Ver también versión en inglés: Gender equality in Trump’s America.
Tema
¿Cuál es el impacto de las decisiones y las políticas públicas relativas a los derechos y libertades de las mujeres durante el primer año de mandato del presidente Trump?
Resumen
A lo largo de este primer año el presidente Trump ha eliminado o anulado una serie de medidas aprobadas por su predecesor para luchar en contra de la desigualdad de género, un problema no menor en EEUU. Se han suprimido medidas destinadas a combatir la discriminación laboral, la brecha salarial, el acoso sexual en el trabajo y el abuso sexual en la escuela y la universidad, así como a garantizar los derechos sexuales y reproductivos (incluida la supresión de la aportación al Fondo de Población de Naciones Unidas). Frente a este retroceso, la fuerte movilización social y política, en particular de las mujeres, podría traducirse, en las elecciones midterm de noviembre próximo, en una mayor presencia de las mujeres en las instituciones, en un país muy alejado de la paridad en el poder político, y cuya sociedad aparece fuertemente dividida en términos de posicionamiento político en materia de igualdad de género.
Análisis
La brecha de género, aún más amplia en 2017
Aunque ningún país del mundo ha logrado cerrar completamente la brecha de género, EEUU no pertenece al reducido grupo de países que están más cerca (o menos alejados) de conseguirlo. Así, según el Informe global 2017 de brecha de género del Foro Mundial de Davos,1 EEUU se sitúa en el puesto 49 de los 144 países que cubre el Informe (España aparece en el puesto 24). Si bien se trata de un dato similar a la edición de 2016, en cuyo informe EEUU ocupaba el puesto 452 de 144 países, constituye un retroceso muy importante si tenemos en cuenta el informe de 2015, en el que EEUU se situaba en el puesto 28 del total de 145 países analizados.3 Se trata, pues, de una caída de 21 puestos en el ranking.
Figura 1. Ranking Informe global de brecha de género 2017-2015
| 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| EEUU | 49 | 45 | 28 |
| España | 24 | 29 | 25 |
Fuente: elaboración propia con datos del Global Gender Gap Report 2015, 2016 y 2017.
Los datos son aún peores si nos referimos al subíndice de empoderamiento político, en el cual EEUU baja hasta el puesto 96 del ranking (España ocupa el puesto 22), cayendo más de 20 puestos respecto al año anterior. La escasa presencia de mujeres en este ámbito es común al poder legislativo (Cámara de Representantes y Senado) y al poder ejecutivo (federal y de los Estados).
Figura 2. Informe global de brecha de género: ranking del subíndice de empoderamiento político de EEUU, 2017-2015
| 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Empoderamiento político | 96 | 73 | 72 |
Fuente: elaboración propia con datos del Global Gender Gap Report 2015, 2016 y 2017.
Aunque EEUU ha logrado cerrar la brecha de género en materia de educación (junto con otros 26 países, entre los que se encuentran Canadá, Francia, Israel, los Países Bajos, Brasil, Irlanda, Australia, Bélgica, Cuba y Finlandia, entre otros) y se sitúa en el puesto 19 del ranking en el subíndice de oportunidades económicas (que mide el porcentaje de mujeres en la población activa, la igualdad salarial y las posiciones profesionales que ocupan), el bajo resultado en materia de empoderamiento político refleja que, a pesar de que se ha logrado la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito educativo, persisten barreras para que las mujeres accedan al poder político.
Comenzando por el poder legislativo, apenas ha habido progresos en los últimos años. La presencia de mujeres en el Congreso estadounidense está muy lejos de la paridad, con sólo 104 parlamentarias: 20 senadoras (el 20% del total) y 84 miembros de la Cámara de Representantes (19% del total), cifra que permanece inalterada desde 2015. Los avances han sido realmente muy escasos desde el 3% registrado en 1971 al 19% actual.
En el poder ejecutivo de los estados, las cifras de presencia de mujeres son aún más bajas: apenas cuatro gobernadoras del total de 50 Estados, lo que representa un exiguo 8% de mujeres en esta responsabilidad política.
Adicionalmente, y si analizamos el gabinete y la Administración del presidente Trump, el retroceso es notable. Tan solo tres mujeres como secretarias al frente de los departamentos de Interior, Transporte y Educación, frente a 13 hombres que ocupan, además, los puestos de mayor peso como Defensa, Estado, Tesoro y Justicia.
Asimismo, según los datos disponibles,4 de los 410 cargos propuestos hasta ahora por el presidente Trump que requieren aprobación del Senado, tan solo el 21% son mujeres, frente a un 79% de hombres. El gobierno del presidente Obama, aunque no llegó a la paridad en la designación de los cargos de la Administración, nombró a un 43% de mujeres, frente a un 57% de hombres. Cabe recordar que la composición de la fuerza laboral de EEUU, según datos del Banco Mundial, se distribuye entre un 46% de mujeres y un 54% de hombres.
En un escenario en el que la brecha de género en la participación política parte de unos valores elevados, cualquier paso atrás tiene un gran impacto. A esto hay que sumar el hecho de que la brecha en este ámbito requiere de medidas proactivas, sostenibles en el tiempo, para conseguir y consolidar la presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad política.
Desmontando la agenda Obama: el retroceso en los derechos y libertades de las mujeres
Temas clave como la igualdad salarial, los permisos de maternidad remunerados (sólo el 25% de las mujeres disfrutan de este derecho en EEUU, siendo el único país del mundo desarrollado que no lo garantiza), los derechos de salud sexual y reproductiva, y la violencia de género son problemas en ningún caso resueltos en EEUU.5
El presidente Trump ha ido, paso a paso, desmontando los avances impulsados por su predecesor en relación a los derechos y libertades de las mujeres, no sólo en la dimensión de la salud sexual y reproductiva (que choca abiertamente con la línea ideológica y su agenda ultraconservadora), sino también en el de la discriminación laboral y el acoso sexual en el trabajo, y en el ámbito escolar y universitario, cuestiones que están lejos de entrar en conflicto con las creencias religiosas o morales, como se alude en relación a los derechos sexuales y reproductivos. Las decisiones tomadas por la actual Administración a lo largo de 2017 son, por tanto, coherentes con el tratamiento de los derechos de las mujeres que caracterizó la campaña electoral, en la que Trump hizo ostentación de su menosprecio a las mujeres, con comentarios machistas y sexistas en numerosas ocasiones.
En concordancia con todo ello, una de las primeras órdenes ejecutivas6 firmadas por el presidente fue la prohibición de destinar fondos federales a organizaciones que asesoren a otros países sobre la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, la aplicación de la conocida como “Ley de la Mordaza Global” (Global Gag Rule), que estipula que todas las ONG que reciben fondos federales deben abstenerse de promover o realizar servicios relacionados con el aborto en el exterior.
Aplicada por las Administraciones republicanas desde que el presidente Reagan la instaurara en 1984, y derogada por las Administraciones demócratas de Clinton (en 1993 y hasta 2001) y Obama (desde enero de 2009 hasta el pasado enero de 2017), la norma supone el bloqueo de la financiación a cualquier organización que apoye la interrupción voluntaria del embarazo en cualquier parte del mundo.7 Planned Parenthood, una de las organizaciones más conocidas y que tiene programas de planificación familiar y proporciona diagnóstico prenatal en varios países del mundo, además de prestar atención a más de 2 millones y medio de pacientes en EEUU, ha sido una de las ONG afectadas por la restauración de la norma.
En esta misma clave, y alegando que sus actividades violan la política de EEUU contraria al aborto, en abril el presidente Trump suspendió la financiación8 a la Agencia de Población de Naciones Unidas, que procura planificación familiar y salud reproductiva en más de 150 países del mundo. Como señaló el propio organismo de Naciones Unidas, el Fondo de Población contribuyó en 2016 a salvar la vida de miles de mujeres durante el parto y la crianza, a prevenir casi un millón de embarazos y a prevenir casi 300.000 abortos inseguros. Debido a la pérdida que representa la aportación estadounidense, el portavoz del secretario general de Naciones Unidas (que ha señalado que esta decisión podría tener efectos devastadores en la salud de mujeres y niñas vulnerables y en sus familias en todo el mundo), ha apelado a otros donantes a incrementar sus aportaciones.
También hay que sumar la decisión de eliminar la obligación de los empleadores de incluir en los seguros de sus empleados la cobertura de planes de control de natalidad (garantizados por el Obamacare), y que representa la limitación del acceso a los anticonceptivos para cientos de miles de mujeres. La decisión permite que cualquier compañía, y también las universidades, basándose en “creencias religiosas o convicciones morales sinceras”, dejen de ofrecer cobertura de anticonceptivos, una excepción que anteriormente sólo incluía a iglesias o casas de culto.
En materia laboral, en agosto del pasado año se eliminaba una de las iniciativas diseñadas por la Administración Obama para luchar contra la discriminación laboral de género y hacia las minorías. La norma, finalizada en septiembre de 2016 tras seis años de investigación9 y consultas con empresarios, empresas encargadas de gestionar y administrar nóminas, la academia y grupos de discusión sobre discriminación laboral, debería haber entrado en vigor en marzo de 2017. Dicha norma obligaba a las empresas a desglosar los salarios en base a la etnia, la raza y el género, y remitir la información a la Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo. El objetivo era descubrir dónde se producían las mayores brechas, y ayudar a corregirlas. Al eliminar esta medida (considerada por la actual Administración como una carga para los empresarios y de dudosa utilidad), los poderes públicos continuarán sin disponer de datos que hagan emerger las desigualdades de género y, por tanto, les priva de la posibilidad de combatirlas.
Según una encuesta reciente, el 42% de las mujeres afirman haber experimentado discriminación de género en el trabajo.
A la medida señalada más arriba hay que sumar la derogación de la ley Fair Pay and Safe Workplaces,10 aprobada bajo la Administración Obama y que prohibía a las compañías con contratos federales mantener en secreto los incidentes de acoso sexual y discriminación en el trabajo. La ley “Lugares de trabajo seguros y salarios justos” de 2014 impedía que las empresas afectadas, en las que trabajaban 26 millones de personas, forzaran a sus trabajadores a solucionar los casos de acoso mediante procedimientos de arbitraje, una práctica habitual para no hacerlos públicos. La ley protegía a las mujeres en dos aspectos: daba transparencia sobre su salario; e incorporaba la prohibición expresa de forzar a un arbitraje en casos de acoso sexual. Cabe recordar que las mujeres ganan, en promedio, 83 céntimos por cada dólar que ganan los hombres.
A esta rescisión hay que sumar la anulación de las medidas (aprobadas también por la anterior Administración) destinadas a proteger a las víctimas de acoso y abuso sexual en el ámbito escolar y universitario. El documento, aprobado en 2011, definía el abuso sexual y establecía un nuevo paradigma sobre cómo debían reaccionar las escuelas y universidades antes los casos de abuso sexual. Con estas medidas, el indicio de prueba era suficiente para iniciar una investigación. La nueva guía aprobada por la Administración Trump endurece las condiciones para poder iniciar la investigación (requiriendo de “pruebas claras y convincentes”),11 lo que según las organizaciones en defensa de los derechos de las mujeres producirá un efecto disuasorio a la denuncia de las agresiones sexuales y hará que los campus sean menos seguros. El problema de la violencia en la universidad no es menor.12 Una de cada cinco mujeres y uno de cada 16 hombres son agredidos sexualmente en la universidad. Más del 90% de las víctimas no denuncian la agresión.
En este punto hay que señalar que los checks and balances del modelo estadounidense han jugado, también en este ámbito, un papel clave para proteger los derechos de las mujeres. Así, algunos estados, como California, Delaware, Maryland, New York y Virginia, han interpuesto demandas judiciales contra la decisión de suprimir el acceso a los anticonceptivos, mientras otros estados, como Hawái, Maine y Nevada han asegurado el acceso a medidas de control de natalidad durante un año. No obstante, el impacto de las decisiones federales será difícil de revertir, y sin duda tendrá un efecto importante en la vida de las mujeres, especialmente en la de las mujeres más desfavorecidas y con menos recursos.
Por último, cabe señalar que el primer presupuesto federal presentado por el presidente Trump13 no contiene, literalmente y por primera vez en los últimos años, ni una sola referencia a las mujeres. A diferencia de los presupuestos del año fiscal 2017 (en los que se hacía referencia a la aportación de las mujeres a la fuerza laboral y a la promoción de sus derechos en el mundo), del año fiscal 2016 (que mencionaba inversiones en la salud, la educación y la seguridad de las niñas y las adolescentes, las mujeres migrantes, el Programa de nutrición para mujeres y niños, y medidas de apoyo a las mujeres embarazadas) y del año fiscal 2015 (que incluía apoyo a la promoción de mujeres en los campos STEM –ciencias, tecnología y matemáticas– y un paquete importante de inversiones y esfuerzos en la lucha contra la violencia de género, entre otras), por citar los presupuestos de los tres años anteriores, este presupuesto federal para 2018 ignora a las mujeres.
Un apunte final: varios puestos creado por la anterior Administración para promover los derechos de las mujeres, como la Embajada para asuntos globales de las mujeres en el marco del Departamento de Estado14 y la dirección de la Oficina para la lucha contra la violencia de género, en el Departamento de Justicia, siguen vacantes. Y tampoco está activa una institución creada por el presidente Obama, el Consejo de Mujeres y Niñas de la Casa Blanca, cuyo objetivo era asegurar la coordinación de todas las agencias y unidades de la Administración en temas que afecten a las mujeres y las niñas.
Las mujeres, ¿protagonistas de las elecciones midterm de noviembre de 2018?
La elección del presidente Trump ha generado un mayor interés en la política, sobre todo entre los votantes demócratas y muy en particular en las mujeres, así como un efecto de movilización social de las mujeres y las organizaciones feministas.
El 20 de enero de 2017 se produjo la mayor movilización reciente en EEUU, que tuvo lugar en varias ciudades del país (así como en otros países) convocada para protestar en contra de las políticas que previsiblemente pondría en marcha el presidente Trump en materia de género, y para recordar que los derechos de las mujeres “son derechos humanos”.
Los pasados 20 y 21 de enero de 2018 volvieron a convocarse las marchas en varias ciudades de EEUU (y también en otros países del mundo), esta vez con el lema “poder para las urnas”.
La presidencia de Trump podría tener un efecto directo en la participación política de las mujeres, uno de los ámbitos, como se ha señalado, donde la brecha de género es mayor.
Las elecciones midterm del próximo mes de noviembre de 2018 que elegirán, entre otros, 33 senadores, los 435 miembros de la Cámara de Representantes y los gobernadores de 39 estados, podrían materializar ese efecto y traducirse en una mayor participación política de las mujeres. La movilización de las mujeres para conformar candidaturas, en particular por parte del Partido Demócrata, está adquiriendo una dimensión sin precedentes. Organizaciones como EMILY’s list,15 un comité de acción política (PAC) especializado en apoyar las candidaturas de mujeres demócratas, y otras organizaciones similares, están jugando un activo papel ofreciendo formación y asesoramiento a las candidaturas de mujeres para los ámbitos estatal y local. Desde la elección del presidente Trump, más de 26.000 mujeres han contactado con EMILY’s list para solicitar apoyo a sus posibles candidaturas.
Según los últimos datos del Center for American Women and Politics del Eagleton Institute for Politics de la Universidad de Rutgers,16 el número de mujeres candidatas a la Cámara de Representantes se habría incrementado exponencialmente, situándose en la cifra de 397 mujeres candidatas (217 demócratas y 80 republicanas), frente al número actual de 84 (62 demócratas y 22 republicanas).
También en las elecciones a los 33 gobernadores de los estados hay perspectivas de un mayor número de candidatas, pues según los datos más recientes17 hasta un total de 79 mujeres (48 demócratas y 31 republicanas) habrían presentado su candidatura.
Habrá que esperar a la celebración de las elecciones primarias (que empezarán a tener lugar en varias semanas) para valorar el peso de esta movilización, y si ésta se traduce en un porcentaje importante de mujeres compitiendo en las elecciones del 6 de noviembre. Pero, sin duda, el número de pre-candidaturas de mujeres ha alcanzado una cifra histórica que, de traducirse en candidaturas definitivas y en votos el 6 de noviembre, contribuirá a un incremento de la presencia de las mujeres en el poder legislativo federal y en el nivel ejecutivo de los estados.
Percepciones sobre la igualdad de género en EEUU
Las opiniones en materia de igualdad de género reflejan, según estudios recientes del Pew Research Center, una fuerte división en el país, que se explicaría, entre otras razones, por “la ruptura partidista que impregna los valores y la cultura americana en estos tiempos”. La fuerte polarización de la sociedad norteamericana que ha puesto de manifiesto la elección presidencial también se refleja en la percepción sobre la situación en materia de igualdad, y sobre la necesidad (o no) de impulsar políticas públicas para avanzar.
Aunque la mayoría de los norteamericanos está de acuerdo en que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres (un 82%), sólo la mitad considera que el país aún tiene que avanzar, mientras el 39% considera que “las cosas están donde deben estar”.
Adicionalmente, la división entre demócratas y republicanos es notable. Así, mientras los demócratas están muy insatisfechos con el progreso del país en este tema (un 69% considera que el país no ha progresado lo suficiente en garantizar la igualdad de derechos a las mujeres), sólo el 26% de los republicanos considera que hay que hacer más, mientras que un 54% cree que la situación es buena.
Las diferencias entre hombres y mujeres son también importantes. Mientras el 57% de las mujeres considera que el país no ha avanzado lo suficiente (frente a un 33% que cree que sí), sólo el 42% de los hombres sería de esta opinión, frente a un 44% que considera buena la situación. Si sumamos las variables de género y posicionamiento político, el 74% de las mujeres demócratas y el 64% de los hombres demócratas considerarían que el país tiene trabajo por hacer para lograr la igualdad de género. Además, el porcentaje de mujeres republicanas que considera que no se ha avanzado lo suficiente sólo llega al 33% (frente a un 20% de hombres republicanos que comparten esta opinión). Adicionalmente, el 22% de los hombres republicanos y el 14% de las mujeres republicanas creen que el país ha ido “demasiado lejos”.
Las opiniones de la sociedad norteamericana sobre cómo se ha avanzado en los derechos de las mujeres y en la igualdad de género, además de reflejar una clara polarización, muestran las dificultades de superar los estereotipos, cuando el 44% de los hombres califican de buena la situación y el 22% de los hombres republicanos y el 14% de las mujeres republicanas consideran que el país “ha ido demasiado lejos” en materia de igualdad de género.
Conclusiones
No cabe duda de que el presidente Trump está abordando también los temas relativos a la igualdad de género con un profundo tinte ideológico ultraconservador (y también antifeminista), y sin medir las consecuencias que la desigualdad (también entre hombres y mujeres) tiene en la estabilidad social y económica. Su campaña electoral abiertamente sexista y machista auguraba algunas restricciones de derechos y libertades ya conquistados por las mujeres, que han ido materializándose a lo largo del primer año de su mandato.
Todas las iniciativas en marcha tendrán, en mayor o menor medida, impacto en la vida de las mujeres y de sus familias, en particular de las más desfavorecidas. La falta de referentes de mujeres en puestos de responsabilidad política, la cultura del silencio en el caso de la violencia de género, la brecha salarial, o la falta de acceso gratuito a medidas de planificación familiar, además de poner nuevas barreras a la igualdad real y efectiva, perpetúan los estereotipos de género que dificultan el cambio cultural pendiente en la mayoría de los países, por no hablar de las pérdidas económicas que representan para su PIB.
No obstante, la desigualdad de género en EEUU no puede ser atribuida al actual presidente, o a la actual Administración. El país parte de una brecha muy amplia para una democracia consolidada como la norteamericana, la primera potencia económica del mundo, y que apenas en los últimos años ha aprobado algunas medidas concretas para combatir las desigualdades de género.
La repercusión que para los derechos de las mujeres puede tener el mandato del presidente Trump es aún difícil de evaluar, pero cabe suponer que la tendencia iniciada se va a mantener, cuando no a ampliarse a otras esferas. En todo caso, y teniendo en cuenta que cerrar la brecha de género requiere medidas sostenidas y permanentes, las medidas actuales contribuirán a ampliar las desigualdades, haciendo más difícil y más lejana la igualdad real.
La movilización de las mujeres y de las organizaciones feministas a lo largo de todo este año ha sido, también, un efecto (imprevisible y sin duda indeseado para la actual Administración) del primer año del presidente Trump. A su rechazo firme, desde el primer día de su mandato, a la pretendida “nueva normalidad” de un presidente abiertamente machista y sexista, se ha sumado una movilización política sin precedentes, con cientos de mujeres candidatas a las elecciones midterm que tendrán lugar el próximo mes de noviembre. De confirmarse sus candidaturas en las elecciones primarias y traducirse en victorias electorales, se podría generar no sólo un cambio en el equilibrio de fuerzas entre los dos partidos políticos, sino también un incremento relevante de la presencia de mujeres en el Senado, la Cámara de Representantes y el poder ejecutivo de los estados.
Por último, no hay que despreciar el impacto global que las posiciones del presidente Trump tienen en esta materia, no sólo en términos de aportaciones presupuestarias a organizaciones de Naciones Unidas que trabajan en favor de la igualdad de género, sino también por la capacidad de influencia y referente en otros países del mundo. El compromiso de EEUU con el objetivo cinco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas en 2030, está seriamente en duda.
María Solanas Cardín
Coordinadora de proyectos, Real Instituto Elcano | @Maria_SolanasC
1 Informe 2017 Brecha Global de Género.
2 Informe 2016 Brecha Global de Género.
3 Informe 2015 Brecha Global de Género.
5 María Solanas (2016), “Género y Elecciones Presidenciales en EEUU 2016”, ARI nº 67/2016, Real Instituto Elcano.
6 Revocación presidencial de la “Política de Ciudad de México.
7 Center for Health and gender equity on Global gag rule.
9 Informe final de expertos sobre la recogida de datos salariales, 2015.
10 Orden ejecutiva Fair pay and safe workplaces, 2014.
11 Nueva guía sobre conducta sexual inapropiada en el campus.
12 National Sexual Violence Research Center.
13 Presupuesto federal de los Estados Unidos 2018.
14 Global Women’s Issues (Ambassador at large): Vacant.
15 EMILY’s list.
16 Center for American Women and Politics, Universidad Rutgers.
17 Center for American Women and Politics, Universidad Rutgers.
