El voto por correo se ha convertido en uno de los principales focos de controversia de la política estadounidense. Durante décadas fue una práctica habitual para facilitar la participación electoral de personas mayores, ciudadanos con discapacidad, trabajadores con dificultades para acudir a las urnas o residentes en zonas alejadas de los centros de votación. Sin embargo, se ha convertido en un terreno de confrontación política especialmente desde las elecciones presidenciales de 2020 que ganó Joe Biden. Donald Trump ha tenido un papel central en esta controversia, cuestionando reiteradamente la seguridad de las papeletas enviadas por correo y vinculando este sistema con supuestas prácticas de fraude electoral generalizado que ninguna investigación disponible ha demostrado. Las elecciones de medio mandato de noviembre de 2026 vuelven a situar este debate en primer plano. Con el control del Congreso en juego y numerosas contiendas que pueden decidirse por márgenes estrechos, las normas sobre el registro de votantes, su identificación y las distintas modalidades de voto adquieren una importancia especial.
El voto por correo no es una innovación reciente ni una anomalía del sistema estadounidense. Sus antecedentes se remontan a la Guerra de Secesión (1861-1865), cuando se desarrollaron mecanismos para permitir votar a los soldados desplazados. Con el tiempo, numerosos estados ampliaron esta posibilidad a otros ciudadanos, hasta el punto de que algunos adoptaron sistemas en los que el voto por correo se ha convertido en la modalidad principal de participación electoral.
La particularidad estadounidense es que no existe un sistema electoral uniforme. La Constitución atribuye a los estados la responsabilidad principal de organizar las elecciones, aunque el Congreso dispone de competencias para regular determinados aspectos de las elecciones federales. El presidente, en cambio, no dispone de una autoridad general para modificar unilateralmente esos procedimientos. Como consecuencia, los procedimientos de registro, identificación, emisión, recepción y recuento de papeletas varían considerablemente de un estado a otro.
En algunos estados cualquier elector puede solicitar una papeleta por correo sin justificar su decisión. En otros se exige una causa específica. También hay estados que envían automáticamente papeletas a los votantes registrados que reúnen los requisitos. Esta diversidad refleja el federalismo estadounidense, pero también dificulta establecer afirmaciones generales sobre la seguridad, accesibilidad o funcionamiento del voto por correo.
La pandemia del COVID-19 marcó un punto de inflexión. En 2020 aproximadamente el 43% de los votantes recurrió al voto por correo frente al 21% de 2016. En las elecciones presidenciales de 2024 su utilización descendió hasta alrededor del 30%, pero siguió siendo una modalidad esencial para millones de estadounidenses.
La expansión de su uso coincidió con una creciente polarización partidista al mismo tiempo que surgían diferencias importantes en su utilización entre los votantes de ambos partidos. Los demócratas recurrieron a ello más que los republicanos en 2020 (60% frente al 32%) aunque la diferencia se redujo en 2024 (37% frente al 24%). Así, una modalidad de votación que tradicionalmente había sido una cuestión fundamentalmente administrativa pasó a formar parte de la confrontación política entre ambos partidos.
El principal argumento de quienes cuestionan el voto por correo es su supuesta vulnerabilidad al fraude ya que puede haber coacción, asistencia indebida, problemas de identificación o dificultades para garantizar la cadena de custodia. Sin embargo, las investigaciones disponibles apuntan a que los casos detectados son extraordinariamente infrecuentes. Los estados cuentan con mecanismos de verificación de identidad, comprobación de firmas, seguimiento de papeletas, controles sobre los sobres y auditorías posteriores. Esto no significa que el sistema esté exento de irregularidades, errores administrativos o casos individuales de manipulación, sino que no existen pruebas de un fraude generalizado que comprometa sistemáticamente los resultados electorales. El contraste entre la insistencia política en denunciar un fraude masivo y la escasez de pruebas que lo respalden ha convertido el voto por correo en un ejemplo de cómo un problema de dimensiones muy limitadas puede adquirir una enorme relevancia política.
Pero, más allá de la discusión sobre la magnitud real del fraude, planea otra cuestión de fondo sobre cómo encontrar el equilibrio entre facilitar el ejercicio del derecho al voto y garantizar la integridad de las elecciones. La exigencia de controles adicionales puede contribuir a reforzar la confianza pública, pero también puede introducir obstáculos para determinados electores, especialmente cuando los requisitos administrativos son difíciles de cumplir o se modifican poco antes de una convocatoria electoral. Esta tensión adquiere especial relevancia en el sistema federal estadounidense, donde la organización de las elecciones corresponde principalmente a los estados y cualquier intento de imponer criterios uniformes desde Washington puede desencadenar conflictos competenciales.
Precisamente esta dimensión institucional ha pasado a ocupar el primer lugar de esta controversia durante el segundo mandato de Trump, especialmente de cara a las elecciones de medio mandato de 2026. En marzo de 2025 el presidente firmó una orden ejecutiva que pretendía endurecer los requisitos de acreditación de ciudadanía para registrarse como votante y restringir el cómputo de papeletas recibidas después de la jornada electoral, aunque hubieran sido enviadas dentro del plazo legal. Varias disposiciones fueron bloqueadas judicialmente, al considerar los tribunales que el presidente no podía modificar unilateralmente competencias electorales atribuidas a los estados y al Congreso.
La Administración volvió a intervenir en marzo de 2026 con una segunda orden ejecutiva, centrada específicamente en el voto por correo. Esta contempla la elaboración de listas de ciudadanos con derecho a voto y nuevos requisitos para que el Servicio Postal estadounidense distribuya las papeletas, incluidos sistemas de identificación mediante códigos de barras. Sus defensores sostienen que estas medidas permitirían reforzar la integridad electoral y prevenir la participación de personas sin derecho a voto. Sus críticos advierten, por el contrario, de que podrían excluir a ciudadanos legítimamente registrados, especialmente a personas recientemente naturalizadas, mayores, residentes en zonas rurales o estadounidenses que votan desde el extranjero.
La batalla judicial continúa abierta. El 24 de agosto de 2026 el Tribunal Supremo suspendió una de las medidas cautelares contra la orden presidencial, pero lo hizo por razones procesales, sin pronunciarse definitivamente sobre su constitucionalidad.
La controversia se ha intensificado a pocas semanas de las elecciones de medio mandato. El 15 de octubre el Departamento de Justicia presentó una demanda contra California para impedir el cómputo de más de 20.000 papeletas por correo correspondientes a electores cuya ciudadanía cuestiona. Las autoridades californianas y organizaciones de defensa del derecho al voto cuestionaron la fiabilidad de las bases de datos utilizadas por Justicia para identificar a los electores y advirtieron del riego de excluir a ciudades que sí tienen derecho a votar. El procedimiento judicial sigue abierto, sin que por el momento se haya autorizado la exclusión de esas papeletas. El caso ilustra cómo la disputa ha pasado de las declaraciones políticas a actuaciones administrativas y judiciales concretas.
Frente a estas iniciativas, los demócratas han articulado una respuesta que combina la vía judicial con la movilización electoral. El Comité Nacional Demócrata, los líderes del partido en el Congreso y los fiscales generales de numerosos estados han recurrido a los tribunales para frenar las restricciones al voto por correo, mientras preparan dispositivos de asistencia a los electores y supervisión de los colegios electorales ante posibles controversias durante la votación y el escrutinio. Paralelamente, el partido está intensificando sus campañas para fomentar el voto anticipado, tanto presencial como por correo. De hecho, las encuestas apuntan a que una proporción creciente de electores demócratas prevé votar anticipadamente en persona. La estrategia refleja la doble preocupación de preservar las garantías jurídicas del proceso electoral y evitar que la incertidumbre sobre las reglas de votación termine afectando a la participación. La disputa ya no se limita a las condiciones en las que se emite el voto, sino que se extiende a los mecanismos para proteger su recuento y garantizar la aceptación de los resultados.
En definitiva, el debate sobre el voto por correo refleja una fractura política más profunda, relacionada con la confianza en las instituciones y la legitimidad de los resultados electorales. No se trata únicamente de determinar qué mecanismos ofrecen mayores garantías, sino también de quién establece las reglas, cómo se aplican y qué consecuencias tienen para la participación. En un país donde la administración electoral está descentralizada y las diferencias entre estados son considerables, las iniciativas de la Casa Blanca plantean además interrogantes sobre los límites del poder presidencial y las competencias de los estados.
Pero la cuestión más delicada va más allá del conflicto institucional. Las democracias necesitan mecanismos para investigar irregularidades, impugnar decisiones administrativas y recurrir a los tribunales. Cuestionar una actuación electoral mediante pruebas y procedimientos legales forma parte de su funcionamiento. El problema surge cuando las sospechas no acreditadas se convierten en una explicación recurrente de unos resultados desfavorables y la legitimidad de las elecciones comienza a juzgarse en función de quién gana y quién pierde; porque lo que está en juego no es sólo cómo se vota, sino la confianza en las reglas que permiten aceptar el resultado, incluso cuando no es el deseado.
