Versión en español del capítulo original en inglés publicado en el Informe Fragmented Europe: Dealing with China as a Technology and Innovation Power, de la European Think-tank Network on China (ETNC), publicado en junio de 2026 por Ifri, el Real Instituto Elcano y MERICS.
El auge tecnológico de China ha convertido al gigante asiático en un tema central en los debates europeos sobre reducción de riesgos, dependencias estratégicas y política industrial. España afronta este reto de manera pragmática: sigue viendo la inversión china y la cooperación tecnológica como herramientas para la modernización industrial y la transición ecológica, pese a las inquietudes crecientes en materia de resiliencia, seguridad y asimetría. España está optando por una interacción selectiva en vez de decantarse por una apertura sin ambages o una restricción absoluta: limita el riesgo en ámbitos sensibles como las redes 5G básicas, mientras depende sobremanera de las capacidades chinas en energía fotovoltaica y almacenamiento e intenta integrar la inversión china en vehículos eléctricos y baterías en sus objetivos industriales más amplios. En ese sentido, España podría asumir un papel destacado a la hora de configurar una política de la UE hacia China que concilie la apertura, la gestión de riesgos y la condicionalidad industrial.
Tendencias recientes: institucionalización de relaciones tecnológicas en un contexto de mayor concienciación estratégica
El ascenso de China como potencia tecnológica está redefiniendo los debates europeos en torno a la reducción de riesgos, la soberanía tecnológica y las dependencias estratégicas. Para España, el tema no consiste únicamente en reducir las vulnerabilidades, sino en aprovechar también la relación con China para respaldar la modernización industrial y la transición ecológica. El presente informe examina los vínculos bilaterales en materia de ciencia y tecnología y analiza tres sectores (5G, energía fotovoltaica y almacenamiento y, por último, baterías y vehículos eléctricos) para considerar la evolución de la posición de España y su posible influencia en la política de la UE hacia China. La cooperación científica entre España y China ha ido ganando estructura y anclaje político en el último decenio, lo que pone de manifiesto el aumento del peso tecnológico chino.[1] La colaboración bilateral se basa en los acuerdos intergubernamentales y en el diálogo político, reafirmados mediante las comisiones conjuntas de cooperación científica y tecnológica, la última de ellas organizada en 2024.[2] Estos marcos han quedado reforzados a través de nuevos memorandos de entendimiento, entre ellos el firmado entre la Agencia Estatal de Investigación (AEI) española y la Fundación Nacional de Ciencias Naturales de China, así como acuerdos sectoriales específicos en materia de crecimiento verde, tecnologías de salud y comercio digital.[3] El Plan de Acción España-China 2025-2028 señala como pilares fundamentales la innovación, las tecnologías avanzadas y la movilidad investigadora.[4]
La cooperación se pone en práctica a través de varias modalidades. Los programas bilaterales de financiación para I+D –sobre todo CHINEKA, gestionado por el CDTI de España y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de China– impulsan proyectos aplicados con orientación al mercado en los que participan empresas, centros de investigación y universidades. La 7ª Llamada España-China del programa CHINEKA (2025-2026) se centra en ámbitos como las ciudades sostenibles, las tecnologías limpias, los materiales avanzados y la biomedicina, con una financiación generosa de ambas partes.[5]
La colaboración académica sigue su curso mediante proyectos comunes, publicaciones conjuntas y mecanismos de movilidad entre instituciones como el CSIC y la Academia China de Ciencias. La cooperación e inversión a nivel empresarial también se ha ampliado, en especial en sectores donde las compañías chinas presentan ventajas competitivas en el plano mundial. La cooperación temática se ajusta a las prioridades compartidas: energía renovable, tecnologías verdes, materiales avanzados, salud y biotecnología, tecnología agrícola y aplicaciones digitales seleccionadas. Estos ámbitos se corresponden con las distintas complementariedades y posiciones de liderazgo de China, en especial en tecnologías relacionadas con la energía.[6]
La conceptualización de China por parte de España ha ido evolucionando de manera gradual. Pese a que se sigue viendo a China como un socio valioso en el ámbito de la innovación, ha aumentado la concienciación en torno a los riesgos relacionados con la dependencia, la seguridad y la competencia asimétrica, a modo de reflejo de los debates en el seno de la UE. La postura pragmática de España pone de manifiesto su posición estructural: al haber dependido más de la difusión tecnológica en el pasado, España no contempla tanto el auge de China como un desplazamiento tecnológico directo, sino como una mezcla de oportunidad y vulnerabilidad.
Las percepciones públicas refuerzan esta dinámica. Los productos tecnológicos chinos gozan de gran popularidad en España: Xiaomi posee más del 30% del mercado de los teléfonos inteligentes, mientras que las ventas de coches chinos superaron las 100.000 unidades en 2025, con un crecimiento especialmente rápido en el sector de los vehículos eléctricos.[7] Los fabricantes chinos ya representan más del 20% de las ventas de vehículos eléctricos en España, con BYD a la cabeza.[8]
Estudios monográficos: 5G, fotovoltaica, baterías y vehículos eléctricos
Estos tres sectores –5G, energía fotovoltaica y baterías y vehículos eléctricos– son los que mejor reflejan el modo en el que España está gestionando las oportunidades y los riesgos que se derivan del auge tecnológico de China.
Redes 5G: gestión de riesgos en lugar de exclusión formal
El planteamiento de España relativo a la implicación de China en las redes 5G refleja una gestión gradual de los riesgos en vez de una exclusión formal. Los proveedores chinos Huawei y ZTE han desarrollado su actividad junto a los fabricantes europeos gracias a decisiones de contratación basadas en el libre mercado.
A principios de 2026 los principales operadores de telecomunicaciones de España habían excluido en la práctica a Huawei de las redes core de 5G, lo que pone de manifiesto una mayor sensibilidad en materia de seguridad de las funciones centrales, al tiempo que siguen implantando equipos de Huawei en redes de acceso radioeléctrico.[9] Este enfoque diferenciado da prioridad a la seguridad central al mismo tiempo que preserva la eficiencia de costes en segmentos menos sensibles. No obstante, plantea cuestiones a más largo plazo relacionadas con la dependencia de un único proveedor, las vías de actualización y la autonomía estratégica.
España aplica el conjunto de instrumentos de seguridad de la 5G de la UE a través de un enfoque basado en los riesgos que, aparte de considerar los factores técnicos, tiene en cuenta las estructuras de gobernanza y la exposición a la influencia de terceros países, criterios que, en la práctica, señalan a los proveedores chinos como socios de alto riesgo.[10] Aun así, España ha huido de las prohibiciones jurídicas vinculantes y se ha decantado por directrices, evaluaciones y ajustes implantados por los operadores.
La presión se agudizó a finales de 2025, cuando la Comisión Europea adoptó medidas para implantar de manera obligatoria en toda la UE la reducción de los riesgos derivados de proveedores de alto riesgo. España se ha mostrado reacia a apoyar las prohibiciones explícitas, apelando a la proporcionalidad, los costes y los plazos de implantación, al tiempo que ha intentado evitar una escalada política que pudiera afectar a la cooperación en otros sectores estratégicos.[11]
Energía fotovoltaica y almacenamiento a escala de red: necesidades de implantación y eficiencia de costes
A diferencia de lo que ocurre con las redes 5G, la relación de España con China en cuanto a energía fotovoltaica a gran escala viene determinada principalmente por las necesidades para la implantación y la eficiencia de costes, y no tanto por la gestión explícita de la seguridad. Las empresas chinas dominan en segmentos clave de equipos, especialmente en inversores y sistemas de gestión energética. Huawei y Sungrow representaron entre ambas más de la mitad de los envíos de inversores solares a nivel mundial en 2023, un dominio que en España se refleja en las grandes instalaciones fotovoltaicas y los proyectos híbridos de energía fotovoltaica con almacenamiento.[12]
La preocupación por la dependencia existe, pero sigue siendo desigual. En la UE, la Comisión ha empezado a analizar los riesgos de ciberseguridad derivados de la dependencia excesiva de unos pocos proveedores de inversores solares.[13] En España, el discurso público se centra más en la implantación rápida, la flexibilidad de los sistemas y la competitividad industrial que en la seguridad de la cadena de suministro. En los debates empresariales se suele hacer hincapié en las dificultades de Europa para sustentar la producción nacional de tecnologías limpias,[14] pero hay quien se detiene más en los riesgos explícitos para la seguridad.[15]
Esta configuración genera posibles dependencias críticas en materia de inversores, actualizaciones de software y mantenimiento a largo plazo de las infraestructuras energéticas. El discurso de España en este ámbito sigue más alejado de la dimensión de la seguridad que el planteamiento incipiente de la Comisión en materia de seguridad económica.
Baterías y vehículos eléctricos: prioridad industrial y vulnerabilidad para España
La transición de la automoción es la expresión más visible del auge tecnológico de China en España. La movilidad eléctrica representa tanto una prioridad industrial como una vulnerabilidad para España, país que busca proteger su condición de importante productor europeo de vehículos en el contexto del dominio chino de las cadenas de suministro de los vehículos eléctricos.
La ventaja de China consiste en su liderazgo en cuanto a escala en tecnología y producción de baterías, control de la cadena de suministro de materias primas y modelos competitivos de vehículos eléctricos. El resultado ha sido una rápida expansión en el mercado español, sobre todo en el mercado de los vehículos eléctricos con batería, donde las marcas chinas acaparan ya más de una quinta parte de las ventas.
En el plano estratégico, la inversión reviste una mayor importancia. España se ha posicionado como destino para la fabricación de baterías y vehículos eléctricos a raíz de su ecosistema de automoción, los fondos de recuperación de la UE y el programa PERTE. La megafábrica de CATL en Zaragoza, compartida con Stellantis, reforzaría el protagonismo de España en el sector de las baterías, además de intensificar la dependencia de las tecnologías y los insumos chinos.[16]
La empresa conjunta Chery-Ebro en Barcelona, vinculada a la antigua fábrica de Nissan, es un ejemplo especialmente ilustrativo.[17] España pretende aprovechar la inversión china para conseguir sus objetivos de localización, integración de proveedores, creación de empleo, transferencia tecnológica hasta cierto punto y gobernanza de los flujos de datos en vehículos conectados, si bien aún falta desarrollo en este ámbito. En ausencia de bases jurídicas sólidas para imponer condiciones, el Gobierno opta por pactos negociados y compromisos informales, y ese es uno de los motivos por los que respalda las cláusulas de “Deng inverso” propuestas en la Ley de Aceleración Industrial de la Comisión.
La estrategia de España permite presagiar un enfoque europeo más amplio: no excluir las inversiones chinas, ni aceptarlas por motivos puramente de mercado, sino integrarlas en los marcos industriales y de gobernanza.
Ajuste en materia de política: España opta por una postura pragmática hacia China
El planteamiento de España sigue anclado en el pragmatismo económico, pero con una mayor atención a los riesgos. A diferencia de otros Estados miembros más centrados en la seguridad, España aún considera importante la tecnología y la inversión china de cara a la modernización industrial y la transición ecológica. La mejor manera de describir su estrategia es como una gestión de la dualidad, más que como una reversión de la interacción.
España no cuenta con una estrategia nacional respecto a China. A cambio, su política va evolucionando mediante cambios graduales en el discurso y en la gobernanza sectorial, a raíz sobre todo de los debates sobre reducción de riesgos en el seno de la UE, mientras que las declaraciones oficiales siguen haciendo hincapié en la cooperación y la oportunidad.
Al mismo tiempo, conceptos como la resiliencia, las dependencias críticas y la soberanía tecnológica están cada vez más presentes, lo que indica un reconocimiento implícito de que cierto tipo de cooperación requiere de una gobernanza diferenciada. España se ajusta en líneas generales al marco de reducción de riesgos –no de desacoplamiento– de la UE.
La evolución normativa más concreta guarda relación con el cribado de las inversiones. Desde 2020, España ha ampliado su capacidad de supervisión de las inversiones extranjeras en sectores estratégicos mediante los mecanismos implantados por el Real Decreto-Ley 8/2020 y unificados con posterioridad.[18] Aunque no hacen referencia a ningún país en concreto, estas herramientas supervisan cada vez más la inversión china en sectores ecológicos y digitales.
España aplica un cribado selectivo y pragmático, abordándolo como una herramienta de gestión de riesgos en lugar de como una premisa contra el capital chino. Resulta especialmente visible en baterías, vehículos eléctricos y energías renovables, donde las empresas chinas suelen ser las más competitivas.
Por lo que respecta a los controles a la exportación, España ha aprobado medidas nacionales que se aplican a determinadas tecnologías de doble uso y van más lejos que la propia lista de controles comunes de la UE.[19] De conformidad con el artículo 9 del Reglamento (UE) 2021/821, España introdujo una lista de control nacional autónoma a través de la Orden ICT/534/2023 por la que se modificaba el Real Decreto 679/2014, en virtud de la cual se sometía a requisitos de autorización a determinadas tecnologías específicas no incluidas en el Anexo I del Reglamento de la UE sobre productos de doble uso.[20]
La cooperación en materia de investigación sigue siendo una de las esferas más abiertas de la relación entre España y China. Pese a la mayor concienciación sobre los riesgos del doble uso y las vulnerabilidades derivadas de la transferencia de tecnologías, España carece de un marco consolidado de seguridad en el ámbito investigador. Las directrices siguen estando fragmentadas, por lo que cada institución debe gestionar los riesgos por su cuenta.
Además de contar con herramientas defensivas, España apuesta con fuerza por atraer inversiones selectivas. El proyecto Chery-Ebro ilustra los esfuerzos destinados a vincular la inversión china a los objetivos de localización, empleo y gobernanza corporativa a través de mecanismos informales. En caso de resultar eficaz, este modelo podría ayudar a conciliar las necesidades en materia de transición ecológica con los riesgos de dependencia.
Perspectivas de futuro: intentar definir una política UE-China que deje margen a la cooperación y refuerce la resiliencia en ámbitos críticos
La relación de España con China pone de relieve un dilema europeo más amplio: cómo sacar partido de la cooperación y la inversión sin llegar a generar una dependencia. Proyectos como la megafábrica de CATL y la empresa conjunta Chery-Ebro dejan patente que España prefiere gestionar la presencia industrial china a su manera, en vez de excluirla por completo.
En la UE se están avivando los debates en torno a los proveedores de alto riesgo y las dependencias de la tecnología limpia. El camino actual elegido por España concuerda con la retórica de reducción de riesgos de la UE, pero un endurecimiento de la postura de la Unión podría obligar al país a hacer concesiones complicadas en su estrategia de atracción de inversiones.
Habida cuenta de todo lo que está en juego para la base industrial de España, sobre todo para la transición en automoción, parece poco probable que Madrid se cruce de brazos. España podría intentar influir en la política UE-China con el fin de que siga dejando margen para la inversión y la cooperación, y sirva al mismo tiempo para reforzar la resiliencia en cuanto a tecnologías críticas.
[1] A. Ortega (2018), “Cooperación tecnológica entre España y China”, Real Instituto Elcano, 3/IX/2018.
[2] J.C. Cigudosa (2024), “La colaboración científico-tecnológica entre España y China mejora nuestras capacidades para hacer frente a los retos del futuro”, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, 4/XI/2024.
[3] Agencia Estatal de Investigación (2024), “España y China firman un acuerdo para impulsar la cooperación científica”, Agencia Estatal de Investigación, 10/IX/2024.
[4] Gobierno de España (2025), “Proyecto de Plan de Acción (2025–2028) para fortalecer la Asociación Estratégica Integral entre la República Popular China y el Reino de España”, 11/IV/2025.
[5] Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España y Ministerio de Ciencia y Tecnología de la República Popular de China (2025), “7ª Llamada España-China para proyectos bilaterales de I+D+i 2025-2026”.
[6] V. Larraga Rodríguez de Vera (2019), “2º Informe sobre la ciencia y la tecnología en España 2019”, Fundación Alternativas.
[7] Forbes (2025), “Xiaomi celebra 8 años en España con ‘un liderazgo sostenido por encima del 30% de cuota’ en smartphones”, 19/IX/2025.
[8] J. Bacorelle (2026), “El coche eléctrico chino se hace con el 20% del mercado español”, ABC, 13/I/2026.
[9] I. del Castillo (2025), “Telefónica España asigna a Nokia su ‘core’ 5G y elimina a la china Huawei”, Expansión, 23/I/2025.
[10] Gobierno de España (2022), “Real Decreto-Ley 7/2022, de 29 de marzo, sobre requisitos para garantizar la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas de quinta generación”, Boletín Oficial del Estado, 29/III/2022.
[11] M.V. Gómez (2026), “Bruselas avanza para excluir a proveedores chinos como Huawei y ZTE de las redes europeas”, El País, 20/I/2026.
[12] “Huawei y Sungrow mantienen el liderazgo en el mercado de inversores fotovoltaicos, que creció un 56% en 2023”, Review Energy, 7/VIII/2024.
[13] P. Jowett y M. Willuhn (2026), “¿Prohibirá la UE los inversores chinos? La Comisión en materia de ciberseguridad baraja crear una ‘lista de proveedores de alto riesgo”, 21/I/2026.
[14] L.A. Peralta (2025), “Europa reduce la burocracia para las industrias verdes: ¿puede mantenerse competitiva?”, El País, 2/VI/2025.
[15] J. Santisteban y S. Acosta (2025), “España y el dilema Huawei: ciberseguridad, tecnología y riesgo en el corazón del sistema energético”, El Periódico de la Energía, 19/XII/2025.
[16] Ana I. Gracia (2024), “Stellantis y CATL construirán una gigafactoría de baterías en Zaragoza”, El País, 10/XII/2024.
[17] Ministerio de Industria y Turismo (2025), “Industria pone en valor la apuesta de Ebro por Barcelona como polo de fabricación de sus modelos para Europa”, 19/IX/2025.
[18] Gobierno de España (2020), “Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (disposiciones sobre cribado de inversiones)”, Boletín Oficial del Estado.
[19] Unión Europea (2021), “Reglamento (UE) 2021/821 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2021 por el que se establece un régimen de la Unión de control de las exportaciones, el corretaje, la asistencia técnica, el tránsito y la transferencia de productos de doble uso”, artículo 9, Boletín Oficial de la Unión Europea.
[20] Gobierno de España (2023), “Orden ICT/534/2023, de 26 de mayo, por la que se modifica el Real Decreto 679/2014, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso”, Boletín Oficial del Estado.
