El pasado 25 de abril, siete localidades malienses, entre las que se encuentran Bamako y tres capitales provinciales, amanecieron bajo una ofensiva coordinada de una magnitud inédita desde el inicio del conflicto en 2012. La filial de al-Qaeda en África Occidental, el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM) y el Frente de Liberación del Azawad (FLA), grupo separatista tuareg, unieron fuerzas con una meta común: maximizar la presión sobre la junta militar encabezada por Assimi Goïta y precipitar su caída. El objetivo del FLA es tomar los territorios reivindicados históricamente por el movimiento independentista, situados en el norte del país. Por su parte, el JNIM, consciente de que no tiene capacidad para ocupar el gobierno central y controlar un país del tamaño y características de Malí, a corto plazo desea propiciar un cambio de gobierno en favor de interlocutores que sí estén dispuestos a negociar con grupos insurgentes.
Si ya la trayectoria reciente en Malí no hablaba bien de la gestión de la seguridad, ahora es evidente que el gobierno, que se presentó como un “cirujano de hierro” ante la crisis del país, es incapaz de cumplir su promesa de provisión de seguridad y de prosperidad.
Los asaltantes utilizaron vehículos y drones kamikaze, así como artefactos explosivos improvisados en ataques directos contra instalaciones estratégicas –las residencias del presidente y del ministro de Defensa, el Aeropuerto Internacional de Bamako y la base militar de Kati–, contando para ello con la complicidad de ciertos elementos del ejército. El balance es grave: el ministro de Defensa, y pilar de la junta, murió en la explosión que hizo volar su vivienda por los aires; el director general de los servicios de inteligencia tuvo que ser hospitalizado; Goïta, aunque ileso, también fue blanco de los ataques. El Estado ha perdido el control de Kidal, ciudad de alto valor simbólico para el separatismo tuareg, y el FLA ha anunciado su intención de hacerse también con Gao, Menaka y Timbuktu. Pero más allá de su espectacularidad e impacto mediático, estos ataques son reveladores en tres dimensiones.
Primero, confirman un incremento sostenido de las capacidades operativas del JNIM desde 2021. El grupo domina un amplio espectro táctico: guerra de guerrillas, maniobras convencionales, de asedio y de guerra económica. Esta última, sello de identidad de la coalición yihadista, se manifiesta en el aislamiento continuado de localidades rurales mediante el sabotaje de infraestructuras de transporte, reservas de agua, suministro eléctrico y telecomunicaciones. Al bloqueo de carburante que sufrió el país a partir de septiembre de 2025 se suma, desde el pasado 30 de abril, el aislamiento total por tierra de Bamako, con graves efectos en el suministro de la ciudad, incluidos víveres y otros productos de primera necesidad. Así, esta ofensiva se inscribe en una tendencia de fuerte aumento de la presión del JNIM sobre la junta militar maliense.
Asimismo, el JNIM es el único grupo armado del continente –y uno de los pocos en el mundo– que lleva a cabo guerra de drones en distintos países a la vez. Aprendiendo mano a mano con el FLA, ha sido pionero en su uso en el Sahel. Desde el primer ataque en septiembre de 2023, el número de operaciones y su complejidad no han dejado de crecer: tareas de vigilancia, reconocimiento, recopilación de inteligencia, ataques directos y acciones coordinadas. El 25 de abril fue, además, una demostración de músculo organizativo, ya que el JNIM coordinó de forma simultánea siete teatros de operaciones a lo largo de 1.500 km. Todo ello, mientras la coalición continúa su expansión hacia las costas del golfo de Guinea.
En segundo lugar, los ataques revelan un mayor grado de estructuración de la alianza entre el JNIM y el FLA. La colaboración entre actores vinculados a al-Qaeda y facciones tuareg es histórica: existen vínculos desde la década de 1990 entre separatistas e individuos que hoy forman parte del JNIM. En 2012, otra filial de al-Qaeda, al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), y separatistas tuareg protagonizaron juntos la ofensiva hacia Bamako; la alianza se disolvió por diferencias ideológicas, pero los contactos se mantuvieron. El JNIM supo relanzar el acercamiento aprovechando la ruptura de los Acuerdos de Argel en 2024 y el aumento de la violencia contra comunidades tuareg –tanto por parte de las fuerzas de seguridad malienses como de la filial regional de Estado Islámico–, consolidándose como socio de referencia para los grupos separatistas. Ello se ha traducido en varios alto el fuego informales en zonas donde coinciden sus bases de apoyo, una notable superposición en sus áreas de operación y miembros, así como en coordinación operativa frente a enemigos comunes.
Sobre esa base, el 25 de abril marcó un salto cualitativo. A pesar de las importantes diferencias ideológicas entre ambos –JNIM aspira a instaurar un califato islámico en África Occidental; el FLA es un movimiento secular que busca la independencia del norte de Malí–, el portavoz del FLA declaró a la Agencia France-Presse que los grupos han encontrado un “mecanismo de coordinación y coexistencia”, unidos por el objetivo de derrocar a la junta y expulsar a los contratistas privados rusos del territorio.
Por último, los acontecimientos pusieron en evidencia las debilidades de la junta maliense, de la Alianza de Estados del Sahel (AES) y de sus socios rusos del Africa Corps. Si ya la trayectoria reciente en Malí no hablaba bien de la gestión de la seguridad, ahora es evidente que el gobierno, que se presentó como un “cirujano de hierro” ante la crisis del país, es incapaz de cumplir su promesa de provisión de seguridad y de prosperidad. Aunque se recuperó el control de seis de las siete ciudades atacadas, Kidal sigue en manos insurgentes y el daño simbólico es irreversible: los vacíos en la soberanía maliense ya no admiten disimulo.
Los ataques cuestionan también la efectividad de las alianzas de la junta. La AES, creada como pacto de defensa mutua, se limitó a publicar un comunicado de apoyo sin ofrecimientos concretos de asistencia. Más que falta de voluntad, ello refleja que Burkina Faso y Níger están, a su vez, abrumados por sus propias crisis de seguridad y expuestos a posibles represalias.
En cuanto a Africa Corps, la caída de Kidal supone un golpe reputacional doloroso. Feudo histórico del separatismo tuareg, la ciudad había sido recuperada en noviembre de 2023 por las fuerzas malienses y sus socios rusos; un éxito tan celebrado que aquel día, declarado festivo nacional, fue bautizado como la Journée de la Souveraineté Retrouvée. Tras los ataques del 25 de abril, los aproximadamente 750 efectivos del Africa Corps y las Fuerzas Armadas malienses negociaron su retirada de Kidal con mediación argelina y abandonaron la ciudad escoltados por las fuerzas del Azawad. El episodio ilustra, una vez más, los límites de confiar la seguridad a terceros y de reducir un conflicto político complejo a una respuesta puramente militar.
La junta guardó silencio tres días después de los ataques y su respuesta augura escasa autocrítica: es previsible que los ataques la hagan más dogmática ideológicamente. La narrativa oficial ya apunta en esa dirección. Bamako describe lo ocurrido como un plan de desestabilización ejecutado por terroristas y sus “patrocinadores internos y externos”, en referencia a potencias occidentales y países vecinos con los que existen tensiones. Goïta ha dado las primeras señales de lo que viene: su primer encuentro tras los ataques fue con el embajador ruso y en su alocución a la nación celebró la “sinergia de acción” de la AES y agradeció la colaboración con sus socios estratégicos, “particularmente, la Federación Rusa”. A la vista de la trayectoria del país –marcada por el fortalecimiento del JNIM, su alianza más estructurada con el FLA y las crecientes dificultades de la junta y sus aliados para recuperar la iniciativa–, esta senda tiene un coste creciente que Bamako parece decidida a ignorar.
