Mensajes clave
- 2026 es un año de reconfiguración de la acción climática en un entorno adverso para la ambición. El contexto climático internacional estará marcado por la incertidumbre relativa a la gobernanza climática y el debilitamiento del multilateralismo, protagonizado en enero de 2026 por la retirada de Estados Unidos (EEUU) de instituciones clave.
- Se avanzará en el desarrollo de nuevos instrumentos: a nivel nacional en adaptación y transición justa. En la Unión Europea (UE) se revisarán distintos elementos del marco de energía y clima y se propondrán nuevas iniciativas en economía circular, resiliencia hídrica y gestión de riesgos.
- Turquía ejercerá la presidencia de la COP31. No obstante, gracias a un acuerdo innovador, Australia presidirá las negociaciones y se espera que solicite aportaciones al Fondo para la Resiliencia del Pacífico, apueste por forjar alianzas con la industria para avanzar en la descarbonización e invierta parte de su capital diplomático en las negociaciones con países productores de petróleo para el abandono gradual de los combustibles fósiles.
Análisis
Este análisis actualiza y desarrolla la contribución sobre política y gobernanza climática del Programa de Energía y Clima al documento colectivo del Real Instituto Elcano “España en el mundo en 2026: perspectivas y desafíos”, abordando las dimensiones española, europea y multilateral de la política climática.
España: continuidad de la política climática en un contexto político adverso
En España, 2026 se caracterizará por la continuidad de las políticas derivadas del Marco Estratégico de Energía y Clima que incluye la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), la nueva Estrategia de Transición Justa (2026-2030) y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC). Además, se seguirá trabajando en el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática presentado en 2025 para afrontar los efectos cada vez más extremos del cambio climático, si bien es probable que su alcance se vea limitado por el contexto político polarizado en lo relativo a la acción climática.
En cuanto a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, sigue pendiente la creación del Comité de Personas Expertas, que reforzaría el papel de la ciencia en el establecimiento de objetivos y medidas para la transición y en su evaluación. También ayudaría a reducir la desinformación y la polarización, en concordancia con la adhesión de España a la Iniciativa Global para la Integridad de la Información sobre Cambio Climático de la COP30. En 2026 se evidencia el reto de cumplir los objetivos de descarbonización del PNIEC para 2030. Para asegurar dicho cumplimiento, será necesario acelerar el ritmo de la transición energética, especialmente en el transporte y en la industria como muestran las Figuras 1 y 2.
Figura 1. Seguimiento de los objetivos del PNIEC
En 2026 se espera la publicación del segundo Programa de Trabajo (2026-2030) del PNACC, al que contribuirá el informe sobre la “Evaluación de Riesgos e Impactos derivados del Cambio Climático en España” (ERICC) publicado en 2025. De especial relevancia en el contexto actual, el informe ERICC incluye un capítulo de Paz, Seguridad y Cohesión Social que analiza tanto los riesgos derivados del cambio climático como aquellos que resultan de las políticas para afrontarlo. Futuras iteraciones del ERICC podrían contemplar las implicaciones geopolíticas de medidas unilaterales o minilaterales, por ejemplo, en el ámbito de geoingeniería (como la modificación de la radiación solar) que podrían afectar negativamente al régimen hídrico en España.
De hecho, entre los riesgos significativos derivados del cambio climático aparece el agua como un factor transversal. Para España, 2026 se perfila como un punto de inflexión para la política del agua al coincidir la elaboración de los borradores de los planes hidrológicos del Cuarto Ciclo de Planificación (2028-2033) en un contexto de mayor incertidumbre climática y de un marco normativo europeo más exigente, con nuevas obligaciones en tratamiento de aguas residuales, neutralidad energética, reutilización y aguas potables. 2026 también estará marcado por la consolidación de la digitalización del ciclo integral del agua, impulsada por los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), así como por la necesidad de abordar un déficit inversor estructural y un deterioro creciente del estado de las masas de agua. Todo ello hará necesario un marco de gobernanza más flexible y mejor coordinado, capaz de alinear planificación, financiación y capacidades de gestión ante la mayor presión sobre los recursos hídricos.
Esencial para la aceptación de la transición energética por parte de la ciudadanía, en diciembre de 2025, el Instituto para la Transición Justa inició el proceso participativo para elaborar la segunda Estrategia de Transición Justa (2026-2030). Lo más probable es que su alcance se amplíe más allá del cierre del carbón y la nuclear, incorporando sectores como la industria, el transporte, la agricultura, la construcción, etc., bajo un nuevo esquema de gobernanza y elaborando guías sectoriales para que los ministerios competentes impulsen la transición justa. España contará además con el Plan Social para el Clima (2026-2032), dotado con unos 9.000 millones de euros para compensar la ampliación del mercado europeo de emisiones (ETS) al transporte y la construcción (ETS2). Dados los ambiciosos objetivos renovables del PNIEC, la resistencia a su despliegue en algunos territorios y el reconocimiento en la COP30 de papel de las renovables en una transición justa, ampliar los instrumentos de gobernanza del phase out del carbón y de la nuclear al phase in de las renovables podría ayudar a cumplir con los objetivos climáticos de España, limitando los conflictos socioecológicos de los proyectos.
La política climática de la UE en 2026
En la UE, el año 2026 puede verse desde una triple perspectiva: acción, revisión y presión. En cuanto a la acción, será un año de puesta en marcha de algunos instrumentos, por ejemplo, la segunda fase del Mecanismo de Ajuste en frontera por Carbono (más conocido como CBAM). Se revisará, entre otros, uno de los instrumentos clave de la descarbonización de la UE, el ETS. Además, continuarán las presiones para retrasar y reducir la ambición climática.
Por otro lado, es previsible que se reconfigure el papel de la UE en las negociaciones climáticas internacionales. Ello se debe al aislamiento sufrido en la COP30 y al limitado impacto de su posición y preferencias. En respuesta a la transformación del orden internacional, en el que la confrontación y polarización se usan crecientemente como herramientas de presión, es posible que veamos una transición de la UE desde su histórico liderazgo ideacional en el ámbito climático hacia un liderazgo más estructural, menos naif, más realista y pragmático. Este liderazgo estructural de la UE se basaría en su posición como principal contribuyente a la financiación climática internacional y en el tamaño de su mercado.
El programa de trabajo de la Comisión para 2026 subraya la importancia de proteger a los ciudadanos de los efectos del cambio climático, propone reforzar la Unión de la Energía mediante mejoras en las redes y la electrificación. La priorización de la competitividad y la seguridad hará que la política climática se caracterice por la simplificación y la alineación con la política industrial, afectando a la revisión del marco de energía y clima (Directiva de Energías Renovables, la Directiva de Eficiencia Energética, el Mercado Europeo de Emisiones, etc.). Así lo indicaba la Brújula para la Competitividad, muy enfocada en la eficiencia y productividad europeas aun reconociendo que el cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos constituyen una amenaza creciente para la seguridad económica. Esta preocupación se refleja en la Comunicación sobre el próximo marco financiero plurianual, que subraya el elevado coste social y económico de las cada vez más frecuentes e intensas catástrofes relacionadas con el clima.
La Estrategia de Preparación de la Unión reforzará la capacidad de anticipación y prospectiva mediante una evaluación integral de riesgo (inundaciones, incendios forestales y otros eventos meteorológicos extremos exacerbados por el cambio climático). Entre las acciones propuestas destaca el refuerzo de Mecanismo de Protección Civil de la UE (rescEU) como reserva europea de capacidades de respuesta, movilizado por primera vez en España en los incendios del verano de 2025, durante la ola de calor más intensa registrada en el país. Para afrontar pérdidas cada vez mayores por fenómenos extremos, la Comisión Europea presentará en 2026 un Marco Integrado de Resiliencia Climática y Gestión de Riesgos acompañado de un plan de adaptación basado en la Evaluación Europea del Riesgo Climático (EUCRA). La Comisión otorgará a la economía circular un papel central para reforzar la seguridad económica, la resiliencia, la competitividad y la descarbonización europeas. La Ley de Economía Circular, prevista para 2026, pretende consolidar un mercado único de materias primas secundarias, aumentar la oferta de materiales reciclados y estimular su demanda.
El agua se coloca por primera vez explícitamente como un activo estratégico para la competitividad, la seguridad y la adaptación en la UE. La Estrategia de Resiliencia Hídrica de 2025 busca abordar desafíos como el estrés hídrico, la contaminación y la degradación de ecosistemas, fijando tres objetivos: (a) restaurar y proteger el ciclo del agua; (b) impulsar una economía inteligente del agua que refuerce la competitividad, atraiga inversiones y desarrolle la industria europea del sector; (c) garantizar agua limpia y asequible para la ciudadanía. La Comisión plantea mejorar la eficiencia para reducir al menos un 10% el consumo de agua en la UE en 2030, situando la digitalización como palanca clave con un Plan de Acción de digitalización del sector del agua previsto para 2026, y abordar el déficit de inversión en infraestructuras hídricas, estimado en 23.000 millones de euros anuales. La aplicación de la Estrategia de Resiliencia Hídrica constituye un desafío significativo, pues su efecto dependerá de que los Estados miembros pongan en marcha medidas operativas y mecanismos de seguimiento que evalúen su progreso.
En paralelo, en el marco del Plan de Acción RESourceEU, la Comisión prevé revisar la Directiva Marco del Agua en 2026 con el fin de facilitar el acceso a materias primas críticas. Aunque el proceso se presenta como un ejercicio de simplificación administrativa, el sector hídrico europeo alerta de que una reapertura de la Directiva podría generar incertidumbre regulatoria para los operadores de agua y las autoridades nacionales, así como un posible debilitamiento de la protección de las masas de agua, en la medida en que las prioridades de reindustrialización y autonomía estratégica pueden entrar en tensión con el principio de buen estado ecológico, pilar de la gobernanza hídrica europea.
En cuanto a la posición de la UE en las negociaciones climáticas internacionales, los retrasos en 2025 en la adopción del objetivo de reducir las emisiones en un 90% en 2040 generaron incertidumbre sobre el nivel de ambición europeo. El nuevo compromiso climático (Nationally Determined Contributions, NDC), calculado a partir del objetivo a 2040, fija para 2035 un objetivo de reducción de las emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) entre un 66,25% y un 72,5% respecto a 1990, abarcando todos los sectores. Además, el NDC europeo incluye la posibilidad de contar, para el cumplimiento de sus compromisos, con “una contribución adecuada de créditos (internacionales) de alta calidad provenientes de intercambios que se producen bajo el artículo 6 del Acuerdo de París”. Unos créditos que elEuropean Scientific Advisory Board on Climate Change (ESABCC) había indicado que se deberían evitar dadas las dudas sobre su integridad ambiental y el hecho de que pueden detraer recursos para las inversiones en la UE.
Gobernanza climática internacional: de la COP30 a la COP31
Con respecto a la COP30, es destacable que, pese a los avances insuficientes para la alineación con el objetivo de limitar el aumento medio de las temperaturas a 1,5°C establecido en el Acuerdo de París, en Belém la comunidad internacional mostró que el multilateralismo puede lograr avances climáticos. Algunos de los principales resultados (y limitaciones) de la COP30, sobre los que se seguirá trabajando en 2026, son:
- La presentación de 122 NDC actualizados, no alineados con el objetivo del 1,5°C, y las iniciativas para acelerar la acción: Global Implementation Accelerator y Mission 1,5°C. En el momento de escribir este artículo, decenas de países no habían enviado sus NDC, incluida la India, cuya decepción con el objetivo de financiación climática acordado en la COP29 de Bakú puede estar retrasando la publicación de dicho compromiso.
- La adopción de 59 indicadores para la adaptación que deberán desarrollarse para garantizar su rigor y usabilidad, que se prevé estén listos en la COP33.
- El llamamiento a triplicar la financiación para la adaptación en 2035. En 2026 podrían avanzar las negociaciones para mejorar el acceso a la financiación para la adaptación.
- Se alcanza un acuerdo para desarrollar un mecanismo de transición justa que: reconoce los derechos de trabajadores y pueblos indígenas, amplía el concepto de transición justa a la adaptación y reconoce la labor de las renovables como habilitadoras de dicha transición justa.
- La aprobación del Plan de Acción de Género 2026-2034.
- Se reafirma (no sin esfuerzo y con la resistencia de países como Arabia Saudí) el papel de la ciencia como base para la toma de decisiones, si bien sería necesario acompasar en el tiempo los informes del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) con la siguiente evaluación del avance hacia los objetivos del Acuerdo de París, el segundo Global Stocktake (GST2).
- Sitúa como prioridad combatir la desinformación mediante la Iniciativa Global para la Integridad de la Información sobre Cambio Climático, respaldada por España, entre otros países.
- Las conversaciones más difíciles sobre financiación, comercio, revisiones y alineación con el objetivo del 1,5°C se recogieron en el texto conocido como Global Mutirão donde se incluyeron limitadas referencias a medidas unilaterales de comercio (en clara referencia al CBAM), para conseguir el apoyo de la UE.
- Dos ámbitos clave para la acción climática que no fueron reflejados de manera explícita en los acuerdos, y sobre los que se seguirá trabajando en 2026 mediante hojas de ruta planteadas por Brasil, son la transición para dejar atrás los combustibles fósiles y la acción para hacer frente a la deforestación. En abril de 2026 tendrá lugar la Primera Conferencia Internacional sobre la Transición Justa para Abandonar los Combustibles Fósiles encabezada por Colombia y los Países Bajos.[1] En materia de bosques se presentó el Tropical Forest Forever Facility (TFFF), un instrumento innovador cuyo objetivo es financiar a los países que preserven los bosques tropicales.
En un acuerdo salomónico relativo a la organización de las negociaciones climáticas, la presidencia de la COP31 la ostentará Turquía, siendo Australia quien presida las negociaciones, seleccione a los cofacilitadores de las mismas e identifique paladines (climate champions) adicionales que liderarán la Agenda de Acción Global que impulsa la acción climática de actores que no son Partes del Acuerdo de París (gobiernos subnacionales, empresas, inversores, sociedad civil, etc.).
En Antalya, ciudad turca en la que se va a celebrar la COP31, se anticipa la reaparición de debates que ya han tensionado cumbres pasadas (financiación, medidas unilaterales de comercio, ambición, etc.). También se espera que cobre fuerza la discusión sobre la reforma del propio proceso de negociaciones climáticas, que podría volver a plantear, entre otros: (a) la convergencia de las Cumbres de Río sobre clima, biodiversidad y desertificación; (b) cambios en su periodicidad; y (c) cambios relativos a los principios de universalidad y consenso que han regido las negociaciones históricamente.
Por otro lado, se espera que Australia pida a las Partes financiación para el Fondo de Resiliencia del Pacífico (Pacific Resilience Facility) con el objetivo de conseguir 500 millones de dólares para hacer frente al cambio climático. Además, Australia trabajará en fortalecer sus relaciones con el sector industrial para favorecer la descarbonización. Por otro lado, parte del capital diplomático australiano se asignará a presionar a otros países productores de petróleo como Arabia Saudí para avanzar en una transición ordenada y justa para dejar atrás los combustibles fósiles.
Todo lo anterior se produce en un contexto de reconfiguración de la gobernanza climática global, protagonizada en enero de 2026 tanto por la salida de iure de EEUU del Acuerdo de París como por su retirada de 66 organizaciones internacionales. Entre ellas se incluyen diversos pilares de la acción climática concertada, como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), el IPCC y la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA). Esta decisión se ha enmarcado en una estrategia orientada a priorizar los intereses nacionales frente a instituciones “contrarias” a la agenda política estadounidense. Es más, en un nuevo revés a la acción climática, la Agencia de Protección Ambiental estadounidense (EPA) ha rescindido el dictamen de peligrosidad(endangerment finding) relativo al efecto de las emisiones de gases de efecto invernadero en la salud de los ciudadanos. Ello mina la capacidad de acción climática a nivel federal a futuro en el sector del transporte, industrial etc., salvo que haya una decisión en contra de la rescisión del dictamen de seguridad por parte de los tribunales.
Siguiendo esta misma lógica, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció la retirada del país del principal mecanismo financiero para hacer frente al cambio climático, el Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés) y la renuncia a su asiento en el consejo de administración del fondo. Este nuevo ataque estadounidense a la arquitectura financiera del régimen climático internacional se suma a las tensiones presupuestarias de la secretaría de la UNFCCC y de otras instituciones. En el caso de IRENA, la agencia se ha visto obligada a explorar fuentes alternativas de financiación para cubrir la brecha de cerca del 22% que representaba la contribución estadounidense, con algunos Estados miembros reafirmando su compromiso con la agencia en foros internacionales. España, en particular, ha asumido la vicepresidencia de la 16ª Asamblea de IRENA, reforzando el papel de las renovables como eje de desarrollo económico y seguridad energética, clave en el contexto bélico actual.
Si bien las negociaciones climáticas y los procesos de evaluación científica siguen contando con el respaldo de la UE y de una amplia mayoría de países, la ausencia del segundo mayor emisor –y hasta ahora uno de los mayores contribuyentes a la financiación climática internacional– se deja sentir en los procesos multilaterales y obliga a replantear mecanismos de financiación y cooperación.
Al tiempo que EEUU deja de formar parte (esperemos que temporalmente) de la arquitectura climática internacional, China, primer emisor de GEI a nivel global, reafirma su apoyo al multilateralismo y a la cooperación climática, a pesar de su frustración por el lento avance de las negociaciones climáticas internacionales.[2] Siendo además el mayor inversor en renovables del mundo y solicitando el 75% de las patentes en energías limpias, la apuesta económica de China por la transición energética continúa
En 2025, el NDC de China incluye el objetivo de reducir sus emisiones netas de GEI entre un 7% y un 10% a partir del máximo de sus emisiones. Un cambio significativo en comparación con sus objetivos previos en los que únicamente se comprometía a reducir la intensidad de sus emisiones. Sin embargo, según Climate Action Tracker (2025), los objetivos de China no se considerarían ambiciosos ya que las políticas actuales conllevarían una reducción de sus emisiones entre un 10% y un 16% en comparación con las emisiones de 2024. Cabe señalar, no obstante, que China suele fijar objetivos para posteriormente superarlos ampliamente: “underpromising and overachieving”. China establece además el objetivo de aumentar el porcentaje de combustibles no fósiles en su consumo energético a más del 30%. También aspira a multiplicar por seis la energía solar y eólica que tenía en 2020 hasta alcanzar 3.600GW de renovables en 2035. Además, establece el objetivo de alcanzar 24 millones de m3 de stock forestal. En marzo de 2026 se espera que publique el XV Plan quinquenal con nuevos objetivos energéticos y climáticos en 2030. En cuanto a los instrumentos de mercado, China anuncia la expansión de su mercado de emisiones para incluir a los mayores emisores de GEI (acero, cemento y aluminio), lo cual puede limitar el impacto del CBAM.
En materia de agua, 2026 estará marcado a escala global por una situación de “bancarrota hídrica”, que amplifica riesgos geopolíticos y de seguridad, especialmente en regiones con cuencas transfronterizas y fragilidad institucional. Así lo ilustran la cuenca del Nilo, donde las tensiones entre Egipto y Etiopía se encuentran en plena escalada tras la inauguración de la Gran Presa del Renacimiento Etíope en septiembre de 2025, y el caso de Irán, en el que la escasez de agua es uno de los detonantes de las protestas sociales.
En este escenario internacional, España ha reforzado su perfil en diplomacia hídrica. En 2025 acogió en Madrid la Reunión de Ministros del Agua de la alianza Sanitation and Water for All (SWA), un encuentro que permitió avanzar en la negociación de un Pacto sobre Seguridad Hídrica y Resiliencia orientado a integrar de forma más coherente las políticas de agua, saneamiento y adaptación climática. Este impulso diplomático constituye un antecedente fundamental para la 3ª Conferencia del Agua de la Naciones Unidas de 2026, donde se espera avanzar hacia compromisos globales más verificables en materia de seguridad hídrica. Además, en el plano exterior, la experiencia española en gestión de sequías, adaptación climática y tecnologías como la reutilización y la desalación puede hacer que España desempeñe un papel destacado en el nuevo Pacto por el Mediterráneo, que sitúa la resiliencia hídrica como prioridad regional y promueve una respuesta coordinada.
Conclusiones
En 2026 continúa la aplicación del Marco Estratégico de Energía y Clima en España, observándose una brecha no menor para la consecución de los objetivos de descarbonización. Se prevé la publicación de la segunda Estrategia de Transición Justa en España con un enfoque ampliado más allá del sector energético, así como la aprobación del segundo Programa de Trabajo (2026-2030) del PNACC. Asimismo, se continuará avanzando en el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática de 2025 si bien su alcance efectivo podría verse limitado el contexto político altamente tensionado.
A nivel europeo, la acción climática en 2026 estará condicionada por la priorización de la competitividad y la seguridad, lo que se traducirá en mayor simplificación normativa y alineación con la política industrial. Sin renunciar a la ambición climática, la Comisión reforzará los enfoques centrados en la resiliencia, la gestión de riesgos y la preparación ante fenómenos extremos y un nuevo impulso a la adaptación. La economía circular ofrece en este contexto soluciones para reforzar la seguridad económica, la resiliencia y la descarbonización europeas.
Para conservar (o recuperar) parte de liderazgo climático de la UE, hacia uno más estructural, se espera que la UE: (1) aproveche su poder de mercado para impulsar su agenda climática, incluyendo (se espera) el acuerdo UE-Mercosur; (2) mejore su coordinación interna y con la presidencia rotatoria del Consejo; (3) siga avanzando en la agenda climática fuera del proceso de la CMNUCC (por ejemplo, en la COP sobre Biodiversidad en Armenia, a través del apoyo a la Hoja de ruta sobre los bosques y el clima y la Hoja de ruta para la transición para dejar atrás los combustibles fósiles defendida por Lula en la COP30, mediante el apoyo a otras coaliciones (coalition of the willing) o clubes climáticos transformacionales para ayudar a avanzar en la acción climática en consonancia con la ciencia); (4) anticipe las interacciones con las Partes del Acuerdo de París para crear alianzas antes de las COP (y multianuales) con el fin de aumentar su visión estratégica y limitar el aislamiento de la UE.
Los avances de la COP30 celebrada en Brasil reafirmaron el compromiso con el multilateralismo climático, aunque sin acuerdos ambiciosos y aplazando buena parte del trabajo, incluyendo los acuerdos para fomentar la transición para dejar atrás los combustibles fósiles y para frenar la deforestación. La cumbre climática de 2026 que presidirá Turquía, pero cuyo presidente de las negociaciones será Australia, volverá a tratar el tema de los instrumentos comerciales unilaterales, la financiación climática y una posible reforma del proceso de negociación en aras de acelerar la acción climática, entre otros.
Además de abandonar de iure el Acuerdo de París, a comienzos de 2026, la Administración Trump impulsó el mayor giro unilateral de EEUU en décadas mediante una orden presidencial que establece la retirada del país de organizaciones internacionales como la UNFCCC, el IPCC y la IRENA, entre otras. A ello se suma el desmantelamiento de la política climática a nivel federal. Si bien la ausencia de EEUU ofrece cobertura a posiciones menos ambiciosas también deja un vacío de liderazgo en favor de rivales geopolíticos como China, que reafirma su apuesta por las energías renovables como estrategia de crecimiento, el multilateralismo y la cooperación climática.
Por otro lado, el agua emerge en 2026 como un factor estratégico transversal. La creciente presión sobre los recursos hídricos refuerza la resiliencia hídrica en las agendas europea y nacional, donde la experiencia española en gestión de sequías, planificación hidrológica y tecnologías como la reutilización y la desalación constituye un activo relevante.
En 2026 confluyen una mayor incertidumbre en el ámbito de la gobernanza climática con un debilitamiento del multilateralismo. Aprovechar este contexto para cumplir con los compromisos climáticos contraídos exigirá centrar los esfuerzos en la implementación efectiva de políticas ya definidas y en reforzar la preparación y capacidad de anticipación, la gestión de riesgos y la resiliencia como elementos centrales de seguridad y competitividad.
[1] Tras la adopción de la Declaración de Belém sobre el abandono de los combustibles fósiles que fue apoyada por 24 países, incluidos España y Australia.
[2] Habiendo presentado desde 2021 iniciativas como elGlobal Development Initiative para promocionar la cooperación en diversos ámbitos incluido el climático.
