Mensajes clave
- Serbia vive un doble cautiverio político y social. En el plano político, el poder se concentra en torno a Aleksandar Vučić y el Partido Progresista Serbio, que controlan las instituciones, los medios y una red de clientelismo y corrupción. En el ámbito social, la movilización estudiantil simboliza la resistencia cívica, pero aún carece de un proyecto político alternativo capaz de desafiar al régimen.
- Las protestas estudiantiles nacieron como reacción a un símbolo de la corrupción estructural. El colapso de una marquesina en Novi Sad, atribuido a la negligencia y la corrupción, detonó una ola de indignación social. Las protestas se mantuvieron durante un año, con un carácter cívico y apartidista, aunque el gobierno las desacreditó tachándolas de movimientos manipulados desde el exterior y las reprimió mediante violencia e intimidación.
- Las protestas han abierto una “ventana de oportunidad política”. Según la teoría del politólogo Sidney Tarrow, la crisis de legitimidad, las fisuras dentro de las élites, el apoyo de actores civiles y la presión internacional han creado condiciones propicias para el cambio. Sin embargo, esa oportunidad dependerá de si la movilización logra institucionalizarse o es absorbida por el sistema.
- El régimen híbrido de Vučić se sostiene en su legitimidad económica. Serbia muestra rasgos de autoritarismo electoral y clientelismo, pero ha mantenido el respaldo europeo gracias a la estabilidad y al crecimiento económico. El Fondo Monetario Internacional reconoce avances, aunque persisten grandes brechas estructurales –corrupción, mercado laboral, capital humano, innovación y gobernanza– cuya corrección determinará el futuro político del país.
- El horizonte político serbio sigue incierto y polarizado. Las protestas han reactivado la vida cívica, pero Serbia continúa atrapada entre un autoritarismo consolidado y una sociedad desmovilizada. El cambio dependerá de que la oposición y el movimiento estudiantil articulen una alternativa democrática viable. En última instancia, sólo unas elecciones libres podrían abrir una salida a la crisis política actual.
Análisis
1. Introducción
El 1 de noviembre se cumple un año desde el inicio de las protestas antigubernamentales en Serbia, originadas tras el derrumbe de una marquesina en la estación de ferrocarril de Novi Sad. El accidente –que causó numerosas víctimas mortales y reveló graves fallos estructurales en una obra a cargo de una empresa china– fue interpretado por la opinión pública no como un hecho aislado, sino como el síntoma visible de la corrupción sistémica y de la degradación de las infraestructuras públicas del país. Aquel suceso quebró la rutina del autoritarismo electoral serbio, caracterizado por la apatía y la desmovilización, y desencadenó una crisis política liderada por estudiantes y respaldada por amplios sectores de la ciudadanía. Estudiantes y profesores se convirtieron en portavoces de la indignación cívica y de la erosión de la confianza institucional.
Durante este año de movilización, la principal estrategia de los estudiantes –que proclaman querer cambiar “el sistema y no el gobierno”– ha consistido en mantener una presión constante mediante protestas prolongadas: bloqueos universitarios y de vías públicas, concentraciones frente a los principales símbolos del poder (sedes gubernamentales, la televisión pública y medios privados afines al oficialismo) y una firme negativa a coordinarse con los partidos de la oposición. La preservación del carácter cívico y no partidista del movimiento ha sido crucial para evitar su instrumentalización y subrayar su “pureza política y moral”.
El gobierno y los medios próximos al poder han intentado deslegitimar las protestas presentándolas como “revoluciones de color” promovidas desde el exterior, de carácter “terrorista” o vinculadas a intereses extranjeros. Los manifestantes, despectivamente llamados blokaderi (“los que bloquean”), han sido objeto de la represión policial mediante gases lacrimógenos, granadas aturdidoras y el uso de la fuerza para desmantelar las barricadas. Numerosos activistas han sido detenidos bajo distintos cargos, sobre todo durante los bloqueos de las calles, y se ha documentado una estrategia sistemática de intimidación, con advertencias públicas, vigilancia y mensajes que buscan infundir temor insinuando que las protestas amenazan la estabilidad del Estado. El control o la influencia del gobierno sobre los medios estatales y privados le ha permitido moldear la narrativa pública, minimizando las demandas de los manifestantes o presentándolas bajo el prisma del desorden y la inestabilidad.
A lo largo de los últimos 12 meses, las reivindicaciones del movimiento se han ampliado. A las exigencias iniciales –la publicación de toda la documentación sobre la reconstrucción de la estación y su financiación, la identificación de los responsables de las agresiones a estudiantes y profesores durante las vigilias pacíficas, la retirada de los cargos contra los detenidos y el aumento del presupuesto para la educación superior en un 20%– se añadió, el 5 de mayo de 2025, la demanda de elecciones anticipadas. Los estudiantes apelaron al artículo 109 de la Constitución serbia, que regula la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria de comicios extraordinarios, enmarcando así su reclamación dentro de un cauce institucional legítimo.
Sin embargo, el movimiento estudiantil no constituye un bloque ideológicamente definido ni cuenta con una estructura organizativa clara. Lo único inequívoco de sus demandas es su oposición al régimen, pero aún no han precisado “para qué” están y qué modelo alternativo proponen más allá del eslogan “más democracia, menos corrupción”. Esta indefinición ofrece al gobierno una ventaja. Pese a hacer frente a protestas masivas, el régimen de Vučić está presentándolas como un movimiento desorganizado, manipulado por fuerzas externas y socialmente marginal, que está obstruyendo el funcionamiento normal de las instituciones estatales que, en teoría, representan los intereses de todos los serbios. La definición de las protestas legítimas como una “revuelta incontrolada” justifica las medidas represivas del gobierno.
2. ¿Son las protestas estudiantiles una oportunidad para cambiar el régimen de Aleksandar Vučić?
El pasado 18 de agosto, el editorial de Financial Times titulado “It is time to stop indulging Serbia’s authoritarian president” describía la erosión democrática del país bajo una apariencia de legalidad institucional. El texto denunciaba tanto la deriva autoritaria del gobierno de Aleksandar Vučić como la complicidad de los gobiernos occidentales y de las instituciones europeas, que han priorizado la estabilidad y el pragmatismo por encima de la democracia plena. Esta tolerancia ha permitido la consolidación de un régimen que “normaliza” el autoritarismo de facto. El editorial proponía una postura más firme hacia Belgrado: condicionar o suspender la ayuda y los incentivos que Serbia recibe –fondos europeos, cooperación diplomática– hasta que se verifiquen mejoras democráticas tangibles; apoyar a los medios independientes, a los periodistas críticos y a las organizaciones de la sociedad civil; y garantizar que las futuras elecciones sean libres, justas y transparentes bajo una observación internacional creíble.
La tesis central del artículo –que la actual crisis política representa una “ventana de oportunidad” para un posible cambio de régimen– puede interpretarse a la luz de las teorías sobre las estructuras de oportunidad política, desarrolladas por autores como Sidney G. Tarrow[1]. Según este enfoque, los movimientos capaces de transformar un sistema político surgen cuando confluyen ciertos factores de apertura: divisiones en las élites, cambios institucionales y crisis de legitimidad. Las llamadas ventanas de oportunidad aparecen cuando los actores sociales logran aprovechar las grietas del sistema para escalar la protesta y convertir la disidencia en desafío político.
En el caso serbio, el derrumbe de la marquesina en la estación de Novi Sad alteró significativamente la estructura de oportunidad política en al menos cuatro dimensiones clave:
a. Crisis de legitimidad del gobierno. El accidente se produjo en un contexto de fatiga social y de profunda erosión de la confianza institucional. La gestión tardía y opaca del gobierno de Vučić reforzó la percepción de impunidad y falta de rendición de cuentas, debilitando su capacidad para controlar el relato, y abrió espacio a actores no partidistas, especialmente los estudiantes, que supieron encarnar la voz de la indignación colectiva.
b. Fisuras dentro de las élites. Aunque el régimen mantiene un alto grado de control político y mediático, algunos sectores tecnocráticos y figuras locales –alcaldes, ingenieros, rectores– se desmarcaron públicamente o criticaron la gestión del desastre. Estas disidencias, aunque limitadas, ampliaron la ventana de oportunidad para discursos alternativos y otorgaron credibilidad a las denuncias ciudadanas.
c. Emergencia de aliados institucionales y civiles. Profesores universitarios, arquitectos, sindicatos y organizaciones anticorrupción se solidarizaron con los estudiantes, facilitando la expansión del movimiento y su acceso a recursos simbólicos y mediáticos. El “frente cívico” surgido tras el desastre reforzó la legitimidad social de la movilización y le dio un anclaje en la sociedad civil organizada.
d. Reacción internacional y presión europea. La Unión Europea (UE) y varias ONG expresaron su preocupación por los casos de corrupción en infraestructuras financiadas con fondos europeos, lo que internacionalizó el conflicto y otorgó mayor resonancia a las protestas. Esto contribuyó a proyectar la movilización no sólo como un movimiento nacional, sino también cívico-europeo, alineado con los valores de la democracia, la rendición de cuentas y la transparencia.
En este sentido, Marte Kos, comisaria europea para la Ampliación, declaró en una entrevista con la cadena N1 de Eslovenia: “Me parece importante decir que lo que los manifestantes y los estudiantes exigen a Serbia es lo mismo que la Comisión Europea le pide a Serbia”.
Serbia se ha consolidado como un régimen híbrido. Según informes de Freedom House y del European Stability Initiative, el país encarna los rasgos característicos de este tipo de sistemas: elecciones sin igualdad de condiciones, concentración del poder en la presidencia, clientelismo y corrupción sistémica, represión selectiva y cooptación de la oposición, junto con una desmovilización social estructural. El resultado es un horizonte político cerrado, con escasas posibilidades reales de alternancia y una sociedad civil debilitada por la fragmentación y la dependencia del poder.
A pesar de ello, el régimen de Aleksandar Vučić ha contado con el respaldo de la UE, que no percibe una alternativa política viable y considera su liderazgo un factor de estabilidad en los Balcanes. Para muchos serbios, esa misma estabilidad, unida a los resultados económicos de los últimos años, ha justificado su permanencia en el poder. La tolerancia tanto interna como externa hacia este régimen híbrido ha descansado, en última instancia, sobre la legitimidad económica. Pero ¿qué futuro tiene la economía serbia?
El último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), publicado en julio de 2025, confirma que Serbia ha registrado avances notables en crecimiento e ingresos desde su transición a la economía de mercado en el año 2000. Las reformas iniciales facilitaron la entrada de capital extranjero, estabilizaron las finanzas públicas y aumentaron la productividad. Sin embargo, la brecha con la UE sigue siendo considerable: en 2023, el PIB per cápita serbio representaba apenas la mitad del promedio comunitario.
Entre 2016 y 2024, el crecimiento serbio se sustentó en una combinación equilibrada de trabajo, capital y productividad. La tasa de desempleo cayó del 26% en 2012 al 8,6% en 2024 y la participación laboral aumentó al 56,6%. La inversión pública se triplicó desde 2014 y la privada casi se duplicó, impulsada por la inversión extranjera directa (IED). La productividad total de los factores aportó 1,6 puntos porcentuales al crecimiento, sobre todo gracias al dinamismo del ámbito tecnológico y a los efectos de derrame de la IED. No obstante, la estructura industrial sigue dominada por sectores de baja tecnología y los recientes aumentos salariales han elevado los costes laborales unitarios, amenazando la competitividad externa.
El FMI identifica cinco grandes brechas estructurales que frenan la convergencia con la UE. En materia de gobernanza, persisten deficiencias en el control de la corrupción, el Estado de derecho y la eficiencia judicial. En el mercado laboral, la elevada cuña fiscal –en torno al 40%– desincentiva el empleo formal y penaliza a los trabajadores con bajos ingresos. En capital humano, pese al alto nivel educativo, el 40% de los graduados se encuentra sobre cualificado o en sectores que no corresponden a su formación. El entorno empresarial sigue dominado por la influencia estatal, los subsidios a las empresas públicas y una competencia limitada que dificulta el crecimiento de las pymes. En cuanto a innovación y digitalización, aunque las infraestructuras tecnológicas son aceptables, la adopción del comercio electrónico es escasa y el gasto en I+D –inferior al 1% del PIB– se concentra en el sector público. A ello se suma un sistema financiero poco profundo, en el que las microempresas dependen de la autofinanciación y se enfrentan a serios obstáculos para acceder al crédito.
Así, el FMI recomienda un conjunto de reformas estructurales como fortalecer la independencia judicial mediante herramientas electrónicas (e-court, e-registro), reducir la carga fiscal sobre el trabajo con deducciones familiares y menores contribuciones sociales para salarios bajos, reforzar la formación técnica y los vínculos entre universidades y empresas, reformar o privatizar las empresas públicas, reorientar los incentivos a la IED hacia la transferencia tecnológica, simplificar el acceso al crédito y fomentar la financiación no bancaria, aumentar el apoyo público a la innovación y promover la alfabetización digital.
La conclusión del FMI es clara: Serbia ha mejorado su trayectoria económica y social, pero su convergencia con la UE dependerá de un salto sostenido en productividad y calidad institucional. El crecimiento futuro exigirá mejoras en la gobernanza y el Estado de derecho, la reducción de las distorsiones fiscales y laborales, el fortalecimiento del capital humano y la creación de un entorno empresarial más competitivo e inclusivo. Si logra cerrar parcialmente sus brechas estructurales, Serbia podría aumentar su PIB potencial en torno al 10% a medio plazo, situándose entre las economías de mayor dinamismo de Europa. Por lo tanto, el futuro del régimen de Vučić dependerá mucho de la capacidad de su gobierno de seguir con el desarrollo económico, es decir, de cumplir las recomendaciones del FMI a corto y largo plazo.
3. El horizonte político serbio
El horizonte político serbio, tradicionalmente clausurado por un autoritarismo electoral estable, atraviesa hoy un momento de fisura. El derrumbe de la marquesina en Novi Sad y las protestas que le siguieron abrió una grieta simbólica en el consenso autoritario del país. Mostró que la indignación moral puede articularse colectivamente y que la política, aunque restringida, sigue siendo un espacio de disputa posible. El futuro dependerá de si esa energía cívica logra institucionalizarse sin perder su autonomía o si el régimen consigue reabsorberla mediante cooptación y control narrativo, apoyado en su aparato mediático y en el respaldo europeo que continúa privilegiando la estabilidad sobre la democratización real.
La sociedad serbia se encuentra hoy en un nivel de polarización más profundo incluso que en los años 90, lo que da cuenta de la magnitud de la fractura. Para quienes respaldan al régimen, Aleksandar Vučić representa un garante de estabilidad, crecimiento económico y protección frente a las amenazas externas. Para sus detractores, en cambio, encarna la consolidación de un autoritarismo posmoderno que traiciona la promesa democrática surgida tras la caída de Milošević. Los estudiantes son los detractores también de los partidos de la oposición, por su fragmentación y por no estar libres de casos de corrupción.
Una encuesta del Center for Research, Transparency and Accountability (CRTA), realizada en abril de 2025, refleja con claridad esta división: el 43% de los encuestados considera que Serbia avanza en la dirección equivocada, frente al 38% que opina lo contrario y un 19% que no lo sabe. El apoyo a las protestas estudiantiles, aunque elevado, muestra una leve tendencia a la baja. En diciembre de 2024, el 61% de los serbios las apoyaba, mientras que el 35% no lo hacía; en abril de 2025, el respaldo descendió al 59% y la desaprobación al 34%. Aun así, pese a la preocupación general por la corrupción, la inflación y el desempleo, más de un tercio de la población (36%) se muestra optimista respecto al futuro político del país, el 14% lo afronta con satisfacción, el 29% con rabia o inquietud y el 20% con indiferencia.
Conclusiones
Serbia se encuentra atrapada en un doble cautiverio. En el plano político, bajo un régimen híbrido que ha perfeccionado la lógica del autoritarismo electoral. El poder se concentra en torno a Aleksandar Vučić y su partido, que han subordinado las instituciones al control partidista, neutralizado los contrapesos y colonizado el espacio mediático. En el ámbito social, el país permanece prisionero de su propia frustración: la movilización estudiantil ha encarnado una protesta ética contra la corrupción y el abuso de poder, pero todavía no ha conseguido traducir esa energía moral en una alternativa política capaz de disputar el sistema.
El equilibrio actual descansa sobre una estabilidad precaria. La legitimidad del régimen depende tanto del crecimiento económico como de la percepción de orden que ofrece a una sociedad exhausta de crisis y desilusiones. Sin embargo, esa estabilidad es más aparente que real: las brechas estructurales persisten, la desigualdad se amplía y el tejido institucional continúa erosionado.
Las protestas estudiantiles han roto la inercia del conformismo serbio y reabierto la posibilidad de un espacio cívico autónomo. Pero su futuro dependerá de si logran institucionalizar su impulso sin ser absorbidas por el sistema. Si no lo consiguen, Serbia corre el riesgo de perpetuar su condición de Estado cautivo: controlado desde arriba por un poder autoritario y paralizado desde abajo por una sociedad desmovilizada. El desafío no consiste sólo en cambiar de gobierno, sino en reabrir el horizonte político de la democracia en un país que lleva demasiado tiempo creyendo que la estabilidad puede sustituir a la libertad.
Sin duda, las elecciones son el único camino democrático para salir de la crisis política actual de Serbia.
[1] En España es conocido su libro publicado por Alianza Editorial en 1997, Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política.
