(*) Publicado el 1/7/2014 en Expansion.com.
Aunque los demócrata-cristianos ganaron las últimas elecciones al Parlamento Europeo, la fragmentación del voto y el auge de las opciones euroescépticas y eurocríticas han reabierto el debate sobre qué política fiscal debe seguir la zona euro. Liderados por el nuevo primer ministro italiano, Matteo Renzi, los socialdemócratas europeos (Hollande incluido aunque con la boca pequeña) han planteado en el Consejo Europeo modificar las duras reglas fiscales que la zona euro acordó durante la crisis. Pretenden aprovechar el peso de sus votos en el Parlamento Europeo para obtener concesiones en materia de reglas presupuestarias a cambio de apoyar al conservador Junker como nuevo Presidente de la Comisión Europea. Sostienen que el Pacto Fiscal, impuesto por Alemania y los demás países acreedores en los momentos más duros de la crisis, supone que la Unión Europea se ha auto-impuesto una camisa de fuerza que, de aplicarse a rajatabla, obligaría a una política de austeridad permanente durante los próximos años. Han pedido, por tanto, una revisión de las reglas fiscales para evitar que los recortes afecten negativamente al anémico crecimiento europeo. Con ello esperan conseguir que no crezca aún más el rechazo ciudadano hacia las políticas económicas de la Unión.
En el campo contrario, y liderados por Angela Merkel, están quienes opinan que este debate entre austeridad y crecimiento no tiene sentido. Sostienen que la reducción del déficit y de la deuda pública, que este año va a alcanzar el 96% del PIB en la zona euro según las últimas previsiones de la Comisión Europea, no es una opción sino una obligación. Y subrayan que es la única forma de hacer que las economías europeas puedan crecer a largo plazo. Se han visto sorprendidos por la reapertura de este debate tanto porque la Comisión Europea ya ha dado más tiempo a los países para cumplir sus metas de déficit como porque reescribir las mismas supone abrir una negociación muy compleja que podría afectar a los Tratados en un momento en que la política europea no está para experimentos.
Este debate es poco útil y además, en las circunstancias actuales, puede incluso llegar a ser perjudicial para España, que de momento no se ha posicionado en ninguno de los dos campos al haber sufrido las consecuencias adversas del Pacto Fiscal (y ver por lo tanto con buenos ojos su posible modificación) al tiempo que se ganaba el respeto de Alemania y del BCE por sus reformas y ajustes algo que, de momento, todavía no han conseguido ni Italia ni Francia.
Más allá de la discusión sobre la idoneidad de las reglas fiscales europeas, Alemania no va a permitir que se reabra este debate. Merkel es consciente de que su opinión pública sólo aceptará continuar con la solidaridad hacia los países del sur si a cambio hay un compromiso de responsabilidad en el gasto, cuya garantía es precisamente el Pacto Fiscal. Además, como se ha visto en los últimos años, el nuevo Pacto de Estabilidad y Crecimiento ya incorpora mecanismos de flexibilidad y es difícil negar que la elevada deuda pública en los países de la zona euro supone un grave problema de cara al futuro, especialmente si se tiene en cuenta el envejecimiento de la población. Por lo tanto, en ausencia de un plan de reestructuración de toda la deuda pública de los países de la zona euro, algo que hoy día no está sobre la mesa a pesar de haberlo defendido numerosos economistas, parece buena idea que los países con problemas no sigan aumentando sus pasivos. Sencillamente, los países del sur no tienen hoy posibilidad de aumentar el gasto público sin desencadenar una crisis de confianza sobre la sostenibilidad de su deuda. Sí que sería positivo, sin embargo, que los países con margen fiscal, especialmente Alemania, iniciaran un programa de expansión del gasto en inversión pública, que sería bueno tanto para sus economías como para el conjunto de la zona euro. También sería interesante que el Banco Europeo de Inversión aumentara todavía más su financiación a grandes proyectos transeuropeos, empezando por los energéticos. Pero para ninguna de las dos cosas hace falta cambiar las reglas fiscales.
La clave es la política monetaria
En cualquier caso, lo más peligroso del debate sobre la modificación de las reglas de gasto es que, sin pretenderlo, podría retrasar la adopción de programas más ambiciosos de política monetaria expansiva del BCE, que es lo que realmente necesita la zona euro para luchar contra el riesgo de deflación, depreciar el euro y apuntalar la recuperación. El BCE ha demostrado a lo largo de la crisis que se comporta como un actor político, aunque no tenga la legitimidad ni el mandato para hacerlo. Sólo ha aceptado flexibilizar su política monetaria a cambio de que los países europeos avanzaran tanto en las reformas estructurales y la contención del déficit como en las nuevas reglas fiscales y la creación de la Unión Bancaria. Si el BCE percibe que dos países clave como Italia y Francia, que todavía no han hecho casi ninguna de las reformas que necesitan para adaptarse a la globalización y tener un crecimiento sostenible, pretenden ampliar el gasto público para evitar reformas impopulares pero necesarias, podría optar por no adoptar un programa de expansión cuantitativa este año para poner más presión sobre los gobiernos y obligarlos a reformar ante la falta de crecimiento. Pero si el BCE opta por esa opción, países como España, Irlanda o Portugal, que sí han hecho un espectacular esfuerzo de devaluación interna pero que necesitan una inflación más elevada y un euro más bajo para poder aumentar sus exportaciones y asegurar, en último término, la sostenibilidad de su deuda pública, podrían verse condenados a un crecimiento lento y vulnerable, que sin duda aumentaría el rechazo ciudadano a las políticas de la Unión.
Los países del sur de Europa, con España a la cabeza, necesitan crecimiento y empleo para que sus ciudadanos no le den la espalda al euro. Y, a día de hoy, ese crecimiento no pasa por reabrir el debate sobre las normas fiscales sino por asegurar que el BCE cumpla su mandato y aleje el riesgo de deflación, haciendo posible que las reformas y los ajustes surtan efecto y permitiendo a la ciudadanía ver que el esfuerzo ha servido para algo. Por lo tanto, distraer la atención del tema principal y levantar sospechas sobre el compromiso reformista de Francia e Italia en el eje Berlín-Frankfurt queriendo retocar las reglas fiscales puede resultar contraproducente. Esa no es una batalla que a los países del sur les convenga dar porque no pueden ganarla. Esperemos que Renzi sea consciente de ello y tan solo haya buscado algunos titulares que maticen la retórica de la austeridad y le den réditos electorales en casa. Así parece desprenderse de las conclusiones del Consejo Europeo de junio, en las que tan solo se aboga por “aprovechar al máximo la flexibilidad integrada en las normas vigentes del Pacto de Estabilidad y Crecimiento”, que sí que permite a países con menos de un 3% de déficit sobre el PIB (que es el caso de Italia pero no de Francia o España) desviarse parcialmente de la senda de ajuste fiscal si llevan adelante determinadas reformas estructurales. De confirmarse este acuerdo, que dejaría las reglas fiscales tal y como están, estaríamos ante una buena noticia, ya que si Renzi y Hollande realmente buscaran un choque frontal con Mekel tendrían todas las de perder y podrían además terminar perjudicando a España.
Federico Steinberg es investigador principal de Economía Internacional del Real Instituto Elcano y profesor de Análisis Económico de la Universidad Autónoma de Madrid | @Steinbergf
