Para el continente africano, 2025 ha estado marcado por la continuidad de varias tendencias[1]. La que probablemente tenga más recorrido es la creciente influencia y asertividad de África en un orden internacional cada vez más multipolar. El liderazgo de Sudáfrica lo ejemplifica: tras denunciar a Israel ante la Corte Internacional de Justicia, en 2025 se convirtió en el primer país africano en presidir el G20. Asimismo, en coherencia con el lema de la Unión Africana (UA) para 2025, “Justicia para los africanos y las personas de ascendencia africana a través de reparaciones”, el continente reclama relaciones exteriores más horizontales y mutuamente beneficiosas, así como un papel en las relaciones internacionales acorde con su peso demográfico y político. Esta aspiración se refleja en su espíritu reformista, tanto de la arquitectura financiera global, para facilitar su acceso a la financiación, como del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para incorporar un miembro permanente africano. Conscientes de que constituyen un escenario de competición geopolítica, los países africanos continuarán diversificando sus alianzas en 2026, con miras a aumentar su poder de negociación en sus relaciones exteriores.
En un contexto de creciente competición geopolítica en el que Europa necesita reevaluar y diversificar sus alianzas, el fortalecimiento de los vínculos con África es parte de la solución para avanzar hacia una mayor autonomía estratégica.
Esta creciente asertividad en el plano internacional es coherente con la segunda tendencia: la consolidación del neosoberanismo,[2] especialmente en países africanos francófonos. En 2025, Francia fue invitada a cerrar sus bases militares en Senegal, Costa de Marfil y Chad. El movimiento, más simbólico que de ruptura real, refleja el deseo de cambiar los modelos tradicionales de partenariado con Europa por otros más horizontales. En esa misma lógica, la salida formal de Malí, Níger y Burkina Faso de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) en enero de 2025 apuntaló la deriva neosoberanista de la región y acentuó el aislamiento político de la Alianza de Estados del Sahel. Así, con la intención genuina de equilibrar dinámicas de poder, o instrumentalizando la lucha antiimperialista, líderes africanos francófonos han iniciado una senda de reforma que continuará en 2026.
Otra tendencia que continuó en 2025 fue el retroceso democrático –pese a que muchos países africanos, como Cabo Verde, Ghana y Sudáfrica, constituyan ejemplos de todo lo contrario–. Este deterioro adopta dos principales fórmulas. Primero, la instrumentalización de protestas populares por parte de las Fuerzas Armadas para tomar el poder, siguiendo un patrón visto anteriormente en Sudán, Malí y Guinea Conakry. En octubre, se dio un nuevo caso: el ejército de Madagascar aprovechó oleadas de manifestaciones contra el presidente democráticamente elegido para dar un golpe de Estado. La segunda vía es la manipulación del marco institucional por parte de un gobierno –mediante reformas constitucionales, cambios en las leyes electorales y la exclusión de candidatos opositores– para perpetuarse en el poder. Las elecciones celebradas en Guinea Bissau –antes de que un golpe de Estado militar terminase de cercenar las garantías democráticas–y Costa de Marfil son ejemplos de ello en 2025. Ante la proliferación de casos de desdemocratización, la UA y sus comunidades económicas regionales se enfrentarán en 2026 al reto de diseñar mecanismos más eficaces para garantizar el respeto a la Carta Africana de la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza.
Por último, el año 2025 también se caracterizó por un recrudecimiento de tensiones y conflictos. El Sahel siguió siendo el principal vector de inestabilidad, generando especial preocupación en España por razones de proximidad geográfica e interconexión. La región continúa consolidándose como el mayor foco de violencia yihadista en el mundo, con dos patrones principales: la intensificación de la amenaza en Malí, Níger y Burkina Faso, donde los grupos insurgentes buscan afianzar modelos de protogobernanza; y, por otra parte, la expansión geográfica del terrorismo, perpetrando ataques en Benín, Togo, Costa de Marfil y Nigeria, así como ejerciendo presión, aunque sin incidentes violentos, hacia Ghana, Senegal y Argelia.
El principal actor responsable de ambas dinámicas es la filial de al-Qaeda en el Sahel, el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM, por sus siglas en inglés), una coalición de organizaciones yihadistas heterogénea que se ha impuesto a su competidor en la región, la Provincia de Estado Islámico en el Sahel. Además, en 2025 JNIM ha dado un salto cualitativo en su estrategia de guerra económica ya que, desde septiembre, compromete gravemente el abastecimiento de carburante a Malí mediante ataques sistemáticos a camiones cisterna encargados de asegurar su suministro desde el exterior. Este hito ha situado al gobierno en una posición de vulnerabilidad sin precedentes y ha puesto en duda la efectividad del grupo paramilitar ruso África Corps. No hay indicios de que los mencionados patrones vayan a revertirse en 2026, especialmente ante la ausencia de mecanismos efectivos de cooperación regional y la bilateralización del apoyo europeo en materia de lucha contra el terrorismo.
Otro escenario crítico del año fue la guerra civil en Sudán, marcada por la toma de la ciudad estratégica de Al Fasher por parte de las Fuerzas de Apoyo Rápido y por graves violaciones de derechos humanos, especialmente contra la etnia zaghawa en Darfur. En la República Democrática del Congo, la ofensiva del M23 en el este del país, respaldada por Ruanda, marcó un punto de inflexión en el conflicto y provocó la condena de la Unión Europea (UE) a Kigali, incluida la suspensión parcial de la ayuda alemana. Aunque la mediación de Estados Unidos (EEUU) y Qatar llevó a la firma de los acuerdos de paz de Washington, su aplicación en 2026 se prevé compleja, ya que se excluyó al propio M23 de la mesa de negociaciones y se ignoran dinámicas locales aún activas, desde el desplazamiento de comunidades hasta la persistencia de grupos armados y la pugna por yacimientos minerales. En paralelo, Etiopía inauguró en septiembre de 2025 la presa del Renacimiento, manteniendo abierta la disputa con Egipto y otros Estados ribereños del Nilo, que seguirá condicionando la estabilidad regional en 2026.
Relaciones con España y la UE
En un contexto de creciente competición geopolítica en el que Europa necesita reevaluar y diversificar sus alianzas, el fortalecimiento de los vínculos con África es parte de la solución para avanzar hacia una mayor autonomía estratégica. En este sentido, 2025 ha estado marcado por la 7ª Cumbre UA-UE, centrada en la promoción de la prosperidad y la seguridad compartidas, así como de un multilateralismo eficaz, con la voluntad de una mayor concertación entre ambas organizaciones en foros internacionales. El balance de la Cumbre fue, no obstante, ambivalente: aunque se aprobó una declaración conjunta equilibrada, no se alcanzó el consenso necesario para adoptar el informe de seguimiento de la Cumbre anterior, ni para establecer un mecanismo de seguimiento de ésta y futuras cumbres. Esta situación es síntoma de una limitación persistente del partenariado: la falta de canales de interlocución técnicos y regulares, más allá de las Cumbres, para lograr una colaboración más fluida.
Para España, África –especialmente sus regiones occidental y septentrional– es un espacio clave por razones económicas y de seguridad. Su importancia seguirá creciendo: el comercio con el continente, por ejemplo, ya supera al que España mantiene con América Latina. En este contexto, España ha buscado llevar sus relaciones a una nueva fase, basada en el respeto, la horizontalidad y el beneficio mutuo, con el lanzamiento de la Estrategia España-África 2025-2028. En el primer año de aplicación, se ejecutaron más de una cuarta parte de sus medidas, destacando el incremento de viajes y visitas oficiales, así como la creación de nuevos instrumentos, como la comisión interministerial para África, el Consejo Asesor para la Estrategia, la Fundación España-África y la Asociación Iberoafricana de Cámaras de Comercio.
España es percibida como un socio amable y accesible, con mayor capacidad de escucha a la hora de cooperar. Sin el lastre del pasado colonial en el continente africano, se aleja de la imagen de soberbia y condescendencia que pueden proyectar, en ocasiones, otros Estados miembros de la UE. La postura española hacia el conflicto palestino-israelí, en paralelo al apoyo sin fisuras a Ucrania frente a la agresión rusa, proyecta una imagen de coherencia que también despierta simpatías en África. Además, la diplomacia de la lengua y del deporte son activos importantes. Así, ante la necesidad de Francia de mantener un perfil bajo, España está bien situada para actuar como puente entre Bruselas y sus socios africanos. Sin embargo, para que esta coyuntura favorable no se convierta en una oportunidad perdida, España debe asegurar recursos suficientes y sostenidos para aplicar la Estrategia, y fortalecer la confianza mutua con sus socios africanos, facilitando la identificación de intereses compartidos y avanzando hacia relaciones más estrechas, igualitarias y mutuamente beneficiosas. De ello depende que España logre dar el salto cualitativo deseado en sus relaciones con África.
[1] Este texto forma parte del Policy Paper “España en el mundo en 2026: perspectivas y desafíos”, publicado por el Real Instituto Elcano en enero de este año.
[2] Este término alude a la reivindicación activa de la soberanía nacional frente a injerencias externas, acompañada de una demanda de mayor autonomía política, económica y discursiva, desde una perspectiva postcolonial
