Cuando se inició la revolución tunecina, tras la huida de Ben Alí, el nuevo presidente interino designó una Comisión para las Reformas Políticas a cuyo frente instaló a una de las personalidades independientes que gozaba de mayor unanimidad en el país, el profesor universitario y jurista Yadh Ben Achour, opositor al régimen caído. Formaban dicha comisión siete expertos con la tarea imprecisa inicial de reformar la legalidad aún vigente. Según nos relataba Hafidha Chekir, profesora de Ciencia Política de la Universidad de Túnez y miembro de la Comisión, ésta decidió consultar con los partidos el objeto de sus tareas. Sólo el PDP (Partido Democrático Progresista) se mostró partidario de lanzarse a unas elecciones presidenciales en el corto plazo entre 45 y 60 días que marcaba la anterior constitución, mientras las demás fuerzas políticas optaron por preferir la elección de una Asamblea Constituyente, reivindicación que se hizo popular en las concentraciones de la Kasbah y que forzó al gobierno a abolir la antigua constitución. La Comisión técnica inició pues los trabajos para preparar una ley electoral para unos comicios convocados para el 24 de julio.
Paralelamente los partidos crearon junto con el sindicato UGTT, la Liga Tunecina de Derechos Humanos y el Colegio de Abogados, el Consejo de Salvaguarda de la Revolución, que contestó la composición de la Comisión, exigiendo una representación política en su seno, lo que llevó a la integración de la Comisión técnica en una más amplia con cabida para representantes de partidos, sindicatos, ONGs, y de las regiones. La Comisión fue así ampliándose en sucesivas incorporaciones, incluyendo a personalidades de rango nacional independientes, hasta alcanzar la actual cifra de 151 miembros, tomando el largo nombre de Instancia Superior para la Realización de los Objetivos de la Revolución, de la Reforma Política y de la Transición Democrática (ISROR), presidida siempre por Yadh Ben Achour.
Reunida en el edificio de la Cámara de los Consejeros, antiguo “Senado” designado por Ben Ali, con sede junto al Palacio presidencial de El Bardo, ha ido discutiendo y adoptando medidas para asegurar la elección de la Asamblea Constituyente, ejerciendo un cierto control crítico del gobierno como se vio en la comparecencia del Primer ministro ante la Instancia el martes 5 de abril. Al día siguiente, 6 de abril, se adoptó por la Comisión el decreto-ley que define la composición y tareas de la Alta Instancia Independiente para las elecciones, una institución autónoma de derecho público encargada de aplicar la ley electoral, de proponer las circunscripciones y el calendario electorales, de establecer las listas de electores y candidatos, así como de controlar el escrutinio. Como portavoz oficial se designó al profesor Ghazi Ghraïri y como vice-presidenta a Latifa Lakhdhar. La Instancia está integrada por magistrados, abogados, periodistas y representantes de entidades de derechos humanos y de los tunecinos emigrados.
La Ley electoral ha sido finalmente adoptada por la Instancia Superior (ISROR) el lunes 11 de abril después de varias sesiones de discusión del método de escrutinio. Rechazado el sistema mayoritario uninominal por razones políticas como el riesgo de beneficiar a viejas notabilidades o caciques, aparte de la complicación de dividir el país en microcircunscripciones homogéneas en tan poco tiempo, descartado también un sistema mixto proporcional y uninominal por el que algunos mostraron su preferencia, se ha adoptado al final el escrutinio de listas de representación proporcional con el más fuerte resto, con el fin de que el mayor número de partidos pueda estar representado en la Constituyente.
La Ley prohíbe presentarse como candidatos a todos los que han ejercido responsabilidades en los gobiernos o estructuras del RCD (Reagrupamiento Constitucional Democrático, partido dominante) en los últimos 23 años, es decir desde la llegada de Ben Alí al poder, así como a aquellas personalidades que firmaron su apoyo a la petición para que el expresidente optase a un sexto mandato en 2014 pese a haber sobrepasado la edad establecida en la constitución (70 años). La ley obliga a la paridad de hombres y mujeres en las listas electorales, alternando los sexos, en línea con la tradición tunecina de defensa de los derechos de la mujer iniciada tras la independencia por Burguiba.
Estas medidas, adoptadas por los miembros de la Instancia entre aplausos, entonación del himno nacional y gritos de “RCD dégage”, según relata el diario Le Temps el 12 de abril, contrastaron con una manifestación de protesta a la puerta del Senado de exRCDistas como Aziza Hatira, expresidenta de la oficialista Unión Nacional de Mujeres Tunecinas, que reclamaban que la medida se limitase a cargos condenados por la justicia o encausados.
