El pasado 24 de noviembre Túnez sufría el tercer gran atentado terrorista en lo que va de año, esta vez un ataque suicida contra un autobús de la guardia presidencial en pleno centro de la capital, poniendo de nuevo de manifiesto las preocupantes fisuras en materia de seguridad. La organización denominada Estado Islámico (EI) reivindicaba la autoría del atentado al día siguiente, dejando claro que dispone de capacidad para atentar en cualquier lugar del país.
El yihadismo en Túnez es una amenaza creciente y en continua evolución. Las cifras no dejan lugar a dudas –22 víctimas mortales en 2013, 36 en 2014 y más de un centenar en lo que llevamos de 2015–1 y la variedad de tácticas terroristas empleadas tampoco: emboscadas, asesinatos políticos, toma de rehenes, decapitaciones u operaciones suicida. Dos son las organizaciones terroristas activas en Túnez en la actualidad, al-Qaeda en el Magreb Islámico –a través de la brigada Uqba bin Nāf‘a– y el EI, que aunque no cuenta con una wilāya reconocida sí dispone de células y entramados conectados con la organización central que enarbolan su ideología y actúan en su nombre. Asimismo, es preciso destacar que Túnez, con entre 1.500 y 3.000 yihadistas,2 es el mayor exportador de foreign fighters a diferentes zonas de conflicto.
“Con un atentado de la magnitud de este último, los terroristas también buscan generar respuestas precipitadas por parte del gobierno para más tarde instrumentalizarlas”
No pocos son los factores que han contribuido al auge del yihadismo en Túnez. Su estudio merece un capítulo aparte, aunque en una lista no exhaustiva podemos destacar la represión sobre las corrientes de pensamiento religioso fundamentalista durante la dictadura, la amnistía concedida a históricos militantes de al-Qaeda y la posterior movilización que fueron capaces de generar a través de Anṣār al-Sharī‘a, la endeblez y la falta de experiencia en materia antiterrorista evidenciadas por la clase política durante el proceso de transición democrática, la corrupción endémica del Estado, el escepticismo desde el que la ciudadanía percibe a unas instituciones incapaces de gestionar las enormes desigualdades sociales y el contexto general de inestabilidad regional.3
Con un atentado de la magnitud de este último, además de aterrorizar, coaccionar e inspirar a otros yihadistas, los terroristas también buscan generar respuestas precipitadas por parte del gobierno para más tarde instrumentalizarlas. Las diferentes instituciones de seguridad, y en particular el Ministerio del Interior, se encuentran entre la espada y la pared: parte de la población estaría dispuesta a sacrificar sus derechos más fundamentales en una guerra sin cuartel contra el terrorismo mientras otra parte todavía percibe el Ministerio del Interior como una institución opaca y cuya transformación, pese a ser una de las exigencias de la Revolución, todavía no ha tenido lugar.
La nueva ley antiterrorista, adoptada sin apenas debate en el Parlamento poco después del atentado de Susa, incorpora pocos cambios con respecto a su predecesora y ha sido motivo de controversia debido tanto a las definiciones excesivamente vagas de conceptos como terrorismo, terrorista y apología del terrorismo, como al aumento del período de prisión cautelar de seis a 15 días sin necesidad de consentimiento por parte del fiscal.4 Además, en el seno de parte de la ciudadanía tunecina perviven viejos miedos como el hecho de que la aplicación de la nueva ley pueda acabar convirtiéndose en una herramienta de control político y social.
“Con independencia de si las medidas acaban teniendo más o menos alcance, es evidente que no se enmarcan en una estrategia integral bien meditada y basada en criterios y objetivos”
Más allá de la ley antiterrorista, el primer ministro después del atentado de Susa y el Consejo de Seguridad Nacional tras este último atentado se apresuraron a presentar sendos paquetes de medidas de urgencia destinadas tanto a calmar a una ciudadanía que demanda respuestas como a mostrar a la comunidad internacional que se están tomando las providencias necesarias. Con independencia de si las medidas acaban teniendo más o menos alcance, es evidente que no se enmarcan en una estrategia integral bien meditada y basada en criterios y objetivos.
Ejemplos de ello son la construcción de un dique a lo largo de parte de la frontera con Libia, cuya eficacia –difícilmente constatable– queda en duda teniendo en cuenta que solo cubrirá un tercio de la totalidad del perímetro fronterizo y que la corrupción de los agentes de aduanas continúa siendo un problema, amén de la segura incapacidad de una colaboración efectiva con las autoridades libias; el cierre de páginas web con contenido terrorista; el cierre total de la frontera con Libia durante 15 días, que sin duda tendrá efectos económicos devastadores sobre las comunidades de ambos países que viven del comercio de bienes de consumo; y el toque de queda recientemente impuesto en Túnez capital. Otras medidas como el cierre de todas las mezquitas fuera del control del Estado, la revisión del decreto ley relativo a la financiación de asociaciones y la adopción de medidas urgentes para gestionar el retorno de foreign fighters deberían poner solución a problemas importantes, aunque el hecho de que algunas de ellas no se adoptaran con anterioridad hace pensar que no se tenía consciencia del tamaño real de la amenaza.
Transformar instituciones heredadas de un sistema autocrático no es tarea sencilla; no obstante, se están dando pasos que invitan al optimismo, como el incremento de la cooperación con otras agencias de inteligencia, la formación en materia de seguridad y los paquetes de ayuda económica y de material de defensa aprobados, entre otros, por EEUU y Francia para poder hacer frente en mejores condiciones a la amenaza yihadista.
Una reforma del Ministerio del Interior se antoja ineludible, si bien a corto plazo una mayor transparencia en su funcionamiento –a día de hoy se desconocen su estructura interna y su tamaño real– generaría mayor confianza en la institución. Asimismo, una mejor organización del flujo de inteligencia y de las competencias de cada agencia también redundaría en mejores resultados.5 A la espera de grandes reformas en el seno de las instituciones de seguridad, varios puntos como la elaboración de una contranarrativa, la creación de un programa de desradicalización para combatientes retornados, el desarrollo de programas de prevención de la radicalización y una mayor consideración de las propuestas y sugerencias que emanan de asociaciones de la sociedad civil –pilar fundamental de la transición democrática tunecina– deberían convertirse en algunos de los puntos clave a incorporar a la lucha antiterrorista en un futuro próximo.
1 Víctimas resultantes de atentados terroristas y enfrentamientos entre grupos armados y fuerzas de seguridad tunecinas. Estas cifras incluyen también las víctimas civiles. No se han tenido en cuenta las víctimas causadas por la explosión de minas. Fuentes propias.
2 Peter R. Neuman (2015), “Foreign fighter total in Syria/Iraq now exceeds 20,000; surpases Afghanistan conflict in 1980s”, ICSR, Department of War Studies, King’s College, London, 26/I/2015 (última consulta 2/XI/2015).
3 Sergio Altuna (2015), “¿Hacia dónde se dirige el terrorismo yihadista en Túnez?”, Instituto Español de Estudios Estratégicos, 13/III/2015.
4 “La legislation du secteur de la securité en Tunisie: Projet de loi organique n° 22/2015 relatif à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent”, Centre pour le Contrôle Démocratique des Forces Armées (DCAF), 28/VII/2015 (última consulta 1/IX/2015).
5 Los servicios de inteligencia tunecina forman parte del Ministerio del Interior aunque el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Asuntos Exteriores también disponen de competencias y ejercen ciertas funciones de inteligencia. En la actualidad Túnez no cuenta con una agencia nacional de inteligencia, aunque en diciembre de 2014, durante el gobierno de Mehdi Jomaa, se anunció la creación de la Agencia de Inteligencia, Seguridad y Defensa, dependiente del Ministerio de Defensa.
