Mensajes clave
- Perú, como en 2011 y 2021, vivirá una segunda vuelta presidencial entre extremos, que revive el dilema fujimorismo (derecha autoritaria) vs. antifujimorismo, respaldado por una izquierda radical de tono nacionalista etnicista.
- El deterioro político-institucional marcado desde hace una década por una elevada fragmentación, crisis de representación y fuerte polarización se ha incrementado.
- La fragmentación generó un alto número de candidatos presidenciales. El mayor desde la caída de Alberto Fujimori en 2000: 36 candidatos (finalmente 35 por un fallecimiento), casi el doble que hace cinco años –18– y más del triple de hace 15.
- Tras los comicios proseguirá el proceso de parlamentarización de la última década. El Legislativo, que acabó con cinco presidentes en 10 años y podrían ser seis, tiene ahora en el Senado una cámara con capacidad destituyente que no puede ser disuelta por el Ejecutivo.
- La inestabilidad política alcanza lo institucional, como mostró el fracaso de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en la organización de la última elección.
- La inestabilidad política ya incide en la economía y la seguridad ciudadana.
Análisis
Las elecciones presidenciales y legislativas del 12 de abril han confirmado que Perú es el mejor ejemplo latinoamericano de “peruanización” de la política y de los sistemas partidistas y electorales. Por peruanización se entiende un conjunto de dinámicas institucionales y político-electorales presentes desde mediados de la década pasada, aunque comenzaron en los años 90 y se expandieron al resto de la región, destacando:
- La polarización entre alternativas antagónicas, contempladas como enemigos existenciales.
- Una coyuntura político-electoral percibida con una amplia frustración de expectativas y crisis de representación.
- Fragmentación y crisis de los partidos con outsiders populistas de discurso antisistema y demagógico.
- Debilidad institucional y creciente protagonismo del Legislativo, controlado por grupos próximos a la economía ilegal o al crimen organizado, con poder de veto e incluso capacidad destituyente.
- Problemas de gobernabilidad.
Estos síntomas, total o parcialmente repetidos en otros países latinoamericanos, han dominado la historia reciente peruana, especialmente desde 2016, y con mayor fuerza en estas últimas elecciones.
De la hiperfragmentación a la crisis de partidos y la polarización
La fragmentación reapareció con un elevado número de candidatos presidenciales, la mayor cifra desde el regreso de la democracia en 1980 y la caída de Fujimori en 2000. Fueron 36 candidatos, (finalmente uno menos debido a un fallecimiento). Casi el doble que hace cinco años (18) y más del triple de hace 15.
Figura 1. Evolución del número de candidaturas presidenciales en Perú, 2001-2026
| Año | Nº de candidatos |
|---|---|
| 2001 | 8 |
| 2006 | 20 |
| 2011 | 11 |
| 2016 | 18 |
| 2021 | 18 |
| 2026 | 36 |
La fragmentación peruana comenzó a perfilarse a comienzos del siglo (20 candidatos en 2006) y se convirtió en algo característico de numerosas elecciones de América Latina, aunque no en un número tan elevado. En las presidenciales chilenas de 2025 hubo nueve candidatos, el doble que en 2009; en Costa Rica, 2026, 20, cinco menos que en 2022 pero siete más que en 2018 y 2014. La peruanización incluye la crisis del sistema de partidos. La Alianza Peruana Revolucionaria Americana (APRA), el Partido Popular Cristiano (PCC) y Acción Popular (AP) sostuvieron la democratización de los años 80 y la producida tras la década fujimorista (1990-2000). El APRA, aunque debilitado, recuperó la presidencia en 2006 gracias al carisma de Alan García. Los viejos partidos históricos comenzaron su decadencia y fueron sustituidos por pequeñas y efímeras organizaciones en torno a candidatos/caudillos/empresarios políticos como César Acuña o Rafael López Aliaga. El fujimorismo es la excepción con su estructura partidaria nacional, salvo en el sur andino. Debido a la fragmentación y a la crisis de representación ningún partido ni candidato supera el 20% en la primera vuelta. Tras el fujimorismo, los dos que pasaron a segunda vuelta sumaron más del 50% del voto, pero desde 2021 no llegan al 35%.
Figura 2. Dispersión del voto en las presidenciales peruanas, 2001-2026
| Elecciones | Concentración del voto en los dos primeros candidatos de la primera vuelta |
|---|---|
| 2001 (60%) | Alejandro Toledo 35% Alan García 25% |
| 2006 (54%) | Alan García 24% Ollanta Humala 30% |
| 2011 (54%) | Ollanta Humala 31% Keiko Fujimori 23% |
| 2016 (60%) | Pedro Pablo Kuczynski 21% Keiko Fujimori 39% |
| 2021 (31%) | Pedro Castillo 18% Keiko Fujimori 13% |
| 2026 (29%) | Keiko Fujimori 17% Roberto Sánchez 12% |
La decadencia de los partidos históricos, que empezó en los años 90, se ha extendido a casi toda la región. En Colombia, los partidos Conservador y Liberal dejaron de ser hegemónicos. En Argentina, el peronismo vive una profunda crisis y la Unión Cívica Radical (UCR) sólo subsiste en las provincias. En Chile, la Democracia Cristiana (DC) y el Partido Socialista (PS) marcan mínimos históricos, mientras la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN) dejaron de ser las principales fuerzas de la derecha, reemplazadas por el Partido Republicano del presidente José Antonio Kast.
En Perú este proceso es más antiguo, dando lugar, como en Guatemala, a un “no sistema de partidos” por lo volátil y efímero de sus organizaciones y a la existencia de dos leyes no escritas. La primera, el oficialismo no repite victoria desde 1985, salvo durante el gobierno autoritario en el fujimorato. La segunda que, quienes lideran la principal fuerza política del país, Keiko Fujimori y la guatemalteca Sandra Torres, ganan la primera vuelta pero son derrotadas en la segunda por su fuerte rechazo.
La fragmentación convive con la polarización que desde 2011 se expresa en la pugna fujimorismo/antifujimorismo. El voto antifujimorista, ampliado por el rechazo que genera Keiko, le ha impedido ganar a la candidata de la Fuerza Popular (FP), pese a haber reconstruido el fujimorismo, hacerlo competitivo y situarlo en la segunda vuelta en 2011, 2016, 2021 y en 2026. Hace cinco años quedó a 44.000 votos de Pedro Castillo y hace 10 a 41.000 de Pedro Pablo Kuczynski (PKK). El antifujimorismo visceral y heterogéneo, unido sólo por su rechazo al legado de Fujimori, hoy encarnado en su hija, permitió la victoria de candidatos muy diferentes. En 2011, Ollanta Humala pasó de ser un líder antisistema que coqueteaba con el chavismo a dirigente sistémico. En 2016, ganó PPK, un tecnócrata de centroderecha y Castillo en 2021, un candidato marxista-leninista y mariateguista.
En esta ocasión, a la pugna fujimorismo/antifujimorismo se sumó la disputa izquierda/derecha, magnificada tras la victoria de Castillo en 2021. En un debate, Fujimori desenterró la fobia anticomunista y convocó a un pacto anti izquierdista con López Aliaga, ya que “los enemigos… son la izquierda”. Tras recordar que la mayoría de peruanos querría una segunda vuelta entre ellos dos le deseó a su rival “el mejor de los éxitos”.
Sin embargo, al disputar la segunda vuelta contra Roberto Sánchez, declarado heredero de Castillo y al frente de un partido de extrema izquierda, reaparece la dinámica fujimorismo vs. antifujimorismo. Sánchez representa el voto más identitario, el del sur andino, que suele inclinarse por la izquierda (en 2016 por Verónika Mendoza y en 2021 por Castillo), al sentirse excluido por el centralismo limeño y desdeñado por su élite. Tampoco olvida que Castillo, su candidato que encarnaba su identidad indígena y rural, fue cesado. Las protestas por su salida se saldaron con 50 muertos, debido a la represión del gobierno de Dina Boluarte, sostenida entre 2021 y 2025 por el fujimorismo.Ésteasegura no haber gobernado desde el año 2000, aunque sus mayorías parlamentarias han ejercido poder de veto y han sostenido a figuras como Boluarte.
Sánchez ha canalizado el voto castillista metamorfoseándose en la figura del expresidente y se ha aliado con Antauro Humala, el líder etnocacerista y ultranacionalista que llamó a reservistas y militantes etnocaceristas a respaldar la candidatura de izquierdas. Un hermano del expresidente Castillo será senador y una hija política diputada. Ambos iban en las listas con Sánchez, que fue ministro de Castillo y congresista. Una de sus primeras medidas de ser presidente sería amnistiar a Castillo, preso por su intento de golpe de Estado en 2022 al intentar cerrar el Congreso de forma inconstitucional.
Perú, del país de los outsiders al auge de las derechas
Perú ha vivido cada elección esperando a un outsider capaz de pasar a la segunda vuelta y ganar a los partidos tradicionales, como Fujimori en 1989. Esto se repite desde entonces, incluyendo a Castillo. En 2026 lo intentaron varios candidatos, como el humorista Carlos Álvarez con un mensaje populista anti-partidos (“desratizar” el Congreso) y mano dura, con pena de muerte para el sicariato. La figura del outsider se ha convertido en una tendencia regional. Canaliza la frustración y el rechazo de la población a los partidos tradicionales, ineficientes, corruptos y alejados de las preocupaciones sociales. Así surgió Javier Milei (economista y comentarista televisivo devenido en político anticasta) y el costarricense Rodrigo Chaves (un tecnócrata convertido en político). Otros, pese a no ser realmente outsiders, al acumular años o décadas en política, así se han presentado y así han sido vistos por la ciudadanía, como Jair Bolsonaro y Nayib Bukele.
Esta vez no ha habido un outsider. Perú no ha escapado de la tendencia regional y mundial hacia la derecha. Fujimori fue la candidata más votada y mejoró sus apoyos en la primera vuelta (del 12% de 2021 al 17% de 2026). La derecha votó por Keiko en el norte y el oriente mientras en Lima lo hizo por el exalcalde de la capital y encarnación de la derecha trumpista, López Aliaga. Ambos sumaron casi un tercio del voto nacional. América Latina vive una deriva hacia la derecha, con figuras como Milei, el ultraconservador Kast y el libertario Johaness Kaiser en Chile, el bolsonarismo en Brasil, la derecha radical de Abelardo de la Espriella en Colombia o de Bukele en El Salvador. Además, en este bienio 2025-2026 sólo han triunfado en las urnas candidatos de centroderecha y derecha.
Figura 3. Victorias de la derecha en América Latina, 2025-2026
| País | Ganador | Posición ideológica |
|---|---|---|
| Ecuador | Daniel Noboa | Derecha |
| Bolivia | Rodrigo Paz | Centroderecha |
| Chile | José Antonio Kast | Derecha |
| Costa Rica | Laura Fernández | Derecha |
El régimen de Fujimori en los 90 fue el antecedente de lo que ahora ocurre a escala latinoamericana e internacional, tanto por el ascenso de un candidato que encarnaba la antipolítica (Fujimori en 1989 era ajeno a los partidos tradicionales) e instauraba un régimen iliberal. Lideró un autogolpe contra el predominio de los partidos y del Congreso (1992) y estableció una política de mano dura: orden y lucha contra la criminalidad de las guerrillas de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
En 2026 muchos de los 35 candidatos encarnaban ideas iliberales, orden y mano dura contra el crimen organizado, en línea con la bukelización demandada. Fujimori, que propone la salida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) e instaurar “jueces sin rostro”, ha sabido captar la preocupación ciudadana. La inseguridad pasó de ser la cuarta preocupación del país en 2021 a la primera en 2026. El fujimorismo sostiene que la CIDH es un obstáculo para combatir el crimen por el garantismo que prioriza los derechos de los criminales sobre el castigo del delito. Además, cree que es una injerencia externa y que los jueces sin rostro serían más rápidos impartiendo justicia.
El mensaje de Keiko atrae a aquellos sectores populares que tienen un recuerdo positivo de su padre. Además, ha sabido consolidar y ampliar su partido, apelando a valores tradicionales, a la estabilidad y la mano dura. Si Kast recordó en su toma de posesión el “orden portaliano”, Keiko se refiere permanentemente al orden que caracterizó al régimen de su padre: “Nuestra misión es clara: recuperar el orden. Toda nuestra energía estará centrada en lo que sabemos hacer: mano dura contra el crimen”. Gracias a la paz y al orden aportado por su padre “Perú despegó”. El tercer candidato más votado, López Aliaga, pertenece a esa ola más radical de candidatos de la derecha continental, como Káiser o Bolsonaro. Al igual que Milei, quien dijo que no se odia suficientemente a los periodistas, el exalcalde de Lima ha protagonizado enfrentamientos y lanzado duras acusaciones contra alguno de ellos, como Gustavo Gorriti y Rosa María Palacios.
Peso creciente del Parlamento y crisis de gobernabilidad
Otra dinámica política, profundizada en 2026, es la crisis de gobernabilidad y la captura de las instituciones. Estas elecciones legislativas fueron importantes por tres razones: (a) el creciente peso político-institucional del Congreso desde 2016; (b) las reformas, como el aumento del umbral para ser elegido parlamentario; y (c) el regreso a la bicameralidad con un Senado con amplias competencias –cámara de aprobación definitiva de las leyes, no puede ser disuelto y tiene la potestad de destituir al jefe del Estado–.
A lo largo de la última década se ha ido configurando un régimen cada vez más parlamentario. El Legislativo cesó a cinco presidentes en 10 años bajo la figura de “incapacidad moral permanente”, de la Constitución de 1823, una de las fórmulas más antiguas de su derecho constitucional. Tradicionalmente fue aplicada por el Congreso para casos de enfermedad mental o incapacidad absoluta. Sin embargo, en la última década se ha usado de forma abusiva como moción de censura. Si entre 1823 y 2000 se aplicó en tres ocasiones, desde 2018 en cinco.
Figura 4. Presidentes destituidos, 1823-2026
| Periodo | Número de destituciones | Años |
|---|---|---|
| 1823-2000 | 3 | 1823 1914 2000 |
| 2018-2026 | 5 | 2018 2020 2022 2025 2026 |
En los últimos ocho años, cinco presidentes no completaron sus mandatos, ya que el Legislativo los destituyó por incapacidad. Primero fue Kuczynski (2016-2018), cuando el Congreso, con mayoría absoluta fujimorista, lo acusó de vínculos con la empresa Odebrecht. Renunció antes de la votación, pero la moción de vacancia marcó el fin de su gestión. Martín Vizcarra (2018-2020) también fue destituido por incapacidad moral, tras acusarlo de haber recibido sobornos durante su gestión como gobernador de Moquegua. La decisión desencadenó protestas masivas y la renuncia de Manuel Merino cinco días después de sustituir a Vizcarra.
Castillo (2021-2022) fue el siguiente. El Congreso aprobó su vacancia inmediata tras su intento de disolver el Parlamento e instaurar un “gobierno de excepción”. Lo sucedió la vicepresidenta Boluarte (2022-2025) y, si bien su gestión se enfrentó a protestas sociales y cuestionamientos políticos, fue respaldada por el fujimorismo, aunque acabó cesada cuando el coste político de sostenerla fue una rémora ante las elecciones de 2026. José Jerí (2025-2026) asumió tras la caída de Boluarte. Su salida la provocó el Congreso al aprobar una moción de censura, aunque Jerí fue jefe del Estado en tanto presidente del Congreso sin haber sido electo.
En ese contexto de creciente parlamentarización, los partidos son máquinas clientelares que responden más a intereses particulares que a principios ideológicos, como demuestra la elección de José Balcázar por el Congreso para reemplazar a Jerí. Se produjó así un pacto contra natura –negado por Fujimori– entre la fujimorista FP y Perú Libre (PL), el partido marxista-leninista-mariateguista que apoyó a Castillo. Fujimoristas, cerronistas (de Vladimir Cerrón, el líder de PL) y otras fuerzas afines operaron para preservar su influencia sobre organismos clave del Estado. Más allá de sus diferencias, formaron un bloque parlamentario que actuó coordinadamente para asegurar su control institucional.
El nuevo sistema electoral potenció esta dinámica, con un Parlamento menos fragmentado, que sigue en manos de aquellos partidos que lo controlan desde 2016 y han legislado en favor de determinados grupos de presión y de la economía ilegal, especialmente FP y Renovación Popular (RP) de López Aliaga, junto al castillismo, restructurado en Juntos por el Perú. Estas tres fuerzas controlarán el Senado, clave para la gobernabilidad.
El nuevo Senado incrementará la parlamentarización al tener la última palabra para aprobar las leyes en el nuevo sistema bicameral. Revisará los proyectos enviados por Diputados y podrá modificarlos o rechazarlos sin necesidad de que regresen a la cámara baja. Otra de sus funciones centrales será designar a las altas autoridades del Estado: el Defensor del Pueblo, los magistrados del Tribunal Constitucional, el contralor general, el superintendente de Banca y los directores del Banco Central de Reserva (BCR). Esto lo convierte en un actor clave en el control institucional y en la configuración de organismos autónomos. A diferencia de Diputados, el Senado no puede ser disuelto por el presidente, incluso si el Ejecutivo decide cerrar el Parlamento tras una crisis política, seguiría en funciones.
Economía y política
El tópico señala que en Perú la economía y la política marchan por carriles separados y que la inestabilidad institucional no interfiere en la economía. Esta idea la resumió Andrés Oppenheimer: “Perú crece de noche, cuando los políticos duermen”. Sin embargo, todo apunta a que la dinámica política/económica es más compleja y está interrelacionada. La inestabilidad institucional ya incide en la economía y la seguridad. El país ha mantenido la estabilidad macroeconómica gracias a la presidencia de Julio Velarde en el BCR en las últimas dos décadas. Velarde garantiza la estabilidad monetaria y su presencia aporta la continuidad, la independencia y la autonomía que la Constitución de 1979 otorgaba al BCR, ratificada en 1993. La estabilidad monetaria y la disciplina fiscal han permitido crecer por encima de la media regional (3,4% en 2025) con el dólar controlado y el sol estable. Mantener la estabilidad fiscal a través del control del gasto público y la disciplina macroeconómica ha sido una política de estado. La adopción de reglas fiscales en los años 2000 –tras la hiperinflación de finales de los 80– fue determinante para institucionalizar la prudencia en el manejo de las cuentas públicas.
Sin embargo, la inestabilidad institucional ha impedido impulsar grandes reformas, con las cuales, probablemente, se estaría creciendo al 5 o 6%. Se calcula que el 30% del presupuesto se pierde en corrupción e ineficiencia y cerca del 18% del PIB está vinculado a la informalidad. En el primer bimestre de 2026 hubo más de 800 millones de dólares en inversiones mineras, aunque otros 55.000 millones están paralizados por la incertidumbre institucional.
La economía peruana es resiliente, pero la inestabilidad política (más de 15 ministros de Economía desde 2016) tiene un alto coste. En 15 años se ha pasado de crecer a una media del 6,7% (2006 a 2013), a poco más del 2%. Si se comparan las condiciones actuales –con altos precios del cobre y del oro– con las pasadas, se debería crecer más del 5% y no en torno al 3% anual. Si bien entre enero de 2025 y febrero de 2026 el oro subió cerca del 90%, la economía peruana creció en 2025 menos que en 2024 (3,5%). Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), en 2026 el crecimiento bajará del 3%.
El sistema político lastra las reformas para incentivar el crecimiento, la productividad y el desarrollo. Ha sido la entrada para las economías ilícitas vinculadas a la minería, el crimen organizado y la inseguridad ciudadana. El Congreso aprobó varias leyes “procrimen”, que favorecen actividades delictivas y respaldan la minería ilegal de oro. Entre estas normas destacan la que debilitó a los fiscales, reduciendo drásticamente su tiempo para verificar el testimonio de los testigos. Modificaron el Código Penal para eliminar la responsabilidad de los partidos políticos, acabando con los procesos judiciales en curso por lavado de dinero y financiación ilícita de campañas electorales.
Finalmente, el Congreso aprobó la quinta prórroga de REINFO, un programa destinado a regularizar a los mineros ilegales, pero que el crimen organizado utiliza para desarrollar actividades mineras no reguladas. La idea era legalizar a un sector informal masivo, pero se produjo el efecto contrario. Ha protegido a mineros sin intención de formalizarse, permitiéndoles continuar indefinidamente sus operaciones. Además, impide al Estado incautar sus activos y ha facilitado la minería ilegal. Las redes criminales han aprovechado programas como REINFO para expandir sus operaciones mineras ilegales, asegurando ganancias luego canalizadas hacia campañas políticas a cambio de favores.
Conclusiones
Las elecciones presidenciales han sumado un nuevo capítulo en la cronificación de los problemas estructurales, especialmente desde 2016, como la polarización, la fragmentación y la inestabilidad e incertidumbre que amenazan la gobernabilidad y la institucionalidad. Para empezar los ciudadanos van a tener que elegir entre dos candidatos que reivindican sendas figuras golpistas: Keiko a su padre y Sánchez, aliado del putchista Humala, a Castillo.
Ahora se abren tres dinámicas políticas: (1) la profundización de la parlamentarización si Sánchez gana; (2) un giro hacia un presidencialismo renovado y autoritario si triunfa Fujimori; y (3) más a largo plazo, el poco probable retorno de una alternativa de centro. Un triunfo de la izquierda significaría la utilización del Senado, en manos del fujimorismo y la derecha, que aprovecharían el papel clave que la Constitución le otorga para maniatar al presidente o incluso destituirlo, como ocurre desde 2021. Sánchez, a diferencia de Fujimori, carece de cuadros, experiencia y un sólido grupo parlamentario. Algunas de sus propuestas, pese a no poseer una base legislativa suficiente, son muy disruptivas. Aspira a un cambio constitucional –inviable con los legisladores que posee– y separar a Velarde del BCR. Estas medidas no sólo dañarían la seguridad jurídica y macroeconómica, sino también aumentarían la desconfianza de los mercados hacia un mandatario de izquierda radical, la excusa perfecta para que la derecha inicie un proceso destituyente.
Una victoria de Fujimori, que desde 2016 encabeza la principal fuerza parlamentaria, disminuiría el riesgo de destitución. El fujimorismo controla más de un tercio del Senado (22 escaños de 60) y tendría capacidad de veto ante un proceso de vacancia, que requiere dos tercios. Todos los partidos no fujimoristas no alcanzan esa cifra. El fujimorismo también tiene un fuerte grupo en Diputados (40 de 130 escaños) que con alianzas con el centro y la derecha conservadora de López Aliaga le da la mayoría. Fujimori ha asumido un perfil más institucional y aparentemente moderado que se deberá evidenciar nada más llegar al poder y enfrentar una fuerte contestación, junto a las expectativas para resolver el problema de la inseguridad de forma rápida y contundente.
Por ahora las encuestas colocan a Fujimori y Sánchez emparados en intención de voto lo que favorecería las opciones de Keiko. En otros comicios, como los de 2021, ésta partía con una amplia desventaja (entre 15 y 20 puntos por detrás). En esta ocasión parece tener las mayores opciones en 15 años de ganar en segunda vuelta y romper su maldición. La elección se resolverá en función de qué produzca un menor rechazo: de un lado, la hija de Fujimori y el legado de su padre, del otro el recuerdo de la lamentable gestión de Castillo entre amplios sectores medios que en elecciones pasadas votaban contra la candidata de FP.
El control de las cámaras por quienes han manejado el sistema, el fujimorismo y los partidarios de López Aliaga, hace prever que el Congreso proseguirá la captura del Estado, con partidos que son más empresas que organizaciones políticas. Estos partidos-empresa han blindado a los suyos y cooptado el Poder Judicial, acelerando el debilitamiento del Estado. Esta estructura ha sido hasta ahora incapaz de articular las demandas ciudadanas y responder al incremento de la inseguridad y de una economía que crece por debajo de su potencial y no responde a las demandas sociales. Todo esto ha creado un ambiente de frustración de expectativas y un amplio rechazo a la clase política que explica la fragmentación electoral y la abundancia de candidatos antisistema y outsiders.
La profundización de esta dinámica durante el próximo quinquenio abriría las puertas a nuevos liderazgos, algunos de un claro sesgo antisistema. Entre ellos destaca Humala, que hasta que su candidatura fue cancelada, a fines de 2024, lideraba las encuestas. Su figura se alza como receptora de toda la furia social con su propuesta ultranacionalista, radical, etnicista, mesiánica y antichilena: recuperar por la fuerza los territorios perdidos a manos de Chile en la Guerra del Pacífico (1879-1884): “Perú debe reivindicar… Tarapacá y Arica. Por la vía diplomática o por la vía armada”.
Pero también abre la oportunidad para que los partidos de centro puedan ser el fiel de la balanza y proyectarse de cara a 2031. En los debates, algunos candidatos como Marisol Pérez Tello y Mesías Guevara, si bien cosecharon pocos votos, dieron una buena imagen y ya están trabajando en conformar una alianza más centrada. Jorge Nieto fue el cuarto candidato presidencial más votado y su partido (Buen Gobierno) es el tercer grupo de ambas Cámaras y es clave para la gobernabilidad. Esta baza, de jugarla bien, ló colocaría con serias opciones para 2031.
