El 3 de enero, tras el ataque contra Venezuela, Donald Trump anunció que habían capturado a Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores. La operación militar Resolución Absoluta comenzó en plena noche y concluyó al amanecer tras el descabezamiento de la principal figura del régimen bolivariano. El desenlace fue precedido por cinco largos meses en los que Washington reunió una armada en el Caribe, la mayor concentración naval en la región desde la crisis de los misiles cubanos de 1962. No por esperada la acción provocó una gran sorpresa, tanto por su ejecución como por el momento en que se desarrolló, una sorpresa que aumentó cuando se conoció la captura de Maduro. En su rueda de prensa tras la captura de Maduro y Flores, Trump calificó la operación de exitosa y una demostración de fuerza eficaz. Pero reducir lo ocurrido a un acto espectacular de poder es quedarse sólo con una parte de la historia. Aunque se haya presentado la operación como “impresionante”, lo cierto es que ésta se acerca más a una misión quirúrgica destinada a capturar a Maduro con el menor coste posible para las fuerzas estadounidenses. La magnitud militar es secundaria frente al objetivo político de narrar que Washington sigue siendo la mayor potencia militar del mundo y que puede actuar de forma decisiva en su entorno inmediato.
Más allá de las formas y de la clara violación del derecho internacional, lo cierto es que el pueblo venezolano estaba, todavía está, controlado por un régimen que de forma sistemática ha violado los derechos humanos, vaciado de contenido las instituciones democráticas, empobrecido el país, secuestrado un rotundo resultado electoral en su contra (…) y burlado a la comunidad internacional.
No obstante, generó sorpresa la falta de obstáculos ante el avance militar, por la forma en que se neutralizó a la que se presentaba como la feroz protección cubana del dictador y por la rapidez en que se desmoronó la cúpula del régimen chavista, aunque de momento ésta mantenga intactos la mayoría de sus recursos de poder. Pese a la espectacularidad de toda la operación, y por paradójico que parezca, es ahora cuando comienza la parte más complicada, y más, tal como apuntó Trump, si Estados Unidos (EEUU) quiere no sólo condicionar sino también conducir la transición venezolana, palabras matizadas posteriormente por el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmando que se trata más bien de presionar para que haya cambios políticos y no involucrarse directamente. El presidente, por su parte, llegó a decir que se quedarían en Venezuela hasta que la transición sea “segura y apropiada”. Para la Administración Trump, la transición es básicamente el desembarco de un nuevo gobierno tras un cambio de régimen, pero no sentar las bases de una verdadera reconstrucción del país en torno a unas sólidas instituciones democráticas tras 25 años de dictadura chavista.
A partir de la operación militar se comenzaron a desarrollar una serie de acontecimientos, tanto en EEUU como en Venezuela, algunos ya cerrados, pero la mayoría en vías de maduración y que, más allá de las dudas que suscitan, condicionarán el resultado final del proceso. Para comenzar está el tema de la transición. Según lo anunciado, Trump pretende negociar con o imponer sus condiciones al gobierno chavista establecido en Caracas, hoy en manos de Delcy Rodríguez, escoltada por el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello (que también controla los servicios de inteligencia), y por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. Esto dejaría a los dirigentes opositores, Edmundo González y María Corina Machado, en un segundo plano y en una posición incómoda.
Es obvio que el control de las fuerzas militares y policiales, necesarias para mantener el orden interno, está de momento en manos de los antiguos gobernantes. Por eso, un deterioro de la situación de seguridad interior, y son muchos los factores para alterarlos, podría obligar al desembarco de tropas estadounidenses salvo que no se quiera evitar una caída en un profundo clima de inestabilidad e incertidumbre. Esto también dependerá de los objetivos de regeneración que acompañen a la transición y a la existencia o no de un plan para eliminar a los actores más corruptos tanto de la administración pública como de las filas militares.
En Argentina, después de la última dictadura militar (1976-1983) se hablaba de “mano de obra desocupada” para referirse a cientos o miles de militares retirados o pasados a retiro que se habían quedado sin sus tradicionales fuentes de ingreso vinculadas a la corrupción y al saqueo de las víctimas de la represión. Si a esto le sumamos el narcotráfico, al que estarían vinculados muchos mandos altos y medios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), el efecto de una purga profunda sería sencillamente devastador. Pero hay otros actores que podrían tener una incidencia claramente negativa en una potencial transición: los colectivos (grupos chavistas armados con un alto componente delincuencial), el Tren de Aragua y otros grupos semejantes, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) colombiano y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con un importante control territorial en algunos estados del país, especialmente aquellos más próximos a la frontera con Colombia. Tampoco se puede olvidar a las células de Hizbulah (activas o durmientes) asentadas en Venezuela. Si el proceso descarrila será importante ver la reacción de una sociedad con un fuerte contenido nacionalista y antiimperialista.
Y no se trata sólo de la presencia de un importante contingente militar estadounidense en el país, que sí requeriría de la aprobación del Congreso de EEUU, sino de cómo financiar una transición que demandará cientos de miles de millones de dólares o incluso más. Pero, según Trump, ésta no costaría un céntimo al contribuyente estadounidense, sino que sería fuente de cuantiosos negocios e ingresos para sus empresas, especialmente las petroleras. Sin embargo, dado el desastroso estado de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y de sus instalaciones e infraestructuras, poner en marcha la industria de hidrocarburos sería un cometido que requeriría ingentes inversiones y mucho tiempo. Si algo no se va a encontrar en Venezuela, más allá de sus ingentes recursos en hidrocarburos y minerales, es la piedra filosofal.
En este contexto deben interpretarse las numerosas referencias de Trump al petróleo venezolano, que abren interrogantes sobre el peso real del factor energético en esta operación. Venezuela posee una vasta riqueza de recursos naturales, incluyendo una de las mayores reservas de petróleo del mundo (cerca del 17% de las reservas globales), además de gas natural y abundantes minerales, lo que la convierte en un potencial motor económico para cualquier proceso de reconstrucción. Pero estos recursos no sólo tienen relevancia interna. Desde una perspectiva estratégica, siguen siendo de interés para EEUU. Tras más de 15 años de rápido crecimiento, se espera que la producción petrolera estadounidense tienda a estabilizarse y si la demanda mundial continúa aumentando hasta mediados de siglo, asegurar nuevas fuentes de suministro fuera de Oriente Medio y Rusia sería decisivo.
En ese escenario, EEUU tendría interés en diversificar sus fuentes de aprovisionamiento. El crudo venezolano resulta atractivo para las refinerías estadounidenses por su carácter pesado, complementario del petróleo ligero de EEUU, y por la proximidad geográfica, que permite el transporte rápido hacia el golfo de México, con sus instalaciones diseñadas para procesar mezclas de crudos pesados con otros más ligeros.
Justificación legal
Trump no ofreció ninguna justificación legal de la operación, pero el secretario de Estado Marco Rubio le habría dicho al senador republicano Mike Lee que la detención de Maduro y su esposa por violar la ley estadounidense era la principal justificación para la acción en Venezuela. La presentación de un Maduro esposado y custodiado por agentes de la Administración de Control de Drogas estadounidense (DEA) es consustancial al relato que busca presentar al mandatario venezolano sólo como un narcoterrorista confeso.
En la rueda de prensa, Rubio afirmó que “en esencia, se trataba de la detención de dos fugitivos acusados por la justicia…, y el Departamento de Guerra apoyó al Departamento de Justicia en esa tarea”. Este razonamiento coincidía con la afirmación del secretario de Guerra, Pete Hegseth, de que era una “redada conjunta del ejército y las fuerzas del orden”, y con la afirmación del general Dan Caine de que era una “misión de detención”.
Hegseth también afirmó que la operación representaba “América primero” y “la paz a través de la fuerza”. Se puede afirmar, por tanto, que Trump ha demostrado con su ataque que la nueva Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) es más que retórica. El dominio del hemisferio occidental y la exclusión de otras potencias extra hemisféricas importantes (especialmente China y más si están en juego recursos petroleros y estratégicos) es su máxima prioridad.
Antes de la operación, la Administración Trump evitó consultar al Congreso y parece tener un interés limitado en una justificación legal acorde con el derecho internacional o nacional. Es poco probable que una acusación de un tribunal de Nueva York se considere el marco legal adecuado para una intervención militar y menos para una ocupación prolongada del territorio venezolano. Pero esto es irrelevante para el proyecto MAGA, aunque tras la reapertura del Congreso por el parón navideño es posible que los legisladores, principalmente los demócratas, cuestionen la legalidad de lo actuado. El líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, dijo que la Administración “no solicitó la autorización del Congreso para el uso de la fuerza militar y no notificó debidamente al Congreso antes de la operación”. Del mismo modo, el demócrata Jim Himes, miembro destacado del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, afirmó que: “Maduro es un gobernante ilegítimo, pero no he visto ninguna prueba de que su presidencia suponga una amenaza que justifique una acción militar sin la autorización del Congreso”. La respuesta de Trump, en Fox and Friends, fue que los legisladores que le critican por actuar sin la aprobación del Congreso son “gente débil y estúpida”.
Otras consecuencias
Son los venezolanos, y probablemente también las tropas estadounidenses, los primeros afectados por todo lo ocurrido. Y con Washington ocupado en sus luchas internas y, presumiblemente, en gobernar Venezuela, Ucrania y Gaza también se verán afectados ya que la atención en ellos sería menor. Y todo ello tendría mayores consecuencias para los aliados de EEUU, el sistema de las Naciones Unidas y la noción de la inviolabilidad de la soberanía estatal y el conjunto de normas y leyes que sustentan el orden internacional. Además, cuanto más utilice EEUU el ataque como pretexto para asegurar el acceso al petróleo, más se reforzarán las afirmaciones de que está actuando de una manera que viola el derecho internacional y las normas contra la soberanía nacional, normas que ya se encuentran bajo una enorme presión por la invasión rusa de Ucrania.
Las consecuencias internas en EEUU también serán profundas. ¿Se alineará el Congreso ante una posible segunda operación militar, todavía más letal, que Trump no ha descartado? ¿Crecerá la división dentro del movimiento MAGA dado el interés en gestionar Venezuela? Las respuestas dependerán de cuán entero se mantenga el centro de poder chavista, comenzando por los militares, y de cómo se involucre EEUU en el proceso en las próximas semanas. Si su intervención se convierte en una ocupación arriesgada, larga o costosa, es probable que las resistencias internas sean significativas y poco favorables para Trump. Pero cuando muchas personas, tanto dentro como fuera del país, han estado dispuestas a aceptar acciones que rompen las normas, una transición exitosa, rápida y lucrativa podría ser un gran tanto a favor. Lo que está claro es que este episodio ha reavivado el debate sobre la vuelta al nation-building. Oficialmente, Donald Trump ha rechazado compromisos prolongados en política exterior. Sin embargo, el discurso de un control temporal de Venezuela y la implicación de tropas (con referencias a no tener “miedo de poner botas sobre el terreno”) abre la puerta a una implicación más profunda de la que se ha querido admitir. De todos modos, la capacidad de Washington para gestionar y apoyar una transición en Venezuela es dudosa, dado el recorte de los recursos diplomáticos y de desarrollo del departamento de Estado, la disolución de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) y la reorientación del Departamento de Guerra en línea con la ESN.
En cuanto a Venezuela, la intervención de Trump no aclaró si bajo sus premisas el o los futuros gobiernos del país actuarán de forma autónoma o deberán subordinarse, como si de un protectorado se tratara, a los designios de Washington. Y así como ahora se ha reescrito el Corolario Roosevelt de la Doctrina Monroe, habría que saber también si se reescribirá la Enmienda Platt, que en 1901 incorporó a la Constitución cubana el derecho de EEUU de intervenir en sus asuntos internos e incluso de establecer bases militares como las de Guantánamo.
Más allá de las formas y de la clara violación del derecho internacional, lo cierto es que el pueblo venezolano estaba, todavía está, controlado por un régimen que de forma sistemática ha violado los derechos humanos, vaciado de contenido las instituciones democráticas, empobrecido el país, secuestrado un rotundo resultado electoral en su contra, como el del 28 de julio de 2024, y burlado a la comunidad internacional. Por eso es necesario que la reconstrucción del país, la transición y el restablecimiento de la democracia se hagan al amparo de la Constitución de 1999, el común denominador de todos los actores políticos venezolanos.
