Introducción
El presidente de Venezuela aprovechó una reunión con sus colegas de Bolivia, Paraguay y Uruguay, el 19 de abril de 2006, para, de forma sorpresiva, anunciar su salida de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el bloque de integración subregional formado por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, con un movimiento comercial anual cercano a los 9.000 millones de dólares. Diez días después, la medida fue seguida del anuncio del presidente boliviano Evo Morales de la nacionalización de los hidrocarburos. Venezuela todavía insiste en que su salida de la CAN fue consecuencia directa de los perjuicios inmediatos que le causarían los tratados de libre comercio (TLC) firmados por Colombia y Perú. Con independencia de los motivos reales que llevaron al comandante Chávez a adoptar esa actitud, la jugada venezolana inquietó profundamente a los miembros de la CAN y agitó las ya revueltas aguas de la integración regional en todo el continente.
En la Comunidad Andina, Colombia y Perú responsabilizaron a Chávez del abandono del bloque, Bolivia se alineó claramente con Venezuela y Ecuador adoptó un perfil más neutral, aunque manifestándose en defensa del proceso de integración regional. Teóricamente, el abandono de Venezuela de la CAN debería implicar una mayor y más activa presencia del régimen bolivariano en Mercosur, lo que ha disgustado a Argentina y Brasil, que más allá de cierta retórica, recelan del acercamiento de Chávez a los países pequeños del bloque, Paraguay y Uruguay. Éstos, a su vez, mantienen ciertas controversias con los dos grandes. Al mismo tiempo, Chávez hizo una seria crítica del Mercosur, añadiendo que necesitaba un giro social si no quería terminar como la CAN. De este modo, la salida de Venezuela de la CAN amenaza la viabilidad de los dos grandes bloques de integración de América del Sur (CAN y Mercosur) y abre un serio interrogante sobre el futuro de la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN), el proyecto estelar impulsado por Brasil, amenazando incluso al liderazgo brasileño en América del Sur. Esta amenaza fue corroborada por dos acontecimientos posteriores: la Cumbre de La Habana, en la cual Evo Morales decidió sumarse al ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas), junto a los comandantes Castro y Chávez, y, algo más inquietante para el equilibrio regional, por el decreto nacionalizador boliviano. Si bien la reunión de Puerto Iguazú mostró rostros sonrientes en la foto y permitió seguir apostando por el irrealizable gasoducto sudamericano, las posiciones comienzan a polarizarse y es la propia integración regional la que está amenazada.
Como se ha dicho, la salida de Venezuela de la CAN tuvo importantes repercusiones regionales, pasando por su impacto sobre el propio proceso de integración andino, pero afectando igualmente al Mercosur. La decisión del presidente Chávez de apostar de forma decidida por el Mercosur, confirmada tras su abandono del G-3 (Colombia, México y Venezuela), ha provocado algunos recelos en los Gobiernos de Brasil y Argentina, hasta ahora entusiastas de sumar a Venezuela a su proyecto de integración regional. Pese a ello, se ha decidido incorporar a Venezuela como miembro pleno del Mercosur en la Cumbre regional celebrada en Córdoba, Argentina, el 20 y 21 de julio, aunque siguen existiendo algunos problemas de armonización normativa y en lo referente a la liberalización arancelaria.
El mapa geopolítico de la región se complicó con la decisión boliviana de nacionalizar sus hidrocarburos, apoyada por los comandantes Castro y Chávez, que repercutió negativamente en Argentina y Brasil, los dos mayores compradores del gas boliviano. Las disputas se centraron en torno a las valoraciones políticas e ideológicas de los Tratados de Libre Comercio (TLC) y, como nunca en el pasado inmediato, los países de la región dieron una imagen negativa de división, como se apreció en la Cuarta Cumbre Unión Europea-América Latina y Caribe, celebrada en Viena. Por eso, de la actitud de Bolivia en el futuro próximo depende no sólo el porvenir de la CAN, sino también el propio equilibrio regional. Con respecto al futuro, la entrada de Venezuela en el Mercosur plantea una serie de interrogantes: (1) ¿cómo afectará las negociaciones en marcha con la Unión Europea y las previstas con los EEUU?; (2) ¿cuál será la reacción de EEUU frente al hecho y como éste condicionará sus relaciones bilaterales con Brasil y Argentina?; y (3) más allá de las ventajas comerciales que pueda suponer la incorporación de un mercado como el venezolano para las economías argentina y brasileña, ¿habrá reacciones internas por las interferencias que pueda suponer la presencia venezolana en este bloque económico?
Una cuestión importante que merece la atención de este trabajo es la de los efectos de la nacionalización de los hidrocarburos bolivianos sobre la relación bilateral con Brasil, que no termina de normalizarse. Bolivia asumió la presidencia pro tempore de la CAN y, tras constatar que la Comunidad Andina es funcional a los intereses nacionales, el presidente Evo Morales convocó una cumbre presidencial en Quito para impulsar la reactivación de la CAN, que permitió relanzar las negociaciones preliminares con la Unión Europea (UE) para firmar un Tratado de Asociación entre los dos bloques.
Otros sucesos destacados han pasado en el revuelto tablero regional y energético, tras el triunfo de Alan García y la crispación de las relaciones bilaterales con Venezuela, que llegaron a la retirada de embajadores. Después de ser elegido en la segunda vuelta, García visitó Brasil, Chile, Colombia y Ecuador buscando relanzar la CAN, y si bien el presidente electo remarcó que no quería estructurar ningún frente contra nadie, en alusión a Hugo Chávez, la forma en que se comportan algunos actores no termina de satisfacer los intereses venezolanos, por más que se vean actuaciones contradictorias, como la de los Gobiernos chileno y brasileño apoyando la elección de Venezuela como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU o la convergencia energética entre Chávez y Uribe. El atractivo de los recursos financieros y energéticos de Venezuela, y su determinación para utilizarlos una y otra vez en función de sus objetivos políticos, es de tal magnitud que muchos mandatarios de la región terminan respaldando sus puntos de vista.
La salida de Venezuela de la CAN
El 19 de abril de 2006, durante una reunión en Asunción del Paraguay con los presidentes de Bolivia, Paraguay y Uruguay, Hugo Chávez anunció la salida de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), a la que consideró de forma tajante “una gran mentira” y mortalmente herida después de la firma de los TLC de Colombia y Perú con EEUU. Según su punto de vista, no tenía sentido que Venezuela siguiera en la CAN, un organismo que sólo sirve a las elites y a las transnacionales y no “a nuestro pueblo, a los indios o a los pobres”. Por eso, Venezuela debía hacer otra cosa. Su queja apuntaba a que mientras los latinoamericanos van a la deriva y algunos tiran en sentido contrario, “los que no quieren que nos integremos sí tienen una estrategia” claramente desintegradora. Según Chávez, si bien los países latinoamericanos conocen los fundamentos de la integración regional, carecen de la estrategia adecuada para implementarla. De ahí su apuesta por el Mercosur, aunque sin renunciar a su proyecto estelar, el ALBA, que en la Cumbre de La Habana (celebrada a fines de abril) ha sumado un nuevo adepto, mientras esperaba añadir a Ollanta Humala y Daniel Ortega (presente en el acto) si ganan sus respectivas elecciones. De momento se mantiene la incertidumbre en Nicaragua, aunque en Perú la opción populista y nacionalista más próxima a Chávez fue derrotada en las urnas por Alan García.
La apuesta por el Mercosur no es ingenua, al tratarse de un bloque regional que comercia anualmente 150.000 millones de dólares, frente a los 9.000 de la CAN y mucho más importante desde la perspectiva de Chávez. Sin embargo, desde su creación, la CAN ha generado un alto nivel de exportaciones entre sus miembros. 2005 fue el segundo año consecutivo con un mayor registro histórico: sus 8.922 millones de dólares superaron en un 21% a 2004, con 7.300 millones. Los antecedentes de la CAN se remontan a 1969, cuando Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú firmaron el Pacto Andino para establecer una unión aduanera en 10 años y si bien en 1972 se integró Venezuela, en 1976 se retiró Chile, bajo la dictadura de Pinochet, lo que marcó la primera crisis de la Comunidad. Políticamente se podría ver al Mercosur más cohesionado que la CAN, aunque las disputas internas (Paraguay y Uruguay contra el “maltrato” argentino y brasileño y Argentina contra Uruguay por la construcción de las fábricas de celulosa en Fray Bentos) y el anuncio uruguayo de reforzar sus lazos comerciales con EEUU no preanuncian buenos tiempos para el otrora “modelo” de la integración latinoamericana.
El anuncio de retirada de la CAN se hizo cuando Venezuela ejercía la presidencia pro tempore, lo que le permitió bloquear algunas iniciativas urgentes, como la convocatoria de una cumbre presidencial. Por eso, con su jugada andina, Chávez tuvo la habilidad, o provocó el efecto no deseado, de hacer tambalear todo el tablero geoestratégico sudamericano y no sólo de la CAN. De un solo golpe, todas las cancillerías sudamericanas se vieron afectadas. Posteriormente, el presidente Morales echó más leña al fuego al apuntar que algunos gobiernos de la CAN (alusión directa a Colombia y Perú) han hecho esfuerzos deliberados por debilitarla. Así llamó “traidor” al presidente Toledo por firmar el TLC con EEUU y dijo que no le extrañaba el respaldo del presidente Uribe al TLC, pues “todos sabemos de donde viene”. Al mismo tiempo, dirigió sus dardos contra Allan Wagner, el secretario general de la CAN, diciendo que “había jugado sucio”. El vicepresidente García Lineras apuntilló la postura boliviana señalando que “cuando uno dice la verdad, no tiene por qué pedir disculpas”.
La reunión de Asunción tenía como objeto anunciar la construcción de un gasoducto entre Bolivia y Paraguay, que sería financiado en parte por Venezuela, y que, eventualmente, debería servir para abastecer de gas a Uruguay. Nunca se terminó de comprender el porqué de la presencia de Chávez en dicha reunión, más allá de su interés en evidenciar su liderazgo energético y su tutela a la experiencia de Morales en Bolivia. De hecho, al brindar su apoyo a la construcción del ducto, Chávez enviaba un claro mensaje de que es capaz de actuar en el sur del continente sin ir de la mano de Brasil y Argentina, lo que irritó a los presidentes Lula y Kirchner.
Al día siguiente, en un discurso pronunciado en su visita a Brasil, Chávez señaló que los TLC entre EEUU con Colombia y Perú asesinaron a la CAN y provocaron su decisión de abandonarla, al convertirse en una suerte de Áreas de Libre Comercio para las Américas (ALCA) pequeñas, o “alquitas”, que lesionaron la integración andina, contraviniendo disposiciones comerciales regionales. Por el contrario, Colombia y Perú se apoyan en la “Decisión 598” de la CAN, relativa al Acuerdo de Cartagena, que establece que en el caso de que no sea posible negociar comunitariamente se podrán celebrar negociaciones de carácter bilateral. El artículo 2 de la Decisión aboga taxativamente por: preservar el ordenamiento jurídico andino; tomar en cuenta las sensibilidades comerciales de los restantes socios andinos sobre el libre comercio y mantener un apropiado intercambio de información y consultas durante las negociaciones, en un marco de transparencia y solidaridad. Los dos gobiernos cuestionados dicen haber cumplido con todos estos puntos y que fue Venezuela quien incumplió la Decisión 598 cuando optó por vincularse al Mercosur. A la vista de estos antecedentes, el canciller peruano, Oscar Maúrua, señaló que la CAN permite a sus miembros firmar acuerdos de libre comercio con EEUU o la UE a fin de buscar nuevos mercados.
Si bien el tratado de la CAN establece que después de la denuncia del Acuerdo de Cartagena, el país renunciante debe mantener a sus ex socios durante cinco años los beneficios del libre comercio, las expectativas de los comerciantes de la región, especialmente los colombianos, son pesimistas acerca de la posibilidad de que Chávez termine desconociendo la legalidad internacional. Sin embargo, Chávez abrió una cierta puerta para la esperanza de que los flujos comerciales se mantuvieran abiertos a través de acuerdos bilaterales, aunque sin especificar sus principales características. Esta posibilidad fue recibida por algunas organizaciones empresariales colombianas como un mal menor, aunque reconociendo que carecía de la efectividad de un acuerdo multilateral.
El anuncio de Chávez de abandonar el G3 (Grupo de los Tres), que Venezuela comparte con Colombia y México, sirvió para hacer evidente que la salida de la CAN es casi definitiva. El anuncio fue simultáneo a la decisión de Chávez de no asistir a la toma de posesión del nuevo presidente de Costa Rica, Oscar Arias. Se dio la circunstancia que Arias quería aprovechar la ocasión para promover un encuentro entre Chávez y Uribe, ahora frustrado, para aproximar posiciones en los diferendos bilaterales. De todos modos, y movidos por interesentes convergentes, Chávez y Uribe acercaron sus posturas, comenzando por las cuestiones energéticas, lo que hace prever, al menos de momento, el mantenimiento de los flujos comerciales bilaterales.
Posibles causas de la medida
El anuncio de Chávez sorprendió a muchos, aunque algunos analistas consideran que la decisión estaba tomada desde hacía meses, pero esperaba el momento más oportuno para anunciarla. Según la evolución de los acontecimientos, no sería descartable que Chávez cambiara de opinión si Perú y Colombia desisten de sus TLC, algo que parece imposible, y más después de la derrota en Perú de Ollanta Humala en la segunda vuelta. Inclusive la debilidad parlamentaria de Humala, con un grupo cada vez más dividido, le impide impulsar políticas tan controvertidas[1]. Por eso, la pregunta acerca de las causas de la salida venezolana de la CAN permanece abierta, aunque sin perder de vista el componente electoral de la medida, teniendo en cuenta que cuando ésta se produjo Perú y Colombia estaban pendientes de afrontar en las semanas siguientes elecciones presidenciales, mucho más disputadas en el primer caso que en el segundo. Al mismo tiempo, hay que recordar que los presidentes Toledo y Uribe buscan profundizar las relaciones con Washington, algo que, como ya se ha visto, no es del agrado de Chávez. De todas formas, el anuncio fue sorpresivo, a tal punto que algunos altos funcionarios venezolanos desconocían el alcance de la noticia en el momento de ser anunciada. Así, por ejemplo, cuando la entonces ministra colombiana de Exteriores, Carolina Barco, llamó a su colega Alí Rodríguez, éste le señaló que desconocía el alcance del anuncio de Chávez.
Otra posible causa estaría vinculada a las crecientes tensiones con Colombia y al deseo del presidente venezolano no sólo de pasarle factura a Uribe por viejos contenciosos, nunca resueltos, sino también de incidir en su campaña electoral por la reelección. Desde comienzos de abril Colombia vivía una nueva, la enésima, crisis con Venezuela, tras denunciarse que los servicios de inteligencia colombianos, junto a grupos paramilitares, habrían urdido un complot contra Chávez. La crisis se precipitó con las declaraciones del ex jefe de sistemas del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Rafael García, que acusó a directivos de esa institución y jefes paramilitares de haberse unido para conspirar contra Chávez. Aunque el Gobierno venezolano ya conocía la presunta participación de paramilitares en el complot, la crisis se agravó cuando García entregó detalles sobre la actuación de funcionarios de la inteligencia colombiana. Por eso, el vicepresidente José Vicente Rangel y el presidente de la Asamblea Nacional Nicolás Maduro exigieron a Uribe una explicación sobre el papel del DAS en la conspiración. En vísperas de su viaje a Brasil, Uribe también se enteró de la decisión del fiscal general venezolano, Isaías Rodríguez, de pedir la extradición de Pedro Carmona, asilado en Colombia desde mayo de 2002, un mes después de renunciar a la presidencia de Venezuela. Ambas decisiones hicieron sonar las alarmas del Gobierno de Uribe, según el cual Chávez había “consentido” tanto la decisión de Colombia de suscribir el TLC con EEUU como la permanencia de Carmona, tras varios encuentros entre los dos mandatarios.
Algunos analistas pensaron que la decisión de abandonar la CAN no se iba a ejecutar totalmente, ya que Chávez sólo quería provocar políticamente, una idea inicialmente compartida por algunos empresarios colombianos. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, todo iba indicando la irreversibilidad de la ruptura. Por eso, llegados a este punto, la pregunta que debe formularse es: ¿a quién quería provocar Chávez? Si bien la respuesta obvia es a EEUU, y de ahí sus críticas a los TLC con Colombia y Perú, no debe excluirse un embate contra la UE. No en vano cuando Chávez hizo su anuncio, el secretario general de la CAN, el peruano Allan Wagner, estaba en Bruselas para decidir un anuncio solemne del inicio de negociaciones entre la UE y la CAN en la Cumbre de Viena. No es ningún secreto el rechazo de Chávez a una negociación de este tipo que él no conducía directamente y de la cual no iba a extraer personalmente ningún beneficio.
Antes de salir para Bruselas, para participar en una reunión UE-CAN el 19 y 20 de abril, el viceministro venezolano de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe, Pável Rondón, había mostrado sus reticencias a firmar un acuerdo entre ambos bloques. Su postura se resume en la falta de acuerdos internos en la CAN, cuando ni siquiera lo hay sobre la firma de TLC con EEUU. Sin embargo, Rondón insistió en el interés de Venezuela en sus relaciones con la UE y exhibió como prueba de ello la presencia de Chávez en la Cumbre de Viena. Se dio la circunstancia que la delegación venezolana, de casi un centenar de personas, fue la más importante numéricamente de todas las latinoamericanas. Por su parte, el presidente peruano Alejandro Toledo reiteró el interés de la CAN en seguir avanzando en la negociación con la UE, aunque Venezuela se retire.
Al mismo tiempo, son cada vez más los países europeos que ven de forma crítica la gestión de Chávez y esto explica algunas de las dificultades de los representantes venezolanos para incluir sus mensajes en la declaración final. Desde la perspectiva del rechazo creciente que suscita Chávez en Europa, aumentado por su influencia sobre Morales. La advertencia de Holanda contra Chávez y la dura réplica del presidente venezolano no deben caer en saco roto. En marzo pasado, el ministro holandés de Defensa, Henk Kamp, afirmó que Venezuela quería apropiarse de las islas Aruba, Curaçao y Bonaire, situadas a sólo 50 kilómetros de la costa venezolana, en las Antillas Holandesas. Por eso, el Gobierno holandés participó en unas maniobras navales en el Caribe junto a EEUU, Canadá, Francia y Bélgica. La respuesta de Chávez se centró en acusar al ministro Kamp de ser un comparsa de Washington. A esto hay que sumar el nuevo impuesto que quiere introducir Venezuela a la explotación petrolera y que afectaría, entre otras, a la británica BP y a la francesa Total (también a la noruega Statoil). El problema para España es que las simpatías que promueve Chávez en los gobiernos europeos son cada vez menores y podría darse el caso de que se quedara aislada en Bruselas en su defensa de un gobierno totalmente contrario a la democracia representativa y cuyas acciones comienzan a afectar a los intereses europeos.
Las respuestas de los distintos socios andinos
Las respuestas iniciales de los distintos socios de la CAN fueron de cautela, esperando incluso que la noticia terminara no confirmándose y que todo quedara en una boutade de Chávez. Sin embargo, en tanto quedaba claro que el margen de maniobra para dar marcha atrás se iba estrechando comenzó a subir el tono de las declaraciones de unos y otros, que adquirieron uno de sus clímax con la acusación del presidente Morales a su colega peruano, Toledo, de traición a los pueblos indígenas. Al mismo tiempo, Morales, que ocupará la presidencia pro tempore en los próximos meses, se mostró inquieto por la situación que heredaría tras la retirada venezolana y por los esfuerzos que debería hacer por recomponer el bloque regional, en momentos en que la Asamblea Constituyente lo tendría bastante ocupado.
Pese a la preocupación generalizada, de momento reina el desconcierto y no se ha optado por ninguna respuesta concreta. Y si bien el secretario general de la CAN, Wagner, planteó la posibilidad de una reunión de los presidentes de la Comunidad, a fin de encontrar “los mejores escenarios posibles” para resolver la crisis, ésta todavía no se ha materializado. Ante esta situación se abren distintos escenarios, como la recomposición de la CAN sin Venezuela, la retirada de Bolivia tras los pasos de Chávez y la reconstitución de un bloque entre Colombia, Perú y Ecuador, o la definitiva quiebra del sistema. Las dudas también afectan al futuro de las negociaciones entre la UE y la CAN.
Colombia, en opinión de Chávez, es el principal responsable de su salida de la CAN, ya que el TLC con EEUU inundaría los mercados venezolanos de productos estadounidenses fuertemente subsidiados. Al mismo tiempo, Colombia sería el principal perjudicado por la medida, ya que su comercio bilateral es el más importante de los que se producían en la CAN. Venezuela es el segundo socio comercial de Colombia, detrás de EEUU. Mientras en 2005 Colombia exportó a Venezuela por 2.097 millones de dólares (un aumento del 29,2% sobre 2004 y el 10% de las exportaciones colombianas), sus importaciones fueron de 1.022 millones, lo que habla de un importante saldo en la balanza comercial bilateral. Una parta importante de estas exportaciones son manufacturas y sería problemático colocarlas en mercados alternativos. Las expectativas para 2006 eran mayores, al esperarse un crecimiento superior al 7% para la economía venezolana. A ambos lados de la frontera el comercio bilateral ha creado cerca de un millón de puestos de trabajo, que estarían amenazadas por esta medida. Pero mientras en Venezuela los ingresos petroleros le permitirían al Gobierno subvencionar a los afectados por la quiebra de los flujos transfronterizos, limitando el riesgo de estallido social, del lado colombiano la situación es más complicada, dada la cantidad de recursos públicos destinados a la guerra contra el terrorismo y el narcotráfico. Pero, como las exportaciones de Venezuela a los países de la CAN, comenzando por Colombia, no son productos energéticos sino manufacturas, es difícil encontrar para ellos mercados alternativos, con el consiguiente golpe sobre la estructura productiva venezolana.
El Gobierno colombiano apostó inicialmente por una cierta “reinvención” de la Comunidad Andina a fin de mantener su posición comercial. Así, se intentó convocar de urgencia una reunión de los presidentes Chávez y Uribe, que no se materializó, lo que llevó finalmente a apostar por la mediación del presidente Lula. Simultáneamente, se vieron con cierta expectativa las insinuaciones tempranas de Evo Morales de convocar una Cumbre presidencial de la CAN, rápidamente frustradas por las acusaciones de Morales contra el secretario general de la CAN y el presidente Toledo. Por eso, Uribe, tras pedir calma y “mucho análisis”, dijo que Colombia busca “una CAN abierta, que pueda superar estos niveles de pobreza y es por eso que queremos… encontrar caminos para que a todos nos vaya bien”.
El ministro de Industria y Comercio colombiano, Jorge H. Botero, dijo que la negociación del TLC respetó la normativa andina y la sensibilidad de los socios y que la CAN se encuentra protegida, ya que el ordenamiento jurídico andino prevalece sobre el TLC, “como quedó consagrado de manera expresa en el texto final del Tratado”. Así, se solicitó a los distintos países miembros información sobre los productos sensibles que podrían verse afectados por el TLC. El ministro también dijo que a finales de marzo recibió una carta de la Secretaría General de la CAN que certificó que el país cumplió con todos los requisitos y obligaciones con los países andinos en su negociación con Washington y que “es bueno decir que Colombia no tiene reproche alguno que formular a la intención de Venezuela de crear una zona de libre comercio con Mercosur, así ello nos imponga, como nos impondrá, una competencia severísima en el mercado de Venezuela frente a Brasil y Argentina”. Botero también recordó que Colombia y Venezuela comparten una frontera muy activa y que tienen planes conjuntos de construcción de infraestructuras, como un gasoducto y un poliducto, que permitiría a Venezuela enviar su petróleo a los mercados asiáticos a través de puertos colombianos ubicados en el Océano Pacífico. En el caso de Venezuela, el comercio binacional se protegió con una desgravación arancelaria de siete años para las exportaciones petroquímicas y de 10 a las del sector siderúrgico, mientras que en el área de automoción se fijaron una serie de períodos y preferencias varias.
Una vez conocida la noticia en el Perú, el presidente Toledo llamó a Chávez para que reconsiderara su decisión, lo que fue inútil y por eso puntualizó que “la CAN seguirá su marcha” y que confiaba en que las afirmaciones de Chávez “sean expresiones de una reacción de momento” porque “sé que él es un integrador y que va a recapacitar”, ya que le cuesta trabajo creer que Chávez “quiera desintegrar, desmembrar la CAN”. Incluso Ollanta Humala, que no oculta sus simpatías por Chávez, lamentó su intención de abandonar la CAN, si bien desde una postura comprensiva de los motivos venezolanos. La opinión de Humala de que el acto fue “una decisión soberana” de Venezuela muestra las contradicciones del discurso bolivariano, al subordinar lo que teóricamente es el principal interés latinoamericano, la integración regional, por encima de los intereses nacionales. A la inversa, el argumento de la soberanía nacional también podría servir para justificar la firma de TLC por Colombia y Perú. Tras estos primeros escarceos, la polémica fue en aumento, afectando incluso al candidato Alan García durante la campaña electoral, que tuvo un duro intercambio de palabras con Chávez. De momento, el desenlace ha pasado por la retirada de embajadores, lo que de alguna manera recuerda a polémicas anteriores entre Cuba y algunos países latinoamericanos, como México y Perú.
Si bien Bolivia comparte la insatisfacción venezolana (el TLC Colombia-EEUU afecta sus exportaciones de soja) inicialmente no manifestó su interés en abandonar la CAN, aunque se sumó a otras iniciativas impulsadas por Chávez, como el ALBA o el TCP (Tratado de Comercio de los Pueblos). Morales, después de dar la impresión de seguir los pasos de Chávez, dio marcha atrás y se mostró partidario de convocar una reunión de presidentes. Para Morales hay países que buscan la desintegración, aunque sostuvo “Siento que la Comunidad Andina está muerta, pero hay que hacer algo” y que el ALBA había vencido al ALCA. De este modo, el vicepresidente García Linera sigue considerando a la CAN como una herramienta importante para salir de la pobreza y el atraso, ya que necesita de sus vecinos para exportar sus productos. Así, dijo que Bolivia, a diferencia de Venezuela, no exporta miles de millones de dólares en petróleo. Posteriormente pidió a Perú y Colombia que pararan cualquier negociación con EEUU sobre el TLC.
Bolivia exporta a la CAN (básicamente a Colombia, Venezuela y Perú) 466 millones de dólares anuales, el 17% de sus exportaciones, lo que da una idea del fuerte impacto negativo que puede sufrir el país si se consuma definitivamente la ruptura del bloque. En 2005 Bolivia exportó 180 millones de dólares a Colombia, 159 millones a Venezuela, 124 millones a Perú y 3 millones a Ecuador, siendo Santa Cruz la región más beneficiada por el comercio con los países andinos. La CAN es el principal mercado regional de Bolivia, con el que ha tenido en los últimos años una balanza comercial positiva, lo que no ocurre con Mercosur, pese a las exportaciones de gas a Argentina y Brasil
Ecuador optó por el perfil bajo y se abstuvo de declaraciones altisonantes, aunque se manifestó por la integridad de la CAN. Sin embargo, coincidiendo con el anuncio venezolano se produjo un más que interesante acercamiento energético con México, plasmado durante la visita oficial del presidente ecuatoriano, Alfredo Palacio, a la capital azteca. Este proceso, según algunos observadores, va más allá de un simple acuerdo de cooperación. El proyecto, vinculado al Plan Puebla-Panamá, supone la construcción de un gasoducto que atraviese América Central e incluya a Colombia. Uno de los objetivos de México sería incrementar, o recuperar, su presencia en América Latina y contrarrestar la influencia de Chávez. En este sentido, la declaración conjunta mexicano-ecuatoriana apuesta por avanzar en el ALCA, lo que equivale a potenciar los TLC con EEUU. Desde el punto de vista ecuatoriano, hay que ver la necesidad de Petroecuador de asesoramiento tecnológico, lo que podría dar Pemex. Esto demuestra el deseo ecuatoriano, expresado a veces de forma contradictoria, de tomar distancia de Chávez. Sin embargo, no debe perderse de vista el posterior fracaso del proyecto de Pdvsa de establecer negocios conjuntos con Petroecuador, pese a la visita de Chávez a Quito, de fines de mayo de 2006.
Pero mientras México intenta aumentar su influencia en la zona andina a través de Ecuador, Venezuela intenta lo mismo con Nicaragua, replicando lo que ya había hecho en El Salvador con algunos ayuntamientos controlados por el FMLN. Mientras Chávez espera que en las elecciones presidenciales de noviembre se imponga Daniel Ortega, al que financia su campaña electoral, ha iniciado algunas maniobras, como el acuerdo firmado entre PDVSA y 53 alcaldías nicaragüenses de la AMUNIC (Asociación Municipal Nicaragüense) para crear la empresa Alba Petróleos de Nicaragua que venderá combustible a precios preferenciales a estos ayuntamientos. Chávez aprovechó el acto para reiterar su apoyo a Ortega, asegurando que esto no significa que se entrometa en los asuntos internos de Nicaragua. Pese a todo, y dada la dificultad de que ambos gobiernos lleguen a un acuerdo bilateral, la aproximación con la AMUNIC de momento ha quedado estancada.
Venezuela y Mercosur
En tanto el objetivo venezolano más repetido para salir de la CAN (Comunidad Andina de Naciones) fue el deseo del Gobierno de Hugo Chávez de una inmediata incorporación al Mercosur, es lógico pensar que las repercusiones de semejante actitud llegaran inmediatamente a este bloque regional. Hay que tener en cuenta que cuando el presidente Chávez anunció su retirada de la CAN, el miércoles 19 de abril, también envió un mensaje envenenado al Mercosur, cuyos países miembros comenzaron a mirar con preocupación los movimientos del mandatario venezolano. No se olvide que el anuncio de abandonar la Comunidad Andina se realizó en una reunión mantenida en Asunción, Paraguay, con los presidentes de Bolivia, Paraguay y Uruguay, estos dos últimos socios del Mercosur. Fue tal el impacto de dicho encuentro, que un alto funcionario argentino se preguntó: “¿Cómo puede ser que haya una reunión del Mercosur de la que excluyen a Brasil y a la Argentina?”. Una pregunta que fue seguida de una amarga queja: “No hubo nadie de nuestros países, nadie”.
La reunión de Asunción les sirvió a los socios menores del Mercosur, Paraguay y Uruguay, para escenificar su descontento con la evolución del bloque y con el comportamiento de los socios mayores, Argentina y Brasil, que los Gobiernos de Asunción y Montevideo consideran discriminatoria para sus propios intereses. No es casual que comience a hablarse nuevamente de subimperialismo argentino y brasileño, un concepto también utilizado en Bolivia a raíz de los recientes roces con Petrobras. De este modo, mientras el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, dijo que “el Mercosur no sirve”, el paraguayo Nicanor Duarte reclamó que el Mercosur debe considerar “la igualdad de derechos de sus socios”, en clara asunción al papel hegemónico de los dos grandes. Y si bien la mayoría de las quejas surgidas de Buenos Aires y Brasilia se dirigieron a los dos socios menores del bloque, a los que se les reprochaba su rebeldía, no por eso se dejó de mirar con preocupación la acción venezolana, calificada como intromisión en los asuntos internos del Cono Sur, un campo de juego hasta entonces reservado a Brasil y Argentina. Uno de los puntos más conflictivos fue la petición uruguaya de que un gasoducto boliviano, en fase de estudio, no atravesara territorio argentino.
La resolución 32 del Mercosur, aprobada hace seis años, estipula que para mantener el estatus de miembro pleno los integrantes del bloque no podrán negociar individualmente acuerdos comerciales o económicos con otros países. Aludiendo a esta cuestión, Vázquez señaló en EEUU que en su momento Uruguay había firmado “un tratado de libre comercio con México y los presidentes Lula y Kirchner no se opusieron. Esperamos lo mismo si fuera con EEUU”. En caso de oposición a su propuesta, la estrategia uruguaya se centraría en cambiar su estatus dentro del Mercosur, pasando de miembro pleno a miembro asociado, al igual que Chile y Perú.
La crisis de las fábricas de celulosa sigue enfrentando a Uruguay y Argentina, con sus consecuentes repercusiones sobre el funcionamiento del Mercosur. En este sentido, una de las posibilidades que barajó en su momento el Gobierno uruguayo fue la de que el presidente Vázquez no asistiera a la reunión plenaria de Córdoba de julio, lo que finalmente fue descartado. El enfrentamiento por las fábricas de celulosa ha hecho evidente la incapacidad del Mercosur de resolver internamente y por la vía de la negociación y el diálogo las controversias entre sus distintos países miembros, que optaron por otros mecanismos, como fue la insólita, y de momento estéril, decisión argentina de acudir ante el Tribunal de Justicia de La Haya. La iniciativa argentina no logró el objetivo buscado, que el Tribunal paralizara las obras de construcción de las dos fábricas, lo que fue, a todas luces, un fracaso personal del presidente Kirchner, principal impulsor de la medida.
Como se ha señalado más arriba, en esa ocasión Chávez completó su anuncio de retirada de la CAN con la manifestación de que se iría al Mercosur, pero a “un nuevo Mercosur”, ya que “si el Mercosur tiene que morir para que nazca una verdadera integración, entonces que muera”. También advirtió a sus miembros que si éste no emprende una reestructuración profunda, poniendo mayor énfasis en lo social, podría correr la misma suerte que la CAN. Si bien es cierto que el volumen del comercio exterior en el área del Mercosur es mayor que en el de la Comunidad Andina, resulta más discutible la posibilidad venezolana, especialmente de su sector manufacturero, de competir con la producción de Brasil y Argentina en la materia. Hay otro punto conflictivo que es el rechazo frontal del Gobierno venezolano a los TLC, bajo el argumento de que se trata de herramientas neoliberales que no favorecen a los pueblos. Se trata del mismo argumento que volvió a utilizar el Gobierno venezolano cuando abandonó el G-3, un grupo de integración surgido en 1989, aunque oficialmente activo desde 1995.
Sobre los TLC y Mercosur habría hay dos cuestiones importantes a considerar. Primero, la prohibición en los estatutos del Mercosur de que sus miembros negocien tratados de libre comercio de forma individual. Esto obliga a que sea el bloque quien deba hacerlo por el conjunto de los países miembros. Y si bien Venezuela todavía no ha armonizado su legislación a lo establecido en los distintos acuerdos del bloque, ya es miembro de pleno derecho del Mercosur, ya que las gestiones aceleradas para que lo sea dieron sus frutos en un claro ejemplo de negociación apresurada. Por eso, la duda que surge en este punto es qué pasará si las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio, en el marco de la Ronda de Doha, concluyen y, como consecuencia, se desbloquea la negociación con la UE. ¿Quién impondrá su punto de vista, Venezuela, radicalmente contraria al acuerdo, o la Argentina, partidaria del mismo? Al mismo tiempo, se sabe que es intención de los Gobiernos de Paraguay y Uruguay –que se sienten discriminados por los socios mayores del bloque, Argentina y Brasil, y que piensan que no obtienen del Mercosur todos los beneficios que estiman legítimos– solicitar autorización para negociar TLC con EEUU de forma separada. Esto sería, por un lado, un duro golpe contra la filosofía del Mercosur, que siempre se empeñó, tanto en las negociaciones con Washington como con Bruselas, en imponer la fórmula 4 + 1, como también un duro cuestionamiento a los apriorismos filosóficos venezolanos, contrarios al libre comercio. ¿Podrá imponer Venezuela sus puntos de vista, pese a no estar totalmente integrada, o primará la postura más pragmática de Brasil y Argentina que no querrán ver como su invento salta por los aires?
En segundo lugar hay que considerar que Chile, que tiene un estatus de observador en el Mercosur, tiene firmados 15 TLC, incluyendo acuerdos con EEUU, la UE, China y Corea (actualmente está negociando otros, entre los que destacan la India y Japón). El Gobierno de Bachelet es una paradoja en lo referente a sus relaciones con Chávez[2], ya que por motivos estratégicos Caracas ha decidido, de momento, mantener buenas relaciones con la presidenta chilena (Chávez incluso se ha declarado un ferviente “bacheletista”), lo que le lleva a no criticar los acuerdos que tiene firmados. ¿Qué pasará el día que Venezuela se incorpore plenamente al Mercosur? ¿Exigirá el abandono de Chile o, por el contrario, renunciará al bloque ante el hecho de que en su seno hay países con TLC firmados? En la misma situación que Chile, miembro asociado del Mercosur, se hallan Colombia y Perú, cuyos TLC fueron, teóricamente, el impulsor de la salida venezolana de la CAN.
El pensamiento de Lula sobre el papel internacional de su país es bastante claro. Por eso manifestó que no se debe “hacer ideología con nuestras relaciones políticas y comerciales”. Y si bien Argentina y Brasil no se enfrentaron abiertamente contra la posición de Chávez contraria a los TLC, sí hubo en las diferentes reuniones mantenidas por los mandatarios, así como en los encuentros entre Chávez, Lula y Kirchner, momentos de tensión a cuenta de esta situación. Lula incluso le manifestó a Chávez, durante la Cumbre mantenida en Puerto Iguazú el 4 de mayo, tres días después del anuncio boliviano de nacionalización de hidrocarburos, que Chávez estaba perjudicando no sólo el proyecto del gasoducto sudamericano, sino también la propia integración regional en América del Sur. Brasil, en palabras de Marco Aurelio García, el principal asesor de Lula en política exterior, no es partidario de la desarticulación del Mercosur. Pero no sólo eso, el ministro brasileño de Asuntos Exteriores, Celso Amorim, durante una comparecencia en el Senado, para dar cuenta de las gestiones de su Gobierno relativas a los hechos de Bolivia y a la forma en que habían sido afectados los intereses brasileños, fue tajante al afirmar que “no es el Mercosur el que tiene que adaptarse a Venezuela, sino Venezuela la que tiene que adaptarse al Mercosur”, ya que, caso contrario, no se alcanzará ningún acuerdo[3].
A partir del anuncio venezolano de retirarse de la CAN, formulado en una mini cumbre presidencial, y de los hechos posteriores que se desencadenaron y que de alguna manera están vinculados entre sí, se multiplicaron los encuentros (bilaterales y multilaterales) entre presidentes sudamericanos, así como los viajes de los ministros. Todo ello da buena cuenta de la gravedad de la situación planteada, más allá de las sonrisas en las fotos, y prueba el impacto provocado por la salida de Venezuela de la CAN. El 24 de abril, Lula se reunió con el presidente Uribe, y si bien la reunión estaba en la agenda desde tiempo atrás (inicialmente se iba a realizar el 7 de marzo), sirvió para que Uribe solicitara la mediación de Lula ante Chávez y que tratara de impedir la ruptura de la CAN. Posteriormente Lula recibió a Kirchner y al día siguiente ambos mandatarios se reunieron con Chávez. A esto hay que agregar la Cumbre de La Habana (Castro, Chávez y Morales) y las numerosas reuniones informales mantenidas durante la Cumbre Europa-América Latina y el Caribe celebrada en Viena. El broche de oro fue el viaje del presidente Chávez a Bolivia para, junto al vicepresidente cubano Carlos Lage, poner en marcha una batería de proyectos de cooperación, evidencia manifiesta del protagonismo creciente que está teniendo Venezuela en Bolivia, una zona anteriormente vedada a sus intereses.
La reunión en São Paulo, entre los presidentes Lula, Kirchner y Chávez sirvió no sólo para hablar del macro proyecto de gasoducto continental, sino también para tratar la crisis de la CAN y la postura de Venezuela en el seno del Mercosur. La reunión entre Chávez, Morales, Tabaré Vázquez y Duarte Frutos puso en evidencia, a los ojos de argentinos y brasileños, un desembarco en cuestiones hasta ahora vistas como propias. A priori se podría decir que la actual situación contrasta con la vivida meses atrás, cuando tanto Lula como Kirchner ansiaban tener a Chávez como socio para relanzar el Mercosur, y sobre todo teniendo presente sus importantes reservas de petróleo. Sin embargo, la presión directa de Chávez sobre los otros presidentes del Mercosur para acelerar su integración en el bloque han dado buenos resultados y podrían hacer pensar en un escenario distinto. Sin embargo, no debe perderse de vista que desde la perspectiva de Brasil y Argentina, con los dos presidentes optando por la reelección, aunque en momentos diferentes (Lula en octubre de 2006 y Kirchner un año después), un enfrentamiento abierto con Venezuela sería totalmente suicida. Al mismo tiempo, se observan algunas diferencias, ya que mientras Kirchner necesita el dinero venezolano para resolver problemas de financiación, Brasil no tiene, ni quiere, esta dependencia.
Ahora bien, el acercamiento de Chávez a Paraguay y Uruguay puede sonar más complicado, dada la tendencia de estos dos países de comenzar a negociar un TLC con los EEUU. Pese a ello, y dada su condición de recién llegado y por estar tan reciente la ruptura de la CAN, es posible que Chávez no ponga excesivos reparos a los proyectos de los Gobiernos de Montevideo y Asunción.
Desde el anuncio de incorporación de Venezuela al bloque se han producido algunos hechos que preocupan tanto en Brasilia como en Buenos Aires, ya que podrían repercutir negativamente sobre sus relaciones, ya difíciles, con los EEUU. Primero, la defensa del programa nuclear iraní junto a Cuba y Siria. Algo similar se produjo con el respaldo venezolano al lanzamiento de los misiles norcoreanos y el anuncio de Chávez de viajar a Corea del Norte. Chávez no sólo señaló que cualquier país puede acceder a la tecnología nuclear sino también que Venezuela quería aspirar a tal cosa. Aún más, también se opuso a que el Consejo de Seguridad atendiera tal cuestión, teniendo en cuenta que Argentina es hoy miembro de dicho Consejo. Segundo, las presiones, abiertas algunas, encubiertas otras, que está ejerciendo Venezuela sobre los restantes Gobiernos latinoamericanos para aspirar a un puesto en el Consejo de Seguridad. En 2005, Venezuela e Irán firmaron acuerdos de cooperación comercial, industrial y agrícola como parte de su acercamiento bilateral. Si bien esto no es cuestionado por Brasil y Argentina, lo que no se ve nada claro es el aspecto nuclear del programa. Tercero, el radicalismo creciente de Chávez, unido a su creciente presencia en Bolivia, han hecho sonar algunas señales de alarma en Itamaraty y el Palacio San Martín –sedes de las cancillerías de Brasil y Argentina–, que se habían comprometido ante Washington a moderar a Chávez. Este es el caso de la amenaza de Chávez de volar todos los pozos petroleros venezolanos en caso de invasión de EEUU.
Las cuestiones abiertas por la nacionalización de los hidrocarburos de Bolivia
Bolivia, Venezuela y Cuba
Una de las principales derivadas del abandono venezolano de la CAN fue el reforzamiento de las relaciones entre Bolivia, Cuba y Venezuela. Tras la elección de Morales en diciembre de 2005 y de sus escalas en La Habana y Caracas, se observó una intensificación de los lazos entre Cuba, Venezuela y Caracas y la firma del TCP sólo reforzó este rumbo. La presencia venezolana se hizo más evidente, comenzando por los técnicos de Pdvsa con sus rojos uniformes y un buen número de militares venezolanos, también uniformados, que se mueven por Bolivia con entera libertad.
El TCP se firmó en La Habana el 29 de abril de 2006. Y si bien lo de TCP es un eufemismo para no hablar de libre comercio, el Tratado es un tratado de libre comercio que permitirá vender productos bolivianos a los otros dos países con arancel cero, más algunas cláusulas de cooperación, como la venta a precios subsidiados de combustibles venezolanos y el envío de médicos y educadores cubanos a Bolivia. La pregunta es ¿por qué se firmó el TCP en ese momento? De algún modo se quería convencer a Morales de que redujera sus críticas a la crisis generada por la salida venezolana de la CAN, y garantizarle mercados alternativos para sus productos. La cuestión de fondo es si, más allá de la promesa de los comandantes Castro y Chávez de comprarle coca y quina, se podrán reemplazar los mercados andinos, centrales para sus exportaciones. La apuesta de Morales por relanzar la CAN y la petición andina, a instancias de Bolivia y Ecuador, de solicitar a EEUU la renovación de la Ley de Promoción Comercial Andina y de Erradicación de la Droga (ATPDEA) apuntan claramente a una respuesta negativa.
Las exportaciones de soja boliviana a Colombia podrían ser afectadas por el TLC con EEUU, cuya soja podría reemplazar a la boliviana en el abastecimiento del mercado colombiano. Uribe prometió compensar a Bolivia por las pérdidas del acuerdo con EEUU, pero Morales optó por la solución venezolana y pidió a los productores cruceños, los más preocupados por esta medida, que “no se preocupen de su soya, tenemos mercado… Venezuela se compromete a comprar toda [nuestra] soya”, en unas operaciones al margen de la CAN. La cuestión es si el mercado venezolano tiene capacidad para absorber tanta soja. Al mismo tiempo, Morales también mostró su confianza en los mercados asiáticos y africanos.
En el mismo acto de La Habana, también se dejó constancia de la adhesión boliviana al ALBA, un proyecto querido pero no definido por Chávez. Es plausible que en esta cumbre, a la que acudió Daniel Ortega, se sentaran las bases del anuncio del 1 de mayo de nacionalización de los hidrocarburos. No fue ninguna sorpresa, ya que el ministro de Hidrocarburos y el vicepresidente García Linera insistían en su rápida sanción, pero las contradicciones dentro del Gobierno impedían materializarlo. En esos días se debió de despejar el monto de la inversión venezolana en el sector energético boliviano. Y si bien a Morales pueden haberle satisfecho las promesas de Chávez, habrá que estar atentos a cómo se materializan, a la vista de otras promesas acabadas sólo en proyectos.
Durante la campaña electoral para la Asamblea Constituyente, la principal fuerza opositora, Podemos, intentó hacer de la masiva presencia venezolana en Bolivia un tema central, aunque careció del impacto que tuvo en Perú y, en menor medida, en México. Esta presencia fue definida como abierta injerencia por la oposición y como cooperación por el Gobierno. Según una encuesta de la empresa Apoyo, Opinión y Mercado, de julio de 2006, el 51% de los bolivianos cree que Chávez se entromete en los asuntos nacionales, mientras el 41% considera que colabora. El 48% de los consultados señaló que la situación le disgusta y el 38% la aprueba. Santa Cruz tiene el mayor nivel de rechazo a la presencia venezolana, ya que el 69% la considera intromisión. La encuesta se realizó en un mes de “intensa presencia venezolana”: visita de Chávez (con la emisión incluida de un “Aló presidente”) y firma de varios convenios bilaterales.
La nacionalización de los hidrocarburos
La energía se ha convertido en algo central en el proceso de integración latinoamericana, aunque ya surgen dudas sobre la forma en que se desarrolla la integración energética pese a que la región es, en términos generales, exportadora neta de combustible. El secretario general de la CEPAL, José Luís Machinea dijo que América Latina no había podido “construir un sistema de integración energética”, como hizo Europa pese a sus problemas. Tampoco se pudo “generar una carta energética”, como en Europa y no hay regulaciones energéticas comunes entre los países. Según su juicio, “va a ser muy difícil avanzar en el proceso de integración energética en América Latina en el corto plazo, y en todo caso lo que cabe esperar son algunos acuerdos bilaterales y una profundización de los acuerdos entre Bolivia y Argentina y Bolivia y Brasil”. Para colmo, según su interpretación, hay un gran riesgo de politización.
El último acto en el tablero geopolítico de la región fue el Decreto Supremo del Gobierno boliviano de nacionalizar los hidrocarburos. En São Paulo, el presidente Lula le pidió a Chávez que intercediera ante Morales por lo que creía un ataque sistemático contra los intereses brasileños. Los temores fueron confirmados por el decreto nacionalizador que afecta tanto a Petrobras como al abastecimiento de gas a Brasil. De ahí la dureza de la reacción brasileña, tanto de Petrobras como del Gobierno y la reunión urgente de una cumbre presidencial en Puerto Iguazú, con Lula, Kirchner, Morales y Chávez. Sorprendió la ausencia de Tabaré Vázquez, que mantiene un contencioso con Kirchner por la construcción de dos plantas de celulosa. La sorpresa reforzó el anuncio de Vázquez sobre la posibilidad de abandonar Mercosur. Cuando se celebró la cumbre, Vázquez estaba reunido con Bush y uno de los temas de la agenda fue la ampliación del comercio bilateral y la firma del Tratado de Inversiones entre ambos países, demorado en el Congreso de EEUU. Es un paso previo a la firma de un TLC, un paso que de momento Uruguay no va a dar, ya que su Gobierno no quiere dar el primer paso para destruir el Mercosur y de ahí su cautela. Su estrategia busca obtener, en un futuro no remoto, la autorización de sus socios, especialmente Argentina y Brasil. Por eso será interesante ver la postura de Venezuela, a la vista de sus argumentos para salir de la CAN.
El decreto nacionalizador tuvo una clara motivación electoralista, al ser un mensaje dirigido a los votantes y las bases del MAS en plena campaña por la Asamblea Constituyente. Sin embargo, sus efectos no se quedan allí. Repercutieron directamente sobre el sector energético, y también sobre las relaciones del Gobierno boliviano con las empresas petroleras presentes en el país, comenzando por Petrobras y Repsol. También afectaron las relaciones exteriores, especialmente con Brasil y Argentina, los dos mayores mercados del gas boliviano. La pretensión del Gobierno de Morales de aumentar el precio del gas creó tensiones con los vecinos, que si bien se resolvieron en el caso argentino, siguen abiertas con Brasil. En lo referente al abastecimiento de gas a Brasil y Argentina, el vicepresidente García Linera garantizó el suministro, aunque con nuevos precios. Bolivia exporta a Brasil 24,3 millones m3 diarios de gas y entre 4,5 y 5,0 millones de m3 a Argentina. Poco más del 50% del gas de Brasil, y el 75 % del gas utilizado en São Paulo, el motor industrial del país, llega desde Bolivia. De los 44 millones de m3 diarios producidos por Bolivia, 30 millones se destinan a Brasil, que pagaba en el momento de la nacionalización cerca de 3,23 dólares el millón de BTU (unidad térmica británica) y la Argentina, 3,18 dólares. Sin embargo, a medio plazo, Brasil tiene una clara estrategia para lograr el pleno autoabastecimiento en gas, lo que sería un duro golpe para las arcas bolivianas.
La negociación con Argentina
Argentina llegó primero a un acuerdo con Bolivia, después de unas negociaciones largas y complicadas, y pagará 5 dólares el millón de BTU en vez de los 3,18 dólares anteriores, un 56% de aumento. Es el precio más alto pagado en América del Sur por el gas y regirá hasta fines de 2006, cuando sea revisado con una fórmula de actualización que ambos Gobiernos deben elaborar. La subida del precio permitirá a Bolivia recaudar 70 millones de dólares más hasta fin de año. Sin embargo, el acuerdo generó algunas tensiones en Bolivia, especialmente en Santa Cruz y Tarija, los dos principales centros productores de hidrocarburos, donde sus comités cívicos rechazaron una cláusula del convenio porque confisca “las regalías departamentales y todos los recursos generados por el 32% del IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos)”. Temen que el Gobierno central se apropie una porción mayor de los beneficios de la exportación de gas y que si el mismo convenio sirve de base para las negociaciones con Brasil, al que exportan cinco veces más, la confiscación será cinco veces mayor.
El acuerdo, en tanto lo cumplan cabalmente ambas partes –lo que está por ver– debería generar confianza y hacer más previsible el consumo argentino de gas, aunque esto depende de otras variables, como las inversiones privadas y estatales en prospección. Desde un punto de vista regional, el acuerdo debería reducir el riesgo de nuevos cortes de gas argentino a Chile, al menos teóricamente. Dados los diferendos que afectan a Chile y Bolivia, Argentina no debería reexportar el gas boliviano al mercado chileno, lo que nadie espera cumplir. Según la óptica argentina, el acuerdo con Bolivia puede verse como un intento del presidente Kirchner, coordinado con Lula, para limitar la influencia venezolana en Bolivia. Pero, para que ello ocurra, deben darse varios condicionantes. Primero, que Morales acepte cambiar sus bases de ayuda y, sobre todo, que ésta llegue efectivamente desde Argentina y no se quede en algo retórico. También es necesario que Argentina tome cierta distancia de Chávez, lo que a la vista de las declaraciones de Kirchner y de la proyectada emisión del Bono del Sur, respaldado por Venezuela, es bastante difícil que se produzca.
El acuerdo busca definir algunas líneas de actuación futura. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) será socio de Enarsa (la empresa energética nacional argentina) en la construcción del Gasoducto al Nordeste Argentino (GNEA), de más de 1.500 km de longitud, para abastecer de gas boliviano ocho provincias argentinas. Se mantiene el límite de 7,7 millones de m3 diarios fijados en 2004, aunque se prevé una ampliación de otros 20 millones en los próximos 20 años para alimentar el ducto, así como construir, con créditos argentinos, una planta de industrialización de gas. La construcción del GNEA demandará dos años y medio, con un presupuesto que ronda los 1.000 millones de dólares a cubrir mediante licitación internacional, pero es en la financiación donde radica parte el problema. La lectura voluntarista de los dos Gobiernos, últimamente omnipresente en todos estos temas, asume que las necesidades de financiamiento externo se podrán cubrir fácilmente, tanto en lo que se refiere a YPFB como a Enarsa. Es sintomática la respuesta de las autoridades bolivianas, que dicen, por un lado, que YPFB tiene toda la capacidad para construir el gasoducto, pero que no será la empresa estatal ni el Gobierno boliviano quien invierta el capital necesario. Por eso esperan, como en todos los gasoductos construidos por Transredes, conseguir financiamiento externo, aunque los ductos construidos de este modo lo fueron antes del decreto nacionalizador. Las autoridades de ambos países decidieron vincular el proyecto al plan del Gasoducto del Sur, el proyecto faraónico que impulsa el presidente Chávez y que teóricamente deberá garantizar el abastecimiento gasífero a toda América del Sur, con un ramal principal de más de 8.000 km de longitud, de Venezuela al sur de Brasil y Argentina.
Los contenciosos con Brasil
El Gobierno boliviano pretende que el acuerdo con Argentina sea una señal para negociar el precio del gas con Brasil, aunque la situación brasileña es particular: importan un volumen superior, las inversiones de Petrobras superan ampliamente el insignificante nivel argentino y reclaman la vigencia del sistema de actualización de precios incluido en el contrato firmado por ambas partes. El Gobierno de Lula creía que Morales jamás tomaría una decisión unilateral dada la importancia de Brasil en el PIB boliviano. En 1991, Bolivia exportaba a Brasil 30 millones de dólares frente a los 700 millones actuales. El aumento se centra, básicamente, en el gasoducto GasBol, construido hace siete años. Aunque la provisión de gas está garantizada, hay graves problemas. “Brasil es la gallina de los huevos de oro de Bolivia” y Morales sólo “quiere aumentar el tamaño de los huevos”, dijo un directivo de Petrobras. Para Bolivia, integrar su economía con Brasil era una clara opción estratégica que habría impulsado su crecimiento. Carente de una salida al mar, producir energía, materias primas, insumos y manufacturas para el gran mercado brasileño era algo que estaba al alcance de la mano y que el Gobierno de Evo Morales ha hecho saltar por los aires de un plumazo. Resultará difícil que Brasil vuelva a aumentar sus negocios con un socio tan poco fiable como Bolivia.
Las relaciones con Brasil han llegado a un punto muerto, prueba de la crisis actual, impensable hace un par de meses. En perspectiva histórica, no se entiende el giro de Morales respecto a Brasil. La única explicación plausible se vincula a las alusiones constantes a los 500 años de explotación colonial que sometieron a Bolivia a la pobreza. Extremando el argumento, los brasileños serían los nuevos conquistadores, el imperialismo local, empeñado, como EEUU, en esquilmar al país. Pero los conflictos con Brasil no terminan en los temas energéticos. Parte de los grandes terratenientes y mayores productores de soja de los departamentos orientales son brasileños o de origen brasileño. Los que tienen propiedades a menos de 65 km de la frontera, algo prohibido por la ley boliviana, están directamente amenazados por el Gobierno, como los establecidos más al interior, cuyas propiedades pueden ser afectadas por un reforma agraria indiscriminada que podría acabar con buena parte de las exportaciones de soja.
También está el caso de la empresa minera MMX, filial del gigante siderúrgico brasileño EBX, invitada a abandonar Bolivia, aunque todavía la retirada no se ha materializado del todo[4]. Aquí convergen dos explicaciones. Por un lado, la destrucción del medio ambiente, ya que el proyecto de MMX quería utilizar carbón vegetal, lo que hubiera destruido buena parte de los bosques cercanos. Con ser un argumento de peso, no debería ser complicado cambiar la opinión de la empresa para utilizar una fuente alternativa energía. La otra explicación reside en la prohibición de construir fábricas extranjeras a menos de 50 km de la frontera. Este conflicto no fue ajeno a la constitución de la Empresa Minera del Sur (Minensur), por Bolivia y Venezuela, para explotar los yacimientos de hierro bolivianos, especialmente los de El Mutún. El proceso de licitación internacional impulsado por el anterior Gobierno para explotar El Mutún fue postergado en dos oportunidades por la actual administración, al no estar garantizada la participación del Estado en todo el proceso. El resultado final redujo a dos todas las ofertas: Jindall Steel y Mittal Steel, ambas de capital indio, después que la argentina Siderar desistiera de presentar oferta. Como Mittal fue descalificada en la fase de presentación de propuestas, el proyecto se adjudicó a Jindall.
El apoyo inicial de Lula a Morales hacía pensar en una intensificación de las relaciones bilaterales, beneficiosas para Bolivia. Sin embargo, desde la nacionalización de los hidrocarburos se han intensificado los conflictos hasta llegar a la actual incertidumbre, por más que Brasil trate de mantener las formas y su apoyo a Bolivia. Lula rehusó reunirse con Morales en Caracas, al coincidir en el acto de ingreso de Venezuela a Mercosur. Morales quería tratar al máximo nivel el aumento del precio del gas, pensando que la amistad entre ambos destrabaría la negociación. Lula, muy duro, señaló a la prensa que no había ido a Caracas a discutir de precios, ya que para eso estaban las comisiones técnicas. Esto demuestra el enfado brasileño, de Lula en particular, con el Gobierno boliviano, y su intención de no hacer nada para mejorar las cosas, dada la política de autoabastecimiento de gas que busca Petrobras con nuevas y cuantiosas inversiones en el área marítima de Santos. Petrobras, que invirtió más de 1.500 millones de dólares, no invertirá en Bolivia, pese a sus planes de desarrollar campos productores y cooperar en la industrialización del gas, con un complejo petroquímico en Puerto Suárez y una planta termoeléctrica. Petrobras calificó la nacionalización de los hidrocarburos como “unilateral”, y el ministro de Minas y Energía como “inamistosa”, pero posteriormente el Gobierno brasileño rebajó el tono de sus protestas y en un comunicado oficial señaló que: “La decisión del Gobierno boliviano de nacionalizar las riquezas de su subsuelo y controlar su industrialización, transporte y comercialización, es reconocida por Brasil como acto inherente a su soberanía”.
YPFB planteó a Petrobras subir el precio tras acordar con Argentina 5 dólares por millón de BTU. Si Bolivia quiere reproducir el esquema de negociaciones entre gobiernos, Brasil, que mantiene inflexible su posición, apuesta por reunir las comisiones técnicas. Petrobras y el Gobierno brasileño insisten en la vigencia del contrato firmado, según el cual la nueva tarifa se debe incrementar un 10%. Desde esta perspectiva, las autoridades brasileñas remarcan que ya aceptaron pagar 4 dólares desde el 1 de julio y no consideran como referente los 5 dólares firmados con Argentina, ya que su contrato es diferente, de 20 años de vigencia, que vencen en 2019. Por su parte, YPFB puntualiza que el convenio establece que cada cinco años, un plazo cumplido en 2004, cualquier parte puede plantear modificar los precios. Las negociaciones técnicas están paralizadas y no hay indicios de que se reinicien, salvo para que Brasil comunique formalmente que no acepta el aumento al margen del contrato vigente. Al margen de estas cuestiones, amenaza otro frente de tormenta, ya que Petrobras Bolivia Refinación quiere incrementar el precio de los carburantes que entrega a YPFB.
Chile, Argentina y Bolivia
El alcance regional de la nacionalización no termina en Brasil y Argentina, al tener repercusiones regionales, comenzando por el abastecimiento de gas natural a Chile, que sólo llega desde Argentina. Chile, con su regionalismo abierto, busca diversificar sus fuentes de abastecimiento, aumentando las importaciones de gas licuado, para lo cual ya tiene las infraestructuras suficientes. También querría importar gas de Perú o Bolivia, aunque la última posibilidad supone un acuerdo diplomático a tres, dada la herencia de la Guerra del Pacífico, que condiciona la reivindicación boliviana de salida al mar. El ministro chileno de Exteriores, Alejandro Foxley, mostró su preocupación por el alcance de la nacionalización de los hidrocarburos bolivianos, al señalar que cuestiona “los esquemas de integración” existentes. La reciente medida del Gobierno argentino de aumentar el precio de los combustibles en las zonas fronterizas para los camiones y automotores extranjeros mostraron no sólo las dificultades crecientes que afrontan las autoridades argentinas en el campo del abastecimiento energético, sino también la crispación del Gobierno chileno ante la medida.
Chile teme que el aumento del gas boliviano a Argentina repercuta directamente en los bolsillos de los consumidores chilenos y dispare la inflación. El aumento del precio del gas para Chile podría estar en torno al 35% (podría llegar al 100% según fuentes chilenas), para compensar los 110 millones de dólares adicionales que debe pagar anualmente Argentina a Bolivia. El precio chileno sería mayor que el que pagan Uruguay y Brasil (los3,40 dólares actuales el millón de BTU tendrían un aumento del 10%). Foxley advirtió que si la situación se mantiene, se reduciría “el crecimiento de toda América Latina en el ámbito económico y de empleos”. Chile no tendría más remedio que aceptar un incremento basado en un impuesto a las exportaciones de gas natural, “una decisión del Gobierno argentino que tiene que ver con impuestos locales”. El problema para Chile es que dada su elevada dependencia del gas argentino, de momento sus posibilidades de retaliación son escasas.
El aumento de precios repercutiría en las tarifas eléctricas. Chile importa diariamente, en tiempos normales, 22 millones de m3 de gas natural argentino, para producir el 47% de su energía eléctrica. A lo largo de la frontera el gas argentino circula por cinco gasoductos para el abastecimiento industrial y domiciliario. Desde hace dos meses, Argentina reanudó los recortes iniciados hace dos años y que superan el 40% del gas que debería suministrar al mercado chileno, según los protocolos firmados en 1995, que para estos casos contemplan causas de “fuerza mayor”, como las necesidades internas del país proveedor. Las mayores dificultades se observan en el norte chileno, donde las reducciones superan el 80% y afectan a su actividad industrial y minera.
Por las dificultades existentes y la falta de inversiones en el sector energético argentino, Chile busca recomponer su relación con Bolivia y regularizar su abastecimiento energético. Esto explica el trato dado por la presidenta Bachelet a su colega Morales y los esfuerzos chilenos por normalizar una relación conflictiva. Bolivia sigue lamentando su falta de salida al mar, de lo que responsabiliza a Chile. Durante las movilizaciones populares que acabaron con el Gobierno de Sánchez de Lozada hace dos años y medio, el nacionalismo antichileno galvanizó las protestas. En julio de este año se ha dado un paso importante con la creación de una Comisión Binacional entre Chile y Bolivia para analizar “temas específicos”, que se completará con un encuentro de vicecancilleres en agosto. La llegada de Alan García al gobierno en Perú, que ya ha sido recibido en Santiago por la presidenta Bachelet, también ha abierto nuevas expectativas sobre una mejora en las relaciones bilaterales que le permitan a Chile beneficiarse del gas de Camisea.
Bolivia y el futuro de la CAN
Bolivia debe resolver una cuestión importante en lo relativo a la integración regional: permanecer en la CAN o terminar de vincularse al Mercosur, del cual ya es miembro asociado. Tras asumir la presidencia pro tempore de la CAN y pese a las dudas iniciales, el Gobierno de Morales apostó por ella, ya que sino la conflictividad interna hubiera aumentado, especialmente la de los sectores más dependientes de los mercados andinos. La Cumbre presidencial de Quito fue buena prueba de ello, pese a la retórica “popular” y etnicista con que la delegación boliviana intentó recubrir el comunicado final. Durante la cumbre de Caracas, para plasmar el ingreso de Venezuela como miembro pleno del Mercosur, se hicieron votos para un pronto ingreso de Bolivia, pero Morales fue muy prudente y dijo que es necesario que Bolivia conozca “profundamente” sus posibilidades, para no aventurarse sin saber los beneficios del cambio. Aunque dijo tener “buenas relaciones” con Argentina y “excelentes” con Brasil, la cuestión de fondo es ver si “podrán ayudar económicamente a Bolivia”, por la diferencia de tamaño de sus economías y que su prioridad es unir a la región andina, ya que su integración es la base para “gestar desde allí la gran unidad sudamericana” con Mercosur.
Bolivia no es el único país interesado en mantener la CAN. Alan García está impulsando la integración andina, como prueban sus viajes a Colombia y Ecuador, más Chile, lo que realza su decisión de no viajar inicialmente a Bolivia. El 28 de julio, durante su toma de posesión, se reunirán los presidentes de la Comunidad Andina, y se invitó a la presidenta Bachelet, para que Chile regrese al bloque que abandonó en 1978, aunque es observador. La propuesta surgió de la visita de García a Bogotá y su entrevista con el presidente Uribe, donde acordaron trabajar juntos para fortalecer la CAN y lograr la reincorporación de Chile, para darle mayor solidez y avanzar en el Tratado de Asociación con la UE. Sin embargo, las reticencias de Chile de vincularse a algún esquema de integración regional que no tenga sus mismos y bajos aranceles es casi nula.
Después de Brasil (donde impulsó una alianza estratégica con Brasil y el impulso a las relaciones bilaterales) y Chile, García estuvo en Colombia y en Ecuador, con el objetivo de reforzar la CAN, y estrechar relaciones con algunos vecinos, especialmente los más útiles en su enfrentamiento con Chávez. El encuentro con Uribe fue importante para las relaciones bilaterales, que mantendrán el tono de cooperación alcanzado con Toledo, sobre todo en la postura frente al conflicto colombiano. El gesto de García, al respaldar cualquier iniciativa para terminar con la violencia en Colombia, representa un nuevo revés para Hugo Chávez, el principal respaldo internacional de su rival Ollanta Humala: “No permitiré que el territorio peruano sea usado en contra de la democracia colombiana, ni para que se utilice como corredor del tráfico de armas, ni para descanso de subversivos combatientes”. García anunció en Quito su disposición a reunirse con Chávez para normalizar las relaciones diplomáticas entre ambos países, pero lo criticó al decir que su salida de la CAN no respondió a un factor ideológico, sino a sus ingresos petroleros, que superan los 70.000 millones de dólares anuales, y pronosticó (aunque esto es menos probable) que cuando se firme un Acuerdo con la UE, Venezuela retornará al bloque andino.
García llegó a la capital ecuatoriana con un mensaje pacifista e integrador. Reiteró que Ecuador y Perú no tienen temas pendientes y destacó que la paz entre ambos países garantiza la confraternidad por los “siglos de los siglos”. García se reunió con el presidente Alfredo Palacio, con quien trató temas de integración regional y de interés bilateral, tras mostrarse solidario con la petición ecuatoriana de extender el sistema de preferencias arancelarias con EEUU. García quiere que Ecuador se integre en un eje económico regional con Brasil, Chile y Colombia, que equilibre a Venezuela, y para ello respaldó a Palacio en dos temas importantes: su giro en política petrolera, incluida la salida de la estadounidense Oxy, y la solicitud de que EEUU extienda las preferencias la ATPDEA y reanude las negociaciones para firmar un TLC.
Perú intenta posicionarse en el mercado mundial siguiendo el modelo chileno. Mira a Chile como una economía complementaria: se beneficia de la balanza comercial bilateral y recibe importantes inversiones. Los dos se ven como socios para entrar en Europa y Asia. El acercamiento entre Chile y Perú también puede consolidar un bloque del Pacífico, en el que Bolivia y Ecuador aparecen aislados. Las prioridades bolivianas en lo referente a la reforma institucional y la cuestión energética alejan a Morales de la agenda estadounidense de libre comercio y lo acercan al Mercosur, pero, simultáneamente, lo dejan en una posición difícil ante Chile y Perú. Sin embargo, hay grandes diferencias entre Bolivia y Ecuador, como también en su relación comercial con EEUU y sus vecinos, Perú y Colombia.
La Cumbre de Quito de la CAN sirvió para que Bolivia y Ecuador solicitaran a sus socios andinos el respaldo ante EEUU para renovar la ATPDEA, concedida a los países andinos como parte de la ayuda por la lucha contra el narcotráfico. Para Bolivia, y especialmente para la producción artesanal de El Alto y otras manufacturas exportables, sería un duro golpe que no se renovaran las preferencias. Bolivia exporta al mercado de EEUU productos manufacturados de difícil colocación en otros mercados. El vicepresidente Álvaro García Linera insistió en ampliar la ATPDEA por un año, hasta que la Asamblea Constituyente defina qué acuerdo comercial se debe firmar con EEUU, pues el formato del TLC no le convence. Ahí radica uno de los problemas con Bolivia, pues pretende plantear sus relaciones comerciales con EEUU bajo premisas ideológicas, lo que resultará difícil de admitir por Washington. Por su parte, los empresarios piden una prórroga de la ATPDEA. Según un alto dirigente empresarial boliviano: “Nos ha fallado el TLC, porque nosotros veíamos el TLC como una continuación de la ATPDEA. Entonces, nos ha fallado la voluntad política de los dos últimos Gobiernos”.
Finalmente el Gobierno de Morales completó el complicado proceso de designar a su embajador en Washington y el Gobierno de EEUU aceptó la designación del periodista Gustavo Guzmán como embajador. Guzmán, en sintonía con su Gobierno, cree que Bolivia puede ser buen socio comercial de EEUU sin alejarse de Hugo Chávez. Al mismo tiempo Philip Goldberg fue designado embajador de EEUU en La Paz, anuncio que le permitió al Gobierno boliviano insistir en su creencia de que las relaciones bilaterales pueden mejorar, aunque sin informar qué cosas pondrá de su parte.
La agenda bilateral se complicó tras la llegada de Morales, con diversos puntos conflictivos, aparte de la ATPDEA, como las relaciones de Bolivia con Venezuela y los programas de erradicación de coca y combate al narcotráfico. La particular visión del nuevo gobierno, favorable a potenciar el uso tradicional de la coca, no sirve para mejorar la relación con Washington. Otro tema conflictivo es la solicitud de extradición del ex presidente Sánchez de Lozada, a quien Morales quiere juzgar por asesinato. Según Guzmán, el Gobierno boliviano prometió erradicar 5.000 hectáreas de coca hasta fin de año para que EEUU prorrogue la ATPDEA. La ofensiva boliviana incluye el viaje del vicepresidente García Linera a Washington, que más allá de las invocaciones rituales, al más puro estilo aymara, tuvo un inicio algo accidentado. Para dar más realce al viaje, el Gobierno logró un acuerdo nacional con los representantes de los exportadores y el Congreso. El principal logro fue la resolución unánime del Congreso para enviar una carta a los parlamentarios de EEUU para prorrogar la ATPDEA, ya que los plazos se acortan. El Congreso de EEUU tiene una agenda apretada hasta fin de año: los legisladores entrarán en su receso estival y en septiembre comenzará la campaña electoral para los comicios de noviembre, para renovar la Cámara de Representantes y la tercera parte del Senado. El secretario general de la CAN, Allan Wagner, encabezó una delegación de alto nivel a Washington en junio pasado, donde se reunió con autoridades del Ejecutivo y el Legislativo de EEUU. Wagner dijo que hubo logros importantes en lo relativo a la lucha antidrogas, una de las condiciones para las preferencias arancelarias.
Conclusiones:
La decisión venezolana de salir de la CAN ha repercutido sobre todo el entramado de la integración regional sudamericana, haciendo tambalear a la propia Comunidad Andina y poniendo en evidencia algunas de las limitaciones y contradicciones del Mercosur. Por eso, queda la duda de si realmente Chávez aboga por la unidad latinoamericana, como proclama permanentemente, o se está convirtiendo, más allá de su discurso, en un factor objetivo de desintegración. La situación se ha complicado tanto que Marco Aurelio García, el principal asesor del presidente Lula en cuestiones de política exterior, ha declarado públicamente que su país no quiere un clima de guerra fría en América Latina, clima que según su lectura estaría siendo propiciado por la acción exterior venezolana.
Hay que tener en cuenta que los sucesos iniciados con la retirada venezolana de la CAN y completados con la Cumbre de La Habana y el decreto de nacionalización de los hidrocarburos bolivianos están acelerando, al mismo tiempo, las contradicciones entre Brasil y Venezuela. De confirmarse este extremo estaríamos frente a lo que podría ser una dura pugna por el liderazgo regional y la erección de un límite serio para el proyecto bolivariano. Se trata de un combate desigual, al que Chávez llega con su chequera repleta de petrodólares pero con una política exterior sumamente polarizante, mientras que Lula cuenta con todo el respaldo de su Ministerio de Exteriores, aunque con las dificultades que supone no querer invertir en el liderazgo regional más el hecho de estar inmerso, hasta octubre de 2006, en la campaña electoral donde se juega la reelección. Por eso, habría que ver si una de las repercusiones de la decisión política de Hugo Chávez podría ser el reforzamiento de la CSN, aunque al precio de hacer efectiva una cierta pérdida de poder de Brasil en América del Sur. Y más allá de sus repercusiones en los procesos de integración, también es interesante plantearse la pregunta de ver cómo repercutirá todo esto en los procesos electorales en marcha en la región. En el enfrentamiento entre Brasil y Venezuela, o entre Lula y Chávez, el papel de Cuba no será algo anecdótico, como pudo observarse en la Cumbre del Mercosur celebrada en Córdoba, Argentina.
La salida de Hugo Chávez de la CAN fue simultánea a su anuncio de una rápida incorporación al Mercosur. Sin embargo, en su intento de acomodar los diferentes proyectos de integración regional en América Latina a sus postulados ideológicos, sus propuestas tienen un cierto aire fundacional. De esta manera apostó por crear un nuevo Mercosur si fuera necesario, y en el mismo plano habría que ver sus intencionas de lanzar una Confederación Bolivariana Andina que permita la integración política, económica, social e “incluso militar” de Bolivia, Perú, Ecuador y Venezuela, aunque desde su punto de vista el futuro de Colombia no está claro. En la misma línea se sitúa la Unidad del Sur (Unasur), que nadie ha aclarado si es o no compatible con la Comunidad Sudamericana de Naciones. Todas estas jugadas de Chávez hay que encuadrarlas en sus intentos de modificar, según sus propias manifestaciones, el mapa geopolítico de América Latina, llegando incluso a crear un ejército del Sur bajo el influjo de la ideología bolivariana. Para ello se inclina por lo que ha llamado la “Cruz del Sur”, que tendría un eje vertical Caracas-Buenos Aires y un eje horizontal La Paz-Brasilia. De momento y frente a todas estas iniciativas, comenzando por el propio ingreso de Venezuela en el Mercosur, aún apurando al máximo los plazos legalmente establecidos, los Gobiernos de Argentina y Brasil han optado por el dejar hacer. La gran duda, al respecto, es qué frutos esperan recoger con esta política, que amenaza liderazgos, reales o potenciales, en el Cono Sur.
Pese a los intentos venezolanos de hacer de la energía y de la cooperación en materia energética un campo privilegiado para impulsar la integración regional en América Latina, está visto que de momento los esfuerzos no están dando los resultados esperados. Es más, así como en otros aspectos de la integración regional han aflorado los conflictos bilaterales, la energía no es un terreno que se quede al margen. Las negociaciones entre Brasil y Bolivia en torno al precio del gas están totalmente estancadas. Argentina y Chile siguen sin encontrar el tono más adecuado para tratar unos problemas que últimamente se han visto agravados por la pretensión argentina de cobrar más cara la gasolina a los camiones y automotores extranjeros en la frontera, lo que perjudica enormemente a los transportistas chilenos y ha llevado al Gobierno de Bachelet a endurecer su posición.
A estas cuestiones habría que agregar la posibilidad de que en los próximos meses aumente la competencia entre Pdvsa, Petrobras y Pemex en su disputa por conseguir nuevos socios y nuevos terrenos para aumentar sus negocios, a veces y según los casos, disfrazados de proyectos de cooperación energética. Últimamente se han multiplicado los proyectos energéticos que demandan importantes inversiones, aunque muchos de ellos sólo quedan en el plano de las buenas palabras y terminan fracasando, como ocurrió con la posible cooperación entre Pdvsa y Petroecuador. Y si bien la rentabilidad ofrecida por los altos precios del petróleo es un buen incentivo, habrá que ver finalmente cuántos de todos estos proyectos se habrán llevado a cabo. ¿Bastarán los capitales y la garantía venezolanos para cubrir todas las necesidades regionales y para reducir la desconfianza de algunos inversores frente a la deriva crecientemente estatista de varios gobiernos latinoamericanos? El gran gasoducto del Sur, el proyecto más querido por Hugo Chávez, tiene todos los visos de quedarse en el papel y es, quizá, el mejor ejemplo de la suerte que pueden correr algunos de los proyectos energéticos ahora en danza.
En el caso de la aproximación de Bolivia a Venezuela subsisten numerosos interrogantes sobre las ventajas que en términos de crecimiento y desarrollo puede reportar el nuevo acercamiento, en desmedro de la ruptura con Brasil. Todo parecía indicar que el crecimiento económico boliviano estaba indisolublemente ligado a Brasil y sus posibilidades de expansión. En los últimos años numerosas empresas brasileñas, comenzando pero no terminando en Petrobras, y también productores agrarios, se hicieron presentes en Bolivia. El incidente de la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia acabó la luna de miel con los brasileños y la pregunta que surge es qué gana Bolivia con su condena al explotador local, más allá de que los acuerdos con Venezuela son de país a país y la presencia de la empresa privada será más bien escasa. Por no tener, el know how para la explotación del gas es sensiblemente inferior en Pdvsa, que carece de los más que reputados antecedentes de Petrobras. Será interesante ver la evolución de las negociaciones entre Petrobras e YPFB para fijar el precio del gas exportado por Bolivia a Brasil, ya que en caso de no llegarse a un acuerdo, la gran duda es qué hará Bolivia con todo ese gas que sólo puede vender a Brasil a través de gasoductos ya instalados. ¿Tendrá la capacidad de atraer las inversiones necesarias para vender ese gas, tras licuarlo, a mercados más distantes?, ¿cómo compensará las enormes pérdidas fiscales que le supondría el no seguir contando con el mercado brasileño?
Carlos Malamud, investigador principal, América Latina, Real Instituto Elcano
[1] Ver de Carlos Malamud, ARI Nº 68/2006 “Triunfó García, ¿cómo sigue la historia?”,http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/993.asp
[2] El voto de Chile a la hora de renovar el miembro latinoamericano del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas divide tanto al Gobierno como a la Concertación, la coalición oficialista. Mientras unos apuestan por mantener su compromiso con Venezuela, principal candidato a hacerse con el puesto, otros preferirían la aparición de un candidato de consenso, mejor posicionado que Guatemala y que permita una reorientación de los votos de los países sudamericanos.
[3] Las tensiones entre Lula y Chávez afloraron durante la Cumbre de Mercosur de Córdoba. Si previamente Lula decidió cancelar un encuentro con Chávez en Brasil, a su llegada a Córdoba no asistió a la cena de gala molesto con el protagonismo del presidente venezolano. Mientras Chávez afirmaba que nacía otro Mercosur, Lula insistía en que Brasil y Argentina son la Alemania y la Francia del bloque regional, lo que implicaba una clara reivindicación de su liderazgo en detrimento de Venezuela.
[4] Existen ciertas especulaciones sobre las posibilidades de llegar a un acuerdo con el Gobierno de Evo Morales una vez superado el proceso electoral por la Asamblea Constituyente.