El impacto estratégico de la escalada terrorista de las FARC en el conflicto colombiano

El impacto estratégico de la escalada terrorista de las FARC en el conflicto colombiano

Tema: La reciente cadena de atentados en Colombia ha puesto de manifiesto la voluntad de las FARC de llevar a las ciudades el conflicto que libran contra el Estado colombiano. Este giro estratégico de los insurgentes amenaza con debilitar al gobierno de Uribe y desestabilizar la democracia colombiana.

Resumen: El atentado de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) contra el club El Nogal, en el centro de Bogotá, del pasado 8 de febrero, no sólo ha puesto de manifiesto una creciente sofisticación en sus operaciones urbanas, sino también su voluntad de embarcarse en una escalada terrorista para doblegar la voluntad de resistencia de la opinión pública colombiana. La capacidad de una guerrilla hasta ahora eminentemente rural para incrementar la presión militar en las ciudades es fruto de un dilatado esfuerzo de la dirección insurgente para insertar nuevas tecnologías y procedimientos tácticos en sus operaciones a partir del asesoramiento de otros grupos terroristas, especialmente el Ejército Republicano Irlandés Provisional (PIRA). El énfasis estratégico en las operaciones de terrorismo urbano no implica que las FARC reduzcan significativamente sus actividades en el campo. De hecho, si adquiriese un número suficiente de misiles tierra-aire para dar cobertura a sus unidades, la guerrilla podría lanzar incursiones de gran envergadura contra instalaciones militares o distritos periféricos de las principales ciudades. La combinación de una campaña terrorista y una cadena de operaciones guerrilleras a gran escala puede quebrar la credibilidad del gobierno y hundir al país en una espiral de inestabilidad.

Análisis: No se puede decir que las FARC no hicieran públicas sus intenciones anticipadamente. En junio de 2001, Jorge Briceño “Mono Jojoy”, comandante del Bloque Sur y uno de sus principales líderes militares, anunció que “en la selva sólo quedarán ratones, dantas, pavas y paujiles. Los guerrilleros se van para las ciudades”. La frase abrió un debate entre los analistas de temas de seguridad que desde Colombia o el extranjero siguen el conflicto. Mientras algunos vieron en las palabras de Jojoy una maniobra de distracción de una guerrilla tradicionalmente confinada a las zonas rurales, otros vieron un claro indicio de que los insurgentes apostaban por llevar su guerra contra el Estado a las zonas urbanas, donde reside más del 70% de los colombianos. Las dudas sobre las verdaderas intenciones de las FARC comenzaron a despejarse el 7 de agosto cuando los insurgentes lanzaron una salva de granadas de mortero contra el Palacio de Nariño, sede de la presidencia en el centro de Bogotá, cuando Álvaro Uribe asumía la jefatura del Estado. En cualquier caso, toda sombra de escepticismo sobre el giro estratégico de la guerrilla se ha desvanecido definitivamente seis meses después. El pasado 8 de febrero, un coche bomba destruyó el club El Nogal, una institución social en el centro de la capital, provocando 35 muertos. Una semana más tarde, una bomba oculta en una casa de la ciudad de Neiva (Departamento de Huila), que la Policía Nacional se disponía a registrar, causó 18 muertos. Ambas operaciones confirmaron la voluntad y la capacidad de las FARC para transformar las ciudades en campos de batalla.

El atentado contra El Nogal debe ser analizado con detalle como prueba de la sofisticación de las operaciones urbanas de las FARC. La elección del blanco evidencia la habilidad de su dirección para orientar sus ataques hacia objetivos de alto valor político. El Nogal era un símbolo de las clases altas urbanas vinculadas a altos empleos públicos o al mundo de los negocios. Unos sectores sociales que apoyaron masivamente la oferta de restauración del orden con la que Uribe alcanzó la presidencia, luego convertidos en la base social de su gobierno. El atentado obligó a la guerrilla a penetrar un dispositivo de seguridad considerado invulnerable. En esta tarea, las FARC demostraron la capacidad para desarrollar un intenso trabajo de inteligencia en el corazón social de Bogotá. Sólo de esta forma pudieron introducir un coche con casi 150 kilos de explosivos un viernes por la tarde en el interior de un club abarrotado de público. Los detalles tácticos del ataque confirman la mejora sustancial de la capacidad de las FARC en el manejo de explosivos. La bomba, disparada por un mecanismo de tiempo, incluía una carga de iniciación de explosivo plástico para provocar la explosión de un paquete mucho mayor de nitrato de amonio (anfo). El artefacto fue situado estratégicamente bajo los pilares principales del edificio, a fin de provocar su completo derrumbe. El resultado fue el ataque terrorista más importante en Bogotá desde principios de los años noventa, cuando el Cártel de Medellín desató una cadena de atentados indiscriminados.

La destrucción de El Nogal fue la más traumática demostración del éxito de las FARC en dotarse de capacidad para desarrollar operaciones de terrorismo urbano. Este salto estratégico de una organización con una proyección tradicionalmente escasa en las ciudades ha podido realizarse gracias a su capacidad de rentabilizar sus conexiones internacionales con otros grupos terroristas para adquirir nuevas tácticas y nuevas tecnologías. Los esfuerzos de las FARC para adquirir “know-how” en terrorismo urbano se remontan a mediados de los años noventa, cuando el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, la agencia de inteligencia civil colombiana) detectó la presencia de militantes del Ejército Rojo Japonés entrenando a las FARC. Paulatinamente se incrementaron los indicios sobre intercambios de experiencias con otros grupos terroristas, como la española ETA y el chileno Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). En cualquier caso, fue la asistencia del PIRA la determinante en el desarrollo de las capacidades militares de las FARC. Esta conexión quedó al descubierto después de la detención de tres de sus miembros en Bogotá en agosto de 2001. En realidad, la conexión entre ambas organizaciones iría más lejos de lo mostrado por el mencionado arresto, hasta el punto de que algunas fuentes señalan el paso por Colombia de hasta 25 terroristas irlandeses.

Bajo la influencia del PIRA, las FARC han modificado radicalmente el funcionamiento de sus redes urbanas. Tradicionalmente, habían otorgado a sus milicias urbanas un papel secundario en sus operaciones, encargándoles tareas de apoyo y acciones de distracción, mientras los Frentes rurales asumían el peso de los combates. Con la decisión de convertir el asalto a las ciudades en una de sus principales apuestas estratégicas, la dirección de las FARC tuvo que modificar su despliegue urbano, particularmente en las zonas en las que tiene un apoyo social escaso, como es el caso de Bogotá. En la capital, las milicias urbanas han continuado operando como unidades responsables de tareas logísticas y operaciones de escasa entidad o ejecución sencilla. Pero al mismo tiempo, el Secretariado de la guerrilla ha desarrollado una estructura de nuevo cuño inspirada en las Unidades de Servicio Activo (ASU), que hizo famoso al PIRA en Irlanda del Norte. Son aproximadamente una decena de células, de entre 3 y 12 hombres, dependiente del Comité Central Bogotá, formando una red extremadamente hermética. Sus integrantes se comunican por teléfonos celulares clonados que cambian con frecuencia, no son conocidos por los responsables de entregarles armas o dinero y se apoyan en un entramado de “casas seguras” y rutas de escape al margen de las utilizadas por el resto de la organización.

Estos comandos los forman militantes de los Frentes rurales adiestrados para ejecutar operaciones urbanas. En términos generales, toda la estructura está encorsetada por la presencia de miembros de la Columna “Teófilo Forero”. Esta unidad, que recibe el nombre de un dirigente comunista campesino asesinado a finales de los años ochenta, ha operado tradicionalmente como un núcleo de fuerzas especiales bajo el directo control del Secretariado de la guerrilla. La Columna asumió el papel de punta de lanza en las grandes operaciones insurgentes de la segunda mitad de los noventa, como la toma de la base antinarcóticos de Las Delicias. Tras la decisión de la dirección insurgente de intensificar la presión sobre las ciudades, se convirtió en una agrupación destinada a realizar “cometidos especiales” en terreno urbano. En noviembre de 2001, la “Teófilo Forero” secuestró a 15 personas en un edificio de lujo en el centro de Neiva; en enero de 2002 se apoderó del avión en que viajaba el senador Jorge Eduardo Gechem; y en abril del mismo año, cooperó en la preparación del asalto al parlamento regional del departamento de El Valle en el centro de Cali, con el rapto de 12 diputados. En el caso de las operaciones terroristas en Bogotá, parece que los integrantes de la “Teófilo Forero” en la capital han asumido posiciones claves en la estructura de comandos urbanos, particularmente en lo relativo al manejo y confección de artefactos explosivos de cierta complejidad.

La influencia del PIRA sobre las FARC se ha hecho especialmente visible en la introducción de nuevas armas y tácticas. Desde mediados de 1998, las FARC comenzaron a utilizar morteros improvisados con carcasas de botellas de gas rellenas de explosivo. El diseño era una réplica de un artefacto utilizado por el PIRA. Cuatro años después, las rampas de lanzamiento accionadas por control remoto para bombardear la sede de la presidencia colombiana eran muy parecidas a las empleadas por los terroristas irlandeses para golpear Downing Street, la sede del gobierno británico, en 1991. La instalación de trampas explosivas en casas que iban a ser registradas por destacamentos militares fue una táctica ensayada por el PIRA que las FARC emplearon en El Castillo (departamento de Meta), en enero de 2002, antes de hacerlo en el mencionado incidente de Neiva. Finalmente, una estratagema escalofriante: la colocación de cargas explosivas en coches sin el conocimiento de sus dueños para detonarlas a distancia cuando los vehículos pasen por un control militar, fue utilizada por los terroristas irlandeses a principios de los años noventa y ha sido una innovación recientemente puesta en práctica por las FARC en varios atentados en la región de Arauca que han costado un número importante de vidas, incluidos los conductores que transportaban inadvertidamente las bombas.

A partir del intercambio de experiencias con el PIRA y otros grupos armados, la guerrilla colombiana ha dado un salto cualitativo en la ejecución de atentados urbanos, puesto de manifiesto con el bombardeo al Palacio de Nariño el pasado agosto y confirmado con el ataque contra El Nogal. De cara al futuro, las FARC podrían incrementar aún más su capacidad para este tipo de acciones. Los insurgentes están embarcados en una redefinición de sus prioridades estratégicas que implica la intensificación sustancial de las operaciones en las ciudades. Para ello, están adiestrando a un número creciente de efectivos para ejecutar operaciones terroristas, y trasfiriendo a algunos de sus combatientes más experimentados desde las zonas rurales a las áreas urbanas. A medida que este proceso avance, la dirección de las FARC contará con más recursos para intensificar su campaña contra las metrópolis colombianas.

La escalada terrorista chocará con obstáculos relevantes en escenarios críticos como Bogotá. Las FARC tienen un escaso apoyo social entre la población de la capital, y cuentan con muy escaso margen para tejer complicidades que les faciliten casas seguras, rutas de huida, etc. Incluso en este entorno políticamente hostil, el paulatino incremento en el volumen de los efectivos susceptible de participar en operaciones terroristas ofrecerá a las FARC la posibilidad de ampliar el alcance y la intensidad de sus ataques. Pero el escaso apoyo social limitará la capacidad de la guerrilla para extender y densificar su estructura en la capital. En particular, la nula simpatía que suscitan los insurgentes entre la mayoría de los bogotanos promete ser un obstáculo difícil de superar si las FARC planean escalar sus operaciones con vistas a ocupar temporalmente algún distrito periférico. La situación sería algo diferente en otras grandes ciudades, como Medellín o Cali, donde la marginación económica y la criminalidad asociada al narcotráfico han deteriorado el tejido social haciendo más sencilla la penetración de las FARC. En estos escenarios, la guerrilla puede esperar contar con una mínima cuota de respaldo popular, si bien siempre en un porcentaje minoritario.

El énfasis de la dirección de las FARC por el terrorismo urbano refleja la comprensión de sus limitaciones militares y las vulnerabilidades políticas de la administración Uribe. Durante la segunda mitad de los años noventa, las FARC ensayaron la denominada Nueva Forma de Operar (NFO), una doctrina que buscaba debilitar al Estado mediante grandes operaciones bélicas contra sus Fuerzas Militares. La respuesta del Ejército fue un proceso de modernización que redujo sus vulnerabilidades y facilitó la neutralización de las incursiones guerrilleras. En consecuencia, las FARC tuvieron que renunciar a una estrategia que les proporcionaba cada vez menos éxitos y mayores pérdidas. El final del proceso de paz con la administración Pastrana y el ascenso de Uribe colocaron a los rebeldes en una difícil posición estratégica. Por un lado, la guerrilla necesitaba dar una respuesta armada al final del proceso de paz y el endurecimiento de la estrategia contrainsurgente del nuevo presidente. Por el otro, el fortalecimiento de las fuerzas armadas hacía imposible reanudar los ataques a gran escala contra objetivos militares. De modo que el terrorismo se ha configurado como una alternativa atractiva al permitir influir sobre el escenario político utilizando unos recursos militares limitados. La actual campaña de atentados busca presionar a las clases medias y altas urbanas, el principal soporte de la administración Uribe, para quebrar el apoyo popular a la política de dureza con la guerrilla propugnada por el gobierno. De hecho, sin un sólido respaldo social, la lucha contrainsurgente estaría condenada al fracaso y el Estado tendría que negociar desde una posición de debilidad. Por eso, las FARC han renunciado temporalmente a grandes operaciones guerrilleras orientadas a provocar el desgaste militar del gobierno y han apostado por actos terroristas dirigidos a erosionar políticamente a las autoridades.

Esto no significa que el terrorismo sea la única alternativa estratégica de las FARC. Dada la amplitud de la campaña de atentados, la ejecución de este tipo de acciones requiere un volumen de recursos humanos y materiales reducido. Una organización del tamaño de las FARC –con 17.000 hombres en armas y un presupuesto anual de más de 500 millones de euros– dispone de medios para complementar la campaña de atentados urbanos con operaciones propiamente guerrilleras, como incursiones masivas o emboscadas de gran envergadura. El principal cuello de botella táctico que ha obligado a los insurgentes a renunciar al desarrollo de acciones de grandes dimensiones ha sido la aplastante superioridad aérea del gobierno. Desde finales de los años noventa, las fuerzas armadas han recurrido sistemáticamente a su aviación para desarticular las ofensivas insurgentes. Esta ventaja estratégica del gobierno podría verse neutralizada si los insurgentes adquiriesen y desplegasen un número suficiente de misiles antiaéreos portátiles como para estorbar las operaciones aéreas de las fuerzas armadas colombianas. Con un número suficiente de estos sistemas, las FARC estarían en condiciones de proporcionar cobertura a sus unidades y reanudar sus grandes operaciones ofensivas con dos posibles objetivos en mente. Por un lado, el ataque a unidades militares ensayadas durante la puesta en práctica de la NFO. Por otro, la ocupación temporal de barrios periféricos de las grandes ciudades en operaciones destinadas a trasladar la guerra a las zonas urbanas, demostrar la debilidad del gobierno y obtener un éxito propagandístico.

Conclusión: Frente a la preocupante perspectiva de una ofensiva insurgente que combine terrorismo urbano y guerra de guerrillas a gran escala, la administración Uribe parece encontrarse en una posición de debilidad. El triunfalismo de algunos miembros del gobierno durante la última parte del año pasado trasladó a la opinión pública la falsa sensación de que la guerrilla se encontraba poco menos que acorralada. El atentado contra El Nogal ha quebrado abruptamente estas expectativas, dañando la moral de resistencia de amplios sectores de la población y sembrando dudas en torno a la capacidad de la administración Uribe para confrontar a la guerrilla. En tales circunstancias, el gobierno se siente empujado a alcanzar éxitos rápidos en la lucha contrainsurgente que sirvan para restaurar su credibilidad. Sin embargo, cualquier esfuerzo dirigido a incrementar la capacidad del Estado para confrontar el terrorismo sólo rendirá frutos en el largo plazo. De hecho, medidas como la modernización del aparato de inteligencia o la creación de unidades especiales antiterroristas tardarán en sentirse en el escenario estratégico colombiano.

De este modo, es probable que la popularidad de la administración Uribe tienda a deteriorarse ante su incapacidad para frenar la escalada bélica de las FARC a corto plazo. Frente a estas previsibles dificultades militares y políticas, el lanzamiento de una campaña contraterrorista sin restricciones legales podría aparecer como una solución tentadora para hacer frente a una creciente amenaza guerrillera. Sin embargo, a medio plazo, esta alternativa debilitaría la posición estratégica del gobierno de Bogotá en dos sentidos. Por un lado, quebraría su legitimidad frente a importantes sectores de su propia población haciendo cada vez más difícil contar con la cooperación ciudadana para confrontar a los insurgentes. Por otro, dañaría su imagen internacional creando un serio obstáculo para que el Estado colombiano obtenga asistencia en materia de seguridad de EEUU y Europa. En este sentido, la imposición de medidas antiterroristas indiscriminadas podría funcionar como un boomerang que termine volviéndose en contra del propio gobierno. Sólo una estrategia de largo plazo que combine eficacia en la lucha contrainsurgente y respeto a la legalidad proporcionará a las autoridades colombianas una alternativa segura frente a la nueva escalada terrorista.

Román D. Ortiz
Politólogo y profesor de Seguridad y Defensa en América Latina del Instituto General Gutiérrez Mellado

Román D. Ortiz

Escrito por Román D. Ortiz