En su discurso sobre el Estado de la Unión, Ursula von der Leyen resumió con una frase los meses de incendios, sequía y olas de calor: “Ha sido el verano de la verdad”. Sobre el agua fue directa. “Conocemos los riesgos de la escasez de agua para nuestros agricultores, nuestra energía y nuestras cadenas de suministro”, advirtió, y recordó que las redes europeas pierden casi uno de cada cuatro litros. Anunció por eso una nueva Iniciativa Europea del Agua, aunque sin precisar su alcance, su calendario ni su financiación.
El riesgo es que, sin financiación suficiente ni normas vinculantes, la Iniciativa quede en una declaración de intenciones.
Sus palabras llegaban después de un verano de sequía en buena parte de Europa. A finales de julio, alrededor del 50% del territorio de la Unión Europea (UE) y el Reino Unido estaba bajo algún grado de sequía. Decenas de millones de personas vivieron restricciones en países poco acostumbrados a ellas y ríos como el Rin, el Danubio, el Po y el Loira alcanzaron niveles excepcionalmente bajos. A mediados de septiembre, la situación seguía siendo crítica en varias cuencas europeas.
Figura 1. Indicador combinado de sequía en Europa, mediados de julio de 2026
Europa parte de una posición comparativamente favorable en materia de seguridad hídrica, aunque con importantes diferencias entre países. Pero seguridad hídrica no equivale a resiliencia. La pregunta de fondo no es sólo si Europa dispone de agua suficiente y de calidad, sino cómo de preparada está para afrontar episodios de escasez.
El agua, una dependencia que se da por supuesta
La UE lleva años intentando reducir sus dependencias exteriores en energía, materias primas y tecnología, pero todas ellas descansan sobre un recurso que apenas aparece en ese debate. La agricultura, la energía, la industria y el turismo necesitan agua para producir, refrigerar, procesar minerales y transportar mercancías, y también la necesitan actividades emergentes, como los centros de datos y la producción de hidrógeno verde, que requieren un suministro seguro y continuo. Según el Banco Central Europeo (BCE), la escasez de agua superficial podría poner en riesgo hasta el 24% de la producción económica de la zona del euro. Por eso el agua marca también los límites de la autonomía estratégica. Relocalizar producción o asegurar el acceso a recursos críticos no elimina la dependencia física, la traslada a los ríos y acuíferos europeos. Aun así, el agua rara vez se trata como una dependencia más, se da por supuesta hasta que falta.
La falta de agua llega a la economía por varios canales. El más directo es la agricultura, que concentra más de la mitad de las pérdidas económicas asociadas a la sequía en Europa. A modo de ejemplo, este verano la producción de maíz en Francia se estima un 42% por debajo de la del año anterior. La energía tampoco quedó al margen. Los bajos caudales de este verano obligaron a reducir o detener la producción nuclear en países de la cuenca del Danubio, como Rumanía y Hungría.
Alemania muestra otro canal de transmisión. El Rin es el gran corredor fluvial de mercancías de la UE. Este verano, el nivel del río llegó a mínimos históricos en algunos puntos, lo que elevó los costes y tensionó las cadenas de suministro. Muchos buques sólo podían navegar con alrededor del 20% de su carga habitual. El Bundesbank advertía en agosto de que el bajo nivel del Rin frenaría la actividad en el tercer trimestre, aunque lo consideraba un efecto temporal, y en octubre preveía un repunte en el cuarto. El precedente invita a la cautela. En 2018, un episodio similar se asoció a una caída del 0,4% del PIB alemán y obligó a algunas empresas a replantear su logística.
Todo ello puede trasladarse también a los precios. El encarecimiento del transporte, la energía o los alimentos puede generar presiones inflacionistas, una cuestión que preocupa al BCE. En mayo, Philip Lane explicaba que un fenómeno extremo aislado puede verse como un shock temporal, pero que su persistencia desempeña un papel central en las implicaciones para la política monetaria y que la capacidad de adaptación de las economías condiciona sus efectos sobre el crecimiento y la inflación. La evidencia sugiere que la huella de la sequía puede ser larga. Además, si el daño se prolonga, el riesgo llega también a quienes financian la actividad. El BCE estima que el 22% de los préstamos a empresas está expuesto a la escasez hídrica, lo que la convierte en un riesgo de crédito y, en último término, para la estabilidad financiera.
Cuantificar el impacto de este verano es difícil, porque la sequía coincidió con el verano más cálido registrado en Europa occidental y no todos los daños pueden atribuirse a la falta de agua. Aun así, algunas estimaciones sitúan las pérdidas en al menos 50.000 millones de euros.
Por qué el daño no es igual en todas partes
Una misma sequía no produce el mismo daño en todas partes. Depende de la exposición, pero también de la capacidad de adaptación, que cada sistema va formando a partir de episodios anteriores. Estos dejan nuevas infraestructuras, cambios en la gobernanza y una mayor percepción social del riesgo. Pero lo aprendido responde al riesgo que ya se ha vivido y las condiciones cambian. Este verano lo ha dejado a la vista. Hungría, que ha centrado tradicionalmente su gestión del agua en las inundaciones y cuyo modelo de gobernanza refleja todavía condiciones climáticas del pasado, vive su peor sequía en 126 años y ha tenido que acometer obras de emergencia en el Danubio para seguir refrigerando la central nuclear de Paks.
España, que lleva décadas conviviendo con la escasez, ofrece el contrapunto. La recurrencia de las sequías ha impulsado sucesivas respuestas para reducir su vulnerabilidad. Al papel tradicional de los embalses y acuíferos se han ido sumando recursos menos dependientes de la lluvia.
Cataluña es un claro ejemplo de ello. La sequía de 2007-2008 impulsó la desalación y la más reciente reforzó el papel de la reutilización. Entre finales de 2022 y principios de 2025 llegó a emplearse agua regenerada para usos prepotables, lo que sostuvo el abastecimiento del área metropolitana de Barcelona y evitó restricciones más severas. Las lluvias torrenciales de principios de octubre no restan valor a esas inversiones. Muestran, precisamente, por qué la resiliencia no puede consistir en reaccionar al último episodio. Diversificar las fuentes de suministro da margen cuando fallan los recursos convencionales, pero no basta. La resiliencia exige combinar esa diversificación con eficiencia, reducción de pérdidas y gestión de la demanda. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cada dólar invertido en prevenir sequías genera entre dos y tres en beneficios, y el rendimiento de las inversiones en resiliencia puede llegar a multiplicar por 10 su coste.
Buena parte de esa gestión de la demanda pasa por los ciudadanos, por cómo perciben el riesgo y por si se ven capaces de ahorrar agua. En el Eurobarómetro de 2024, los europeos señalaban la contaminación como la principal amenaza para el agua. En España, en cambio, era la sequía, citada por un 34% de los encuestados frente al 14% de media europea, la cifra más alta de la UE. Según la encuesta del Real Instituto Elcano de 2025, seis de cada 10 españoles mostraban una preocupación elevada por el agua y dos de cada tres creían poder reducir su consumo en el día a día, un factor que se asocia con una mayor disposición a pagar. Pero reconocer el problema no implica necesariamente estar dispuesto a asumir el coste de resolverlo. Menos de la mitad estaba dispuesta a pagar más y las medidas de gestión de la demanda eran las menos apoyadas. Además, algunas de las inversiones que reducen la vulnerabilidad, como renovar redes, evitar fugas o reutilizar agua, son poco visibles políticamente. Financiarlas, reducir consumos o cambiar la forma de usar el agua exige tanto voluntad política como aceptación social.
La respuesta europea
La política europea empieza a moverse hacia esa resiliencia. La Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica de 2025 amplía el foco de la Directiva Marco del Agua y sitúa el recurso en el terreno de la seguridad y la competitividad.
Desde entonces, Bruselas atraviesa el momento del agua. En los últimos meses, se han multiplicado las iniciativas. En septiembre, la Comisión puso en marcha la Plataforma de Partes Interesadas de Resiliencia Hídrica y la Academia Europea del Agua y desde noviembre de 2025 mantiene abierto un diálogo estructurado con cada Estado miembro para acelerar la aplicación de la legislación del agua. Alemania fue el primero en completarlo. En la declaración conjunta firmada en Berlín el 5 de octubre, se compromete a adoptar con los länder una guía para decidir qué usos se priorizan cuando el agua no alcanza para todos y a estudiar una tasa federal de extracción que incentive un uso eficiente. En esa misma visita, la comisaria europea de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall, defendió que la Iniciativa Europea del Agua anunciada por von der Leyen trate el agua como una cuestión de seguridad y competitividad y priorice la eficiencia y la reutilización, la gestión de las sequías y la cooperación más allá de las fronteras.
Esa cooperación no es un asunto menor. Buena parte de los grandes ríos europeos atraviesa varios países y cuando el agua escasea, su reparto se convierte en una cuestión diplomática. En agosto, Italia y Suiza tuvieron que negociar de urgencia más caudal desde el lago de Lugano para sostener el riego de los arrozales del norte de Italia. La cooperación transfronteriza será además uno de los ejes de debate de la Conferencia de la ONU sobre el Agua, que se celebrará del 8 al 10 de diciembre en Abu Dabi y a la que la UE llega con su Estrategia de Resiliencia Hídrica como carta de presentación.
Pero convertir esa agenda en resiliencia efectiva exige también financiación. El 14 de octubre, la Comisión presentó el Water Resilience Investment Accelerator, un servicio de asesoramiento, no de financiación directa, que apoyará 20 proyectos piloto frente a una brecha de inversión que la propia Comisión cifra en unos 23.000 millones de euros al año. El riesgo es que, sin financiación suficiente ni normas vinculantes, la Iniciativa quede en una declaración de intenciones.
En agosto, el Rin bajó tanto que dejó al descubierto una bomba de la Segunda Guerra Mundial en Colonia y hubo que evacuar la zona para desactivarla. Las sequías hacen algo parecido y sacan a la luz vulnerabilidades que ya estaban ahí. El verano de 2026 no ha creado un problema nuevo, pero sí ha mostrado hasta qué punto la economía europea depende de un recurso que da por supuesto. La Iniciativa Europea del Agua será la ocasión de comprobar si la UE está dispuesta a tratarlo como una dependencia estratégica más y a dotarse de la gobernanza y la financiación necesarias antes de que llegue la próxima sequía.
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