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Las próximas elecciones presidenciales argelinas no tocan hasta abril de 2019, pero el régimen se ha puesto manos a la obra para allanar la reelección de Abdelaziz Bouteflika o, si ello no fuera posible, de su eventual sucesor. Pese a que el pasado noviembre la oficina de presidencia negó que se esté considerado (por el momento) la posibilidad de que el anciano presidente opte a un quinto mandato, la ausencia de sucesor y la aparente voluntad de Bouteflika de concurrir lo convierten en el candidato más probable. Es cierto que ello obligaría a revertir la reforma constitucional de 2016, que limita a dos los mandatos de los presidentes argelinos, pero eso es precisamente lo que se hizo en 2008 para permitir que Bouteflika pudiese presentarse (y ganar) en 2009. Dada la debilidad de la oposición y el control por parte del régimen de los resortes del poder no hay duda de que Bouteflika (o su sucesor), ganará las presidenciales. Pero por si acaso el malestar social y económico de los últimos años pudiese enturbiar la reelección, el nuevo gobierno surgido de la remodelación sorpresa del pasado agosto ha decidido cambiar la narrativa de la austeridad por la de la expansión, la inversión y el crecimiento.
No sin dificultades y todavía acuciada por riesgos latentes, Argelia ha capeado los años de precios bajos del petróleo y ha sorteado las profecías más catastrofistas. No ha caído en la situación de guerra civil que siguió al contra-choque petrolero de la segunda mitad de la década de 1980, ni se han materializado los escenarios de golpe de estado como el ocurrido en Egipto, y los conflictos de sus vecinos le siguen pasando una factura elevada en términos de seguridad pero no han sumido al país en la inseguridad que algunos temían. Por el contrario, se ha instalado una especie de continuidad deteriorada por los bajos precios del crudo, si bien aliviada en los últimos meses por su recuperación. Durante los últimos años, los equilibrios macroeconómicos argelinos se han deteriorado significativamente, pero el gobierno ha sido capaz de evitar una crisis de insolvencia como la de 1986-1988 a expensas de agotar su fondo petrolero y más de la mitad de sus reservas de divisas. El país contaba con un colchón financiero acumulado durante los años de bonanza y ha podido evitar un recurso masivo a la deuda externa y la consiguiente condicionalidad de los organismos financieros internacionales.
Los presupuestos de 2016 y 2017 se situaron al límite de la ortodoxia y el recurso continuado al proteccionismo ha contenido el desequilibrio exterior y el drenaje de divisas. Sobre esa base (inestable pero no quebrada como presumían los más agoreros) se ha adoptado un cambio de ciclo político-fiscal en el presupuesto de 2018, necesariamente expansivo para asegurar un buen resultado en las presidenciales de 2019. Este giro de estrategia tiene sus riesgos, puesto que la expansión fiscal prevista para 2018 deberá financiarse mediante la denominada financiación no convencional (monetizar parcialmente el déficit imprimiendo billetes), lo que incluso bajo la supervisión del banco central y el gobierno probablemente llevará a un aumento de la inflación y a la financiación de proyectos de dudosa rentabilidad.
La reversión de algunas de las (tímidas) medidas de austeridad llega en un momento relativamente afortunado por la subida del precio del petróleo. De hecho, la decisión de cambiar la orientación de la política fiscal fue tomada en verano, antes de que la recuperación de los precios del petróleo se consolidase. El gobierno llevaba años aguantando la respiración con medidas extremadamente graduales esperando que los precios subieran y, justo cuando las exigencias electorales le habían obligado a abandonar la ortodoxia y financiar el gasto del año pre-electoral con cargo a la monetización del déficit, la recuperación de la cotización del crudo puede aliviar in extremis los desequilibrios macroeconómicos. Sin embargo, aunque las perspectivas a corto plazo se han aclarado un poco, el país sigue afrontando una situación muy complicada a más largo plazo. El gobierno corre el riesgo de caer en el conformismo y excesos propios de los periodos pre-electorales, y olvidar las reformas económicas amparado por la subida del petróleo.
El caso más claro es la falta de inversiones en exploración y producción de hidrocarburos, que no permite detener el suave declive de su producción de petróleo ni acelerar en mayor medida la de gas, mientras la demanda interna aumenta con fuerza y presiona a las exportaciones. Junto al manejo macroeconómico en año pre-electoral, las expectativas para 2018 están puestas en la esperada nueva ley de hidrocarburos, pero la apertura y modernización del sector presenta muchas resistencias. De momento, la ley se ha ido posponiendo: prevista para finales de 2017, se retrasó primero a mediados y luego a finales de 2018. Siguiendo con la lógica del ciclo electoral, el escenario más probable es que la ley se promulgue antes de las presidenciales, en cuyo caso su ambición será limitada y probablemente consistirá en retoques fiscales poco efectivos para atraer inversiones. Un escenario más consistente temporalmente desde la perspectiva de la política económica sería esperar al resultado de las elecciones para que un presidente reforzado pueda acometer una reforma más profunda, eliminando de una vez el límite del 49% para la participación de las compañías internacionales en sus proyectos de inversión en Argelia.
Desde el inicio de la caída de los precios del petróleo en 2014, la política económica argelina ha estado ganando tiempo ajustando lo mínimo su política fiscal y sin apenas reformas para diversificar la economía. El contexto de precios del petróleo puede hacer pensar al gobierno que, aunque salvados por la campana, valía la pena esperar y que pueden seguir haciéndolo. Es difícil ganar unas elecciones con un discurso basado en la austeridad y reformas económicas básicamente impopulares. Pero no se puede esperar mucho más tiempo: las presidenciales de 2019 deberían dar paso a otro cambio de ciclo de la política económica argelina, con más tiempo por delante, esta vez para iniciar la senda de las reformas estructurales. Lamentablemente, no es lo que ha ocurrido en ocasiones anteriores.
