Túnez: retos económicos de la Asamblea Constituyente

Túnez: retos económicos de la Asamblea Constituyente

Aunque la tarea de la Asamblea Constituyente surgida de las elecciones esté en principio limitada a elaborar una nueva constitución y convocar elecciones, también deberá formular y aplicar la política económica. El futuro gobierno afronta un contexto internacional adverso, una profunda crisis económica interna y unas elevadas expectativas económicas de la población, que se han plasmado en promesas electorales poco realistas. El ganador Ennahdha ha sido especialmente pródigo: crecimiento del 7% del PIB en 2012-2016, lo que implicaría un incremento del PIB per cápita de casi el 40%; o la creación de cerca de 600.000 empleos, casi el número actual de desempleados. Todo ello reduciendo la inflación a la mitad, mejorando el déficit comercial y aumentando la inversión sin endeudarse en el exterior.

Estos objetivos contrastan con la situación de la economía tunecina. El PIB cayó abruptamente en el primer trimestre (-3,3%) y menos de lo esperado en el segundo (-0,5%), para crecer un 1,5% en el tercero. Sólo un fuerte repunte en el cuarto trimestre permitirá al país eludir la primera tasa anual de crecimiento negativa desde 1986. Desde entonces el crecimiento del país se mantuvo en el 4-5%, cerca de su tasa de crecimiento potencial, aunque bajó al 3% en 2009 y 2010. Y ello pese a una expansión fiscal y monetaria considerable, el buen comportamiento de las exportaciones de bienes y una pluviometría favorable que ha procurado cosechas récord. Pero el hundimiento de los ingresos del turismo (una caída del 43% en los primeros ocho meses del año) y de la inversión extranjera (27%), así como la caída de las remesas por la situación libia (7%), se ha traducido en un fuerte presión sobre las reservas, que han caído a niveles históricamente bajos (unos 4-5 meses de importaciones)[1]. Sólo la ayuda de emergencia recibida en agosto del Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo y la agencia francesa de cooperación ha permitido evitar el colapso exterior de la economía. Las previsiones apuntan a que el déficit público se doblará alcanzando cerca del 10% en 2011, mientras que el déficit por cuenta corriente pasará del 2,2% del PIB en 2010 al 8% en 2011.

Debe apuntarse que existe una curiosa división de opiniones, especialmente entre los observadores extranjeros, sobre la interpretación de estos datos. Los optimistas consideran que el deterioro económico ha sido menor de lo esperado, y que el coste económico de la revolución está siendo asumible, en la medida en que el país no ha caído en una recesión profunda y se han empezado a registrar signos de reactivación en el tercer trimestre de 2011. Los pesimistas, concediendo el primer punto, creen que algunos de los factores que han inducido la crisis económica permanecerán en el tiempo, y que el país puede entrar en una fase de indefinición constituyente que deprima las tasas de crecimiento de los próximos años. En realidad, más que opuestas, resultan visiones complementarias con un foco temporal distinto: si bien es cierto que el desastre económico no se ha consumado, no lo es menos que las perspectivas de crecimiento se han reducido y que la incertidumbre sobre el modelo económico no se ha despejado.

Lo que nadie discute es que la situación social se ha deteriorado notablemente, especialmente en materia de desempleo, que se sitúa cerca del 20%. Al medio millón de parados heredados de Ben Alí se han añadido 100.000 desempleados expulsados del sector turístico y actividades conexas, los 50.000 emigrantes tunecinos retornados de Libia, y un número semejante de universitarios licenciados este verano. Dos notas finales pueden ilustrar la naturaleza de los retos económicos de la Asamblea Constituyente. Primero, Fitch ya ha advertido que la conformación de un consenso constitucional es clave para evitar una nueva revisión a la baja del rating de Túnez. Finalmente, tras su triunfo electoral, Ennahdha se apresuró a tranquilizar a los empresarios, los inversores y los socios tradicionales del país con un compromiso con la economía de mercado, el respeto a los tratados internacionales y la apertura a la economía internacional.