Mensajes clave
- La violencia yihadista surgida en 2012 en el norte de Malí se ha convertido en una amenaza transnacional que afecta con especial gravedad a los miembros de la Alianza de Estados del Sahel –Mali, Burkina Faso y Níger– y, de manera más incipiente, a Costa de Marfil, Togo, Benín y Ghana, en el golfo de Guinea.
- En la actualidad se observan dos tendencias principales en la región: por una parte, la intensificación de la amenaza yihadista en el Sahel central, con un creciente control territorial por parte de grupos insurgentes; y, por otra parte, la expansión geográfica del terrorismo hacia las costas del golfo de Guinea.
- Estas tendencias explican la creciente preocupación de España y otros socios europeos por esta región, considerada prioritaria, así como el interés por mantener su presencia en la Alianza de Estados del Sahel y reforzar la cooperación en materia de paz y seguridad con los mencionados países del golfo de Guinea.
- En este contexto, España está bien situada para desempeñar un papel de liderazgo en la acción de la Unión Europea en la región, ocupando el vacío dejado por la salida forzosa de Francia.
Análisis
El Sahel central atraviesa un contexto de policrisis[1] marcado por la violencia yihadista, un creciente autoritarismo y déficits estructurales tanto de desarrollo económico como de gobernanza. Burkina Faso, Malí y Níger se han consolidado como el principal foco de violencia yihadista a nivel global, a la vez que la amenaza se extiende progresivamente hacia el sur, afectando en distinta medida a cuatro países costeros del golfo de Guinea –Costa de Marfil, Ghana, Togo y Benín–. Todo ello ocurre en un contexto de creciente competencia geopolítica entre actores externos, como Rusia, China, Turquía y Emiratos Árabes Unidos, por ampliar su presencia e influencia en África Occidental, un espacio crecientemente estratégico a escala global.
Esta situación reviste especial relevancia para España y la Unión Europea (UE). El Sahel y África Occidental forman parte del vecindario ampliado de la UE y su estabilidad incide directamente en la europea, tanto en el plano de la seguridad, como por sus vínculos económicos. Además, el creciente peso de las potencias externas mencionadas cuestiona el papel tradicional de Europa en la región y obliga a repensar sus relaciones con ésta, particularmente en cuanto a su implicación en los esfuerzos en materia de paz y seguridad.
Este trabajo repasa, en primer lugar, la evolución de la amenaza yihadista en África Occidental e identifica, a continuación, dos tendencias de la inseguridad vinculada al yihadismo desde 2020, año del primer golpe de Estado en Malí. La primera se refiere a la intensificación de la amenaza yihadista en los países miembros de la Alianza de Estados del Sahel (AES), con un creciente control territorial de los grupos insurgentes. La segunda, es la expansión geográfica de la violencia hacia tres países del golfo de Guinea, estando Ghana afectada únicamente por actividades transfronterizas (no violentas) de los grupos terroristas. Por último, el texto reflexiona sobre las implicaciones de estas dinámicas para la acción exterior de España y la UE, proponiendo claves dirigidas a mantener un compromiso sostenido con la estabilización regional, sobre bases más constructivas, horizontales y eficaces.
El grueso del análisis se basa en la explotación de la base de datos Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), que recoge información sobre conflictos violentos y manifestaciones – pacíficas y violentas– en todos los países y territorios del mundo. Para este estudio, se han contabilizado únicamente actividades violentas con participación de al menos un grupo yihadista, descartando movimientos estratégicos[2] o protestas pacíficas. Además, se ha estudiado la frecuencia con la que cada grupo yihadista participa en incidentes violentos. En este sentido, es importante señalar que la cifra total de participaciones de grupos yihadistas en actos violentos es superior al número total de incidentes, ya que existen casos en la base de datos en los que varios actores participan en el mismo hecho. Estos criterios de selección suponen que este trabajo no aborde otras fuentes de inseguridad regional,[3] a cargo de actores separatistas, grupos de crimen organizado o milicias étnicas no inspiradas en un ideario salafista yihadista. En cuanto al alcance geográfico, este análisis abarca siete países de África Occidental que se han visto afectados en mayor o menor medida, por las actividades de grupos yihadistas: Malí, Burkina Faso, Níger, Costa de Marfil, Ghana, Togo y Benín.
1. Transformaciones del orden político y de seguridad en el Sahel y África Occidental en la última década
Los aparatos centrales de al-Qaeda y Estado Islámico arrastran sendas crisis de liderazgo, llevándolos a una situación de debilidad que ha desplazado el foco de las matrices hacia sus filiales, entidades regionales afines y provincias. De entre éstas, las presentes en África están ganando fuerza y protagonismo. De los cinco principales focos de inestabilidad en el continente,[4] el Sahel ha experimentado la mayor escalada de violencia vinculada a actores yihadistas en los últimos años. En 2007, las muertes relacionadas con el terrorismo en la región representaban sólo el 1% del total mundial, mientras que en 2025 esta cifra ha llegado al 51%. Asimismo, como se detallará más adelante, los grupos insurgentes ejercen un creciente control sobre determinados territorios. Así, desde 2023, el Sahel se consolida como el principal foco de actividad yihadista global.[5]
Los grupos yihadistas concentraron inicialmente sus ataques en el norte de Malí, aprovechando la insurgencia tuareg de 2012, así como los flujos de armas y combatientes llegados desde Libia tras la caída del régimen de Gadafi. Sin embargo, a partir de 2014, aumentaron su frecuencia también en Níger y, con especial intensidad, en Burkina Faso. Desde 2020, se observa un progresivo efecto contagio incluso más allá: el Sahel alberga un mosaico de grupos terroristas que siguen una lógica de expansión hacia las costas del golfo de Guinea, alcanzando Benín, Togo, Costa de Marfil y Ghana, aunque en menor medida. En definitiva, no solamente la amenaza se ha intensificado, sino que también ha aumentado su alcance geográfico, tanto en los países que conforman el Sahel central como a nivel regional, en África Occidental (Figura 1).
En la actualidad, prácticamente la totalidad de los actores yihadistas en la región pertenecen a la órbita de una de las principales matrices del yihadismo global, al-Qaeda y Estado Islámico.[6] Los actores más importantes son la coalición Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM, por sus siglas en árabe), filial de al-Qaeda, y, en menor medida, la Provincia de Estado Islámico del Sahel[7] (ISSP, por sus siglas en inglés). Ambos compiten entre sí por influencia y control territoriales, particularmente en el área de la triple frontera entre Malí, Burkina Faso y Níger.
La coalición JNIM, conformada por grupos como la Katiba Macina, Ansar Dine o Al Morabitoun, es el actor más activo, ya que concentra cerca del 66% de las participaciones en acontecimientos violentos desde 2020.[8] Su peso con respecto al de otros actores ha aumentado de forma rápida y sostenida: mientras que en 2020 fue responsable del 50,19% de dichas participaciones, la proporción ascendió al 83,73% en 2024, evidenciando una rápida consolidación de su dominio. Este ascenso se explica, entre otros factores, por su capacidad para federar grupos con un fuerte arraigo comunitario, establecer mecanismos locales de financiación sostenibles y superar al ISSP en la competición por el control territorial. Esta organización, a cargo de aproximadamente del 17% de las participaciones en actos violentos desde 2020, es el segundo actor más activo tras JNIM.
Sin embargo, a la amenaza yihadista hay que sumarle otro vector de inestabilidad. Desde 2020, el Sahel ha experimentado una oleada de golpes de Estado militares: primero en Malí (agosto de 2020 y mayo de 2021), luego en Burkina Faso (enero y septiembre de 2022) y, por último, en Níger (julio de 2023). Pese a las diferencias entre contextos nacionales, existe un denominador común. Las tres juntas militares explotaron agravios históricos no resueltos contra Francia y capitalizaron el descontento generalizado de la población –en particular, de la juventud–, presentándose como la única solución para traer seguridad y desarrollo económico, ante la incapacidad manifiesta de los gobiernos anteriores, democráticamente elegidos, de cumplir con estas funciones básicas del Estado.
Dichos cambios inconstitucionales de gobierno provocaron una grave crisis diplomática con la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), que desembocó en la salida de Malí, Burkina Faso y Níger en enero de 2025 en favor de una nueva organización subregional: la anteriormente mencionada AES. Al mismo tiempo, las juntas militares dieron un giro radical a su política exterior, estrechando lazos con potencias como Rusia, China, Emiratos Árabes Unidos o Turquía e interrumpiendo abruptamente la cooperación con Francia y otros socios europeos, con quienes las relaciones se encuentran en su peor momento desde las independencias en 1958, en el caso de Burkina Faso, y en 1960, en Malí y Níger. Todo ello llevó al desmantelamiento del conglomerado de iniciativas y redes de cooperación regional y multilateral de prevención y lucha antiterrorista, dejando un vacío de poder y comprometiendo la respuesta a la violencia yihadista.
En este escenario de fragilidad institucional, debilitamiento de las respuestas conjuntas a la inseguridad y creciente complejidad del entorno político, los grupos yihadistas han intensificado su actividad y ampliado su radio geográfico de acción. Desde 2020, la evolución de la amenaza en África Occidental permite identificar dos tendencias principales, que estructuran el análisis que sigue: por un lado, una intensificación de la violencia y un aumento del control territorial por parte de los actores insurgentes en los países miembros de la AES; y, por otro, la expansión geográfica del terrorismo hacia varios Estados del golfo de Guinea.
2. Tendencias
2.1. Intensificación de la amenaza en los países miembro de la AES, con estrategias de control territorial
La amenaza terrorista en el Sahel es de naturaleza transnacional y, especialmente en un contexto de fronteras porosas, requiere respuestas conjuntas y coordinadas. La cooperación en materia de prevención y lucha contra el terrorismo no sólo es esencial entre los países de la AES, sino también del conjunto de África Occidental. Sin embargo, la inestabilidad política derivada de los golpes de Estado y la fragmentación de la respuesta a la amenaza han contribuido a una doble dinámica: la intensificación de la violencia y la consolidación territorial de los grupos insurgentes en el Sahel central.
Como se puede apreciar en la Figura 2, el número de actividades violentas vinculadas al yihadismo en el conjunto de países de la AES exhibe una tendencia ascendente, con un incremento del 104% entre 2020, año del primer golpe de Estado en Malí y 2024. El mayor repunte se produjo entre 2020 y 2021, con un aumento del 54,1%. Hasta 2023, la curva se mantuvo al alza, aunque con un ritmo más moderado, y en 2024 se registró una ligera caída del 8,9%, atribuida a la reducción de incidentes en Burkina Faso por primera vez en una década. Esta evolución está principalmente protagonizada por dos actores: el JNIM y el ISSP, que concentran, respectivamente, el 66,81% y el 18,42% del total de participaciones de grupos yihadistas en actos violentos en los tres países.
Aunque el mencionado descenso en el último año del número de actos violentos vinculados al yihadismo en Burkina Faso, y su relativo estancamiento en Níger y Malí, podrían parecer una señal positiva, conviene interpretarlos con cautela. Lejos de reflejar una mejora estructural, en parte responden al afianzamiento del control territorial por parte de los grupos insurgentes, especialmente en el norte de Burkina Faso y Malí –donde opera el JNIM a través del grupo Ansaroul Islam– y en el oeste de Níger, en manos del ISSP. Además, los niveles de letalidad se mantienen elevados: en 2024, Burkina Faso siguió concentrando una quinta parte de las muertes por terrorismo a nivel global y Níger experimentó un aumento del 94%, pese a que el número de incidentes apenas creció. Este importante repunte del número de víctimas, tras lo que parecía un descenso sostenido desde 2022, ilustra lo frágiles que pueden ser los progresos y sugiere que la reducción de incidentes violentos en Burkina Faso puede ser transitoria. A ello se suma la creciente capacidad operativa de los grupos, que lograron golpear con éxito las capitales de Níger y Malí en mayo y septiembre de 2024, respectivamente.
Más allá de la intensificación de la violencia en el periodo entre 2020 y 2024, la realidad del Sahel central revela una lógica de consolidación territorial por parte de los actores yihadistas. Éstos pueden entenderse como insurgencias yihadistas de carácter local: los objetivos globales del movimiento yihadista están relegados a un segundo plano, en favor de narrativas que instrumentalizan agravios y conflictos locales preexistentes. Al mismo tiempo, la dependencia de los actores yihadistas de fuentes de financiación locales –como secuestros, control de minas de oro y de rutas de tráficos ilícitos, peajes, la zakat,[9] pagos a cambio de protección o el contrabando– refuerza los incentivos para adoptar una lógica de control territorial.
En el caso del JNIM, su estrategia pasa por eliminar toda presencia del Estado –fuerzas de seguridad, administraciones locales y centros de salud y educativos– y sustituirla por estructuras paralelas de gobernanza. A través de ellas, asume funciones estatales básicas, como la seguridad y la resolución de disputas. Una vez controla el territorio, la coalición impone normas religiosas estrictas que regulan la vida social, como los códigos de vestimenta, la segregación por género y otras disposiciones. El feudo por excelencia del JNIM son las regiones malienses de Mopti, Segou y Timbuktu, aunque también ha logrado imponer su influencia frente al ISSP sobre grandes extensiones de territorio en Burkina Faso.
En cambio, en el caso del ISSP, el control territorial es un objetivo más reciente. Conocido inicialmente por su violencia indiscriminada contra civiles, a partir de 2023 reorientó su estrategia con la intención de implantar un modelo de proto-gobernanza, particularmente en las regiones malienses de Gao y Menaka, y en Tillabérie y Tahoua, en Níger. En 2024, el grupo intensificó el reclutamiento –incluido el de menores– con el objetivo de afianzarse en las comunidades locales y asegurar una base estable de combatientes y mandos a medio y largo plazo. Abandonada la lógica de violencia indiscriminada, sus tácticas actuales se centran en el control de rutas logísticas y la imposición de bloqueos en núcleos urbanos estratégicos.
2.2. Expansión geográfica de la violencia yihadista
La intensificación de la violencia yihadista en el Sahel central va acompañada de una segunda tendencia: la proyección de la amenaza más allá de esta región. Las zonas septentrionales de Benín, Togo, Costa de Marfil y Ghana se encuentran bajo la presión sostenida de las actividades violentas y no violentas de grupos insurgentes, aunque a una escala considerablemente menor que en Malí, Níger y Burkina Faso, y sin que éstos muestren ambiciones de control territorial por el momento. En cambio, en la costa oeste –Guinea, Senegal y Mauritania– no se ha producido el salto de la amenaza, aunque se haya registrado un aumento en el número de víctimas mortales a manos de actores yihadistas a menos de 50 km de sus fronteras. Al mismo tiempo, en el Magreb se observan señales incipientes de una posible proyección de la amenaza desde el Sahel que, por ahora, no se ha materializado.
El número de acontecimientos violentos con participación de al menos un grupo yihadista en Benín, Togo y Costa de Marfil ha pasado de cinco en 2020 a 160 en 2024, lo que representa un aumento del 3100% (véase la Figura 4). En Ghana no se han registrado actos violentos con participación de grupos yihadistas, aunque regiones norteñas del país estén afectadas por sus actividades transfronterizas, como el reclutamiento y los tráficos ilícitos. El JNIM, a cargo del 98% de participaciones en eventos violentos en estos tres países, es el principal responsable de esta expansión hacia las costas del golfo de Guinea. La coalición se presenta como una organización inclusiva, capaz de aglutinar a distintos grupos étnicos mediante una estrategia de “apoyo a todas comunidades”, lo cual facilita su avance a pesar de que cambie la configuración étnica de la población de un territorio a otro. Aunque más tímidamente que el JNIM, el ISSP también ha iniciado su expansión hacia el sur desde el Sahel central, con cinco ataques registrados en Benín entre 2022 y 2024.
La expansión de la violencia yihadista se ve favorecida por tres factores estructurales presentes, en mayor o menor grado, en los países afectados. El primero es la falta de oportunidades económicas, especialmente entre la juventud rural. En contextos de alta vulnerabilidad, los actores yihadistas ofrecen incentivos materiales, que han resultado ser más importantes que la ideología en la decisión de los reclutas de unirse a sus filas. El segundo factor es la existencia de agravios y conflictos intercomunitarios preexistentes, que son instrumentalizados por los grupos insurgentes para ganar apoyo local. Esta estrategia ha permitido a grupos como el JNIM presentarse como defensores de comunidades marginadas, como la población ganadera nómada Peul. Por último, la debilidad del vínculo entre ciudadanía y Estado también facilita la penetración yihadista: la ausencia de servicios públicos esenciales y la desconfianza hacia instituciones, percibidas como corruptas o abusivas, abren espacios que los insurgentes aprovechan para ocupar funciones estatales básicas, especialmente en materia de justicia y seguridad. Esta capacidad les otorga legitimidad y apoyo en contextos de abandono institucional.
En paralelo a la expansión de la amenaza hacia el golfo de Guinea desde el Sahel central, el análisis de operaciones policiales entre 2024 y la actualidad[10] parece sugerir una posible proyección incipiente hacia el Magreb. Abderrahmane Sahraoui, alto cargo del ISSP, mantenía contactos estrechos con los presuntos miembros de una célula desarticulada en Marruecos en febrero de 2025 y ha declarado que el país constituye un objetivo para la organización por sus vínculos estratégicos y militares con Israel tras la firma de los acuerdos de Abraham en 2020. Asimismo, en 2024 se detectaron flujos de combatientes terroristas extranjeros desde Marruecos hacia Somalia para adquirir capacitación que podrían trasladar a sus países de origen. Si bien los elementos de juicio disponibles no permiten apuntalar una tendencia, sí invitan a hacer un seguimiento atento de la posible extensión de la amenaza saheliana también hacia el norte de África, frontera sur de España y de la UE.
3. Implicaciones para España
La comunidad internacional atraviesa en un momento de intensa competición geopolítica, marcado por una creciente multipolaridad, la crisis de legitimidad del sistema multilateral y un proceso de desglobalización económica, que llevan, entre otros factores, a Europa a la necesidad de reconfigurar sus alianzas. En este contexto, los países africanos están ganando protagonismo y asertividad en la escena internacional, reclamando relaciones exteriores más horizontales y mutuamente beneficiosas. Un ejemplo ilustrativo fue la decisión de 26 países africanos de no apoyar la resolución de las Naciones Unidas que condenaba la invasión rusa de Ucrania el 2 de marzo de 2022, desoyendo así las presiones de Europa y Estados Unidos. El continente, y el Sahel en particular, está consolidándose como un escenario importante de la mencionada competición geopolítica, con potencias como como la UE, Rusia, China, Turquía y Emiratos Árabes Unidos pugnando por aumentar su influencia en la región. Hoy, la UE no puede aspirar a consolidarse como potencia global sin tejer lazos estratégicos con el continente africano y, en particular, con su región occidental.
Más allá de su dimensión geopolítica, África Occidental reviste una gran importancia para Europa y para España. La estabilidad de esta región, perteneciente al vecindario ampliado de la UE, tiene un impacto directo en la de Europa. Por ello, es una prioridad estratégica tanto para la UE como, de forma particular, para España. Así lo reconoce la Estrategia España-África 2025-2028, que define la región como un “área de importancia crítica para la economía y la seguridad” nacionales, en alusión a la amenaza yihadista, la inseguridad marítima en el golfo de Guinea y el posible aumento de los flujos migratorios derivados de las crisis humanitarias. Las tendencias identificadas en este texto –recordemos, la intensificación de la amenaza yihadista en el Sahel central, con un creciente control territorial por parte de los grupos insurgentes; y su expansión hacia las costas del golfo de Guinea– subrayan la necesidad de una implicación sostenida en la región por parte de la UE y de España.
Dado el enfriamiento de las relaciones con los países de la AES tras la salida forzosa de Francia, la UE ha redirigido parte de sus esfuerzos de cooperación en materia de seguridad hacia sus socios del golfo de Guinea. Un ejemplo de ello es la contribución de 35 millones de euros a Benín en 2024 a través del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, lo que constituye el 27% del presupuesto de defensa del país. Sin embargo, este giro de la UE hacia el golfo de Guinea no debe traducirse en un abandono del Sahel central. A pesar del deterioro de los vínculos con los países miembros de la AES, sería poco estratégico romper relaciones diplomáticas o cerrar canales de comunicación con las juntas militares, incluso ante su creciente sintonía con Rusia y otras potencias. Es importante que la UE mantenga su implicación en esta región mediante fórmulas renovadas, de modo que las juntas militares sigan considerando a sus socios europeos como una opción factible en caso de que la colaboración con sus nuevas alianzas no traiga los resultados esperados.
La percepción de que Europa busca contener la influencia de terceros actores se interpreta, tanto por parte de los gobiernos como de amplios segmentos de la población local, como una injerencia paternalista en su soberanía y en su derecho legítimo a diversificar sus relaciones exteriores. Aunque la actual cercanía con Rusia genere incomodidad en la UE –especialmente desde la invasión de Ucrania en 2022–, la colaboración con los gobiernos de la AES sigue siendo una necesidad estratégica que no puede desatenderse. En este contexto, podría resultar más eficaz adoptar un enfoque pragmático que normalice la presencia rusa, superando la lógica binaria de “con ellos o con nosotros” que marcó el inicio de las interacciones de las juntas militares de la AES con Francia, la UE y otros de sus Estados miembros. La UE mantiene relaciones sólidas con otros Estados que también cooperan con Moscú, como la India y Vietnam; no habría razón para que los países del Sahel constituyeran una excepción.
Por su parte, España cuenta con un activo diferencial: se presenta como un socio más cercano y horizontal, alejado de la imagen de soberbia y condescendencia que proyectan, en ocasiones, otros Estados miembros de la UE. Esta percepción se explica, en parte, porque su pasado colonial concluyó antes que el de Francia, Portugal y otras potencias como el Reino Unido, que además desempeñaron un papel mucho más protagonista en África Occidental. También genera simpatías en la región la postura asertiva del gobierno español hacia Israel en el contexto de la guerra en Gaza. Con el reconocimiento del Estado de Palestina y la condena a los ataques contra la población civil –en paralelo al apoyo sin fisuras a Ucrania frente a la agresión rusa–, España ha proyectado una narrativa de coherencia que contrasta con el doble rasero que muchos actores africanos reprochan a otras potencias occidentales. Este capital simbólico, sumado al apoyo sostenido en la lucha contra el terrorismo en el seno de misiones europeas desplegadas en la zona, refuerza el perfil de España como el candidato idóneo para ocupar el vacío que dejó la retirada forzosa de Francia y asumir un papel de liderazgo en la acción exterior de la UE. España está bien situada para actuar como puente entre Bruselas y sus socios africanos, de manera comparable a cómo lo hace con América Latina.
España y, por extensión, la UE, deben recolocarse como socios eficaces y respetuosos que atraigan de manera orgánica a sus contrapartes africanas. Tradicionalmente, Europa ha desempeñado un papel preponderante en la región, en gran parte debido a la herencia de la historia colonial que a ella le une; hoy, debe esforzarse por ganarse ese lugar sobre nuevas bases. Para ello, sería importante alcanzar un diálogo más franco y abiertamente transaccional, tanto con los países del golfo de Guinea como de la AES, basado en una mayor claridad y transparencia sobre los intereses de la UE en la región. Esto ayudaría a generar confianza e identificar convergencias de intereses, en última instancia avanzando hacia relaciones más horizontales y mutuamente beneficiosas entre Europa y África Occidental. Asimismo, aumentar el atractivo de los socios europeos pasa por alcanzar una estrategia común hacia la región, sostenida en el tiempo y respaldada por un consenso más amplio entre los Estados miembros.
Las dificultades para avanzar en esta dirección se deben, en parte, por la fragmentación de intereses y prioridades en el seno de la UE. Para muchos Estados miembros, particularmente en la región báltica o en Europa del este, el Sahel no representa una prioridad estratégica. La guerra en Ucrania domina la agenda europea y, más allá de Europa meridional, el interés por la región depende de su papel como escenario de proyección rusa en el flanco sur de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Superar estos obstáculos exige una mayor alineación entre los Estados miembros y una acción europea más coherente, sin hipocresías o dobles raseros; humilde, con una actitud receptiva de escucha; y efectiva, orientada a la consecución de resultados tangibles. En ese esfuerzo, España puede –y debe– desempeñar un papel central.
Conclusiones
Desde 2020, la evolución de la amenaza yihadista en África Occidental ha seguido dos tendencias principales: por un lado, la intensificación de la violencia en los países miembro de la AES, con un creciente control territorial por parte del JNIM y, más recientemente, del ISSP; por otro, su progresiva expansión hacia algunos Estados del golfo de Guinea, especialmente Benín, Togo y Costa de Marfil. Aunque, en estos países, los grupos insurgentes no han replicado –por ahora– sus estrategias de control territorial, su actividad ha crecido de forma sostenida y Ghana experimenta ya efectos indirectos por sus actividades transfronterizas.
En este escenario, España y la UE se enfrentan al reto de mantener su implicación en el Sahel central, a pesar de las dificultades políticas derivadas del giro estratégico de las juntas militares de la AES y, al mismo tiempo, reforzar su cooperación con los Estados costeros del golfo de Guinea. La positiva imagen de España en la región y su posicionamiento como socio cercano y respetuoso ofrecen una ventana de oportunidad para asumir un papel de liderazgo en la acción europea. En un entorno geopolítico en transformación, España puede contribuir a fortalecer la proyección exterior de la UE en África Occidental, articulando respuestas que integren seguridad, fortalecimiento de capacidades locales y prevención de los factores estructurales de inestabilidad.
[1] El término “policrisis” hace referencia a la confluencia de múltiples crisis interrelacionadas que se potencian entre sí.
[2] La base de datos ACLED considera “movimientos estratégicos” al cierre de acuerdos, el establecimiento o desmantelamiento de bases o cuarteles generales, a las transmisiones pacíficas de territorio, arrestos, entre otros.
[3] Es importante tener en cuenta que, en 2024, sólo alrededor del 15% de las muertes registradas en el marco del conflicto en la región fueran atribuibles a actores yihadistas.
[4] Los cinco principales focos de inestabilidad en el continente africano son la Cuenca del Lago Chad, el Sahel, el norte de África, Somalia y Mozambique.
[5] La edición de 2020 del informe anual Global Terrorism Index da fe de un “desplazamiento del epicentro del terrorismo global de la región MENA a África Subsahariana y el Sur de Asia”. En la edición de 2022, se señala África como el único epicentro y es desde 2023 que éste se sitúa específicamente en la región del Sahel.
[6] Boko Haram, escisión de la provincia de Estado Islámico en África Occidental (ISWAP, por sus siglas en inglés), constituye una excepción. Ansaroul Islam, que nació en Burkina Faso como una insurgencia yihadista independiente de carácter local, parece estar colaborando estrechamente con el JNIM. Eso hace que en este análisis se considere que está bajo la órbita de al-Qaeda.
[7] Es importante señalar que, debido a cambios estratégicos y luchas de poder internas, la filial ha pasado por diferentes nombres: Estado Islámico del Gran Sahara (2015-2019), Provincia del Gran Sáhara (2019-2022) y Provincia del Sahel de Estado Islámico. En este análisis, se ha contabilizado la participación del grupo bajo las tres denominaciones diferentes, sin distinción.
[8] En línea con lo indicado en la sección metodológica, la cifra total de participaciones de grupos yihadistas en eventos violentos es superior al número total de incidentes, ya que existen casos en la base de datos en los que varios actores participan en el mismo acto.
[9] Limosna obligatoria en el islam (uno de los cinco pilares, junto con la profesión de fe, la oración, el ayuno y el peregrinaje a La Meca).
[10] Concretamente, este argumento se basa en el análisis de operaciones policiales extraídas de fuentes periodísticas y producidas en Casablanca, Fez, Tánger, Tamesna, El Aaiún, Madrid, Ceuta y Melilla, entre otras ciudades. Dichas operaciones han sido llevadas a cabo conjuntamente por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado españolas y marroquíes, o por estas últimas en solitario.
