguridad. Está prevista, además, la creación de una policía científica. Esta apuesta por la institucionalización refleja una voluntad de dotar al enfoque antiterrorista de estructuras permanentes, más allá de la respuesta coyuntural.
La reforma del sector de la seguridad también afecta al ejército. Entre los objetivos identificados figuran la inversión de una pirámide de edad desequilibrada –con una proporción excesiva de oficiales de alto rango respecto a la tropa–, la profesionalización del ejército mediante el reclutamiento de perfiles técnicos como informáticos, mecánicos y electricistas, y la modernización del equipamiento militar. A ello se suma la necesidad de reforzar las capacidades de inteligencia. En paralelo, Costa de Marfil cuenta con el apoyo de socios internacionales presentes sobre el terreno –entre ellos Estados Unidos (EEUU), Francia y Marruecos– y con programas de formación en el extranjero, principalmente en Francia, los Países Bajos y el Reino Unido.
El segundo eje del enfoque reconoce explícitamente que la seguridad no se construye únicamente con efectivos militares: pasa por la mejora de las condiciones de vida de la población. El Estado ha invertido en el acceso a agua y pastos, así como en infraestructuras –carreteras y puentes–, que facilitan tanto la vida cotidiana y el comercio, como la movilidad de las fuerzas de seguridad, que hasta entonces lidiaba con dificultades operativas y logísticas importantes. A ello se suman campañas de consultas médicas gratuitas. Esto tiene un efecto doblemente positivo: por un lado, mitiga las condiciones estructurales que favorecen la penetración del EV; por otro, mejora la percepción de las fuerzas y cuerpos de seguridad entre la población, cuya imagen está estrechamente ligada a la calidad de los servicios que el Estado es capaz de proveer.[15]
Por otra parte, el Programa Social del Gobierno (PS Gouv), activo desde 2011 y con alcance nacional, complementa esos esfuerzos a través de una línea específica para reducir la fragilidad de las zonas fronterizas del norte: electrificación de municipios, contratación de docentes, construcción y equipamiento de escuelas, centros de atención primaria, laboratorios y centros de transfusión de sangre. Con un presupuesto total de 140,69 millones de euros –de los cuales 112,09 millones proceden de un préstamo del Banco Africano de Desarrollo–, la implementación de la edición actual se extiende desde 2019 hasta diciembre de 2026. Una vez más, el efecto es doblemente positivo: además de mitigar agravios que pueden ser explotados por el JNIM, la disposición de la población a colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad aumenta cuando el Estado demuestra ser capaz de proveer servicios y sostener mecanismos de cooperación cívico-institucional eficaces.[16]
El tercer eje aborda un desafío de soberanía: la consolidación de la presencia estatal sobre un territorio y una población que el Estado no controla plenamente. Las fronteras con Malí y Burkina Faso están en gran parte sin delimitar –más del 60% en el caso de Burkina Faso y prácticamente el 40% en el de Malí[17]–, por lo que existen comunidades apátridas que viven al margen de las instituciones, sin partidas de nacimiento, documentos de identidad o sin estar inscritas en un padrón. En esta situación también influye el hecho de que las fronteras administrativas heredadas del periodo colonial no reflejan las realidades etno-culturales autóctonas: para buena parte de la población, la frontera es un ente abstracto. Los vínculos que unen a las comunidades de ambos lados –familiares, comerciales, culturales o de tierras– son densos y profundos: el 98,28% de la población fronteriza marfileña mantiene algún tipo de relación con Malí; en el caso de Burkina Faso, el 77,46%.[18]
Ello da lugar a una identidad fronteriza autónoma, así como a estructuras paralelas a las del Estado que comprometen su soberanía, puesto que tradicionalmente se ha percibido la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad como una injerencia ilegítima en su modus vivendi.[19] Ante este diagnóstico, la prioridad del Estado es doble: delimitar físicamente la totalidad de la frontera y sensibilizar a la población sobre la importancia de adquirir documentos administrativos y de identificación. Para ello, la Comisión Nacional de Fronteras está creando Comités de Observación y Sensibilización, que constituyen una suerte de puente entre el Estado y la sociedad civil, integrando a alcaldías, autoridades tradicionales informales, representantes de jóvenes y asociaciones de mujeres.
Fortalezas y retos
El enfoque marfileño de prevención y lucha contra el EV es relativamente reciente y está aún en construcción: el establecimiento de la Zona Operativa Norte data de 2020 y el documento estratégico que lo formalizará se encuentra todavía en fase de elaboración. Se inscribe, además, en un contexto regional adverso, con dos vecinos –Malí y Burkina Faso– inmersos en una espiral de violencia yihadista de difícil contención. Así, esta sección trata de identificar tanto las fortalezas y avances, como las lagunas pendientes del enfoque, la mayor parte de ellas señaladas por los propios actores marfileños entrevistados. Lo que sigue es el análisis de un modelo que cuenta con una visión coherente e innovadora, pero cuya implementación no siempre está a la altura de sus ambiciones.
La principal fortaleza del enfoque marfileño reside en su vocación holística: el Estado es consciente de que la respuesta contra el EV no puede limitarse a la seguridad y a la defensa, sino que exige abordar las causas profundas que favorecen su penetración. Los esfuerzos por mejorar las condiciones de vida en el norte han producido resultados visibles. El Estado ha puesto también un énfasis deliberado en estrechar su relación con la población del norte: los datos de Resilience for Peace indican que seis de cada 10 personas encuestadas señalan la existencia de mecanismos de colaboración cívico-militar en su localidad y los datos confirman que iniciativas como las células cívico-militares o los Comités de Observación y Sensibilización están mejorando efectivamente la cooperación entre civiles y fuerzas de seguridad.[20] A ello se suma una mejor gestión de la cuestión peul: a diferencia de lo ocurrido en otros países de la región, esta comunidad no ha sido objeto de estigmatización o violencia sistemáticas, lo que ha contribuido a que familias burkinesas pertenecientes a esta etnia elijan Costa de Marfil como destino de refugio.
Una segunda fortaleza es la centralización de los esfuerzos en el Consejo Nacional de Seguridad, órgano vinculado a la Presidencia que actúa como cerebro de la operación: coordina a todos los actores implicados –fuerzas de seguridad, ministerios de salud, medio ambiente, promoción de la juventud, entre otros– y garantiza flujos de información entre todos los actores del sistema, incluyendo los comités de vigilancia y las células cívico-militares. Esta arquitectura de coordinación no es nueva: el Consejo Nacional de Seguridad fue creado durante la crisis postelectoral de 2010-2011, momento en el que también se reforzó el vínculo institucional entre el Ministerio de Defensa y la Presidencia para agilizar la toma de decisiones. La experiencia acumulada en la gestión de crisis constituye, en ese sentido, un activo institucional de primer orden.
Esta visión coherente y sus avances reales conviven, sin embargo, con los retos y lagunas que el enfoque presenta. La primera es de naturaleza judicial: los esfuerzos se concentran en la dimensión securitaria, pero las capacidades en materia de investigación judicial siguen siendo insuficientes, lo que limita la rendición de cuentas. A ello se suma el reto de la gestión penitenciaria: aunque existe conciencia institucional sobre los riesgos de radicalización en prisión, la sobrepoblación carcelaria y la escasez de recursos básicos –espacio, alimentos, agua– generan condiciones que favorecen precisamente ese proceso, sin que existan mecanismos y capacidades de control suficientes. Por último, la perspectiva carece de dimensiones de rehabilitación y reinserción, que serían fundamentales para que su vocación integral sea efectiva.
Asimismo, el enfoque presenta limitaciones en su diseño, así como una aplicación lenta. En cuanto a la primera, la difícil operacionalización de la estrategia se refleja en la ausencia de indicadores de evaluación claros y en la dificultad para medir sus progresos. En términos de implementación, el ritmo resulta preocupante ante la inminencia de la amenaza: con el nivel de inversión actual, es cuestionable la capacidad del Estado de mitigar los factores estructurales que favorecen la penetración del EV. El caso de los Comités de Observación y Sensibilización ilustra bien esta brecha entre ambición y realidad: creados a partir de 2021 con un objetivo de 675 comités, en 2025 se habían constituido formalmente 385, de los cuales apenas una treintena estaban operativos.
Un reto adicional es la necesidad de basar las intervenciones en un mejor conocimiento de las necesidades de las poblaciones del norte y de los factores específicos que hacen de la región un terreno vulnerable a la penetración del EV.[21] Aunque toda mejora socioeconómica contribuye, en mayor o menor medida, a la prevención, los datos sugieren que los programas que mejoran el acceso a servicios educativos y sanitarios inciden más directamente en la imagen del Estado que las inversiones en infraestructuras, como carreteras y suministro de agua. Además, no es tanto la existencia de servicios básicos lo que importa, sino su utilidad percibida: algunas comunidades fronterizas siguen prefiriendo acceder a servicios educativos o sanitarios en Burkina Faso, por parecerles más accesibles y menos intimidantes. A ello se suma la necesidad de afinar el perfil de los beneficiarios: las intervenciones suelen dirigirse a jóvenes al inicio de la veintena y sin estudios, considerados más vulnerables; sin embargo, los datos apuntan a que el perfil más susceptible de ser captado por grupos insurgentes corresponde a hombres al inicio de la treintena con estudios universitarios, que no son el público objetivo de ninguna iniciativa. Así, aunque algunas de las intervenciones desplegadas hasta la fecha tengan efectos positivos en términos generales de desarrollo económico, no inciden necesariamente de manera específica y a corto plazo en la prevención del EV.
Por último, a pesar de los progresos, la percepción de las fuerzas y cuerpos de seguridad por parte de la población del norte sigue teniendo un margen de mejora considerable. Aunque existen ligeras diferencias dependiendo de la localidad, en diciembre de 2024, la experiencia individual de la provisión de seguridad seguía estando marcada por la ansiedad (un tercio de los encuestados), la parcialidad (29%) y la lentitud (28%). En sus interacciones con fuerzas y cuerpos de seguridad, un 10% de los encuestados denunciaba comportamientos violentos y un 13% faltas de respeto. Asimismo, los puestos de control son una fuente recurrente de frustración: una de cada dos personas declara pagar sobornos de forma sistemática. No sorprende, en este contexto, que apenas tres de cada 10 personas se muestren dispuestas a cooperar con las fuerzas de seguridad –proporción que se reduce a una de cada 10 en Sikolo y Kalamon, localidades fronterizas con Burkina Faso, donde la confianza institucional es más frágil–.[22]
Cooperación con socios regionales e internacionales
La naturaleza transnacional de la amenaza yihadista hace de la cooperación un componente indispensable del enfoque marfileño de prevención y lucha contra el EV: una respuesta eficaz exige intercambio de inteligencia, coordinación de patrullas fronterizas y formación de efectivos centrada en la protección de las comunidades locales. En el plano regional, sin embargo, las tensiones políticas e ideológicas con los vecinos sahelianos obstaculizan severamente esa cooperación; en el internacional, Costa de Marfil mantiene lazos con un abanico creciente de socios –la Unión Europea (UE), Francia y España; también China, Turquía, Japón y otros– desde una posición de mayor autonomía y capacidad de elección que en el pasado.
Cooperación con la Alianza de Estados del Sahel (AES)
A pesar de las tensiones ideológicas y de las divergencias en sus relaciones exteriores –la AES estrechamente vinculada a Rusia; Costa de Marfil a la UE–, las relaciones diplomáticas con Malí y Burkina Faso se mantienen formalmente. El Estado marfileño se muestra formalmente dispuesto a cooperar en materia de seguridad, consciente de que la amenaza que comparten no entiende de fronteras; aunque los agravios acumulados generan también desconfianza en el lado marfileño, las juntas militares sahelianas mantienen un tono marcadamente más hostil hacia Abiyán. La lectura de los actores consultados es que solo aceptarán ese acercamiento cuando su propia situación securitaria sea insostenible.
Burkina Faso es el vecino con el que Costa de Marfil comparte la frontera más porosa y peligrosa –Figura 1– y también el que protagoniza la relación bilateral más tensa. Desde 2014 se celebraban encuentros bilaterales cada dos años entre autoridades; en 2019 se formalizó un marco de cooperación transfronteriza que cubría seguridad, salud y medio ambiente. Sin embargo, ese diálogo quedó interrumpido en 2024 por el deterioro de las relaciones diplomáticas.
La junta militar burkinesa acusa a Costa de Marfil de haber alcanzado acuerdos tácitos con el JNIM para evitar ataques en su territorio y de no perseguir con suficiente ahínco a los grupos insurgentes que utilizan el norte marfileño como zona de aprovisionamiento y refugio. Aunque un actor consultado reconoce que las fuerzas marfileñas podrían ser más activas en ese frente, la naturaleza predominantemente política de las acusaciones queda en evidencia al comparar con el caso ghanés: los mismos agravios existían contra Ghana hasta que la llegada al poder del presidente Dramani Mahama –con quien las juntas sahelianas tienen afinidad ideológica– transformó positivamente las relaciones, sin que la situación en la frontera entre Ghana y Burkina Faso hubiera cambiado. A ello se suman las incursiones en territorio marfileño de los Voluntarios para la Defensa de la Patria: imbuidos de las narrativas inculpatorias promovidas por la junta burkinesa, estas milicias también consideran a Costa de Marfil un adversario. El resultado es una relación bilateral gravemente deteriorada, en la que la desconfianza mutua compromete la tan necesaria cooperación en materia de seguridad.
El bloqueo a alto nivel no ha impedido, sin embargo, que persista una cooperación a nivel local, salvaguardada por los estrechos vínculos que unen a las comunidades de ambos lados de la frontera. Al menos dos marcos institucionalizan esta interlocución. En primer lugar, las Agrupaciones Locales de Cooperación Transfronteriza, dependientes de la Comisión Nacional de Fronteras, que promueven la cooperación en materia de seguridad, cohesión social y desarrollo local. Por otro lado, existe el Espacio SKB –que reúne a Sikasso (Malí), Korhogo (Costa de Marfil) y Bobo Dioulasso (Burkina Faso)–, espacio de cooperación transfronteriza trilateral aún activo. Fomenta la integración social, económica y cultural y, además, alberga programas de mediación, como los destinados a resolver los incidentes recurrentes de guardias fronterizos marfileños detenidos por sus homólogos burkineses tras cruzar inadvertidamente una frontera en gran parte sin demarcar. En un contexto adverso, marcado por la interrupción de la interlocución política y securitaria de alto nivel, esta cooperación microlocal, aunque no exenta de tensiones, se mantiene activa y resistente a las adversidades.
La relación con Malí está igualmente marcada por la desconfianza. El incidente de los 49 soldados marfileños de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA) detenidos en Bamako en 2022 –liberados tras meses de negociaciones gracias a la mediación de Togo y otros países vecinos– dejó una huella duradera. El agregado de defensa maliense en la Embajada en Abiyán sigue en su puesto, señal de que los canales formales permanecen abiertos y la reciente negociación de un acuerdo de cooperación transfronteriza, aún pendiente de firma, podría contribuir a dulcificar las relaciones bilaterales. A pesar de estos elementos que podrían llamar al optimismo, el contacto político y securitario se mantiene en su mínima expresión, con la excepción de la cooperación microlocal articulada a través del Espacio SKB. El diálogo bilateral es esporádico y se activa únicamente cuando no queda más remedio: intercambios de rehenes o prisioneros, o situaciones de emergencia como la crisis del carburante en Malí en septiembre de 2025.
Cooperación regional en África Occidental
Los golpes de Estado en Malí, Burkina Faso y Níger, así como el conflicto con la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) y algunos de sus miembros, han desarticulado los principales mecanismos supranacionales de cooperación en materia de seguridad en África Occidental. El G5 Sahel, del que los tres países se retiraron escalonadamente, se encuentra inoperante y próximo a la disolución. La Iniciativa de Accra, aunque los miembros de la AES no han formalizado su salida, ha quedado en situación de parálisis: no registra actividades desde su última operación conjunta en 2021, y la desconfianza entre sus miembros —en particular hacia Costa de Marfil, a quien algunos miembros ven como demasiado próxima a Francia— impide su reactivación. La Fuerza Multinacional Mixta perdió a Níger en 2025 y el Proceso de Nuakchott, aunque activo, opera sin la participación efectiva de los países de la AES. El panorama regional es, en conjunto, de fragmentación y parálisis institucional.
Costa de Marfil aspira a proyectarse como actor de referencia regional en materia de prevención y lucha contra el EV. La AILCT ilustra esa ambición, puesto que desea consolidarse como una herramienta de cooperación regional –o, incluso, continental– en el plano específico de la formación: entre 2021 y 2024 acogió a 2.300 miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad de 26 países africanos, entre los que se encuentran vecinos del golfo de Guinea como Ghana, Nigeria, Benín y Togo. Sin embargo, la percepción de la Academia como una iniciativa marfileña, más que africana, genera competencia con otros centros de excelencia de la región. A ello se suma la relación especialmente tensa entre Costa de Marfil y los miembros de la AES, que le impide erigirse en el actor capaz de aglutinar a sus vecinos y revitalizar la cooperación regional.
En un momento en que África Occidental carece de un liderazgo claro en materia de prevención y lucha contra el EV, Ghana reúne condiciones singulares para ocupar ese espacio: mantiene buenas relaciones tanto con la AES como con la CEDEAO, es una democracia consolidada y comparte con Costa de Marfil la condición de país costero del golfo de Guinea expuesto a la expansión de la amenaza yihadista. Significativamente, Ghana estudia el lanzamiento de una nueva iniciativa de cooperación regional que incorporaría a Nigeria y que, incluso, podría excluir a Costa de Marfil en la fase de negociación para ganarse la confianza de las juntas sahelianas.
Con socios internacionales
En enero de 2025, el presidente Ouattara anunció el retorno del control de la base militar de Port-Bouët a las fuerzas armadas marfileñas, poniendo fin a casi 50 años de presencia militar permanente francesa. Se trató de un cambio simbólico significativo, en línea con las tendencias regionales de búsqueda de relaciones más horizontales y mutuamente beneficiosas, aunque en Costa de Marfil no exista la misma demanda popular de reformulación de las relaciones con Francia que en Chad y Senegal. En la práctica, Francia sigue profundamente implicada en la arquitectura de seguridad del Estado y se mantiene, junto con la UE, como el principal socio de Costa de Marfil en materia de seguridad.
Ello no impide que la relación con los socios europeos sea cada vez más asertiva. Las autoridades marfileñas reclaman una cooperación en materia de seguridad diseñada por ellas “a la carta”: reivindican una mayor capacidad de escucha por parte de la UE y disposición a apoyar el enfoque que Costa de Marfil diseñe, en lugar de ofrecer paquetes predefinidos que no dejan, en su percepción, suficiente margen de adaptación. A ello se añade el rechazo a las condicionalidades políticas de la ayuda, especialmente en cuestiones sensibles como los derechos LGTBIQ+, así como la voluntad de diversificar sus alianzas con otras potencias extraafricanas sin que ello genere incomodidad a sus socios europeos.
Esta mayor asertividad se ve respaldada por la erosión del papel hegemónico de la UE en el continente africano, que ha abierto un abanico de socios internacionales entre los que Costa de Marfil puede elegir. La cooperación en materia de defensa con China se ha reforzado, con adquisiciones de vehículos militares; con Japón se han firmado contratos de infraestructuras y con Turquía la relación también se ha intensificado en los últimos años. Con Rusia, en cambio, los actores entrevistados fueron unánimes en señalar que no se aprecia acercamiento por el momento, a diferencia de lo ocurrido en otros países de la región.
Con España
La cooperación bilateral entre España y Costa de Marfil en materia de seguridad carece por el momento de un eje vertebrador claro. Se articula a través de distintos elementos: un acuerdo de cooperación en materia de lucha contra la delincuencia y la criminalidad firmado en 2012, donaciones de material realizadas en 2021 y un apoyo sostenido a la AILCT, tanto económico –lo que otorga a España la condición de miembro asociado de su consejo de administración– como en materia de formación, con cursos de la Guardia Civil sobre radicalización online y capacitación de las Fuerzas Armadas españolas en desactivación de explosivos. La Academia ha expresado interés en que España intensifique su implicación y se convierta en socio activo, condición que, a través de una mayor contribución económica, otorgaría derecho a voto y participación en sus sesiones mensuales. En ese sentido, la Estrategia España-África 2025-2028 ofrece una oportunidad para dotar de mayor coherencia y ambición a una relación bilateral que hasta ahora ha avanzado de forma un tanto fragmentada.
Sin embargo, la relación bilateral con el Ministerio del Interior atraviesa un momento de relativo enfriamiento, tras una etapa de mayor actividad que se vio truncada por diferencias en materia de gestión migratoria y repatriación. España cuenta con un agregado de interior estacionado en Ghana que cubre Costa de Marfil junto con otros dos países del golfo de Guinea, lo que limita el potencial de estrechamiento de las relaciones bilaterales en materia de seguridad. En ese contexto, el nombramiento próximo de un consejero de seguridad interior en la Embajada marfileña en Madrid, aún pendiente de materializarse, constituiría un paso positivo para intensificar el diálogo.
La cooperación entre España y Costa de Marfil se articula también a través de programas de la UE, lo que permite a España ampliar su presencia en el país con ayuda de fondos comunitarios. En ese marco, la Guardia Civil mantiene contacto regular con la gendarmería marfileña e imparte formaciones anuales sobre radicalización en línea. De especial relevancia es el proyecto GAR-SI, puesto en marcha por la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIIAPP) y dirigido por la Guardia Civil, centrado en el fortalecimiento de las capacidades de las fuerzas y cuerpos de seguridad para luchar contra el terrorismo y el crimen organizado mediante formación, equipamiento y material. Entre los países costeros del golfo de Guinea en los que se ha estudiado su posible aplicación, Costa de Marfil es el que mayor interés ha mostrado. De materializarse, supondría un paso significativo en la postura de España como socio en materia de seguridad en el país.
Conclusiones
La amenaza yihadista en Costa de Marfil se mantiene en niveles de violencia relativamente bajos, especialmente en comparación con sus vecinos sahelianos e, incluso, Benín y Togo. Sin embargo, la contención de los ataques desde el 2022 no debe inducir a la complacencia, puesto que responde a una estrategia de implantación progresiva que continúa activa en el norte del país. Impulsada principalmente por individuos extranjeros vinculados al JNIM, esta estrategia se apoya en la explotación de vulnerabilidades estructurales –la brecha norte-sur que caracteriza a Costa de Marfil, la débil presencia estatal y tensiones intercomunitarias preexistentes–, para ir tejiendo redes sociales, comerciales y religiosas. Aunque la radicalización ideológica es limitada y la población rechaza en general el proyecto yihadista, la colaboración con grupos insurgentes se produce por razones pragmáticas, en particular incentivos económicos y el deseo de proteger a la familia. En este contexto, los tráficos ilícitos desempeñan un papel central, tanto como mecanismo de financiación como vía de penetración en el tejido social y económico del norte, reforzando la presencia insurgente sin necesidad de un apoyo ideológico amplio.
Ello confirma la pertinencia del enfoque adoptado por el Estado marfileño, que contrasta con las respuestas predominantemente militares desplegadas en el Sahel central y se articula en torno a tres ejes complementarios: el refuerzo de las capacidades de defensa, la mejora de las condiciones de vida y la consolidación de la presencia estatal en las regiones septentrionales. La militarización del norte tras el ataque de Kafolo (2020), la creación de estructuras como el CROAT y la AILCT y los esfuerzos por mejorar la relación entre fuerzas de seguridad y población reflejan avances reales, al igual que las inversiones en servicios básicos y cohesión social.
Sin embargo, este enfoque sigue en construcción y presenta lagunas importantes: las capacidades judiciales siguen limitando la rendición de cuentas, la dimensión de reinserción es prácticamente inexistente y la implementación de algunas iniciativas, especialmente pertenecientes al segundo y tercer eje, avanza con lentitud. A ello se suma un desafío persistente en la percepción de las fuerzas y cuerpos de seguridad, marcada aún por la desconfianza, los abusos y prácticas como la corrupción en puestos de control. En este contexto, la eficacia del enfoque marfileño dependerá menos de su diseño –coherente en términos generales– que de su capacidad para traducirse en mejoras tangibles y sostenidas en la relación entre Estado y ciudadanía en las regiones más expuestas a la penetración de grupos insurgentes.
La naturaleza transnacional de la amenaza yihadista en África Occidental, que ya no se limita al Sahel central, sino que se extiende progresivamente hacia los países del golfo de Guinea, hace de la cooperación un elemento indispensable de cualquier estrategia eficaz. Sin embargo, las relaciones entre Costa de Marfil y sus vecinos del norte, Malí y Burkina Faso, están caracterizadas por la hostilidad, principalmente debido a la distancia ideológica que los separa. Además, la ruptura entre la AES y la CEDEAO ha llevado a la parálisis o disolución de los principales mecanismos de cooperación regional en materia de seguridad. En este contexto, la colaboración transfronteriza persiste sobre todo a nivel local, sostenida por los vínculos sociales y económicos, pero sin capacidad para articular una respuesta a la altura de la amenaza.
En paralelo, Costa de Marfil ha reforzado y diversificado sus alianzas internacionales, en un contexto en el que la tradicional hegemonía de la UE y Francia se ha visto progresivamente cuestionada por la proliferación de ofertas de cooperación de otras potencias. Esta apertura se acompaña de una mayor asertividad por parte de las autoridades marfileñas, que reclaman un apoyo “a la carta”, adaptado a sus prioridades y libre de condicionalidades políticas percibidas como ajenas e indebidas. En este marco, la cooperación con España carece aún de un eje vertebrador claro, pero presenta un margen significativo de desarrollo, especialmente en ámbitos como la formación y el refuerzo de capacidades; ya sea a través de la AILCT o de la potencial puesta en marcha en Costa de Marfil del proyecto GAR-SI. En un entorno cada vez más competitivo, España cuenta con la oportunidad de colocarse como un socio relevante, siempre que logre traducir esa presencia en una contribución tangible y sostenida.
[1] La autora desea expresar su agradecimiento a Álvaro Vicente, Carola García-Calvo y Lucía Fernández por sus comentarios y sugerencias, extremadamente útiles y enriquecedores, en el marco del proceso de peer review de este análisis.
[2] ACLED Database (2012-2025).
[3] En 2026, Malí y Burkina Faso ocupan, respectivamente, el 2º y el 5º puesto en el ranking de países afectados por el terrorismo, según el Global Terrorism Index, Global-Terrorism-Index-2026-Report.pdf.
[4] Assale T., (2025), “Menace jihadiste en Côte d’Ivoire. Les enjeux d’une lutte à remporter”, Eichenblatt Verlag.
[5] Las cofradías (ṭarīqa) sufíes son órdenes espirituales diferenciadas, que estructuran la vida social y política, con presencia en múltiples países de África Occidental.
[6] Para respetar la petición de anonimidad de las fuentes consultadas, no se incluirán referencias explícitas a las entrevistas a lo largo del texto; la información derivada de ellas se presenta de forma integrada en el análisis.
[7] Como en todo estudio basado en entrevistas, los resultados pueden verse influidos por los sesgos y perspectivas de los actores consultados. En particular, algunos de ellos pueden tener un interés institucional en presentar una determinada imagen de la situación securitaria o del enfoque de prevención y lucha contra el extremismo violento. Con el fin de mitigar este riesgo, toda la información recabada ha sido triangulada con fuentes adicionales con perspectiva propia sobre el fenómeno, tanto de la sociedad civil nacional como de actores internacionales.
[8] Assale T., (2025), “Menace jihadiste en Côte d’Ivoire. Les enjeux d’une lutte à remporter”, Eichenblatt Verlag
[9] Todos los actores entrevistados coincidieron en este diagnóstico.
[10] 70.000 personas en 2025, según el Ministerio de Defensa marfileño.
[11] Base de datos de Resilience for Peace.
[12] Assale T., (2025), “Menace jihadiste en Côte d’Ivoire. Les enjeux d’une lutte à remporter”, Eichenblatt Verlag.
[13] Ministerio de Defensa de Costa de Marfil (2021).
[14] Assale T., (2025), “Menace jihadiste en Côte d’Ivoire. Les enjeux d’une lutte à remporter”, Eichenblatt Verlag.
[15] Resilience for Peace & KAS (2026), “Dynamiques sécuritaires au Nord de la Côte d’Ivoire“
[16] Resilience for Peace & KAS (2026), “Dynamiques sécuritaires au Nord de la Côte d’Ivoire »
[17] Comisión Nacional de Fronteras de Costa de Marfil (2025).
[18] Comisión Nacional de Fronteras de Costa de Marfil (2025).
[19] Assale T., (2025), “Menace jihadiste en Côte d’Ivoire. Les enjeux d’une lutte à remporter”, Eichenblatt Verlag.
[20] Resilience for Peace & KAS (2026), “Dynamiques sécuritaires au Nord de la Côte d’Ivoire“.
[21] Base de datos de Resilience for Peace (2025).
[22] Resilience for Peace & KAS (2026), “Dynamiques sécuritaires au Nord de la Côte d’Ivoire”.
