La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) nació como una iniciativa de integración regional que, en la segunda década del presente siglo, contaba con ingentes recursos e infraestructura física y normativa. La valía de la historia compartida, la lengua, la cultura, los valores y la religión parecían sentar la base para superar la concepción economicista del término integración.
El sinuoso recorrido que ha seguido la integración en América del Sur estuvo originalmente muy influenciado por la presencia hegemónica de Estados Unidos (EEUU) y es resultado de un contexto histórico complejo. La influencia de la potencia del norte subordinó las propuestas de integración continental a su propio interés nacional, con la premisa de la Doctrina Monroe. Tras la Segunda Guerra Mundial, este papel se intensificó bajo el signo de la Guerra Fría, la seguridad hemisférica y la contención ideológica, manifestándose en la creación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) en 1947 y de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 1948.
Así, bajo la influencia del Consenso de Washington se profundizó un modelo de “regionalismo abierto” a través de una estrategia de liberalización comercial. Los esfuerzos iniciales fueron principalmente canalizados a través de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) en 1960, creada sólo tres años después del Tratado de Roma, que estableció la Comunidad Económica Europea (CEE) y su sucesora, la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) en 1980, destinada a lograr un proceso de integración encaminado a promover el desarrollo económico-social, armónico y equilibrado de la región.
Otros dos procesos destacaron además por su peso político y económico: por un lado, el Pacto Andino, hoy Comunidad Andina (CAN), originado en el Acuerdo de Cartagena de 1969, que representó el esfuerzo de los países del área andina para crear un mercado común; y por otro, el Mercado Común del Sur (Mercosur), formalizado con el Tratado de Asunción en 1991. En el caso del Mercosur, su diseño fundacional trascendió lo comercial en un entorno sudamericano que apenas dejaba atrás regímenes autoritarios y en busca del apaciguamiento político entre Argentina y Brasil.
En este contexto, EEUU presentó la Iniciativa de las Américas, en la que se enmarcaba la propuesta de crear un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). El modelo comenzó a mostrar signos de agotamiento al no poder resolver las profundas asimetrías entre las economías ni las carencias críticas en infraestructura física en los países de la región, dando paso a un intenso debate sobre la racionalidad y conveniencia de una integración centrada exclusivamente en la apertura comercial y la desregulación. Este debate no era meramente técnico, sino que respondía a causas políticas e ideológicas generadas con el cambio de siglo, cuando la región comenzó a cuestionar la eficacia de las instituciones existentes, evidenciando una disputa de visiones sobre el desarrollo.
En la década del 2000, la propuesta de ALCA sufrió una derrota en la Cuarta Cumbre de las Américas (Mar del Plata, 2005). Los nuevos gobiernos sudamericanos promovieron reformas que devolvían al Estado un papel protagonista en la economía y que priorizaba la lucha contra la pobreza y la desigualdad social. Diversos líderes regionales identificaron el concepto de “regionalismo abierto” y los bloques tradicionales como el Mercosur y la CAN como expresiones de una agenda neoliberal agotada. Como respuesta, surgieron nuevas propuestas de integración caracterizadas como “postliberales”, siendo la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN) las principales expresiones institucionales de este cambio de paradigma. Bajo este enfoque, la cooperación se estrechó en ámbitos estratégicos como la infraestructura física, la seguridad, la defensa, la soberanía energética y el tratamiento de las asimetrías regionales.
La iniciativa ALBA emergió específicamente como la contrapropuesta ideológica al ALCA. Constituida inicialmente el 14 de diciembre de 2004 por Cuba y Venezuela, el bloque experimentó una expansión progresiva con la incorporación de Bolivia (2006), Nicaragua (2007), Dominica (2008), Honduras (2008) y Ecuador (2009). A pesar de su marcada retórica integracionista, se constituyó primordialmente como un marco de cooperación sur-sur sostenida en la afinidad ideológica de sus gobiernos. Esta dinámica prioriza la solidaridad política sobre una complementariedad económica formal, la cual difícilmente resultaría viable sin el soporte estratégico y financiero proporcionado por el petróleo venezolano.
Por su parte, la CSN surge también en 2004, como la alternativa bajo un paradigma de integración “posliberal”. Su génesis se encuentra en la I Cumbre Suramericana de Brasilia, convocada en el año 2000, bajo el mandato del presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso. El objetivo era buscar el fortalecimiento de los lazos de integración entre el Mercosur, la CAN, Chile, Guyana y Surinam, siendo el planteamiento original de Brasil construir un espacio sudamericano autónomo. Con vocación política e inspirada en la Unión Europea (UE), se buscaba potenciar una identidad común y valores compartidos. La creación efectiva de la CSN se aprobó en la III Cumbre Suramericana realizada en Cusco en diciembre de 2004, ocasión en la cual se emitió la “Declaración de Cusco”. Esta propuesta de integración trascendía el perfil político-ideológico de los líderes, logrando una convergencia pragmática entre personalidades diversas como Néstor Kirchner (Argentina), Lula da Silva (Brasil), Ricardo Lagos (Chile), Álvaro Uribe (Colombia), Alejandro Toledo (Perú) y Hugo Chávez (Venezuela).
Por su parte, la transición de la CSN hacia la UNASUR fue impulsada por una razón política e ideológica sin precedentes: la coincidencia en el poder de Néstor Kirchner, Evo Morales, Lula da Silva, Michelle Bachelet y Hugo Chávez. El surgimiento de UNASUR es inseparable del nuevo ciclo político inaugurado por los gobiernos de izquierda y el auge de liderazgos regionales que promovía una mayor autonomía frente a los centros de poder tradicionales.
En la Reunión de Brasilia (2005) se definieron los tres ejes estratégicos que marcarían el camino de UNASUR: la superación de las asimetrías regionales, la convergencia de los acuerdos comerciales preexistentes y la creación de un marco jurídico común. En la Reunión de Cochabamba (2006) se estableció que el desarrollo debía ser equitativo y armónico, priorizando no solo la energía y la infraestructura, sino también un «nuevo contrato social suramericano» que pusiera al ciudadano en el centro. Por último, la Cumbre Energética de Isla Margarita, realizada el 16 y 17 de abril de 2007, representó el momento decisivo de transformación en el que el proceso fue oficialmente rebautizado como UNASUR, plasmando una ambiciosa unión que superaba con creces lo comercial y que avanzó en el Mapa Energético de Suramérica y en la propuesta financiera del Banco del Sur.
En este nuevo regionalismo los temas económicos y comerciales pasaron a un segundo plano frente al diálogo diplomático y la gestión de crisis regionales. Se buscó un alejamiento del Consenso de Washington, otorgando al Estado un papel protagonista en la dirección de la economía y la reducción de la pobreza. En nombre de la soberanía nacional, los países miembros rechazaron la creación de burocracias supranacionales y la toma de decisiones por mayoría, otorgando así un carácter estrictamente intergubernamental y presidencialista. Se priorizó la creación de políticas comunes en sectores no comerciales, como la salud, la defensa y la educación. Se trabajó intensamente en superar los “cuellos de botella” de la infraestructura regional para facilitar la articulación de los mercados internos y la interconexión a través del Mapa Energético de Suramérica y se ampliaron los mecanismos de cooperación entre los países del bloque, buscando reducir la dependencia de instituciones internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Con el Tratado Constitutivo de Brasilia del 23 de mayo de 2008, se formalizó la UNASUR como una organización con personalidad jurídica, integrada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, concebida como una plataforma para la provisión de bienes públicos regionales, con la misión de “eliminar las desigualdades socioeconómicas, lograr la inclusión social, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco del respeto a la soberanía e independencia de los Estados”. Basado en la idea de que el mundo marchaba hacia un formato multipolar, para estar presente en el nuevo orden mundial era necesario construir una identidad regional fuerte y autónoma.
El auge de UNASUR puede situarse aproximadamente entre 2008 y 2014. Durante este período, la organización alcanzó un nivel de cohesión política, autonomía regional y capacidad de acción sin precedentes en la historia de la integración suramericana.
Uno de sus rasgos más distintivos fue la capacidad para actuar como actor regional de mediación, evitando la intervención de actores extrarregionales como EEUU y la OEA. Entre los casos más significativos podemos señalar la crisis boliviana de 2008, en la que UNASUR evitó una escalada violenta con potencial de guerra civil; el intento de golpe de Estado en Ecuador en 2010; y la crisis diplomática andina de 2008, tras el ataque colombiano a un campamento de las (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) FARC en territorio ecuatoriano.
Otro eje central del auge de la organización fue el impulso a la integración física regional. Se planificaron y ejecutaron proyectos estratégicos como corredores bioceánicos, puentes, obras energéticas y redes de transporte, orientados a conectar físicamente el continente y reducir los costes logísticos del comercio intrarregional.
En 2010, UNASUR adoptó el Protocolo Adicional sobre el Compromiso con la Democracia. Este instrumento estableció sanciones concretas para aquellos Estados en los que se produjera una ruptura del orden democrático. Su aplicación se evidenció en Paraguay en 2012, tras la destitución del presidente Fernando Lugo, suspendiendo de manera inmediata al país y enviando una clara señal de intolerancia frente a procesos que vulneraran los principios democráticos. Gracias a su actuación cohesionada y a su capacidad de interlocución regional, UNASUR obtuvo reconocimiento internacional como un actor legítimo ante otros bloques, como la UE, y alcanzó el estatus de observador ante las Naciones Unidas.
En 2014, la designación del expresidente colombiano Ernesto Samper como secretario general buscó revitalizar el proyecto y reforzar su perfil político, apostando por el diálogo regional y la resolución pacífica de controversias, especialmente frente al creciente conflicto político y social en Venezuela. Sin embargo, sus debilidades estructurales y su fuerte dependencia del contexto político regional sentaron las bases para su posterior autodestrucción. Entre 2018 y 2020, siete de los 12 países que llegaron a ser parte activa en UNASUR suspendieron sus actividades y anunciaron su salida del organismo. El cambio de ciclo político en los países de la región trastocó definitivamente todas las aspiraciones integradoras de UNASUR como proyecto para el desarrollo sostenible y la estabilidad política en América Latina y el Caribe.
Tras el paso del expresidente colombiano Ernesto Samper por la secretaría general, que finalizó en 2017, la elección de un nuevo secretario se tornó en imposible tras el veto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a la elección del argentino José Octavio Bordón y el posterior bloqueo a cualquier candidato que no fuera pro-venezolano. En abril de 2018, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú habían suspendido su membresía de forma indefinida hasta que se lograra desbloquear la elección de la máxima autoridad ejecutiva. No en vano, el sesgo ideológico de la organización explicaba los recelos de los nuevos presidentes que habían llegado a los gobiernos de los países integrantes.
La clara relación entre los cambios en la administración de los países en cuestión y el cambio de su política exterior provoca una carencia de continuidad y el mejor ejemplo lo constituye la creación en 2019 del Foro para el Progreso de América del Sur (PROSUR) por parte de los presidentes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú; los mismos países que abandonaban UNASUR.
Los líderes sudamericanos, probablemente conscientes de las dificultades vividas con estas organizaciones regionales de tendencia ideológica, han promovido desde el 2023 el surgimiento del Consenso de Brasilia, un mecanismo de integración y cooperación para América del Sur, que se ha concentrado en temas técnicos, impulsado por el presidente Lula da Silva y que ha venido trabajando con perfil bajo, concentrándose en proyectos de cooperación.
En la actualidad parece existir una vuelta al bilateralismo, especialmente en las relaciones de los Estados sudamericanos con EEUU. Las reuniones que se dieron entre los países que deseaban revivir UNASUR en 2023 y 2024 (Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Guyana y Surinam) se vieron truncadas con la llegada al gobierno de Javier Milei, que decidió abandonar el organismo en 2024, y ante los sucesos ocurridos en Venezuela, con las elecciones espurias de 2024 y la intervención militar de EEUU en enero de 2026. A esto se suma el cambio político en Bolivia y Chile, y las próximas elecciones en Colombia y Brasil, que devuelven a UNASUR al cajón de los temas menos prioritarios, aun cuando la integración en América del Sur sigue siendo tan necesaria y urgente como hace 200 años.
