Se cumplen cinco años de la retoma de Kabul por los talibanes, años de limbo internacional en los que el país apenas recibe atención. Tras la retirada de las tropas de Estados Unidos (EEUU) y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), se consideró “irremediable” el retorno de los talibanes al poder, con diversas explicaciones que, en su mayoría, culpabilizaban exclusivamente a los propios afganos del fracaso de la misión de 20 años. De esta forma, el relato contribuye a justificar el olvido.
El panorama afgano, cinco años después, es el de un Estado que ha logrado sobrevivir y consolidar el control interno del territorio, pero a costa de un aislamiento internacional parcial y de una represión sistemática de los derechos humanos.
A pesar de la fractura de la cúpula talibán, con el liderazgo ideológico bajo el emir Haibatulah Ajundzada, con sede en Kandahar, y con el resto de las autoridades de facto concentradas en torno a las instituciones de Kabul, el movimiento sigue en pie. ¿Cómo es posible que hayan pasado de ser un grupo insurgente a resistir en el poder durante estos cinco años, sin reconocimiento internacional y con una de las economías más subdesarrolladas del mundo?
Afganistán no parece seguir una trayectoria hacia una estabilización genuina; a pesar de que haya cesado el conflicto armado, todavía ocurren algunos episodios violentos. Podemos discernir diversas tendencias en los últimos años. Entre ellas, tal vez las más significativas sean la falta de reconocimiento internacional, que, no obstante, no impide que haya un pseudorreconocimiento basado en la transaccionalidad y en los intereses económicos, y la sistematización de la persecución de género.
El limbo internacional en el que operan los talibanes
El reordenamiento regional ata cada vez más el futuro de Afganistán a actores como China, Rusia e Irán. El panorama afgano, cinco años después, es el de un Estado que ha logrado sobrevivir y consolidar el control interno del territorio, pero a costa de un aislamiento internacional parcial y de una represión sistemática de los derechos humanos, los cuales parecen importar poco o nada a los socios con los que más interactúa el liderazgo talibán.
En efecto, cada vez más, la economía afgana depende de unos pocos socios regionales dispuestos a mirar hacia otro lado, mientras los indicadores de pobreza empeoran. De acuerdo con datos de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, se estima que el 45% de los afganos necesita asistencia humanitaria; más del 35% está en situación de inseguridad alimentaria aguda y casi el 10% requiere ayuda de emergencia.
Esta crisis humanitaria se agrava por la confluencia de retornos masivos de refugiados, especialmente desde Irán y Pakistán, de los que no escapa la Unión Europea (UE), cuyas políticas de deportación de afganos llevaron a la Comisión Europea a recibir una delegación de talibanes en Bruselas el 23 de junio de 2026. Aunque viajaron con visados de 24 horas, válidos sólo para Bélgica, la perplejidad es manifiesta, dado que se ha acordado devolver a los solicitantes de asilo a un entorno aún inseguro para ellos.
Mientras las autoridades de facto no son reconocidas a escala internacional, hay gestos que indican la intención de tratar con ellas pese a su falta de legitimidad. El reconocimiento avanza solo de forma parcial y transaccional, a golpe de contratos de explotación de minerales y de promesas de seguridad por legitimidad, sin ninguna reforma a cambio. Si el primer gobierno talibán fue reconocido por Pakistán, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU) ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en esta ocasión solo Rusia lo ha hecho en julio de 2025, con la posterior aceptación de las credenciales del embajador talibán en Moscú en enero de 2026. China fue el primer país en acreditar al embajador talibán en Pekín en diciembre de 2023.
Asimismo, EAU, Kazajistán y Uzbekistán también han aceptado las credenciales de sus respectivos embajadores talibanes. En Asia Central, sobre todo en Uzbekistán, Turkmenistán y Kazajistán, e Irán, las autoridades de facto afganas muestran un interés fundamentalmente económico y orientado a la diversificación, especialmente para dejar de depender de Pakistán. Con ellos, las autoridades de Kabul pretenden mejorar la infraestructura de conectividad, ecuación en la que también entra la India y de la que no escapa la influencia de Pakistán. Hay que sumar a la lista empresas de Turquía, de Qatar y del Reino Unido, esencialmente centradas en la minería.
La división de las instituciones multilaterales perpetúa el statu quo
Desde 2026, el enfrentamiento en el Consejo de Seguridad entre Washington y Pekín se libra a costa de Afganistán. Tras el consentimiento tácito del primero, China detenta la posición de penholder único, es decir, la potencia que redacta y lidera las negociaciones del expediente de Afganistán en el Consejo de Seguridad, lo que puede reducir la presión sobre los talibanes a nivel global. Es, además, la primera vez que China ocupa dicha posición, frente al monopolio de EEUU en el comité de sanciones y a la tradición de que el dossier afgano lo llevaran los miembros no permanentes (electos).
Mientras que China, Rusia y Pakistán se mantienen alineados para centrar el debate en el seno de la Misión de Asistencia de la ONU para Afganistán (UNAMA) lejos de los elementos normativos y sin cambios en el mandato, otro frente, encabezado por EEUU, pretende incluir en el borrador de los términos de referencia de la UNAMA un mayor énfasis en los derechos humanos, especialmente los de las mujeres.
Asimismo, China ha utilizado su posición para mediar entre Afganistán y Pakistán, dado que la seguridad entre ambos países se ha deteriorado hasta el punto de que mantienen una “guerra abierta” e intermitente desde febrero de 2026. El gobierno de Pekín organizó conversaciones informales entre Pakistán y las autoridades de facto talibanes en Ürümqi (Xinjiang) en abril, tras la escalada bélica entre ambos países. Su enviado especial para Afganistán, Yue Xiaoyong, también viajó a Kabul y Doha en mayo para reunirse con el ministro de Exteriores talibán en funciones, Amir Khan Muttaqi.
Igualmente, en la guerra entre EEUU, Israel e Irán, Pakistán cuenta con el respaldo de China como mediador en el proceso de paz. Aquí, Islamabad lleva la voz cantante, habida cuenta de que Pekín también utiliza su influencia en la ONU para mitigar el efecto negativo sobre Teherán, junto con Moscú, ejerciendo el derecho de veto en las resoluciones de condena por los ataques iraníes en Ormuz. Proveyendo el diálogo desde atrás, evita dañar su relación con Arabia Saudí y otros socios árabes del Golfo, con quienes mantiene un intercambio comercial mayor que con Irán y cuya continuidad depende de la pacificación de la región.
La mitad de la población enterrada en vid
De lo descrito anteriormente depende la situación de las mujeres afganas. Cuanto más se normaliza el régimen talibán en el terreno diplomático y económico, menos coste político tiene para ellos mantener sus políticas contra las mujeres. Los derechos de ellas se han restringido de forma sistemática. La prohibición de la educación secundaria para las niñas se ha mantenido, a pesar de las excusas iniciales de que se trataba de medidas transitorias. Esta prohibición inicial pronto fue seguida de la del acceso de las mujeres a las universidades, incluso a las carreras anteriormente “recomendadas” (magisterio, para enseñar en las escuelas de niñas, o medicina, para tratar a las mujeres). No está de más recordar que Afganistán es el único país del mundo en el que esto sucede.
Desde su retorno al poder, los talibanes han aprobado más de 260 decretos que restringen los derechos humanos, de los cuales 166 están dirigidos exclusivamente a mujeres y niñas. Se trata de una política de Estado cuyo cuerpo normativo margina intencionadamente a las mujeres con el objetivo de subordinarlas y controlarlas en todas las esferas de la vida. Dadas las dificultades para resistir internamente, las afganas de la diáspora siguen firmes en su propósito de lograr que se reconozca la figura del apartheid de género como crimen contra la humanidad, a pesar de que el panorama es poco favorable para el fortalecimiento tanto del derecho internacional como de las instituciones multilaterales.
Es evidente, pues, que China es el actor que más ha impulsado esa normalización sin condiciones. Mientras otros miembros del Consejo de Seguridad intentan incorporar un enfoque de derechos humanos, gracias a su liderazgo en la redacción de las resoluciones sobre la UNAMA, Pekín introduce su propio relato sobre la “estabilidad regional y la no injerencia”, que llama a levantar las sanciones a los talibanes y a “construir puentes” de diálogo sin restricciones.
Por tanto, los acuerdos económicos de los talibanes (petróleo con China, gas y trigo con Rusia, más de 200 contratos mineros con países de la región) son la contraparte material de esa normalización política: le dan al régimen talibán ingresos y legitimidad sin ninguna condicionalidad sobre sus políticas de género. Y esto tiene un correlato económico muy concreto para las mujeres: ONU Mujeres documenta que casi el 80% de las mujeres jóvenes están excluidas de la educación, el empleo y la formación, tras la prohibición de trabajar en sectores enteros.
Esto es así, especialmente en el sector público, en las ONG y en instituciones de la ONU; en el privado, las restricciones de movilidad impiden que salones de belleza (clausurados expresamente en uno de los muchos decretos) e incluso actividades de la economía informal estén prohibidos. Por poder, sólo pueden mendigar en la calle, sin garantías de que no serán detenidas por estar en un lugar público si no están acompañadas de un mehram o de un guardián. Es decir, mientras hay países que negocian litio, cobre y petróleo con el régimen, las mujeres afganas están sistemáticamente excluidas de participar en esa economía que el régimen talibán está monetizando.
