El ciberespacio se ha convertido en un laberinto sin salida para la mayoría de los actores que entran en él. Mientras la Unión Europea permanece en la frontera del limbo cibernético, la Alianza Atlántica trabaja en una estrategia de ciberdisuasión que permita lograr un difícil consenso entre la integración de las ciberoperaciones ofensivas en el marco de un hipotético artículo 5 del Tratado de Washington, la brecha de cibercapacidades entre los propios aliados y la reticencia de muchos a desvelar su arsenal cibernético al resto de miembros de la organización. Por su lado, China y Rusia abanderan ante las Naciones Unidas la enésima propuesta para una gobernanza de Internet que otorgue a cada Estado la legitimidad necesaria para controlar todo lo concerniente a sus ciberespacios específicos, tal y como ambos países vienen realizando desde hace décadas. Además, la administración estadounidense trabaja para optimizar la estructura, instrumentos, procesos y funciones de su política nacional de ciberseguridad, siendo la última legislatura de Barack Obama especialmente prolífica en iniciativas legislativas y medidas concernientes con la ciberprotección del país.
En este contexto, el pasado 1 de Abril, tan solo unos meses después de que Washington impusiese importantes sanciones económicas al régimen de Pyongyang como consecuencia del ciberataque sufrido por la compañía Sony, el presidente Obama firmaba una Orden Ejecutiva por la que autoriza al secretario de Hacienda –en coordinación con el fiscal general de Estado y el secretario de Estado– a sancionar a aquellos actores extranjeros cuyas actividades en el ciberespacio supongan una amenaza para la seguridad nacional, la política exterior o la estabilidad económica y financiera del país. Esta Orden Ejecutiva, de marcado carácter disuasorio y coercitivo, prevé sancionar a quienes esponsoricen o apoyen campañas de ciberespionaje, hagan uso de la información obtenida a través de estas campañas o ejecuten ciberataques contra infraestructuras críticas nacionales u otros servicios esenciales para el desarrollo socio-económico del país.
Tras la firma de esta Orden Ejecutiva, muchas miradas se centraron en China y Rusia, las principales amenazas para EEUU en su carrera por la supremacía cibernética. Sin embargo, es difícilmente asumible que las estrategias de Pekín y Moscú vayan a verse modificadas por esta política de sanciones. Por un lado, el gobierno chino no pondrá freno a las operaciones de ciberespionaje industrial, esenciales para el desarrollo y evolución de su industria tecnológica y sectores afines. Por otro lado, Vladimir Putin parece –tal y como lo está demostrando con los sucesos de Crimea o Ucrania– poco proclive a ceder ante sanciones económicas y perseguir a los hackers del país que acceden a redes gubernamentales o empresariales norteamericanas. Además, chinos y rusos cuentan a su favor con la difícil resolución del problema de la atribución, máxime cuando disponen de cibercapacidades de primer nivel que les permiten llevar a cabo ciberataques de forma anónima.
Por tanto, parece evidente que la intención de la administración Obama con esta nueva política de sanciones es disuadir y coercer a todos aquellos nuevos actores –estatales y no estatales– que se van sumando al tablero cibernético y puedan convertirse en una amenaza futura para EEUU.
