Las elecciones latinoamericanas en 2021 (II) y sus consecuencias en política exterior: Nuevos equilibrios regionales y la inserción internacional

Las elecciones latinoamericanas en 2021 (II) y sus consecuencias en política exterior: Nuevos equilibrios regionales y la inserción internacional. Imagen Globo con el mapa del mundo enfocado en la región de Norte América.

Tema

El intenso período electoral (2021-2024) por el que atraviesa América Latina está redibujando no sólo la política nacional, sino también los equilibrios regionales y el rol de los países latinoamericanos en el escenario internacional. Esta segunda parte del análisis se centra en la política exterior

Resumen

Las elecciones realizadas a fines de 2021 y las que se celebrarán entre 2022 y 2024 están afectando los equilibrios geopolíticos regionales y condicionando el papel de América Latina en el mundo. A escala regional, México, aprovechando el vacío de liderazgo dejado por Brasil y Venezuela, se ha mostrado muy activo para liderar a los países con gobiernos progresistas o de izquierda. Desde una perspectiva global, la pugna entre EEUU y China se refleja en América Latina, con Nicaragua y El Salvador alineados con Pekín, una postura que podrían imitar en breve otros países.

Análisis

Las elecciones ya celebradas y las por celebrar entre 2022 y 2024 han tenido y tendrán efectos geopolíticos. Primero, al redefinir los equilibrios regionales, al menos para la segunda mitad de esta década. Las dos potencias regionales bien han perdido liderazgo (Brasil), bien han desplegado una estrategia exterior reduccionista (México), acotada a su sector políticamente más afín. Segundo, el resultado de estos comicios ha creado una ventana de oportunidad para el incremento de la penetración de China, paralela a la progresiva pérdida de influencia de EEUU.

El proceso no es nuevo y se ha reactivado tras las elecciones legislativas en El Salvador en la primera mitad de 2021, para continuar en Nicaragua. El papel de EEUU retrocede cuando la Administración Biden trata de impulsar iniciativas para recuperar el terreno perdido. Entre ellas la “Cumbre para las democracias”, que coincidió con el auge de alternativas iliberales en América Latina: Nicaragua (aumento del giro dictatorial de Ortega), Haití (ya un Estado fallido), El Salvador (deriva autoritaria de Bukele) y Venezuela.

La heterogeneidad política existente, que va de un extremo a otro del espectro, y la pervivencia de divisiones intrarregionales añaden nuevos obstáculos a la ya de por sí tradicional dificultad regional, no solo para integrarse sino también, al menos, para coordinarse y articular iniciativas comunes ante crisis económicas, geopolíticas o sanitarias.

(1) Brasil y México, dos liderazgos en cuestión

Las elecciones de noviembre y diciembre han incidido sobre el contexto regional y en el liderazgo de las dos potencias regionales, Brasil y México. El México de López Obrador, pese a su inicial y aparente renuncia a cumplir un papel activo en política internacional, ha ido desplegando un papel latinoamericano cada vez más relevante, al intentar rescatar la CELAC de la parálisis en que se encontraba a comienzos de 2019. Simultáneamente, busca ser un referente de la izquierda continental, bien con algunos de sus líderes tradicionales (Evo Morales) o con gobiernos de esa orientación (Alberto Fernández en Argentina, Luis Arce en Bolivia, Pedro Castillo en Perú y Miguel Díaz Canel en Cuba). López Obrador apoya al Grupo de Puebla, la reinserción internacional de Cuba, albergó a Morales tras su salida de Bolivia en 2019 y colabora con otras naciones en materias estratégicas (explotación del litio boliviano). Asimismo, ha respaldado al gobierno de Castillo en Perú, enviando una misión encabezada por el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, para sostenerlo y asesorarlo ante la amenaza de un impeachment a poco más de 100 días de asumir el cargo. Por último, ha tenido gestos de apoyo y “cariño” hacia el presidente electo chileno, Gabriel Boric, como se vio en el viaje de Marcelo Ebrard a Santiago.

El proyecto latinoamericano liderado por López Obrador ganó, tras las elecciones de finales de 2021, dos aliados: Honduras, un país con escaso peso, relevancia regional y marcada endeblez institucional, que será gobernada por Xiomara Castro; y Chile. López Obrador ya está incentivando la cercanía con el nuevo presidente chileno pese a que les separan grandes diferencias: desde la edad a la sensibilidad frente a cuestiones cruciales de las sociedades actuales, como los derechos humanos, el feminismo y la agenda valórica. Boric necesitará aliados ante el previsible bloqueo y pugna institucional que se dará en Chile entre un presidente de izquierda y un Congreso en manos de la derecha. Pero, a la debilidad de Boric y a su falta de experiencia habrá que añadir una agenda interna repleta de problemas, obstáculos y desafíos, lo que le dejará poco tiempo, fuerzas y recursos para los asuntos internacionales.

Algo similar ocurre en Argentina con Alberto Fernández, hasta ahora el principal aliado sudamericano de López Obrador. El país afronta una compleja coyuntura económica (inflación elevada, subida del dólar y alto endeudamiento) y una difícil negociación con el FMI sobre la deuda. El varapalo electoral sufrido en las legislativas ha reducido su margen de acción. Incluso empieza dar señales prematuras de debilidad y asoma el síndrome del “pato cojo”. Hay desgarros internos en la coalición oficialista entre los sectores que siguen al presidente, los que lidera la vicepresidenta y algunos gobernadores. El objetivo inmediato no pasa por impulsar proyectos a escala regional sino por acordar con el FMI y asegurarse la continuidad en las elecciones presidenciales de 2023. Una muestra de su debilidad se vio el pasado diciembre, cuando el nuevo Congreso rechazó el presupuesto de 2022. El heterogéneo y poco avenido bloque opositor mantuvo una precaria unidad y logró los votos suficientes entre el resto de bancadas para echar atrás el presupuesto de un oficialismo al que le cuesta no solo reasumir el control de la agenda tras su derrota en las legislativas sino diseñar una estrategia clara.

La estrategia latinoamericana de México contempla su liderazgo regional, aunque sólo circunscrita a gobiernos ideológicamente afines. Como admitió el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad, en su visita a Chile: “México ha hecho un esfuerzo muy grande para que la voz de América Latina vuelva a ser escuchada. Yo diría que hay una coincidencia muy importante, no sólo con Chile ahora, desde luego, sino con otros países: Bolivia, Argentina, en fin, hay muchos países que coinciden con esta forma de pensar, y seguramente eso va a dar lugar a una nueva etapa en lo que es la representación de América Latina en el mundo”.

A comienzos de 2022 la presidencia pro-tempore de CELAC pasó a un aliado cercano, el presidente argentino Alberto Fernández, quien deberá afrontar un doble problema. Por un lado, su deseo y su posición política lo llevarán a continuar la línea seguida por López Obrador. En primer lugar, esto implica una mayor cercanía con China, comenzando por implementar el Plan de Acción Conjunta China-CELAC, impulsado por México. Pero, mientras Argentina negocia mejores condiciones para el pago de su deuda con el FMI, donde EEUU es un actor decisivo, estando al frente de la CELAC debe poner en marcha ese plan de acción que no va a ser visto con buenos ojos en Washington.

Por el otro, continuar la labor mexicana implica mostrar una evidente cercanía con los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Argentina, que a mediados de 2021 tuvo una actitud muy crítica con la represión de Daniel Ortega (incluida la retirada de su embajador), acabó suavizando su postura para cambiar el voto negativo del régimen sandinista por otro favorable a que Argentina presida la CELAC. Hacía falta la unanimidad, lo que finalmente se logró.

El protagonismo mexicano se da en un contexto favorable para López Obrador, ya que los dos países que a comienzos del siglo XXI fueron líderes regionales (Venezuela con Chávez y Brasil con Lula da Silva) no están en condiciones políticas, geopolíticas ni económico-financieras para cumplir ese papel. Tras la muerte de Chávez (2013), Venezuela carece de liderazgo y de recursos. En Brasil, Bolsonaro no ha tenido una agenda latinoamericana, ni ha ejercido ningún liderazgo internacional ni regional. Su objetivo inmediato es la reelección en 2022. Su proyecto político es personal y centrado en la política interna. Si fuera reelecto, es bastante improbable que asuma un rol activo en política exterior, lo que sí haría Lula, que entre 2003 y 2010 tuvo un gran activismo internacional. De todas formas, incluso con Lula, los condicionamientos internos (fragmentación política, polarización y débil crecimiento económico) reducen significativamente el margen de acción de cualquier gobierno en la agenda mundial y latinoamericana.

Prueba de las limitaciones del Brasil bolsonarista ha sido su respuesta negativa y falta de empatía al rechazar la oferta argentina de ayuda al estado de Bahía azotado por lluvias torrenciales que causaron 24 muertos y casi 100.000 desplazados. Frente a la oposición de Bolsonaro a recibir apoyo de un gobierno con el que no comulga ideológicamente, el gobernador bahiano, Rui Costa (PT), aceptó el ofrecimiento eludiendo la negativa de Brasilia: “Argentina ofreció ayuda humanitaria a las ciudades afectadas por las lluvias en Bahía, a pesar de la negativa del gobierno federal. Hablo a todos los países del mundo: Bahía aceptará directamente, sin tener que pasar por la diplomacia brasileña, cualquier tipo de ayuda en este momento”.

(2) El liderazgo de EEUU en América Latina

En la actual coyuntura internacional, el liderazgo de EEUU se encuentra en entredicho, o al menos crecientemente cuestionado, tanto a escala mundial como en América Latina. Iniciativas como la “Cumbre para las democracias”, apenas han logrado contrapesar el descrédito estadounidense tras la retirada de Afganistán o la dificultad para contener el creciente reto mundial de China y Rusia.

Las elecciones en Nicaragua y Honduras de finales de 2021 muestran el retroceso de la influencia de EEUU, en especial en América Central y el Caribe. Por el contrario, la relación con Chile no debería ser mala, sobre todo si Boric opta, como prometió, por el pragmatismo, la moderación, la defensa de los valores democráticos y reformas progresivas y no radicales. En ese sentido, resulta significativa la llamada de Biden a Boric para felicitarlo por su victoria. Una conversación en la que buscó tender puentes con el futuro gobierno, “aplaudi(endo) las elecciones libres y justas de Chile como un poderoso ejemplo para la región y el mundo” y “destacando la importancia de la cooperación entre EEUU y Chile para promover una recuperación ecológica y equitativa de la pandemia… y abordar la amenaza existencial que representa el cambio climático”.

EEUU trata de tender puentes con Boric cuando la Administración Biden vio como Nicaragua se transformaba en una dictadura, como Xiomara Castro (candidata favorable a reconocer a China en detrimento de Taiwán y que encabeza una fuerza –el zelayismo– enfrentada a la Casa Blanca) vencía en Honduras, como en El Salvador se consolida el proyecto de Bukele, cada vez más alejado de Washington, y como Haití se transforma progresivamente en un Estado fallido controlado por bandas criminales vinculadas al crimen organizado y al narcotráfico.

Nicaragua es símbolo del retroceso de la influencia estadounidense. Allí no sólo se ha consolidado la dictadura del matrimonio Ortega-Murillo, sino que el país ha dado el no por esperado menos significativo giro hacia China, en detrimento de Taiwán, tradicional aliado de EEUU. Los comicios de 2021 concitaron un amplio rechazo mundial y, a la vez, mostraron las grietas regionales. Biden los calificó de “pantomima” y Josep Borrell, el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de elecciones fake. Unos comicios que tuvieron lugar con siete precandidatos opositores detenidos, tres partidos políticos prohibidos y numerosos líderes anti-orteguistas en el exilio. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de 700.000 nicaragüenses han salido del país (el 11% de la población) y ACNUR calcula que más de 100.000 por razones políticas.

La farsa electoral nicaragüense ha acentuado las grietas regionales y ha introducido mucho ruido en el tablero latinoamericano. La reacción provino en primer lugar de Perú, Uruguay, Colombia, Costa Rica, Chile, EEUU, España y los otros Estados miembros de la UE, que declararon ilegales los comicios, rechazaron la reelección de Ortega y pidieron la liberación de los presos políticos. El régimen tuvo el respaldo de Venezuela, Rusia, Bolivia y Cuba.

La Asamblea General de la OEA, en su reunión en Guatemala, votó a favor de una resolución que establece que esas elecciones no tuvieron “legitimidad democrática” y pidió a su Consejo Permanente una “apreciación colectiva” de la crisis política en Nicaragua, ya que las elecciones “no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática”, pues las instituciones “han sido seriamente socavadas”. El documento, además, instruye a la OEA a hacer “una evaluación colectiva inmediata” sobre los comicios y “tome las acciones apropiadas”, un mandato que abre la posibilidad de activar la Carta Democrática y provocar la expulsión de Nicaragua. Si bien el régimen, previendo esa posibilidad, anunció a finales de noviembre su salida de la OEA, a la que acusa de mantener “actitudes injerencistas”.

El posicionamiento más contundente y con mayor capacidad para incidir en el régimen orteguista provino de EEUU, hacia donde Nicaragua exporta el 62% de sus productos. Biden firmó la Ley Renacer (Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral), una herramienta legislativa de carácter bipartidista, que endurece las sanciones contra funcionarios y altos dirigentes del régimen, bloquea los préstamos de las instituciones financieras y contempla la posibilidad de revisar el Tratado Centroamericano de Libre Comercio (CAFTA). EEUU, además, suspendió el ingreso de Ortega, Murillo y cualquier funcionario de su gobierno a territorio estadounidense, incluyendo cónyuges e hijos.

Sin embargo, el actual panorama internacional, marcado por la pugna entre las dos grandes potencias por el predominio geoestratégico, ha evidenciado que es mucho más difícil aislar a un régimen como el de Ortega, que ha sabido jugar a su favor en el escenario mundial y tener mayor margen de acción. Ha buscado nuevos aliados externos, rompiendo su histórica vinculación con Taiwán y reconociendo a la República Popular China como “único gobierno legítimo”. Nicaragua acabó así con una anomalía, ya que la creciente cercanía de Ortega con Pekín, como quedaba patente en las votaciones en la ONU, donde Managua siempre votaba a su lado, contrastaba con el no reconocimiento de la tesis de una sola China.

Toda esta situación confirma que la presión internacional en un tablero mundial en pugna, fragmentado, descoordinado, sin una gobernanza común, tiene una acotada capacidad de incidencia. Más aún, teniendo en cuenta que los regímenes sancionados por su ataque a las libertades y a las instituciones democráticas (como Nicaragua) cuentan con la posibilidad de romper el aislamiento y encontrar nuevos aliados (China y Rusia). Kevin Casas señala que “es muy limitada la capacidad de la comunidad internacional para presionar por un cambio en la dinámica política interna de Nicaragua que conduzca a una apertura política para lograr una negociación política… la comunidad Internacional no tiene una varita mágica para forzar al régimen de Ortega a negociar con la oposición… esto es una situación que en última instancia se va a resolver en Nicaragua… la posición del régimen de Ortega es hoy menos vulnerable de lo que era en medio de las protestas sociales de 2018. La situación de apoyo interno ha disminuido, pero no es ese el dato fundamental. El dato fundamental es que Ortega controla todos los recursos de poder que le permiten mantenerse a punta de represión. a migración se convierte en una válvula de escape para regímenes autoritarios: no solo le saca a la gente de las calles, sino que además envían remesas”.

Honduras, donde también hubo elecciones presidenciales y cambió la tendencia política, es otro reto para EEUU, pero, a diferencia de Nicaragua, aquí hay posibilidades de reconducción. Llega al gobierno la esposa del expresidente Zelaya, aliado del chavismo durante su mandato (2006-2009), con una agenda contraria a los intereses de EEUU (como el reconocimiento de China). Pero, tanto el gobierno de Biden como el de Castro se necesitan mutuamente. Para ambas partes es indispensable mantener una relación fluida ante temas comunes (migraciones y penetración del narcotráfico). Por eso es muy posible que ambos gobiernos no intenten deteriorar los lazos bilaterales. EEUU reconoció los resultados electorales y el secretario de Estado, Antony Blinken, felicitó a Castro por su triunfo.

Zelaya han lanzado guiños a Washington al afirmar que el gobierno de su esposa buscará mantener los equilibrios: “Xiomara ha demostrado gran capacidad para lograr acuerdos y consensos tanto a nivel nacional como internacional. Actualmente, no hay un eje hegemónico en el mundo y eso es una ventaja. Xiomara está teniendo buenas relaciones con EEUU y Europa y tradicionalmente tenemos una buena relación tradicional con la izquierda latinoamericana. Eso permite hacer balances. En nuestro Gobierno hemos logrado unir la izquierda moderada de LIBRE y la derecha de Salvador Nasralla y esa apertura también incluye el campo internacional”.

Muy diferente es la relación entre EEUU y El Salvador. Bukele, por su estilo de gobernar (más autoritario que la, en principio, pragmática Xiomara Castro) y por su fortaleza interna (mayoría absoluta en la Asamblea, de la que el zelayismo carece) posee más autonomía y margen de acción. Bukele ha pasado de ser contemplado como un “socio confiable” por EEUU, con Trump, a encarnar una vía antidemocrática que Washington rechaza y denuncia. El gobierno de Biden considera que el proyecto de Bukele posee tintes autoritarios. Esto se ve en normas como la Ley de Agentes Extranjeros, que criminaliza la cooperación externa y, en especial, la presencia de ONG estadounidenses. La escalada de tensión ha llevado a que la encargada de negocios de EEUU, Jean Manes, abandonara el país alegando que Bukele habría entrado en una deriva autoritaria, especialmente después que la Asamblea Legislativa –controlada por el gobierno– destituyera a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general, aprobara decretos para jubilar a magistrados, jueces y fiscales mayores de 60 años o ratificara la decisión de poner fin a la Comisión Internacional contra la Impunidad. Juan González, responsable del Hemisferio Occidental en el Consejo Nacional de Seguridad, ha comparado la gestión de Bukele con Chávez: “Muchas de las acciones de Bukele, creo que están llevando a ese país a una dirección mucho más autoritaria (que la) que vimos a los inicios de los años de Hugo Chávez”.

El posicionamiento estadounidense se ha plasmado en decisiones que han alejado aún más a Washington de San Salvador. La Administración Biden ha impuesto sanciones a altos funcionarios salvadoreños, como Martha Carolina Recinos de Bernal, jefa del gabinete del presidente, por “mal uso de fondos públicos para beneficio personal”; al viceministro de Justicia y Seguridad Pública, Osiris Luna, por “malversación de fondos públicos”; y al director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín. También el departamento del Tesoro impulsa una investigación sobre diversas “negociaciones encubiertas” entre funcionarios salvadoreños y líderes de pandillas encarcelados, entre ellas de la Mara Salvatrucha.

Mientras se enfrían las relaciones con EEUU, el proceso de acercamiento con China se acentúa. En 2019 Bukele recibió de Xi Jinping el compromiso de invertir más de 500 millones de dólares para construir un nuevo estadio de fútbol, que fuera la avanzadilla de nuevos proyectos de colaboración tanto con El Salvador como con otras dos naciones centroamericanas. El gobierno chino, tras atraer a Nicaragua y El Salvador y posiblemente a Honduras, tendrá una fuerte presencia e influencia en estos tres países, que, junto con al complejo portuario desarrollado por empresas chinas en El Salvador, ha desatado las especulaciones sobre la posibilidad de que Pekín piense en abrir un nuevo corredor transoceánico que una Puerto Cortés (Honduras) en el Atlántico con el Pacífico salvadoreño (el puerto de La Unión se ubica en el Golfo de Fonseca, frontera que comparten hondureños, salvadoreños y nicaragüenses).

La pérdida de presencia de EEUU se ve también en Guatemala, donde cada vez es más patente la frialdad en la relación con el presidente Alejandro Giammattei, al que la Casa Blanca acusa de no estar comprometido contra la corrupción. En 2021, el gobierno estadounidense congeló “temporalmente” la cooperación con el Ministerio Público de Guatemala, tras la destitución de Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Guatemala (FECI). Además, ha incorporado en su lista negra por corrupción a la fiscal general, María Consuelo Porras, y al secretario general del Ministerio Público, Ángel Pineda. Giammattei que, a diferencia de Bukele y Ortega, ha ratificado su alianza con EEUU y Taiwán, pese a ser excluido de la “Cumbre para las democracias” (tampoco se invitó a Honduras y El Salvador), ha señalado que la Administración Biden lo acusa “sin pruebas o sustento”, de “violar los Derechos Humanos” y “dar valor a las declaraciones de quienes cuentan con intereses personales y procesos pendientes en Guatemala”.

En el Caribe también se da el retroceso estadounidense. China está sacando partido de las renovadas tensiones entre EEUU y Cuba, comenzadas con Trump y mantenidas con Biden. Cuba y China firmaron recientemente un plan de cooperación bilateral para promover el desarrollo de la Ruta y la Franja en diversas materias (infraestructuras, tecnología, cultura, educación, turismo, energía, comunicaciones y biotecnología). Cuba se vinculó a ella en 2018, pero ahora se concretan unos acuerdos que suponen un renovado impulso para los lazos entre ambas naciones que repotencia el papel chino en el Caribe.

La decisión del gobierno de Biden de no implicarse en la crisis de Haití cuestiona el liderazgo estadounidense para resolver los problemas de gobernabilidad en un área tan delicada como el Caribe. Más aún, cuando Haití se ha convertido en un “Estado fallido”. El presidente Jovenal Moïse fue asesinado en su domicilio cuando, según el New York Times, iba a denunciar la penetración del narcotráfico y el actual primer ministro a cargo de la jefatura del Estado ha sufrido un atentado. El deterioro del control estatal se ha profundizado hasta caer bajo el dominio de bandas criminales en las principales ciudades. A diferencia del pasado, cuando las Administraciones Clinton (1994) y Bush (2004) lideraron iniciativas internacionales de intervención, en esta coyuntura EEUU ha advertido que la comunidad internacional no irá “al rescate” de Haití para solucionar su crisis de seguridad. El subsecretario de Estado para la Lucha contra el Narcotráfico, Todd Robinson, anunció en Puerto Príncipe la donación de vehículos y material de protección para la Policía Nacional, pero dejó claro que “no va a ser la comunidad internacional la que venga al rescate de Haití. Van a ser los haitianos, van a ser las autoridades haitianas, va a ser la Policía haitiana quienes van a ser responsables de la seguridad en el país”.

(3) La elevada heterogeneidad obstaculiza la coordinación regional

Si ya era difícil concertar políticas comunes en América Latina, dada la alta heterogeneidad existente desde 1999, todavía lo será más en el contexto creado por los resultados de los comicios de 2021. A consecuencia de ellos ha crecido la heterogeneidad y se han consolidado alternativas iliberales. El ejemplo más palpable es Nicaragua, que altera la agenda regional e impide acercar posiciones entre las diversas partes que dividen a América Latina.

Las diferencias ideológicas se han convertido en un obstáculo para avanzar en la integración y la coordinación regional. Esto se ve en Mercosur, con Brasil y Argentina situados en las antípodas políticas. Entre el gobierno de ultraderecha de Bolsonaro y el más escorado a la izquierda de Fernández, Uruguay, uno de los dos socios menores del bloque, apuesta por mecanismos más flexibles, fracturando a Mercosur. Si a comienzos de 2021 la decisión unilateral de Brasil de bajar el Arancel Externo Común provocó el malestar de Argentina y aumentó la división, a fines de año, la pretensión uruguaya de firmar un TLC con China y negociar acuerdos comerciales bilaterales (con Turquía), sin el aval de los restantes socios, agravó las cosas.

La llegada de Boric al Palacio de La Moneda provoca muchas incógnitas sobre el papel regional de Chile, que, de momento, se inclinaría por la Alianza del Pacífico en detrimento de otros proyectos de mayor carga ideológica, como Prosur, impulsado por mandatarios de derecha (Macri, Piñera y Duque) como alternativa a Unasur y a la CELAC. Las declaraciones de Boric y su rechazo a acompañar a Piñera a la cumbre Prosur así lo muestran: “Vamos a darle en el futuro prioridad a la Alianza del Pacífico. Ya he conversado con varios de los presidentes, en particular con (Andrés) Manuel López Obrador…, con… (Iván) Duque… y hemos estado en contacto también con la Cancillería de Perú. (Prosur) es una agenda propia de… Piñera, que está en su legítimo derecho. Nosotros en su momento, cuando nos toque asumir, desarrollaremos nuestra agenda regional”.

Conclusiones

Las elecciones latinoamericanas del período 2021-2024 van a transformar no sólo el mapa político de América Latina sino también el papel que la región juega en el mundo y los equilibrios regionales.

Desde una perspectiva geopolítica, tras las elecciones de finales de 2021 se ha incrementado la influencia china. Nicaragua, aislada internacionalmente, se ha echado en brazos de Pekín, como en su día hiciera Chávez, un proceso que reforzó Maduro. Es probable que Honduras y Chile tengan mayor prudencia en relación con China. Pero China gana aliados y posicionamiento geoestratégico con vistas al desarrollo de infraestructuras para favorecer sus intereses (geopolíticos, económicos y comerciales, como con la construcción de un corredor transoceánico en América Central. En el caso hondureño es patente el deseo de Castro de establecer relaciones con Xi Jinping, si bien a corto plazo su prioridad será negociar con Washington para solucionar aquellos problemas comunes que afectan a ambas naciones (migraciones). En el caso chileno, al fuerte vínculo económico y comercial con China, su principal socio comercial, se une ahora una mayor cercanía ideológica. De todas formas, si bien Boric está apoyado por el Partido Comunista –claramente pro chino–, se ha mostrado crítico con los regímenes de Cuba y Nicaragua a los que, sin embargo, apoya el PC chileno.

Por el contrario, EEUU, en esta coyuntura de creciente protagonismo latinoamericano de Pekín, pierde influencia en la región. Ya no ejerce de “policía del mundo” (Haití), es un actor periférico en países con crisis de alcance latinoamericano (Venezuela) y ni es líder regional (Guatemala y Honduras) ni es capaz de detener la deriva dictatorial o autoritaria en su zona de influencia (Nicaragua y El Salvador). A la vez, contempla como México impulsa un proyecto regional (la CELAC) que excluye a Washington y trata de coordinar a los países más contestatarios respecto a la Casa Blanca. Desde la perspectiva de los equilibrios y liderazgos regionales, la novedad más llamativa es que México pretende ejercer el liderazgo regional. Históricamente, América Latina ha carecido, salvo en ocasiones puntuales, de un país-líder o de un conjunto de ellos, capaces de ponerse a la cabeza de la región o de encauzar los procesos de integración. No ha existido un liderazgo similar al de Francia y Alemania en la UE y cuando se ha podido perfilar algo semejante, no ha contado con el consenso general de las naciones latinoamericanas. México, con López Obrador, pese a una aparente renuncia inicial a cumplir un papel activo en política internacional, ha desplegado una diplomacia latinoamericana cada vez más activa, buscando relanzar la CELAC o coordinar a los países con gobiernos de izquierdas. Sin embargo, el proyecto adolece de problemas similares a los que hicieron fracasar al ALBA o a Prosur. Las dos son iniciativas vinculadas a liderazgos coyunturales (López Obrador y Chávez), muy ideologizadas (a la izquierda la CELAC y a la derecha Prosur). Como consecuencia, tienen poca capacidad para aunar a países con tendencias ideológicas divergentes y con un margen de acción acotado a la hegemonía política puntual de un determinado sector político.


Imagen: Globo con el mapa del mundo enfocado en la región de Norte América. Foto: HeidiSadecky (pixabat)