Mensajes clave
- En un contexto de profesionalización integral de las Fuerzas Armadas, la escasez de aspirantes nacionales para Tropa y Marinería propició que en 2002 se aprobara, con limitaciones, la admisión de soldados extranjeros.
- A partir de 2005, el peso del conjunto de los soldados inmigrantes sobre el personal militar experimentó un rápido incremento hasta rebasar el 10%. Pero una vez llegada la crisis económica, su cuota fue cayendo paulatinamente hasta rondar el 5%.
- En líneas generales, la integración de los soldados inmigrantes en las Fuerzas Armadas puede considerarse satisfactoria, siendo asimismo mayoritariamente positiva la opinión pública española acerca de esta realidad.
- Es previsible que en los próximos años aumente la presencia de soldados inmigrantes de segunda generación, lo que supondrá tanto una oportunidad como un reto para las Fuerzas Armadas.
Análisis[1]
1. Introducción
A comienzos del siglo XXI, las Fuerzas Armadas Españolas (FAS) se encontraban inmersas en una de las mayores transformaciones de su historia. En 1996 se había acordado la progresiva eliminación del servicio militar obligatorio y la consiguiente profesionalización integral de una Tropa y Marinería hasta entonces conformada mayoritariamente por soldados de reemplazo. Este movimiento estaba en línea con lo realizado a lo largo de esa década por otros aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) como Bélgica, los Países Bajos, Francia, Portugal e Italia, en respuesta a un nuevo contexto de seguridad internacional que, tras la Guerra Fría, requería ejércitos completamente profesionales y más reducidos con el fin de mejorar su operatividad, sobre todo en las misiones internacionales.[2]
No obstante, esta transición no estaba resultando sencilla. A pesar de que desde 1988 ya se permitía el alistamiento de mujeres[3] y se estaba llevando a cabo una intensa campaña informativa en medios de comunicación y centros educativos, las solicitudes de reclutamiento para Tropa y Marinería Profesional (TMP) apenas alcanzaban el 70% de las plazas ofertadas,[4] siendo los motivos de esta situación tanto estructurales como coyunturales. Entre los primeros, destacaba una profunda transición demográfica según la cual, las últimas cohortes de la generación del “baby boom” habían dejado de ser jóvenes. Tal y como muestra la Figura 1, tras alcanzar su cénit en 1997, la población de entre 18 y 26 años residente en España empezó a declinar de manera paulatina pero firme, lo que a su vez provocó un incremento de la ratio de dependencia del nicho de reclutamiento, esto es, la población a proteger por cada joven potencialmente reclutable.[5] Asimismo, esta circunstancia se combinaba con otras tendencias estructurales, como un debilitamiento del sentimiento patriótico y del compromiso con la defensa nacional vislumbrado en el incremento de los objetores desde que en 1985 se aprobase la Ley de Objeción de Conciencia o el creciente cierre de guarniciones territoriales que empujaba a una mayor movilidad geográfica, a la que no siempre estaba dispuesta una nueva generación de potenciales soldados menos proclives que sus antecesores al particular esfuerzo personal que supone militar en las FAS. Por el otro lado, el auge económico que estaba experimentando España al calor de la burbuja inmobiliaria no ayudaba a reclutar a jóvenes, que encontraban en otros ámbitos laborales, especialmente la construcción, salarios bastante más elevados.
En respuesta a dicho escenario, a lo largo de estos años se fueron tomando una serie de medidas para revertir este déficit de candidatos a entrar en la TMP. Así, en 1999 se incrementó la edad de reclutamiento de los 26 a los 28 años reduciéndose a su vez los requisitos tanto físicos como cognitivos, entre 2000 y 2001 se intentó fomentar el reclutamiento de mujeres, últimos soldados de reemplazo e hijos de emigrantes españoles, para, finalmente, en 2002 abrir la puerta a la admisión de extranjeros.
2. Inmigrantes en las FAS: una nueva realidad no tan novedosa
Desde hacía muchos años, la presencia de extranjeros en los ejércitos no suponía una anomalía en algunos países de nuestro entorno, tal y como reflejan la Legión Extranjera francesa o el Regimiento de The Royal Gurkha Rifles británico formado por soldados nepalíes. De hecho, en términos históricos, ni siquiera en España resultaban ser una novedad, pues a lo largo del siglo XX unidades como los Regulares de Melilla o la Legión (fundada en 1920 como Tercio de Extranjeros) ya habían integrado entre sus filas combatientes de otras nacionalidades. Así, en su primera década de historia, la Legión contó con soldados de hasta 47 orígenes distintos, algunos tan remotos como Siria, la India y Japón.[6]
Es más, si nos circunscribimos a la definición que usa la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y su División de Población por la cual migrante internacional es la persona que vive en un país diferente al que nació independientemente de su nacionalidad, nunca ha dejado de haber soldados inmigrantes en las FAS, representando en el año 2000 alrededor del 2% de sus miembros. No obstante, la admisión de inmigrantes no nacionalizados suponía un importante salto tanto en términos cuantitativos como cualitativos. Cuantitativamente, porque en 2002 el grupo de extranjeros de entre 18 y 28 años residentes en España ya alcanzaba las 478.791 personas[7] y en clara tendencia ascendente, lo que lo convertía en un más que notable caladero de potenciales reclutas. Y cualitativamente, porque aceptar a inmigrantes de otras nacionalidades no en unidades concretas como en el pasado, sino de manera generalizada, suponía un cambio de mentalidad tanto por parte de las FAS como del conjunto de la sociedad española. Para las primeras, implicaba la adaptación a un modelo multicultural que en caso de fracasar podía deteriorar su operatividad, así como erosionar el prestigio de la institución a la hora de seguir reclutando soldados nacionales. A su vez, para el resto de los españoles suponía asimilar que los extranjeros presentes en las FAS no serían mercenarios, ni en teoría, según la definición establecida por la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios de Naciones Unidas, ni en la práctica, ya que serían soldados integrados en las mismas condiciones que el resto. Y probablemente se acabarían identificando tanto con la institución como, muy especialmente, con la unidad a la que perteneciesen mediante fuertes lazos emocionales con sus compañeros (especialmente en el caso de las unidades de combate), tal y como se había observado en procesos similares en otros países.[8]
Así, se acabó aprobando la Ley 32/2002, de 5 de julio, que permitía el acceso a la condición de TMP a los extranjeros mayores de edad y sin antecedentes penales residentes legalmente en España, siempre y cuando el ordenamiento de sus respectivos países de origen se lo permitiera sin tener por ello que perder la nacionalidad. No obstante, a través del Real Decreto 1244/2002, de 29 de noviembre, se establecieron importantes restricciones para paliar algunas de las inquietudes existentes. En primer lugar, en virtud de los vínculos históricos se limitaron las nacionalidades de origen a las de los 18 países hispanoamericanos y Guinea Ecuatorial, lo que evidentemente facilitaba sobremanera la integración dada la afinidad idiomática y cultural. Por consiguiente, se dejaba fuera a los nacionales de la Unión Europea (UE),[9] así como al colectivo extranjero con mayor presencia por aquel entonces (y todavía en 2024) en España: los marroquíes. Resulta paradójico que a la vez que la exposición de motivos de la Ley 32/2002 defendía por parte de las FAS un esfuerzo integrador equivalente al del resto de la sociedad española, el articulado dejase fuera a la principal comunidad extranjera. Pero, asimismo, a nadie se le escapa que su aceptación hubiese despertado fuertes temores por un posible “conflicto de lealtades” en un contexto de históricas tensiones territoriales entre España y Marruecos, visibilizadas ese mismo año en el incidente del islote de Perejil. En segundo lugar, se estableció un cupo máximo de extranjeros del 2% sobre el total de efectivos de TMP, además de permitirles la entrada únicamente a ciertas especialidades y unidades, concretamente a algunas de las más operativas y peligrosas, y por tanto menos demandadas, como eran la Legión y la Brigada de Paracaidistas.[10] Y, por último, el compromiso con las FAS de los soldados extranjeros podía extenderse como máximo tres años, solamente prorrogables si se estuviera en trámites para la adquisición la nacionalidad española. Eso sí, en caso de finalizar dicho proceso satisfactoriamente, tendrían la posibilidad de promocionar en las mismas condiciones que un español de origen.
3. 2002-2024: auge y caída de militares inmigrantes
Tal y como se observa en la Figura 2, aunque en los primeros años de vigencia de la Ley 32/2002 la proporción de soldados sin nacionalidad española en las FAS todavía era muy reducida, en la segunda mitad de la década se aceleró llegando a impulsar el peso del conjunto de los nacidos en el extranjero por encima del 10%.[11] Las causas detrás de esta tendencia habría que buscarlas tanto en la normativa como en el contexto económico. Por un lado, se aumentó el cupo máximo de nacionales extranjeros en TMP (primero al 7% y posteriormente al 9%), se amplió a la inmensa mayoría el número de especialidades y unidades a las que podían aspirar y se les permitió alargar su compromiso inicial hasta los seis años, prorrogables tres años adicionales si hubieran solicitado la nacionalidad española,[12] todo ello a la vez que se aplicó una mejora general de las condiciones laborales.
Por otra parte, el creciente calentamiento de la economía española durante aquellos años alejó a los jóvenes autóctonos con formación media y baja de un ámbito laboral que no podía competir en salarios con otros sectores, muy especialmente el de la construcción. Pero una vez estallada la burbuja inmobiliaria todo cambió. Y aunque la inercia de los años anteriores permitió que los inmigrantes mantuvieran su cuota durante los primeros años de la crisis, las pocas plazas ofertadas por las FAS recuperaron atractivo para muchos de esos veinteañeros españoles que se habían visto abocados al paro. Así, a partir de 2012 el peso del conjunto de los militares nacidos en el extranjero empezó a descender de manera paulatina pero firme, siendo mucho más pronunciada la caída de los nacionales extranjeros hasta prácticamente desaparecer. No obstante, este último hecho no se explica exclusivamente por la salida de éstos, sino también por su nacionalización generalizada una vez que, tras alcanzar el poder a finales de 2011, el Partido Popular cumplió su promesa electoral de otorgar la nacionalidad española por carta de naturaleza a todos los extranjeros que hubiesen servido al menos dos años en las FAS, práctica que en líneas generales se ha mantenido desde entonces. Por tanto, tal circunstancia sumada a la baja rotación de la TMP en la última década ha propiciado que desde 2015 no hayan vuelto a suponer más del 0,5% dentro de las FAS, siendo su presencia hoy en día prácticamente testimonial. A este respecto, puesto que el ingreso anual de extranjeros en TMP durante los últimos cinco años ronda las 60 personas[13], dado su rápido proceso de nacionalización cabe inferir que en la actualidad no lleguen a suponer una cifra superior a los 150 soldados.
4. Exitosa integración de los (pocos) inmigrantes en las FAS…
En 2024, los inmigrantes se habían estabilizado en torno al 5% del conjunto de las FAS, una cuota equivalente a la existente hace casi 20 años y muy lejana al 23,1% que suponen los nacidos en el extranjero sobre la población en edad laboral residente en España.[14] Tales datos constatan que la tasa de inserción de los inmigrantes en las FAS no es que se haya frenado en la última década, sino que ha sufrido un fuerte retroceso, por lo que el mandato establecido en la Ley 32/2002 según el cual éstas deben, en línea con el resto de instituciones públicas, hacer un esfuerzo en la gestión del fenómeno migratorio parece tener cada vez menos vigencia. Sin embargo, no es menos cierto que los inmigrantes presentes muestran unas características sociodemográficas equiparables a las de los militares autóctonos. A este respecto, en 2024 las mujeres alcanzaban el 10,8% del colectivo, sólo 3,5 puntos porcentuales por debajo de lo que representaban entre los autóctonos, mientras que el 91,1% disponía de un nivel educativo superior al obligatorio[15], 6,6 puntos porcentuales por encima de los nacidos en España. Y aunque su peso seguía siendo mayor en TMP, ya suponían el 2,1% dentro del cuerpo de oficiales y suboficiales.
Al margen de estas cifras, cabe reseñar que una parte significativa de estos inmigrantes han ingresado en las FAS tras haber recibido formación militar previa en sus países de origen e incluso en algunos casos con experiencia de combate real, lo que sin duda se refleja desde un primer momento tanto en su alto rendimiento como en su estricto cumplimiento del régimen castrense. Y sin obviar la existencia de episodios conflictivos, desde las FAS se estima que se trata de casos aislados ocurridos en proporción similar a los protagonizados por españoles de nacimiento. A tales circunstancias se añade que los militares inmigrantes parecen desarrollar exitosamente un patriotismo dual hacia su país de origen y España. Así, aunque inicialmente a un inmigrante su patriotismo por el país de origen pueda suponerle un obstáculo para su integración, más tarde la experiencia migratoria suele relativizar tales sentimientos, proceso en el que desempeña un papel clave la inserción laboral. Trasladándolo al ámbito militar, y partiendo de la base de que el principal incentivo de un inmigrante para enrolarse en las FAS rara vez es la vocación sino la oportunidad de poder emprender un proyecto vital, el posterior éxito personal (normalmente culminado con la obtención de la nacionalidad) y lo que éste les reporta en términos de bienestar a ellos y sus familias fomenta un patriotismo español que, eso sí, es más racional que emocional.[16]
Por su parte, tal y como refleja la Figura 3, la mayoría de la sociedad española ha asimilado satisfactoriamente la presencia de soldados extranjeros en las FAS. En 2017, último año que el CIS preguntó por esta cuestión[17], dos de cada tres españoles aceptaban sin reparos la admisión de extranjeros que residieran legalmente en el país, a los que se sumaban casi un 10% más en el caso de que cumpliesen ciertos requisitos, algunos muy genéricos como “ser honrados”, “mostrar vocación” o “tener formación”, pero otros más relacionado con temores ya percibidos en 2002 como “sentirse español” o “en función del país de origen”. Por su parte, menos de un 20% rechazaba de plano su inclusión.
5. …a la espera de la segunda generación
Por último, cabe finalizar este análisis mencionando a un subgrupo migrante todavía minoritario pero cada vez más visible en la sociedad española y que, aunque con retraso más allá de las unidades de Ceuta y Melilla, ya empieza a hacer acto de presencia en las FAS: los inmigrantes de segunda generación, es decir, aquellos nacidos en España con al menos un progenitor nacido fuera de nuestras fronteras. Así, mientras que en el conjunto del país abarcan el 6% de la población y su tendencia es claramente ascendente[18], en las FAS ya suponen el 2,7%, algunos de ellos probablemente descendientes de aquellas tandas de soldados extranjeros que ingresaron durante la primera década de los 2000. En contra de lo que se pueda pensar, es frecuente que debido a sus sentimientos de desarraigo los inmigrantes de segunda generación tengan los mismos o incluso más problemas de integración en el país de destino que sus progenitores. Por ello, no debe despreciarse el papel que puedan cumplir las FAS a la hora de ofrecerles una salida para su desarrollo sociolaboral (incluyendo una oferta formativa que les proporcione ciertas cualificaciones técnicas especialmente necesarias hoy en día en las FAS y posteriormente aprovechables en caso de abandonar éstas), siempre y cuando sean capaces de amoldarse a la vida castrense, algo no siempre sencillo para las generaciones más jóvenes independientemente de su origen.
Considerando tanto a los militares inmigrantes de primera como de segunda generación, la Figura 4 muestra como en 2024 éstos aglutinaban un 7,4% del total de las FAS, una cifra similar a la de países de nuestro entorno como Italia y los Países Bajos, pero todavía muy alejada de lo que suponen en Francia y Alemania. Estos dos países, donde la entrada significativa de inmigrantes se remonta décadas más atrás que en el caso de España y, por tanto, los de segunda generación tienen un peso mucho mayor, pueden tomarse como un espejo donde mirarse a largo plazo en el que la diversidad del personal militar, no sólo de la TMP sino también del cuerpo de oficiales y suboficiales, vaya evolucionando en paralelo a la del conjunto de la sociedad. No obstante, desde las FAS se considera que esta incorporación de la segunda generación de inmigrantes debe gestionarse con cierta prudencia puesto que, dado que en este caso ya no son posibles limitaciones legales a su cuota, puede resultar recomendable evitar la acumulación de soldados con unas mismas raíces en unidades concretas que pueda derivar en una pérdida de cohesión y, por tanto, de operatividad dentro de éstas.
Conclusiones
El proceso de integración de inmigrantes llevado a cabo por las FAS a lo largo del siglo XXI puede calificarse de satisfactorio. De tal manera, aunque durante los últimos años su cuota sobre el total del personal militar presenta una tendencia a la baja que diverge del peso creciente que suponen en el conjunto de la sociedad, en términos cualitativos la trayectoria de este colectivo ha sido análoga a la de los soldados autóctonos, fruto de la cual internamente ya empiezan a visibilizarse en la escala de oficiales y suboficiales y, externamente, cuentan con el apoyo mayoritario de la opinión pública española. Ahora, más de dos décadas después de la admisión de soldados extranjeros y a las puertas de un periodo que probablemente suponga una nueva transformación de las FAS, el reto es empezar a incorporar con el mismo grado de éxito a los inmigrantes de segunda generación, españoles de pleno derecho que pueden contribuir al necesario rejuvenecimiento de la TMP, pero que muestran problemas de integración sociolaboral en mayor proporción que los autóctonos. Así, de alcanzarse tal objetivo, cabe esperar que, sin poner en riesgo la plena cohesión y funcionalidad de las FAS, éstas acaben reflejando en mayor medida la diversidad existente en el país fomentando en la ciudadanía, inmigrantes incluidos, una “cultura de Defensa” históricamente poco desarrollada en España.
[1] El autor quiere agradecer sus valiosas aportaciones al general de división Enrique Silvela (1), al contralmirante (r) José Luis Enrech de Acedo (2) y al coronel José Luis Calvo (3), miembros del Consejo Científico (1,2) y Consejo Asesor (3) del Real Instituto Elcano.
[2] De Cueto, C. y Novoa, V. (2008), “Hacia unos ejércitos multiculturales. Los casos de España, Reino Unido y Holanda”, Revista Académica de Relaciones Internacionales, 9: 1-28.
[3] Real Decreto-ley 1/1988, de 22 de febrero, por el que se regula la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas.
[4] Frieyro, B. (2004), “Latinoamérica, fuente de Recursos Humanos para las Fuerzas Armadas Españolas”, Convergencia, 34: 139-169.
[5] Sandell, R. (2004), “Haciendo frente a la demografía: ¿Se complica el reclutamiento militar?”, ARI 114/2004, Real Instituto Elcano.
[6] Bermejo, R. (2007), “Reflexiones sobre la participación de los extranjeros en las Fuerzas Armadas españolas”, Monografías del CESEDEN, 95: 127-146.
[7] Estadística del Padrón Continuo, INE.
[8] Arias, A. (2007), “Aspectos psicosociales relativos a la integración de extranjeros en las Fuerzas Armadas españolas”, Monografías del CESEDEN, 95: 54-88.
[9] Esta exclusión del resto de ciudadanos comunitarios fue posible a través del Real Decreto 543/2001, por el cual se eliminó la igualdad de condiciones entre españoles y resto de ciudadanos comunitarios para optar al empleo público en algunos ámbitos concretos, entre los que se incluyeron las FAS.
[10] Frieyro, B. y Aia, N. (2024), “Inmigrantes en las Fuerzas Armadas españolas: una interpretación de las políticas públicas”, Revista CIDOB d´Afers Internacionals, 137: 197-221.
[11] En esta serie, los datos anuales son la media de los datos trimestrales obtenidos de los microdatos de la Encuesta de Población Activa (INE) que atañe al código de ocupación 0 “Ocupaciones Militares” según CNO-2011. Para el periodo 2000-2024, el error de muestreo medio, con un margen de confianza del 95%, se sitúa en un +/- 5,2%.
[12] Estas medidas se articularon a través del Real Decreto 2266/2004 de 3 de diciembre, la Orden Ministerial 217/2004 de 30 de diciembre, la Ley 8/2006 de 24 de abril y la Ley 39/2007 de 19 de noviembre.
[13] Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa.
[14] Estadística Continua de Población, INE.
[15] Códigos del 3 al 8 según la Clasificación Nacional de Educación CNED-2014.
[16] Arribas, J.M., Del Val, C. y Mañas, B. (2019), “Inmigrantes latinoamericanos en las Fuerzas Armadas: Discursos sobre nacionalidad y ciudadanía”, Revista Internacional de Sociología, 77(2): e127.
[17] Centro de Investigaciones Sociológicas (2017), “La Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas (XII)”, Estudio nº 3188, septiembre.
[18] González, C. y Martínez, J.P. (2025), “Inmigración y mercado de trabajo en España”, ARI, Real Instituto Elcano.
