Si, al menos en parte, hemos logrado salir metafóricamente de la jungla, donde prevalece la ley del más fuerte, es gracias a un marco institucional y normativo de alcance mundial que trata de regular el uso de la fuerza. Para llegar hasta ahí, todos los Estados del planeta han tenido que asumir recortes en su soberanía, ajustando su comportamiento a unas reglas de juego de obligado cumplimiento. Y aunque eso ha supuesto renunciar a métodos violentos para lograr los objetivos nacionales a toda costa, a cambio se ha obtenido un mayor nivel de seguridad general, en la medida en que se confía en el compromiso de todos y en la eficacia de los órganos creados para gestionar las relaciones internacionales de manera pacífica, empezando por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Nada de eso parece valer para Israel y, de manera aún más concreta, para el gobierno liderado por Benjamín Netanyahu. Basta para ello con ver lo que está haciendo actualmente tanto en Siria como en el Líbano y en Palestina.
En ningún caso se puede justificar la generalizada inacción argumentando ignorancia, dado que todo se desarrolla a plena luz del día, ni tampoco cabe aliviar la carga por el hecho de que Hizbulah, Hamás y el nuevo gobierno sirio no sean los mejores ejemplos del respeto a las normas.
No es, por supuesto, el único que incumple sus obligaciones como miembro de la comunidad internacional y que viola las normas más básicas del derecho internacional, del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Pero es, con diferencia, el que cuenta con mayor margen de maniobra para tratar de imponer su dictado por la fuerza a sus vecinos, sin olvidar la discriminación que practica en su propio territorio con una minoría tan maltratada como los palestinos israelíes (20% del total de sus 9,2 millones de habitantes).
La ventaja con la que cuenta deriva, en primer lugar, de su propia superioridad de fuerza, tanto convencional como nuclear, con respecto a cualquiera de los países de Oriente Próximo y Oriente Medio. A eso se añade el bien visible respaldo que obtiene de Washington, tanto en el terreno diplomático –empleando su veto en cuantas ocasiones sea necesario para bloquear cualquier conato de Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU en contra de su principal aliado en la región–, como económico –desde los ataques de Hamás, en octubre de 2023, se estima que ha recibido al menos 21.000 millones de dólares– y militar –no sólo suministrándole armas, sino también financiando proyectos de investigación en defensa–. Además, cuenta con el consentimiento y complicidad de buena parte de los gobiernos del planeta para quebrantar las normas que considere oportunas, en el momento que lo considere necesario y contra quien desee.
En Siria, el propio Netanyahu se atreve a pisar el suelo que sus tropas han ocupado ilegalmente, aprovechando la extrema debilidad militar del gobierno de Ahmed al-Sharaa. De ese modo, pretende transmitir el mensaje de que está dispuesto a ampliar su control de buena parte del territorio sirio, más allá de los Altos del Golán, en abierto desprecio al derecho internacional e incluso a un Donald Trump que está procurando colocar a Siria en su propio bando para disgusto de Moscú. Desde diciembre pasado, cuando al-Sharaa logró derribar la dictadura de Bashar al-Assad, las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) violan a diario el derecho internacional con incursiones tanto aéreas como terrestres. Entretanto, Netanyahu pretende establecer un nuevo acuerdo con al-Sharaa para certificar definitivamente el control de los Altos del Golán y del territorio adicional que ha conquistado en estos últimos meses.
Esas mismas violaciones de los acuerdos firmados y del derecho internacional se repiten en el Líbano. Sin que la milicia chií libanesa de Hizbulah haya realizado un solo ataque contra territorio israelí desde la firma del alto el fuego logrado hace ya un año, las FDI realizan diarios ataques contra objetivos a su elección, empleando siempre el recurrente argumento de que responden a (inexistentes) ataques de un Hizbulah extremadamente debilitado tanto política como militarmente, o a sus intentos de rearmarse. Todo ello sin olvidar que, igualmente en contra del mencionado acuerdo, siguen sin retirarse de cinco localidades libanesas.
Por lo que respecta a Palestina la situación es aún más obscena. En Cisjordania, una combinación de efectivos militares y colonos armados en buena medida por su gobierno están desarrollando incursiones violentas diarias en localidades palestinas con el claro objetivo de destruir vidas y haciendas, sobradamente conscientes de que no tendrán que pagar coste alguno por sus excesos ni ante su propia justicia ni ante los tribunales internacionales. Entretanto, en Gaza son centenares los incumplimientos israelíes del acuerdo de alto el fuego alcanzado el pasado octubre, repitiendo tan insistente como impropiamente los mismos argumentos empleados en el Líbano.
Pero si esa pauta de comportamiento israelí resulta en sí misma escandalosa, no lo es menos la absoluta pasividad internacional ante lo que ocurre en esos tres escenarios. En ningún caso se puede justificar la generalizada inacción argumentando ignorancia, dado que todo se desarrolla a plena luz del día, ni tampoco cabe aliviar la carga por el hecho de que Hizbulah, Hamás y el nuevo gobierno sirio no sean los mejores ejemplos del respeto a las normas. En definitiva, no faltan medios de respuesta, tanto diplomáticos, como económicos e incluso de fuerza para obligar a Israel a ajustarse a lo que se espera de un Estado que se autodefine como la única democracia de Oriente Medio. Lo que falta, en suma, es voluntad política. Y si ésta sigue sin activarse, lo que está en peligro no es sólo la vida de palestinos, sirios y libaneses, sino también el orden internacional nacido de la Segunda Guerra Mundial, que tanto ha costado poner en pie.
