El referéndum para aprobar la reforma de la Constitución de Kazajistán está convocado para el 15 de marzo de 2026. Ese día, los ciudadanos decidirán si aceptan o rechazan el borrador del nuevo texto constitucional, publicado el 12 de febrero tras un decreto presidencial. La reforma se inscribe en una dinámica interna de consolidación estatal y reajuste institucional. Según el gobierno kazajo, la nueva Constitución tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de la población, especialmente de la juventud, reforzar la protección de los derechos humanos y consolidar el marco legal del Estado.
El cambio constitucional no supone una ruptura inmediata, pero sí simboliza una evolución estructural en la relación bilateral, marcada por una mayor afirmación identitaria y una autonomía creciente.
No obstante, la propuesta ya ha suscitado críticas. Human Rights Watch ha advertido que el nuevo texto podría permitir restricciones excesivas a la libertad de expresión, limitar la libertad de asociación y restringir el derecho de reunión pacífica. Estas observaciones introducen dudas sobre el alcance real de la reforma y sobre si el fortalecimiento institucional anunciado se traducirá en una ampliación efectiva de derechos.
Entre las modificaciones más significativas destacan dos: la creación de la figura de vicepresidente del Gobierno y el cambio en el estatus del idioma ruso.
El establecimiento del vicepresidente se presenta oficialmente como un paso hacia la descentralización del poder y una redistribución funcional de responsabilidades, de modo que el presidente pueda concentrarse en la política interior mientras otros cargos asuman competencias en política exterior. Sin embargo, queda por ver si esta fórmula representa una auténtica descentralización del poder o si, por el contrario, sustituye la clásica división de poderes propia de todo sistema democrático entre los ámbitos legislativo, ejecutivo y judicial, cuya finalidad es evitar la concentración excesiva de autoridad.
Desde su independencia en 1991, Kazajistán ha definido su política exterior como multivectorial, una estrategia coherente con su condición de potencia media. Esta orientación implica mantener relaciones estrechas con Rusia, profundizar la cooperación con la Unión Europea (UE), consolidar los vínculos económicos con China y participar en foros internacionales diversos, incluso ideológicamente contradictorios. En la práctica, el país mantiene un delicado equilibrio entre múltiples actores: participa en plataformas cuestionadas por algunos Estados miembros de la UE mientras conserva una relación sustancial con Bruselas, como por ejemplo es el caso con el nuevo Board for Peace de Donald Trump; mantiene una fuerte integración económica y de seguridad con Rusia al tiempo que adopta medidas para distanciarse progresivamente de su vecino; exporta materias primas a través de Rusia y China para su procesamiento mientras se suma a iniciativas occidentales percibidas como críticas hacia Pekín y Moscú.
La reforma constitucional no altera formalmente esta visión ni modifica las alianzas o compromisos internacionales del país. Desde el punto de vista del derecho internacional, el equilibrio externo permanece intacto. Sin embargo, el cambio propuesto en el estatus del idioma ruso constituye una afirmación soberana de fuerte contenido simbólico que confirma la voluntad de reforzar la autonomía estratégica, especialmente en relación con Moscú.
El nuevo texto deja de definir el ruso como lengua en igualdad con el kazajo y lo describe como idioma que existe junto a éste. Aunque el cambio mantiene la cooficialidad del ruso, su carga simbólica es considerable debido al contexto histórico y político de las relaciones bilaterales entre los dos países.
La reforma responde también a transformaciones demográficas profundas. En los últimos años de la Unión Soviética, los rusos étnicos en Kazajistán representaban alrededor del 40 por ciento de la población. Actualmente, más del 70 por ciento es kazaja étnica, mientras que los rusos étnicos constituyen menos del 15 por ciento. Esta evolución ha reforzado el peso político y cultural del kazajo como lengua nacional, mientras que el uso del ruso disminuye de forma natural con la reducción de su base demográfica.
En términos prácticos, el cambio tendrá efectos limitados. Bajo la Constitución vigente, las autoridades deben proporcionar información en kazajo y en ruso. Según el nuevo texto, la información en ruso deberá facilitarse únicamente si el ciudadano lo solicita. En la práctica, pocos rusoparlantes se verán afectados. Sin embargo, el mensaje político es inequívoco: el kazajo consolida su primacía y el ruso pierde su condición simbólica de lengua de comunicación interétnica en igualdad formal con el idioma estatal.
Para los sectores nacionalistas kazajos, la reforma resulta insuficiente, ya que mantiene un estatus especial para el ruso. No obstante, la postura oficial del Kremlin ha sido moderada. Ningún alto funcionario ni los principales medios estatales han condenado formalmente la reforma. Esto sugiere que Moscú, mientras continúe la guerra en Ucrania, carece de capacidad o de interés para abrir un nuevo frente de confrontación con Astaná. El cambio constitucional no supone una ruptura inmediata, pero sí simboliza una evolución estructural en la relación bilateral, marcada por una mayor afirmación identitaria y una autonomía creciente. La indignación procede principalmente de comentaristas y figuras mediáticas, entre ellas el propagandista Vladimir Solovyov, que interpretan el cambio como un retroceso inquietante de la influencia rusa en el espacio postsoviético. Algunos lo presentan incluso como un movimiento similar al seguido por Ucrania antes de la invasión rusa. Desde esta perspectiva, cualquier debilitamiento del ruso se percibe como una amenaza al proyecto del Ruskiy Mir promovido por Vladímir Putin, que define la esfera de influencia rusa en términos lingüísticos y culturales.
¿Será aceptada la nueva Constitución? Todo indica que sí. El gobierno controla el proceso político y el referéndum se desarrolla en un contexto en el que la oposición organizada tiene un margen limitado de movilización. Además, las reformas no alteran radicalmente el equilibrio interno del poder ni implican un giro abrupto en política exterior, lo que reduce la probabilidad de una resistencia social masiva.
Sin embargo, la verdadera cuestión no es tanto si el texto será aprobado como qué tipo de Estado emergerá de esta reforma. La creación de nuevas figuras institucionales y la redefinición simbólica del estatus lingüístico apuntan a un proceso de consolidación soberana y de reafirmación nacional. La aceptación de la Constitución probablemente reforzará la estabilidad formal del sistema, pero también pondrá a prueba su capacidad para traducir las promesas de modernización y protección de derechos en prácticas políticas efectivas. En ese sentido, el referéndum marcará menos un punto de inflexión inmediato que una etapa más en la lenta redefinición del equilibrio entre poder, identidad y autonomía en Kazajistán.
