Cuando la relación transatlántica estaba atravesando un momento dulce, fortalecida por la cooperación entre la UE y EEUU como respuesta a la invasión rusa de Ucrania, algunos elementos proteccionistas de la Inflation Reduction Act (IRA) norteamericana amenazan con abrir una guerra comercial. Como el objetivo principal de la IRA no es discriminar a los europeos sino avanzar en la lucha contra el cambio climático –objetivo que la UE apoya plenamente–, sería importante que los socios transatlánticos fueran capaces de limar sus diferencias comerciales para evitar que este tema contamine la cooperación, que hoy es más necesaria que nunca ante la amenaza rusa y el auge de China. Sin embargo, esto no va a ser fácil.
No es necesario recordar que los europeos están mucho más contentos con Biden que con Trump en la Casa Blanca. Trump veía a la UE como un rival comercial y no como un aliado geoestratégico, se llevaba bien con Putin, sembraba dudas sobre el futuro de la OTAN, establecía aranceles, renegaba del multilateralismo y era un negacionista del cambio climático. Biden, por su parte, llegó a la presidencia en 2021 eliminando los aranceles sobre el acero y el aluminio que gravaban los productos europeos, creó el Consejo Transatlántico de Comercio y Tecnología para la cooperación, devolvió a EEUU al acuerdo de París sobre el cambio climático y la OMS e impulsó un acuerdo en el G20 para gravar a las empresas multinacionales que la UE llevaba reclamando hacía mucho tiempo. Además, ante la invasión rusa de Ucrania, reforzó la cooperación con la UE, estableciendo un diálogo permanente y dejando claro que la OTAN, lejos de ser una organización en “muerte cerebral”, como había dicho el presidente Macron, era un paraguas de seguridad indispensable al que países como Finlandia y Suecia decidieron adherirse. Así, en poco tiempo, el diálogo entre Washington y Bruselas volvió a ser fluido y empezó a surgir un enfoque común para tratar con China. Se había restablecido la confianza entre los viejos amigos.
Sin embargo, algunas de las disposiciones de la IRA, una ambiciosa legislación aprobada en agosto de 2022 para acelerar la transición energética y promover la digitalización en EEUU, está poniendo en riesgo algunos de los avances logrados en los últimos dos años. Como parte de la IRA se dedicarán 369.000 millones de dólares en 10 años a subsidios e inversiones para la transformación energética y la lucha contra el cambio climático. Se trata de un paquete de política industrial y sustitución de importaciones de dimensiones descomunales que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha bautizado como “economía de la oferta moderna” en una clara alusión a la deslegitimada “economía de la oferta” centrada en bajar impuestos que proponen los republicanos.
El problema de la IRA para la UE (y también para el Reino Unido y Japón, pero no así para Canadá y México, que se benefician de pertenecer al acuerdo USMCE con EEUU) es que discrimina a los productores no estadounidenses. Así, por ejemplo, los subsidios y créditos para apoyar la transición hacia el vehículo eléctrico –que va bastante retrasada en EEUU– se darán sólo para coches producidos en Norteamérica y cuyas baterías empleen componentes nacionales. Y algo similar sucede con otras partidas de la IRA, como las de inversiones y ayudas en energías renovables, electrificación o innovación y desarrollo en hidrógeno verde. En definitiva, se trata de una legislación que incorpora la filosofía del Buy American (“Compre americano”) que, al discriminar a las empresas extranjeras, es incompatible con la legislación de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
El objetivo del IRA no es perjudicar a los productores europeos. Se trata de promover un cambio estructural en la industria automovilística y el modelo energético estadounidense para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y reducir la dependencia de China, que es líder mundial en la producción de baterías y placas solares. Estos objetivos también son apoyados por la UE. De hecho, es muy posible que cuando se estaba redactando la ley, los legisladores estadounidenses ni siquiera repararan en que la norma iba a perjudicar a sus aliados europeos. No sería la primera vez que EEUU hace una política económica para resolver un problema interno que tiene importantes externalidades negativas sobre otros países. Pero, en este caso, dada la buena relación entre ambas potencias y la existencia del Consejo de Comercio y Tecnología Transatlántico –que se supone que está precisamente para cooperar en estos temas–, la discriminación y el potencial daño a las empresas europeas es especialmente desafortunado.
Ante las protestas por parte de la Comisión Europea y los Estados miembros, que ven en la IRA proteccionismo encubierto, se ha creado un grupo de trabajo para intentar que, en la aplicación de la norma (que corresponde al Tesoro estadounidense y que todavía se está perfilando), se puedan resolver algunos de estos problemas. Desde Europa también resulta incomprensible que EEUU no haya optado por poner un precio a las emisiones de CO2 como las que existen en la UE, que son el modo más eficiente de modificar los incentivos de consumidores y empresas para que emitan menos gases de efecto invernadero. Tampoco se ve con buenos ojos que la OMC, gravemente dañada durante la Administración Trump, no sea vista por la Administración Biden como una institución cuyas normas hay que respetar y en la que merezca la pena invertir capital político para reformarla. Por último, la UE está en una posición incómoda. Lleva años exigiendo a EEUU que esté a la altura de sus responsabilidades en la lucha contra el cambio climático, por lo que, ahora que ha dado un paso adelante con la IRA, la crítica de la UE al proteccionismo integrado en esta ley tiene que ser constructiva y mesurada. Tampoco le gusta que las autoridades norteamericanas afirmen que no tienen problemas con que la UE aplique ayudas similares a sus empresas porque eso mina la competencia (EEUU tiene más músculo financiero) y destruye el sistema multilateral de comercio. Y, al mismo tiempo, la UE sabe que, en este momento, mantener el vínculo transatlántico para seguir apoyando a Ucrania ante la invasión rusa es esencial, sobre todo ahora que los demócratas han tenido un mejor resultado del esperado en las elecciones de medio mandato y parece que habrá continuidad en la política exterior norteamericana.
Sería una lástima que esta disputa comercial se intensificara, derivara en una guerra de subsidios cruzados a empresas nacionales y acabara contaminando la buena relación transatlántica en un momento en el que la colaboración entre EEUU y la UE es más necesaria que nunca. Pero, por otra parte, la UE debe tomar buena nota de que el America First que inauguró Trump, al menos en materia económica y comercial, está aquí para quedarse.
Tribunas Elcano
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