Mensajes clave[1]
- La Comisión Europea ha presentado un paquete de soberanía tecnológica que aborda la relación entre lo energético y lo digital, la producción y las cadenas de suministro de semiconductores, los centros de datos y los servicios en la nube, así como el refuerzo de los ecosistemas de software de código abierto.
- Pese a las necesarias novedades que introduce en su enfoque, la ausencia de compromisos a nivel de financiación hace que el paquete tenga un recorrido limitado y dependa de las negociaciones de la Unión de Ahorros e Inversiones y del Marco Financiero Plurianual. Eso evidencia las tensiones a las que está sometida la Unión para definir su política económica, industrial y de alianzas.
- Sin embargo, su principal defecto es la ausencia de un propósito claro de dicha soberanía tecnológica. El paquete propone la reducción de dependencias y las garantías de acceso, pero no otorga agencia a la sociedad para deliberar y determinar cómo se construirá esa sociedad y economía digital.
- Teniendo en cuenta la evidente permeabilidad de la tecnología digital en todos los aspectos de nuestra sociedad, conviene abrir la puerta a una reflexión conjunta y democrática sobre las condiciones en las que tendrá lugar.
- Para abrir este debate, y teniendo en cuenta el contexto electoral que se aproxima tanto en España como en Europa, se necesitan medidas de distinto alcance. Estas pueden incluir la incorporación sistemática y deliberada de preguntas sobre el futuro de la tecnología en los estudios demoscópicos, financiación para centros de estudio y la organización de paneles ciudadanos. Todo ello debería favorecer que los partidos políticos incorporen aspectos y propuestas sobre el futuro de la sociedad digital en sus discursos y programas.
Análisis
Tras nombrar a la primera vicepresidenta ejecutiva de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia en la Comisión Europea el 1 de diciembre de 2024, la soberanía tecnológica se ha convertido en un término de moda en los pasillos de Bruselas, Berlín, París y cualquier otra capital europea, incluida Madrid. Sin embargo, lo ha hecho sin que la definición esté clara.
Pese a esta carencia, la Comisión Europea ha tratado de dotar y llenar de significado el concepto con hechos consumados. Apenas unas semanas antes del verano desveló su esperado paquete de soberanía tecnológica, en el que se entiende la misma, de manera simplificada, como poseer las capacidades digitales para el funcionamiento de nuestra sociedad minimizando las dependencias estratégicas y los riesgos de injerencia externa. El paquete era necesario e incluye medidas muy pertinentes para la soberanía tecnológica de la Unión, pero refleja claramente muchos de los dilemas sin resolver de la UE. Sin embargo, si hubiese que destacar una de las fallas más críticas, sería que no se basa ni aborda uno de los elementos esenciales de la soberanía tecnológica: la agencia, es decir, la capacidad de decidir cómo será el futuro digital en el que se integrará la tecnología.
Las cuatro capas de la soberanía tecnológica según la Unión
Como se mencionaba, la Comisión Europea define la soberanía tecnológica en el propio paquete en términos de poseer capacidades y minimizar dependencias y riesgos. Para alcanzar estos objetivos, el paquete propone cuatro documentos que pretenden abordar la soberanía tecnológica europea de manera holística, contemplando actuaciones en todas las capas del stack tecnológico.
En la primera capa está la hoja de ruta para la digitalización y la IA en la energía. Aquí, la Comisión Europea quiere aprovechar la relación entre lo energético y lo digital. La IA y los centros de datos se han convertido en los nuevos grandes consumidores de energía del siglo XXI, siendo el acceso a la red eléctrica uno de los grandes cuellos de botella para el despliegue de la tecnología. A su vez, la IA puede permitir un uso más eficiente y sostenible de la energía, incluyendo a través de mejor planificación. La hoja de ruta se apoya en el uso de herramientas digitales, incluidos modelos de IA, para tratar de optimizar las redes eléctricas y conseguir un despliegue de IA alineado con las presiones energéticas y objetivos de descarbonización de la Unión.
En la siguiente capa, la de los semiconductores, se halla la Ley de Chips 2.0, que quiere aumentar la fabricación de semiconductores de frontera y convencionales (es decir, desde los chips de IA más sofisticados a los chips utilizados en automóviles) dentro de la Unión para reducir dependencias externas. También se otorgan poderes a la Comisión Europea para, en caso de graves crisis de suministro, obligar a determinadas empresas y proyectos estratégicos a priorizar pedidos.
Una vez abordada la energía y los semiconductores, la Comisión ahonda en la infraestructura física y digital en la que se apoyaría la soberanía tecnológica. En la Ley de Desarrollo de la Nube y la IA, la Comisión propone triplicar en un horizonte de cinco a siete años los centros de datos en suelo europeo a través de la aceleración de permisos para los mismos. También busca reforzar la autonomía con respecto de otras jurisdicciones, limitando su poder de coerción y vigilancia a través de requisitos de independencia de terceros países de los proveedores de servicios en la nube del sector público europeo.
Por último, todo ello está apoyado por la estrategia de código abierto, que trata de anclar la competitividad y soberanía tecnológica de la UE en mercados abiertos y contestables con productos interoperables. Por ello, se explora cómo apoyar al ecosistema, estimular la contratación pública de soluciones tecnológicas de código abierto y promover sus estándares a nivel internacional.
Los obstáculos de los debates europeos por resolver
Las reacciones al paquete han sido muchas y variadas. Desde luego, hay elementos positivos en la medida que el enfoque es distinto al que se había adoptado hasta ahora, que claramente no había conseguido los efectos deseados. La Comisión reconoce que la existencia de sustitutivos europeos a los servicios de, principalmente, las grandes tecnológicas estadounidenses, no es suficiente: hace falta romper otras barreras de entrada. Las alternativas requieren de compradores, de forma que alcancen escala y sus modelos de negocio sean sostenibles. También es positivo que se contemple la soberanía tecnológica de manera sistémica, no hablando sólo de datos o chips, sino de energía, talento e investigación, entre otros. Ambos elementos forman parte de lo que voces como las de Cristina Cafarra y Francesca Bria llevan tiempo sosteniendo y desarrollando en su vinculación con la iniciativa EuroStack.
Aun así, dos elementos clave hacen que no se deba cantar victoria aún. En primer lugar, porque aún queda un arduo proceso de negociación en el Parlamento y el Consejo antes de tener un texto final. Allí no se debatirá la orientación estratégica, sino los detalles, los cuales pueden marcar la diferencia entre el “éxito” o el “fracaso” de las piezas legislativas sobre la mesa al alterar la estructura de incentivos de la industria.
Por otro lado, el paquete no contempla ningún compromiso financiero. Sí apunta a “una reflexión urgente” sobre un mecanismo de gestión de inversiones en tecnologías avanzadas en las que la Comisión pueda coinvertir y atraer financiación privada. Pero se queda en eso, “una reflexión urgente” sin horizontes temporales ni compromisos firmes. Esto hace difícil imaginar cómo se va a materializar la soberanía tecnológica si no va asociada a financiación cuando, comparativamente, las cuatro grandes tecnológicas estadounidenses[2] planean emplear sólo en 2026 unos 725.000 millones de dólares en inversiones de capital para infraestructura de IA (casi un 80% más que en el año anterior) y China en torno a 139.000 millones.
En contraposición, sabemos que la soberanía tecnológica europea va a requerir mucho dinero público y privado para construir la infraestructura, atraer el talento, sostener a la comunidad de código abierto, promover la investigación y la innovación puntera, y asegurar la competitividad y liderazgo en nichos clave. Toda esa financiación es ahora contingente a dos negociaciones: la de la Unión de Ahorros e Inversiones y la del presupuesto europeo de los próximos siete años. La primera negociación lleva enquistada más de 10 años. El concepto tiene su origen en la Unión del Mercado de Capitales de Jean-Claude Juncker en 2014 y trata de honrar una de las cuatro libertades fundamentales de la Unión, la libre circulación de capitales, para conseguir mercados de capitales más profundos y desarrollados. Sin embargo, se ha avanzado poco y ha hecho falta una suerte de renovación de imagen de la mano del informe Letta para concienciar de que los ahorros europeos deberían canalizarse hacia inversiones europeas. Queda por ver si ahora se tiene más éxito que en el pasado.
La segunda negociación es la del Marco Financiero Plurianual (MFP) de 2028 a 2034, en la cual se encuentran inmersos los Estados miembros desde perspectivas muy diferentes. Algunos países quieren que el monto total del presupuesto que ha propuesto la Comisión como primer borrador se reduzca notablemente. Su determinación ha quedado clara en la reunión que tuvo lugar entre seis países del norte de Europa, liderados por Alemania, a finales de agosto en Berlín. Los conocidos como “frugales” pidieron que la Unión haga “elecciones claras y priorice” y una reducción del presupuesto de “varios cientos de miles de millones de euros”. Otros países, entre los que se encuentra España, quieren que se aumente la cuantía para enfrentar los múltiples y enrevesados retos de la Unión, siendo la soberanía tecnológica sólo uno de ellos.
De esta manera, el paquete de soberanía tecnológica es un claro reflejo de los debates que retuercen a la UE en política económica, sectorial y en su orientación estratégica y en los que no hay consensos claros. ¿Seguimos utilizando la regulación como instrumento de gobierno de nuestra economía o pasamos a la política industrial y la protección de sectores para alcanzar la seguridad económica? ¿Externalizamos la provisión de productos y servicios a otros por ser más competitivos, aunque no sean fiables, o vamos a un modelo “hecho en Europa” y “procesado en Europa”, aunque cueste más? Ante muchos retos y poco espacio fiscal, ¿optamos por la ortodoxia económica o invertimos masivamente? Y con el poco dinero que tenemos, ¿repartimos las nuevas capacidades por toda la Unión, con cada Estado miembro protegiendo su feudo y creando redundancia, o aceptamos ganadores y perdedores repartidos de manera no equitativa por el territorio? Estas son preguntas de calado y, hasta cierto punto, transversales, puesto que afectan a todos los sectores económicos. Las respuestas no serán tampoco blanco o negro, sino que se moverán en una cierta escala de grises, y de ahí la dificultad de resolver los dilemas.
El problema de olvidarse de la agencia como parte de la soberanía
Pese a lo anterior, hay preguntas referentes de manera específica a lo digital y a la soberanía tecnológica que no se están respondiendo en el paquete. Esto es así no porque la Comisión las evite, sino porque ni siquiera se están planteando y probablemente tampoco le corresponda a esta institución. La más importante es ¿qué futuro queremos conseguir con la tecnología? La respuesta es clave y da de lleno en la definición de soberanía tecnológica.
En este sentido, Stefaan G. Verhulst, profesor en NYU, plantea un marco de soberanía tecnológica que nos obliga a reflexionar al respecto. Para él, la soberanía tecnológica tiene tres patas. Las dos primeras son reducir las dependencias y garantizar el acceso a la tecnología, en línea con las medidas de la Comisión. La tercera, sin embargo, es diferente: la de tener agencia. Esto sería una especie de “autodeterminación” digital en la que la ciudadanía pueda tomar parte en cómo son los sistemas digitales de los que dependen nuestras sociedades, quién los controla y a quién benefician. Como apunta un reciente informe del Centre for the Governance of Change, esta autodeterminación podría ir desde un nivel más micro, es decir, el ciudadano o una empresa particular tomando sus propias decisiones tecnológicas de forma autónoma en base a la existencia de alternativas funcionales y creíbles; pero también alcanzaría un nivel macro, en el que la UE como entidad política decide su propio modelo tecnológico-económico-social en función de sus preferencias y no de dependencias geopolíticas y geoeconómicas.
Esa autodeterminación es esencial, pero para ello hace falta un paso previo: una conversación y reflexión política, conjunta y democrática al respecto de cómo la tecnología digital se va a integrar en nuestras vidas. Es precisamente en este tercer elemento donde hace falta avanzar incluso más rápidamente que en los anteriores, porque permea en todos los aspectos de la vida cotidiana y estructura y coordina el resto de las actuaciones en política tecnológica, digital, energética, fiscal, laboral, educativa y un largo etcétera. Hasta ahora, esa conversación la lideran un puñado de ejecutivos residentes en Silicon Valley a base de declaraciones incendiarias y contradictorias sobre cómo la IA puede destruir a la humanidad, cómo cualquier intento regulatorio procede de “legionarios del Anticristo” y lanzamientos de gafas de sol con IA integrada. El resto de la ciudadanía global, a nivel individual, colectivo e institucional, respondemos como podemos.
La UE y su Declaración Europea sobre Derechos y Principios Digitales de 2022, que busca un futuro digital con “las personas en el centro”, trataron de sentar las bases, pero no ha sido suficiente. Ningún partido político o institución ha sabido traducir y desarrollar esa centralidad en una visión integrada, práctica e inspiradora sobre la sociedad del futuro. Esta “omisión” o descuido de la agencia en materia de soberanía tecnológica es problemática. Puede que se deba a que los grandes futuribles no ganan elecciones y tampoco le interesan demasiado al ciudadano medio. Sí lo hacen, sin embargo, si los centros de datos elevan los costes de la energía y la disponibilidad de agua en zonas afectadas por la sequía; si las empresas no contratan perfiles jóvenes en favor de la IA; si la fuerza de trabajo de mediana edad no dispone de oportunidades de recualificación y mejora de competencias; si hay o no un ingreso mínimo vital; si la polarización algorítmica continúa distanciando a hombres y mujeres y ahonda los problemas demográficos…
El anticipo electoral español hace que las elecciones parlamentarias de nuestro país en noviembre de 2026 sean tan solo las primeras del súper ciclo electoral que comienza en la UE. En el año 2027, a España le seguirán Francia, Italia, Polonia, Grecia, Finlandia, Estonia y Eslovaquia. Evidentemente, no se plantearán estas nuevas grandes visiones, pero sí se votará por el precio de la luz, el desempleo, la falta de ascensor social o el descontento generalizado, es decir, demandas que tienen que ver en gran parte con la sociedad digital. Por eso, hay que dar pasos acelerados para comenzar a incluir estas cuestiones en los programas electorales y que éstas tengan visibilidad.
Se necesitan, por tanto, medidas de distinto alcance, de aplicación tanto nacional como europea. A continuación, incluimos algunas propuestas, de menor a mayor ambición. Por el contexto ya preelectoral español, la aplicación de algunas de estas propuestas es ya improbable y muy ajustada en nuestro país. Aun así, hay espacio para adoptar ciertos elementos en España, pero también en el resto de Estados miembros y a nivel europeo.
En primer lugar, se debe incluir de forma más deliberada preguntas sobre el futuro de la sociedad digital en los estudios demoscópicos realizados por entidades privadas y públicas, de manera que los partidos políticos puedan identificar los posicionamientos ciudadanos. Los estudios han de ir más allá de cuál es el uso y acceso que se tiene a la tecnología, preguntando también por las preferencias ciudadanas sobre el espacio que debería ocupar la misma en nuestras vidas. El Centro de Estudios Sociológicos realizó en febrero de 2025 un estudio específico sobre tecnología e inteligencia artificial. Es en esta línea en la que se debe continuar y profundizar.
También, se debería destinar más financiación a universidades, centros de investigación y pensamiento para liderar y explorar este tipo de reflexiones, así como la coordinación de estos. Existen organizaciones en las que se discuten estos temas, pero la reflexión está muy atomizada temáticamente y en la mayoría de los casos se aleja de los planteamientos sistémicos que requiere la agencia de la soberanía tecnológica.
Una tercera opción sería la organización de paneles ciudadanos por instituciones públicas. La UE ya realiza estos ejercicios y reúne durante tres fines de semana a ciudadanos seleccionados aleatoriamente en los 27 Estados miembros para debatir sobre un tema. Paneles de este tipo deberían impulsarse de manera regular e institucionalizada para la reflexión sobre el futuro de la sociedad digital y tecnológica, con elementos de prospectiva que incluyan a la ciudadanía. Deberían también tener un seguimiento, de forma que no se conviertan en ejercicios simbólicos y meramente performativos.
Las medidas anteriormente mencionadas permitirán a los partidos políticos, que son las principales organizaciones estructuradoras de las preferencias de los ciudadanos, incluir propuestas concretas y explícitas en sus programas electorales, centrar ahí parte del debate público y fijar una dirección colectiva. Una vez en esa fase, el único obstáculo que quedará y al que habrá que enfrentarse será la presencia (o ausencia) de apetito por parte de las elites políticas para discutir sustancialmente estos temas, lo cual no debe darse por sentado.
Conclusiones
En definitiva, la soberanía tecnológica no es sólo diseñar y construir nuestros propios semiconductores, centros de datos y algoritmos, objetivos en los que se centra el paquete de soberanía tecnológica europea. Una parte crucial es permitir que la gente discuta y vote, que autodetermine, la sociedad que quiere en el mundo digital. Hasta que esto no ocurra, podremos tener política industrial digital, centros de datos europeos y sustituir Gmail, Twitter y ChatGPT por Proton, Mastodon y Mistral, pero no soberanía tecnológica en la medida en que no se nos permite decidir realmente sobre nuestro futuro. Si nuestro concepto de soberanía tecnológica no incorpora esto, otros fuera de nuestras fronteras habrán decidido cómo funciona el mundo y el resto sólo elegiremos a qué proveedor se lo compramos.
[1] La autora agradece a Miguel Otero Iglesias y a Darío García de Viedma sus comentarios, que han enriquecido y mejorado este texto.
[2] Amazon, Microsoft, Alphabet y Meta.
