El pasado 9 de octubre, el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, anunció un acuerdo con Rusia para permitir temporalmente la comercialización de hasta 4,8 millones de toneladas de diésel ruso, mediante una flexibilización de las sanciones vigentes hasta abril de 2027. Esta decisión entra en contradicción con la política de sanciones aprobada por el Congreso estadounidense, en particular con la Ending Importation of Russian Oil Act (Ley para poner fin a la importación de petróleo ruso), de abril de 2022, y con la Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, promulgada el pasado 18 de septiembre.
Dos días después, el 11 de octubre, Trump anunció una supuesta “tregua energética” entre Rusia y Ucrania, cuya existencia no ha sido confirmada por ninguna de las partes. Más allá de la incertidumbre sobre su alcance y aplicación, el anuncio plantea un evidente desequilibrio estratégico: si la tregua se limita a impedir los ataques contra refinerías e instalaciones petroleras, sin incluir las infraestructuras de generación y distribución eléctrica, beneficiaría principalmente a Rusia. Mientras que este país dispone de una extensa red de grandes refinerías (alrededor de 32), Ucrania cuenta sólo con seis. En estas condiciones, una tregua de alcance tan limitado podría convertirse en una “tregua trampa”, al proteger una infraestructura estratégica para la economía y los ingresos energéticos rusos sin garantizar una protección equivalente para el sistema eléctrico ucraniano, sometido a continuos ataques.
Aunque la medida de la comercialización del diésel ruso se presenta como una respuesta coyuntural a las tensiones del mercado energético y dentro de la lógica eminentemente electoral por las elecciones de medio mandato el próximo 4 de noviembre, resulta especialmente llamativa al coincidir con otra declaración de Trump, en la que sugirió que Ucrania debería “buscar un nuevo líder” reprochando a Volodímir Zelenski obstruir las negociaciones de paz con Rusia. Ambas señales, consideradas conjuntamente, apuntan a un posible punto de inflexión en la posición estadounidense ante la guerra y refuerzan una tendencia perceptible desde el regreso de Trump a la Casa Blanca: la voluntad de preservar o reconstruir las relaciones económicas con Rusia, incluso al margen de la política europea de sanciones.
Los gobiernos europeos han reiterado su intención de mantener y aumentar la presión económica sobre Moscú, pero la propia Unión Europea (UE) continúa comprando cantidades significativas de gas natural licuado (GNL) ruso, especialmente del proyecto ártico Yamal, pese a su compromiso de reducir progresivamente la dependencia energética de Rusia hasta el 1 de enero de 2027. Entre enero y septiembre de 2026, Europa adquirió 12,18 millones de toneladas de GNL ruso procedente de Yamal, por un valor aproximado de 7.880 millones de euros. Estas importaciones representan un incremento interanual del 9,5% y 85% de toda la producción del proyecto Yamal va a Europa. La UE se encuentra así atrapada entre tres cuestiones: su promesa política de dejar de financiar indirectamente la economía de guerra rusa, sus necesidades de abastecimiento energético ante el invierno y su creciente dependencia de las decisiones de Washington, tanto como proveedor de GNL como por su capacidad de modificar unilateralmente el alcance de las sanciones.
El giro estadounidense y el relato de la victoria rusa
Las implicaciones de la decisión de Trump adquieren especial relevancia a la luz del relato de la victoria rusa, que desde el comienzo de la invasión se ha apoyado en una premisa fundamental: Rusia no necesita derrotar militarmente a todo Occidente, sino resistir el tiempo suficiente en la guerra de desgaste, para que sus adversarios pierdan la voluntad política de sostener a Ucrania. Durante su etapa al frente del Consejo de Seguridad de Rusia (2008-2024), Nikolái Pátrushev invocó en repetidas ocasiones el precedente de los acuerdos de Doha de 2020, negociados entre EEUU y los talibanes sin la participación del gobierno afgano, para sostener que Washington acabaría abandonando a Ucrania, del mismo modo que, a su juicio, había hecho con Afganistán. Aunque se trataba de un argumento propagandístico, expresaba una convicción estratégica más profunda: que la dependencia ucraniana del apoyo occidental constituye una vulnerabilidad que Moscú puede explotar mediante una guerra prolongada. El Kremlin ha mantenido esa interpretación con notable constancia. En 2022, Putin acusó a Occidente de querer combatir a Rusia “hasta el último ucraniano”. En 2023, Dmitri Peskov aseguró que Moscú había anticipado el crecimiento de la fatiga occidental y la aparición de divisiones políticas entre los aliados de Ucrania. Desde esta perspectiva, el acuerdo sobre el diésel constituye un activo político y propagandístico para Moscú. El Kremlin puede presentarlo como una prueba de que su estrategia de resistencia está produciendo resultados: Rusia soporta las sanciones, continúa siendo relevante para los mercados energéticos y observa cómo EEUU empieza a anteponer determinadas necesidades domésticas a la estrategia de aislamiento económico y le ayuda a reforzar su argumento de que el tiempo erosiona la cohesión occidental más rápidamente de lo que las sanciones debilitan la voluntad política de Moscú.
Las consecuencias para Ucrania
Trump ha pedido a Ucrania que suspenda sus ataques contra la infraestructura energética rusa afectando de esta manera a una de las pocas herramientas con las que Ucrania ha conseguido compensar parcialmente su inferioridad material. Estas operaciones persiguen varios objetivos simultáneos: reducir la capacidad de refino y suministro de combustible, elevar los costes económicos de la guerra, limitar determinadas fuentes de ingresos y demostrar que Rusia no puede sostener indefinidamente la agresión sin sufrir consecuencias en su propio territorio. Por ello, las presiones estadounidenses para que Kyiv suspenda los ataques contra refinerías rusas adquieren una dimensión especialmente delicada cuando coinciden con una autorización para facilitar la comercialización del diésel ruso. Si Washington exige a Ucrania que limite sus operaciones contra la infraestructura energética rusa mientras abre nuevas posibilidades de exportación para Moscú, se genera una asimetría estratégica difícil de ignorar: se reduce una herramienta de presión ucraniana al tiempo que se amplía el margen económico del agresor y no se suspenden sus ataques a la infraestructura eléctrica, los que más afectan a los civiles.
Esta combinación podría afectar no sólo a la capacidad de Ucrania para imponer costes a Rusia, sino también a su posición ante unas eventuales negociaciones. En una guerra de desgaste, la capacidad de infligir daños económicos y mantener la presión sobre el adversario constituyen una fuente de poder negociador. Restringirla sin obtener concesiones equivalentes de Moscú corre el riesgo de alterar el equilibrio en perjuicio de Kyiv.
Conclusión
La autorización estadounidense para comercializar diésel ruso no supone el desmantelamiento del régimen de sanciones contra Moscú. Washington mantiene restricciones financieras, tecnológicas y energéticas de amplio alcance. Sin embargo, la decisión revela una contradicción creciente entre el endurecimiento formal de las sanciones en el Congreso de EEUU y la disposición de la Casa Blanca a introducir excepciones por razones de política interna. Para el Kremlin, el giro de Trump representa una validación de su apuesta por el desgaste y la paciencia estratégica. Para Ucrania, el riesgo es que una sucesión de decisiones presentadas como pragmáticas y coyunturales termine configurando una nueva realidad geopolítica en la que su capacidad de decisión sea cada vez menor. Lo que hoy se presenta como un happy hour energético podría acabar siendo el primer síntoma de una normalización política mucho más difícil de revertir.
