Mensajes clave
- Tras la extracción de Nicolás Maduro han aumentado las posibilidades del fin del régimen castrista en Cuba.
- El desgobierno provocado por el régimen se ha agravado en los últimos años, dando lugar a una profunda crisis visible en múltiples niveles
- El holding empresarial GAESA, teóricamente controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), pero en realidad en manos de la familia Castro, ha permitido un drenaje constante de recursos fuera del área de las políticas públicas en favor de la población.
- Las FAR podrían desempeñar un papel esencial en una transición sin la presencia de la familia Castro
Análisis
A raíz de la exitosa y fulminante operación de extracción de Nicolás Maduro, expertos y analistas debaten si es posible o no que la siguiente sea la dictadura cubana. Ese escenario se ha avivado con la nueva orden ejecutiva del presidente Donald Trump declarando una emergencia nacional y estableciendo un proceso para imponer aranceles a los productos provenientes de países que venden o suministran petróleo a Cuba bajo la lógica de proteger la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos (EEUU) de las acciones, alianzas y políticas que promueve el régimen cubano.
En la isla, los cubanos viven días de extrema tensión, marcados por una grave crisis humanitaria –que no comenzó con la extracción de Maduro ni con las nuevas presiones de EEUU sino mucho antes– caracterizada por el colapso energético, el desabastecimiento de alimentos y medicamentos, la crisis del sistema de salud y el abastecimiento de agua potable. Tampoco el gobierno dedicó el 100% del petróleo recibido de Venezuela, México y Rusia al bienestar de la economía y de la población. Alrededor del 60% del petróleo de Venezuela entre 2024 y 2025 fue rexportado a mercados asiáticos por Cuba Metales, una corporación asociada al conglomerado GAESA. El producto de estas ventas iba a parar a sus cuentas bancarias en paraísos fiscales. El 40% que quedaba en Cuba priorizaba las necesidades del aparato represivo y el sector turístico controlado por GAESA. Al final de esta lista estaban las necesidades energéticas de la población. Si a Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana, la convencieron de que sus donaciones petroleras tenían una naturaleza humanitaria para auxiliar a la población cubana, la engañaron. La crisis humanitaria que algunos achacan al presidente Trump ya existía de antes de su llegada a la presidencia.
En un contexto de creciente crispación de la población, el gobierno cubano vive un clima de nerviosismo ante las señales que llegan de Washington. El endurecimiento drástico de la política estadounidense bajo la Administración Trump –incluido el anunciado castigo con tarifas comerciales al suministro petrolero que La Habana llama “bloqueo” como si los barcos estacionados frente a Venezuela estuviesen ahora cercando la isla– coincide con apagones casi totales, colas masivas por gasolina, cacerolazos nocturnos, movilizaciones militares (que sólo reflejan su inferioridad ante cualquier iniciativa estadounidense) y un refuerzo visible del aparato represivo.
Cuba sufre desde la segunda mitad de 2024 la peor crisis humanitaria estructural, generalizada y crónica bajo el dominio del régimen, una crisis que muestra una tendencia acelerada a agravarse. No se trata ya de una coyuntura económica adversa, sino del colapso simultáneo de los sistemas productivo, energético, sanitario y de provisión social básica, que ha colocado a amplios sectores de la población en condiciones de supervivencia. El Estado ha perdido de manera significativa su capacidad de gobernar y proveer servicios esenciales. Todos los indicadores clásicos de gobernabilidad muestran valores negativos y en deterioro constante: suministro eléctrico, acceso al agua potable, atención sanitaria, transporte, seguridad ciudadana, disponibilidad de alimentos y credibilidad institucional. Esta degradación –comenzada mucho antes de la acción militar de EEUU en Caracas y de las nuevas medidas que anuncia Washington para Cuba– se profundiza semana tras semana, sin señales de reversión.
Quizás lo más grave para la estabilidad del gobierno no sea la crisis económica per se, sino que el aparato de manipulación psicológica de la población ha perdido la capacidad de moldear la percepción ciudadana. El partido comunista ha enajenado a buena parte de sus militantes y a sus otrora bases de apoyo popular. En su inmensa mayoría los cubanos no creen ni en el partido ni en sus líderes, más bien los detestan, aunque se nieguen a declararlo por razones obvias ante un periodista extranjero. Los ancianos nonagenarios y octogenarios líderes de la línea dura, asentados en la cúpula de poder, han perdido el sentido de la realidad. Su mundo imaginario parece seguir anclado en la década de los 60. A esto se suma el estado de shock en el que han quedado, en especial los militares, ante la incapacidad de sus servicios de inteligencia y de protección personal para evitar la extracción de Maduro. Su derrota ha ridiculizado el discurso de atrincheramiento que tratan de imponer dirigentes como Miguel Diaz Canel y el canciller Bruno Rodríguez. Cuando el país apenas tiene petróleo para un período estimado entre seis y ocho semanas, todo indica que la parálisis absoluta y la eventual caída del régimen se tornan no sólo posible sino muy probable e incluso inminente: al inicio o mediados del verano.
Factores internos
El colapso económico es profundo y multisectorial. La deuda externa supera los 46.000 millones de dólares, las remesas han caído aproximadamente un 70%, los ingresos turísticos se han desplomado en un 68,15% respecto al período prepandemia y su desplome total parece inevitable en este año. Los ingresos por exportación de servicios médicos han descendido un 53,55%. La industria azucarera, históricamente estratégica, ha dejado de exportar y ahora se importa el azúcar necesario para el consumo interno. La inversión extranjera es prácticamente inexistente y la matriz energética se encuentra en estado de quiebra técnica, incapaz de generar el 40% de la electricidad diaria, aun antes de perder el petróleo de Venezuela.
El sistema de salud pública está en una situación de bloqueo funcional. En los últimos tres años han abandonado el país más de 70.000 profesionales sanitarios –médicos, enfermeras, técnicos y paramédicos–, lo que ha destruido su capacidad operativa, dejando a la población sin acceso a la atención médica básica. Los hospitales están colapsados, como muestra la situación epidemiológica. La gente prefiere quedarse en casa enferma antes de ir a morir a un hospital. La inversión en el sistema de salud (cerca del 2%) sigue siendo mínima mientras se priorizan las del turismo (más del 30%) pese al fracaso en atraer visitantes.
El Estado presenta rasgos avanzados de fragilidad institucional. Sus estructuras administrativas están desfasadas respecto a la realidad social, operan con ineficiencia extrema y han perdido capacidad de control efectivo. La élite gobernante ha dejado de ejercer la hegemonía ideológica: la mayoría de la población es hoy abiertamente disidente o se encuentra en una fase de ruptura pasiva con el sistema, como muestran las redes sociales. Internet ha explotado la burbuja informativa e ideológica que el partido comunista (PCC) impuso por décadas. La prensa independiente ha ganado la batalla de la narrativa a la controlada por el gobierno. Ya la gente no ve los noticieros de la TV nacional, ni lee periódicos oficiales como Granma y Juventud Rebelde, prefieren informarse por medios independientes como Diario de Cuba, Cubanet, 14yMedio, El Toque o Cibercuba, o bien ven los vídeos que sube el periodista Mario Pentón y otros más, que se hacen virales en las redes.
El régimen de gobernanza ha entrado desde hace casi dos años en una fase de creciente colapso operativo. El sistema en el que una nueva oligarquía decide y el gobierno ejecuta ha demostrado su inviabilidad. Ninguna institución estatal opera de manera eficaz, con la excepción del aparato represivo. El poder económico y financiero del país se concentra en GAESA, el holding empresarial que en teoría pertenece a las FAR, pero que en la práctica es controlado por la familia Castro y un grupo de oligarcas leales. En GAESA no participan generales, salvo Ania Lastre la actual CEO de GAESA, quien fue recientemente ascendida a General de Brigada. Raúl Castro los ha tenido apartados de las finanzas del país. No le gusta tener enemigos internos con poder financiero. Los generales están centrados en la parte ideóloga e institucional del ejército.
La élite se mantiene en el poder exclusivamente gracias al control de los órganos de coerción militar, policial, de contrainteligencia y judicial. Sin embargo, dada la profundidad de la crisis, es posible que en las próximas semanas el aparato represivo también colapse. Ellos también necesitan electricidad y gasolina.
El gobierno carece de un plan integral, creíble y coherente para enfrentarse a la crisis, y ha sido incapaz de construir alianzas internacionales confiables –estatales y/o privadas– que contribuyan a aliviarla. Tampoco muestra voluntad política de reconstruir el antiguo pacto social, en el que el Estado, aun siendo represivo, garantizaba mínimamente las necesidades básicas de la población. Tampoco a lo largo del tiempo ha mostrado voluntad para negociar con EEUU. El fracaso del deshielo fue una prueba irrefutable de ello y mostró las intenciones del régimen cubano.
La asignación de la renta nacional evidencia una desconexión absoluta entre prioridades estatales y necesidades sociales. Menos del 5% de la inversión se destina a sectores críticos como agricultura, salud pública, seguridad social y educación, mientras más del 30% se concentra en la construcción de nuevos hoteles –en su mayoría vacíos– que funcionan como vehículos de lavado de capital y no como motores reales de desarrollo.
La situación energética y financiera se ve agravada por factores internos y externos. La deuda externa, la pérdida de líneas de créditos por ser mal pagador, la baja producción de bienes, el declive cada vez más profundo de las exportaciones y la mala planificación de las inversiones hacen que el gobierno vea disminuidos sus ingresos y los que todavía entran son en gran media apropiados por la maquinaria de GAESA. A esto hay que agregar el control estadounidense sobre el suministro de petróleo venezolano, con potencial extensión a otras fuentes rusas, africanas y mexicanas, que colocará a la isla, en breve tiempo, al borde de la parálisis total. Por otra parte, el país carece de capacidad de almacenamiento suficiente de combustible. El golpe de la armada estadounidense a la flota fantasma encargada del trasiego de crudo venezolano, negocio en el que participaba el régimen a través de GAESA, ha obligado al régimen a mantener sus buques cisterna en puerto, por miedo a que sean confiscados por EEUU. A esto se suma el deterioro de la red energética, cuyas plantas obsoletas tienen más de 40 años de uso y constantemente se desconectan por roturas y mantenimientos de urgencia.
La disponibilidad de petróleo, a decir de las estadísticas y los analistas, se reducirá a casi cero en un período estimado entre seis u ocho semanas a partir de comienzos de febrero. Los cortes de energía y agua ya abarcan toda la isla. Los “apagones” en la capital rebasan las 12 horas diarias y en el resto del país hay como mucho un par de horas de electricidad por día. Incluso hay lugares sin electricidad durante varias jornadas. Nuevas protestas masivas callejeras similares a las de 11 de julio de 2021 son posibles y pudieran estar cercanas y serán más probables según la situación siga escalando con el paso de los días.
Factores externos
2026 comienza en un contexto internacional adverso para la élite cubana, marcado por el giro estratégico de la política exterior de EEUU. La llegada a la Casa Blanca de una administración que asume oficialmente la actualización de la Doctrina Monroe ha reintroducido el uso de la fuerza militar como herramienta de política exterior y ha identificado como enemigos prioritarios en el hemisferio occidental a Venezuela –donde ya ejecutó una acción quirúrgica–, Cuba –colocando en el centro de la mirilla sancionadora al oligopolio de GAESA– y Nicaragua.
La fragilidad geopolítica de Rusia o la debilidad económica de China limitan severamente su capacidad para respaldar a sus tradicionales aliados hemisféricos. La pasividad de Moscú y Pekín ante acontecimientos claves en Siria, Irán y más recientemente en Venezuela evidencia su incapacidad –o falta de voluntad– para proteger intereses estratégicos ajenos. Resulta ilusorio pensar que alguna de estas potencias esté dispuesta a realizar una apuesta económica o militar significativa para sacar a Cuba a flote o para protegerla de Trump. Es casi seguro que estas potencias se resignarán y darán estas alianzas por perdidas. La probabilidad de una asistencia económica o militar de China o Rusia, como Cuba necesita, es nula.
El intento ruso de rescatar la economía cubana fracasó. Decenas de oligarcas rusos trataron durante dos años de crear los mecanismos y hacer las conexiones necesarias para comenzar el rescate económico, que no fue posible. La resistencia del régimen a introducir cambios estructurales en las leyes, como pedía la contraparte rusa, fue suficiente para que comprendiera que tal rescate era imposible. El actual embajador ruso expresó que es responsabilidad del gobierno cubano resolver la crisis de abastecimiento de petróleo, señal inequívoca de que Vladímir Putin da a Cuba por perdida.
Al mismo tiempo, la puerta que el régimen tenía con la UE se ha venido cerrando. El alineamiento activo con la agresión rusa contra Ucrania ha provocado un deterioro sustancial de sus relaciones con Bruselas. El apoyo de La Habana en la guerra contra Ucrania –en los planos propagandístico, de desinformación, diplomático y, de forma encubierta, también operativo– ha llevado la relación a su máxima tensión. La detención en Lituania de ciudadanos cubanos involucrados en sabotajes como operativos del Departamento Central de Inteligencia (GRU) ruso ha agravado aún más esta situación, erosionando el respaldo a Cuba en foros multilaterales, como las Naciones Unidas, lo que podría generar mayores consecuencias estructurales a corto plazo.
Por primera vez, varios países europeos y latinoamericanos se abstuvieron en la resolución de condena al embargo. En el nuevo escenario mundial no puede descartarse la ruptura o congelación del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la UE y Cuba. Esta posibilidad cobra fuerza de cara a los próximos meses, cuando ya existe una iniciativa en el Parlamento Europeo orientada a avanzar en esa dirección. En América Latina el régimen también ha perdido aliados y capital político. La caída de gobiernos de izquierda, como en Argentina, Bolivia, Chile, Honduras y el fin de Maduro, han desprovisto al régimen prácticamente de sus aliados regionales más próximos y de peso. El gobierno de Lula, otrora muy cercano, ha tomado una prudente distancia dado su renuencia a las reformas y a abrirse a una economía de mercado. A Gustavo Petro le pueden quedar pocos meses como presidente de Colombia. Salvo grupos minúsculos, Cuba ya no inspira a la izquierda democrática regional, más bien genera rechazo.
La fuente de financiación externa más fuerte y opaca del régimen se ha cortado abruptamente. Como se ha dicho, más del 60% del petróleo de Venezuela era vendido a terceros por GAESA. Con la salida de Maduro, este ingreso se ha cortado de un golpe. Junto a ello, el personal médico, presente en varios países, ha comenzado a regresar. Los dividendos de estas operaciones de venta de petróleo no se utilizaban para recuperar la industria energética, ni palear las carencias de medicamentos y alimentos, iban a cuentas bancarias en paraísos fiscales.
El cerco se cierra
Mientras se agota y se reduce la capacidad de maniobra del régimen, la Administración Trump da cada vez más señales de preparar su movida final. La presión ha comenzado con la aplicación de fuertes desincentivos comerciales a los países que insistan en suministrar petróleo. También se han retirado las licencias a varias empresas del sur de Florida que comercian con el régimen, mientras otras se encuentran en fase de revisión. Otras medidas adicionales de presión para cortar el flujo de financiación al régimen pudieran sumarse en los próximos días, como, por ejemplo, la posible suspensión de los vuelos o el envío de remesas desde EEUU solicitada por congresistas cubanoamericanos. Con anterioridad se ha retirado el visado a funcionarios de diversos países por facilitar la contratación de personal médico y paramédico en el exterior. En este contexto, EEUU podría jugar otras cartas, como habilitar un plan para amparar (con ofertas de visados o participación en empresas de telemedicina) al personal médico y paramédico contratado en el exterior en condiciones de esclavitud laboral, lo cual dejaría al régimen prácticamente sin ingresos.
La renovada presión ya comienza a sentirse y ha desencadenado planes de contingencia por múltiples actores, como la reducción de personal o cierre de algunas embajadas en La Habana y de compañías extranjeras. Es otra señal inequívoca de la tensa situación que se vive. La falta de combustible tiene paralizada la producción. Las empresas extranjeras presentes en Cuba no escapan de esta situación. Varias filiales de empresas internacionales contactadas por la Agencia EFE reconocen en privado que la incertidumbre geopolítica las ha llevado a replantear su actividad en Cuba. Los dos motivos alegados son una potencial intervención militar estadounidense, por quirúrgica que sea, y el impacto sobre su actividad del deterioro del país, especialmente con el aumento de los apagones y la crítica escasez de combustibles.
En declaraciones recientes, Donald Trump informó que había solicitado a la presidenta de México que detuviera los envíos de petróleo y ésta, en la práctica, aunque no lo haya reconocido, aceptó, por lo que Cuba se ha quedado sin suministrador. La única opción es negociar con EEUU. Al parecer, a pesar de la retórica del gobierno de que no acepta amenazas ni dialogar bajo presión, las autoridades cubanas están considerando explorar el sendero de la negociación. Así lo afirma recientemente el propio mandatario estadounidense y lo evidencia la nota del gobierno cubano que, aunque envuelta en la retórica habitual si bien menos estridente, abre esa ventana.
La caída del régimen no es sólo “posible”, sino incluso cada día que pasa “muy probable”
Con todos estos factores gravitando en contra del régimen, es evidente que no le queda mucho tiempo para tomar decisiones graves. Su capacidad de maniobra para sobrevivir financieramente es nula. Se encuentra en fase terminal y ni siquiera su aparato represivo podría sostenerse. Mientras, los problemas internos se profundizan dada su incapacidad de reformarse (el sistema ha demostrado que no es reformable, sólo remplazable), mientras los factores externos arrecian al régimen sólo le queda la opción de reconocer la realidad. Dejó pasar todos los trenes de iniciar una reforma real, incluso con apoyo estadounidense (Kissinger, Carter, Clinton, Obama) y luego ruso. El discurso de atrincheramiento del gobierno cubano es mediocre. Los días del actual régimen de gobernanza cubano están contados. Pueden cerrar esta historia de manera amable o dolorosa, es la única opción real a su alcance.
La única opción amable sería que Raúl Castro y su familia se marchen del país y den paso a la primera fase de transición como está previsto en la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana (Helms-Burton). Castro debiera saber que hacer piruetas de resistencia sin estar acompañado de aliados externos y en ausencia de un apoyo masivo nacional es un suicidio. Su débil y obsoleto ejército no resistiría ni podría neutralizar una operación quirúrgica estadounidense. Castro también debería saber que tiene dos causas pendientes en tribunales de Florida, una por narcotráfico y la otra por el asesinato de los cuatro pilotos de Hermanos al Rescate (dos de ellos ciudadanos de EEUU) cuando sus desarmadas avionetas de matrícula estadounidense fueron derribadas en aguas internacionales en 1996 por la fuerza aérea cubana. En ese momento Castro era el jefe de las Fuerzas Armadas. Por otra parte, el gobierno de EEUU tiene bajo custodia desde hace unos meses al teniente coronel y piloto de MIG de la Fuerza Aérea Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, quien participó directamente en el derribo de las avionetas y es testigo clave de dichos sucesos. A estas causas se podría sumar toda la información de las agencias de inteligencia estadounidenses sobre la tutela de Cuba al Cártel de los Soles (con Hugo Chávez y Nicolás Maduro), más toda la información que éste último, su esposa, –así como la que aporten el “Pollo” Carvajal y otros–, puedan dar a las autoridades para buscar un trato y rebajar sus condenas en el juicio que ambos tendrán próximamente (a partir de marzo) en Nueva York.
Sobre Alejandro Castro Espín pesa la responsabilidad de los ataques sónicos contra dos docenas de diplomáticos estadounidenses. Sobre Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro e hijo del difunto Luis Alberto López Callejas hay indicios de enriquecimiento ilícito y lavado de capital, dadas sus decenas de viajes a Panamá en los últimos dos años en aviones privados y su relación personal con el empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, albacea de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Entretanto, Mariela Castro y su esposo italiano, Paolo Titolo, acumulan un extenso expediente de corrupción y enriquecimiento ilícito. Titolo ha utilizado la relación familiar y el poder para inducir a empresarios extranjeros a invertir en Cuba y se ha convertido en uno de los hombres más ricos del país gracias a la corrupción. Titolo es el director general de Amorín Negocios Internacionales S.A en Cuba, un gigante multinacional de origen portugués, cuyos tentáculos se extienden a negocios de energía, bienes raíces, turismo y las finanzas. Este personaje es una pieza clave que ha conectado GAESA con el capital europeo. Así las cosas, la mejor opción para los Castro es marcharse del país. Para la transición ya existen planes viables para que ocurra de forma expedita y con beneficios inmediatos para la población. Un proceso que se ejecutará por etapas teniendo como base legal la aplicación de la ley Helms-Burton.
Los militares, GAESA y las empresas extranjeras en Cuba
Sin duda una de las primeras medidas de cualquier administración que sustituya al actual gobierno será la intervención e investigación exhaustiva de GAESA, el origen de sus capitales, sus cuentas bancarias, operaciones e inversiones sean en la isla o el exterior. El enfoque de esa investigación estará sin duda dentro de un marco conceptual similar de la ley RICO estadounidense (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), que ha operado en mercados lícitos e ilícitos. Las empresas extranjeras asociadas al conglomerado no necesariamente tendrían que verse sancionadas si sus operaciones se mantuvieron en el campo de la economía lícita.
Mas allá de esas consideraciones, GAESA no tiene ningún grupo social en Cuba –salvo la exigua minoría de sus accionistas y oligarcas que trabajan para ella– con un interés en protegerla de su eventual desaparición o radical transformación. La realidad es que no es un conglomerado propiedad de ni controlado por las FAR, sino el mecanismo de apropiación de los recursos nacionales, finanzas de la oligarquía que los ha privatizado en su favor y que controla el aparato represivo y político. De hecho, el anterior ministro de las FAR y Héroe de la República de Cuba, general Leopoldo Cintras Frias (“Polito”), fue destituido abruptamente de su cargo y del Buró Político del Comité Central del PCC cuando intentó conocer la verdad de ese oligopolio supuestamente subordinado a su jefatura sobre el cual no tenía ningún control ni recibía ninguna información.
Las FAR –con la excepción de su Contrainteligencia Militar (CIM)– no han participado tampoco de manera destacada en la represión, no se han corrompido con las operaciones ilícitas de GAESA, ni son identificadas por el pueblo como parte de la oligarquía ostentosa que lo ha sumido en la miseria. Por eso es una institución que podría y debería profesionalmente sumarse al proceso de cambio bajo una nueva doctrina de defensa que los someta a la autoridad civil y les encomiende una nueva misión dirigida –quizás en coalición con las fuerzas estadunidenses– a la lucha contra el crimen transnacional organizado. El Ministerio del Interior, por su parte, es una institución gigante donde cohabitan direcciones dedicadas a la represión (como la Sección 21, Contrainteligencia, Inteligencia, Policía, Guarda Fronteras –que han asesinado a muchos migrantes ilegales cuando salían del país–, Prisiones, etc.) con otras con diferentes funciones (bomberos). Una política inteligente podría restructurar la institución y dar un trato diferenciado a cada unidad y persona dentro de ella. Si la transición de produce de manera pactada ello haría posible un trato más comprensivo hacia ellos.
Conclusiones
Por primera vez en casi siete décadas la dictadura tiene una única opción viable: dar paso a la transición a la democracia. Esta oportunidad no se da por la comprensión voluntaria del régimen de que es necesario cambiar el sistema, sino por la resistencia de la población a soportar su deterioro y la voluntad de la Administración Trump de poner fin a casi siete décadas de una amenaza permanente para la seguridad de EEUU. Por primera vez el régimen se encuentra en un callejón sin salida, donde ningún actor externo vendrá a su rescate financiero. Por primera vez desde 1962 una Administración estadounidense ha abandonado el apaciguamiento de la Doctrina de Contención y retornado a la confrontación directa para eliminar la amenaza (Doctrina de Rollback) a sólo 90 millas de sus costas. Por primera vez, el régimen ha experimentado el miedo de ser aplastado de un golpe por una fuerza superior indetenible. Por ello, cualquier resistencia gerontocrática al cambio sería un ejercicio inútil.
La actual crisis humanitaria no la creó Donald Trump en su primer año en la Casa Blanca, sino la mediocridad, ineptitud, miopía y codicia de una oligarquía que no adquirió su fortuna de manera meritocrática, sino por nepotismo y latrocinio. Para Castro y su familia la posibilidad del exilio es una opción benévola que no deberían despreciar. Tienen a Maduro y su esposa como referencia. De oponerse no habrá exilio de lujo, sino la justicia pospuesta por demasiado tiempo.
