Las relaciones bilaterales España-Ecuador: situación actual y perspectivas de futuro (ARI)

Las relaciones bilaterales España-Ecuador: situación actual y perspectivas de futuro (ARI)

Tema: Las relaciones bilaterales entre España y Ecuador afrontan nuevos desafíos provocados por la eclosión del fenómeno migratorio.

Resumen: En 1999 comenzó el boom de la emigración ecuatoriana en España. En estos pocos años transcurridos, la colonia ecuatoriana se ha consolidado como la segunda en importancia tras la marroquí y la primera latinoamericana. El fenómeno va a más, ya que en dos años comenzará el proceso de “reagrupación familiar”, lo que significa que –por lo menos– el número de ecuatorianos se duplicará. España y Ecuador se interesan mutuamente, en los inicios del siglo XXI, por las profundas transformaciones económicas, políticas, sociales y humanas que la emigración implica y que hace que las relaciones bilaterales entre ambos países sean cada vez mayores y más importantes. Este análisis constata que los temas de la agenda bilateral hispano-ecuatoriana ya están definidos en sus términos básicos pero que, a la luz de la nueva realidad, deberían reformularse y llenarse de contenidos concretos.

Análisis: La proyección latinoamericana de España se ha basado tradicionalmente en la existencia de una historia, lengua y cultura común. Tomando como punto de partida estos preceptos, los sucesivos Gobiernos de la democracia han mantenido un discurso más o menos homogéneo en la acción exterior hacia la región, considerándola como un todo. Pero tanto en el mundo académico como en el político, se ha asumido que la visión “global” de América Latina ya no tiene sentido. América Latina es una, sí –prueba de ello es la existencia de la Comunidad Iberoamericana, institucionalizada en la última Cumbre de Salamanca, consolidándose como un sistema con una dinámica propia, que exige la participación y el compromiso de todos sus miembros–, pero diversa: cada país presenta una realidad diferente y una agenda propia. Así ha sido entendido, y desde 2004 así se ha plasmado, en la política hacia la región del nuevo Gobierno socialista, potenciando las relaciones bilaterales con cada uno de los países latinoamericanos.

En este contexto, las relaciones entre España y Ecuador en el siglo XXI podrían considerarse “excepcionales” por su marcado carácter bidireccional. A Ecuador, más allá del tradicional papel de España como “puente” entre las dos orillas, le interesa España porque cerca del 4% de su población se encuentra allí, y a España Ecuador, además de por la fuerza de su presencia en el subcontinente americano, por el número creciente de ecuatorianos en su territorio. Podríamos decir que se interesan mutuamente por las profundas transformaciones económicas, políticas, sociales y humanas que la emigración implica y que hace que las relaciones bilaterales sean cada vez mayores y más importantes.

Las relaciones entre España y Ecuador ya están formuladas y los temas definidos, aunque es necesario profundizar en ellos y llenarlos de acciones concretas que respondan a las pulsiones de la sociedad globalizada. Los temas que deberían marcar la agenda bilateral del siglo XXI deberían ser: las migraciones, eje articulador de la relación; la cooperación al desarrollo, insistiendo en la cooperación política; el comercio y la inversión, aspectos más débiles de la relación; la integración regional y las relaciones con la Unión Europea (UE), aprovechando la doble condición española de país iberoamericano y europeo; y los temas relacionados con la cultura y la imagen, el fortalecimiento de los instrumentos de la denominada “diplomacia pública”, para un mejor conocimiento mutuo.

El fenómeno migratorio

La eclosión de la emigración ecuatoriana en España se inició en 1999 tras la quiebra del sistema financiero y el colapso económico de Ecuador. En 2002 residían en condición regular 115.301 ecuatorianos en España, mientras que hoy son 497.799,[1] lo que supone que el 3,97% del total de la población ecuatoriana se encuentra actualmente en España. Según previsiones del Ministerio de Trabajo español, para el año 2016 esta cifra podría alcanzar el millón de personas.[2] Esta circunstancia, por un lado, sitúa a España a la cabeza de países receptores de inmigración ecuatoriana: en 2004, según la OCDE, en Estados Unidos, segundo receptor, había 305.180 ecuatorianos y en Italia, el tercero, 14.557. Por otro, dan cuenta de la importancia de esta colonia: no tiene la misma visibilidad medio millón en 40 millones de habitantes, el caso español, que doscientos mil en una población que se aproxima a los 300 millones como en el caso estadounidense.

Tras la firma del acuerdo bilateral migratorio en 2001 y el proceso de regularización excepcional de 2005, nos encontramos en un momento en el que la nueva forma de gestionar los flujos, la integración y la lucha contra la migración irregular serán claves, mientras que el reto pasa por maximizar el potencial económico de la migración para el desarrollo de Ecuador.

En cuanto a las políticas migratorias referidas a la regulación de flujos, el desafío para España pasa por mejorar el sistema de contratación en el país de origen. Pese a que en los últimos tiempos se han incrementado los recursos humanos en el consulado de Quito, se echa de menos otro en Guayaquil, ciudad más importante por su población y por ser el motor económico del país. De este modo se agilizarían los trámites consulares. En España, concretamente en ciudades como Madrid y Murcia, se necesitarían más recursos humanos para atender a los inmigrantes. Además, sería conveniente la revisión de algunos aspectos relacionados con la renovación de los contratos temporales suscritos en el país de origen, posibilitando la renovación de éstos sin tener que regresar al país, lo que supondría un importante ahorro al evitarse elevados costes de desplazamiento. También serían convenientes más inspecciones en los lugares de trabajo como medida de lucha contra la explotación de los trabajadores irregulares, tratando de maximizar las posibilidades de regularización a través del arraigo social, laboral o por cuestiones humanitarias y la revisión del Convenio de Seguridad Social suscrito por España y Ecuador en 1961, ahora obsoleto.

Hablando de integración, en el caso español empieza a detectarse que las medidas no sólo se deben adoptar en el país de acogida sino que deben comenzar en el país de origen, en este caso Ecuador. Un reciente estudio empírico de Mercedes Maderuelo[3] afirma que los inmigrantes ecuatorianos residentes en España acusaban un gran desconocimiento, un conocimiento parcial y/o falta de información sobre la realidad española antes de emigrar, lo que provocó que el choque con la realidad muchas veces derivase en situaciones marginales y/o en dificultades de adaptación. Por ello, las instituciones españolas deberían incrementar las campañas de comunicación en origen, transmitiendo una imagen más adecuada de la realidad peninsular. Ecuador debe trabajar en este sentido, adoptando medidas destinadas al mayor conocimiento mutuo y a mejorar la imagen de los inmigrantes ecuatorianos en España, a los que en muchas ocasiones se criminaliza, relacionándolos con los actos delictivos de las bandas latinas. Éste es un tema que preocupa a la sociedad española, por la magnitud que está tomando, pero el “árbol no debe tapar el bosque”. Estos hechos no pueden ensombrecer la imagen de muchos otros inmigrantes que nada tienen que ver con este asunto. Por eso, sería oportuno que las asociaciones de inmigrantes se hiciesen más visibles y contribuyesen a difundir otra imagen. Otro asunto a potenciar es la mayor cooperación policial entre ambos países para la lucha contra el fenómeno de las bandas.

Integración no significa sólo el reconocimiento de derechos sociales básicos, como salud o educación. La acción debería contemplar la provisión de capacidades para el buen desenvolvimiento de los inmigrantes en nuestro país, lo que pasa por aspectos culturales y de costumbres hasta la homologación de títulos universitarios. Otra acción importante para “normalizar” e integrar a los inmigrantes pasaría por otorgarles el derecho al voto en las elecciones municipales, con la única condición del empadronamiento, tal y como ya ocurre con los ciudadanos de la Unión Europea. Se trataría de ir construyendo un sentimiento de “identidad española”, que sientan como propio las futuras generaciones nacidas en territorio español. Finalmente, sería conveniente reforzar las políticas de promoción del retorno, en la línea de las acciones emprendidas por el Programa de la Oficina española de la Organización Internacional de Migraciones (OIM).

Las políticas migratorias deberían buscar una mayor incidencia en el desarrollo, porque la inmigración no es sólo un motor de desarrollo para España sino que también representa uno de los principales recursos económicos de Ecuador gracias a las remesas. Según datos de la CAN, en 2004 Ecuador recibió un total de 1.604 millones de dólares por este concepto, un 3,7% del PIB y un 120% por encima de la IED. De ellos, 1.171 millones de dólares fueron enviados desde España, siendo Ecuador el primer destino de las remesas giradas desde España.

Éste es un flujo de carácter privado destinado principalmente al consumo de las familias y a inversiones no productivas. Además, el elevado coste de las transferencias (para un monto de 150 euros la comisión –precio del envío– puede oscilar desde un 3,7% hasta un 22,2%, es decir, un 600% más),[4] la inexistencia de cobertura financiera en las zonas más desfavorecidas y la desconfianza en el sistema bancario contribuyen a que no se estén repercutiendo en el desarrollo. Convendrían medidas destinadas al mejor aprovechamiento de éstas para que contribuyan a desarrollar el país del mismo modo que en los años 60 contribuyeron al desarrollo de España. La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) trabaja en un programa piloto entre España y Ecuador sobre la gestión de las remesas, pero hay que insistir en líneas de acción referidas a la reducción de los costes de las transferencias, la bancarización –lo que necesariamente implica campañas de alfabetización financiera– y la promoción de alianzas entre entidades financieras de países de origen y destino. También sería conveniente algún tipo de apoyo o seguimiento de la Administración Pública, dada la situación de desamparo institucional que rige en la actualidad.

También deberá estar muy presente en la agenda bilateral el codesarrollo, entendido éste como “políticas que favorezcan el desarrollo de los lugares de origen” para “maximizar los efectos positivos de las migraciones”.[5] Este tipo de iniciativas es todavía un fenómeno incipiente, pero que ya se ha demostrado muy beneficioso.

Cooperación al desarrollo

Ecuador es un país programa (prioritario) de la cooperación española, con previsiones de recibir en 2006 aproximadamente 45 millones de euros, 10 millones más que en 2005. Los objetivos de la ayuda los componen básicamente los compromisos adoptados en los foros internacionales y el documento “estrategia-país” de la AECI. Así, deberá insistirse en la educación, la erradicación de la pobreza y en una mayor equidad, en la senda de la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). En marzo de 2005 la AECI y Ecuador suscribieron un convenio de cooperación para la conversión de deuda por educación. Además, dada la diversidad de actores que participan en la cooperación deberían coordinarse mejor las políticas, tratando que sean más coherentes y, por tanto, más eficientes.

En la Cumbre del Milenio + 5 la comunidad internacional acordó aumentar la asistencia a los países menos adelantados (PMA), lo que no deja en buena posición a los países latinoamericanos, que en su mayoría, y Ecuador es un buen ejemplo, se encuentran entre los países de renta media (PMR) aunque en ellos subsistan problemas similares a los de los países de renta baja (PRB) o PMA –fundamentalmente la pobreza y la desigualdad–. La cooperación española debería jugar un papel compensatorio ante esta retirada de ayuda.

Cooperación política

En 1979 Ecuador recuperaba el orden constitucional, tras nueve años de dictaduras militares, con optimismo y esperanza. Sin embargo, en 2006 el país atraviesa un momento de frustración y desencanto debido a la inestabilidad política. En los últimos diez años hubo cinco presidentes; un gran divorcio entre los partidos políticos y la sociedad civil (que desconfía profundamente de éstos) y los mecanismos de representación democráticos, buscando incidir en la política a través de la acción directa,[6] poniendo así en peligro la democracia[7] –que empieza a ser entendida de forma corporativa–; y unas instituciones desprestigiadas, especialmente las relacionadas con la justicia. La suma de todo esto muestra un Estado en descomposición que ya no es capaz de cumplir sus funciones básicas.

Ante este diagnóstico, España debe cooperar con Ecuador para el fortalecimiento institucional y la gobernabilidad democrática, ofreciendo su experiencia a los actores ecuatorianos a través de programas de formación e intercambio y haciendo hincapié en dos instituciones básicas del sistema democrático: la justicia, orientándose a la consecución de un sistema judicial independiente y transparente, y los partidos políticos, base de la democracia representativa. Los partidos políticos españoles deberán hacer un mayor esfuerzo por estar presentes en el país e intercambiar su experiencia con sus homólogos ecuatorianos

Descentralización

Ecuador es un país muy diverso, con grandes diferencias territoriales (sierra, costa y Amazonía), étnicas y culturales. A esto hay que sumar la inexistencia de partidos de implantación nacional que cohesionen de algún modo las reivindicaciones de los diferentes actores políticos. Durante años se ha debatido un modelo de Estado capaz de articular estas diferencias. En este sentido, España puede contribuir con su experiencia autonómica al diseño de un modelo adecuado para Ecuador. No se trata de exportar, pues hay que tener en cuenta las particularidades históricas y el debate todavía existente sobre la identidad nacional de Ecuador –qué es Ecuador–, al que sólo los ecuatorianos pueden dar respuesta, pero sí pueden compartirse experiencias. Esto ya se viene haciendo y seguirá estando muy presente en la agenda del siglo XXI: destaca la capacitación de las autoridades y funcionarios de las municipalidades para una gestión eficaz y transparente de las competencias adquiridas con la reforma constitucional de 1997, la promulgación de la “Ley de participación social y descentralización” el mismo año y la “Ley de gobiernos municipales” de 2001. También es importante fortalecer las instituciones municipales desde el principio, ya que si la descentralización no se ve acompañada de una mayor y mejor democracia (mayor transparencia y menor corrupción) sólo conducirá a un nuevo modelo de relaciones clientelares.

Integración latinoamericana y relaciones con la UE

Desde España se apuesta claramente por el multilateralismo y la integración como respuesta a la globalización, apoyándose en la propia experiencia española tras la adhesión a las instituciones europeas. Sin embargo, a la luz de los últimos acontecimientos en el subcontinente, la integración latinoamericana presenta un panorama ciertamente complicado: las crecientes disputas entre países grandes y pequeños en el Mercosur, la salida de Venezuela de la CAN y del G-3[8] y la emergencia de otros proyectos poco definidos como la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA) o Unasur.[9] Estas circunstancias, junto con la nacionalización de los hidrocarburos bolivianos, dibujan un mapa incierto del futuro latinoamericano.

Ecuador también introdujo recientemente reformas en su Ley de Hidrocarburos que obligaban a las petroleras extranjeras que operan en el país a pagar al Estado al menos el 50% de los beneficios obtenidos de sus explotaciones. En el mes de mayo, tras meses de protestas populares, y en medio de la negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los EEUU, el Gobierno ecuatoriano, a través de su ministro de Energía Iván Rodríguez, hizo pública la decisión de dar por finalizado el contrato con la petrolera estadounidense Occidental (Oxy). Esta decisión tuvo como primera consecuencia la parálisis de las negociaciones del TLC e hizo pensar en el exterior que Ecuador se estaría moviendo hacia posiciones similares a las de sus vecinos bolivianos y venezolanos. Este extremo fue inmediatamente desmentido por las autoridades ecuatorianas que insistieron en desvincular el tema de la Oxy del decreto boliviano o de la influencia de Hugo Chávez, afirmando que era “una cuestión jurídica y no política”. Unas semanas más tarde, Hugo Chávez visitó el país para sellar un pacto de cooperación energética, lo que de nuevo levantó suspicacias sobre los movimientos ecuatorianos. Hay que tener en cuenta que al actual Gobierno le quedan apenas unas semanas y que el futuro de la administración de los hidrocarburos –y el de las alianzas regionales– dependerá del resultado de la segunda vuelta de las elecciones fijada para el del próximo 29 de noviembre, donde los ecuatorianos tendrán que decantarse entre dos populismos: uno de izquierda representado por Rafael Correa, declarado amigo de Chávez, y otro de derecha cuyo candidato es el magnate bananero Álvaro Noboa.

Por otro lado, la IV Cumbre UE-América Latina, celebrada en Viena, se resintió de esta crisis de integración latinoamericana y sólo en el último momento la Comunidad Andina de Naciones (CAN) consiguió pactar el inicio de las negociaciones para un Acuerdo de asociación. Esto es, a priori, una buena noticia para Ecuador y sus actuales socios andinos, aunque todavía hay que ser cauto en cuanto a las expectativas: habrá que ver si la CAN es capaz de llenar de contenido la Declaración de Viena. En este sentido, Ecuador podría desempeñar a partir de ahora un papel más relevante dentro de la CAN con el fin de impulsarla tras la crisis que supuso para la organización la salida venezolana. Además, la mano tendida de la UE hace pensar que tal vez se interese más por la CAN ahora que no está Chávez en ella. El discurso populista del presidente venezolano no gustó del todo entre los líderes de la UE y la apertura de negociaciones con la CAN podría interpretarse como un guiño a proyectos que, pese a sus dificultades, parecen más fiables que el ALBA.

España debe apoyar los procesos de integración por encima de banderías políticas, siempre que sean factibles y no excluyentes. Al mismo tiempo debería apoyar negociaciones bilaterales de la UE con países concretos. Por eso, desde su doble condición de país europeo e iberoamericano deberá ser quien más activamente defienda los intereses de Ecuador en las instituciones europeas y, eventualmente, actuar como interlocutor en el empeño de alcanzar un acuerdo bilateral preferencial con la UE al estilo de México y Chile.

Comercio e inversión

Los capítulos relacionados con el comercio y la inversión son los que se presentan más débiles. Los flujos comerciales bilaterales entre Ecuador y España han sido relativamente bajos. En ningún caso aparecen para el otro entre los diez socios comerciales más importantes o “socios estratégicos”. En 2003, el comercio global bilateral alcanzó los 285 millones de euros (superando el récord de 1997) correspondiendo 129 millones de euros a exportaciones españolas a Ecuador. Esto supone que Ecuador es para España el 11º socio. A la inversa, España fue el sexto cliente en 2003, lo que supone un total de 156 millones de euros (un 39% más que el año anterior).

Sin embargo, se ha detectado un nuevo nicho de comercio, “el comercio de la nostalgia”, que podría cambiar la importancia de las relaciones comerciales, sobre todo para Ecuador. Aquí vemos la creciente importación de productos autóctonos ecuatorianos, de alimentación, que previsiblemente irá a más a medida que éstos vayan diversificando y que su penetración en España sea más profunda. En este sentido, podría empezarse a promover contactos institucionales –todavía muy escasos o casi inexistentes–[10] con el fin de promover un mayor conocimiento de los productos y un mayor intercambio. En Ecuador existen dos Cámaras de Comercio españolas, en Quito y Guayaquil, que tienen la función de promover el comercio a través de la organización de Ferias y Exposiciones. Lo mismo podría hacerse al otro lado del Atlántico para acercar los productos ecuatorianos al consumidor español. Además, Ecuador podría promover más su imagen como destino turístico en nuestro país.

En cuanto a la inversión extranjera directa (IED),repasando las cifras de los diez últimos años, el porcentaje que España invierte en Ecuador respecto al total de su inversión en América Latina es muy bajo, por no decir casi insignificante: si partimos del año 2000, en el que se produjo una fuerte desinversión, hasta hoy, sólo en 2003 se superó el 0,1% del total latinoamericano.[11] Si bien es cierto que, en este período, contenciosos mantenidos por empresas españolas –como la constructora Dragados, Telefónica Móviles, o la petrolera Repsol YPF– con el Gobierno ecuatoriano han colaborado a desmotivar a potenciales inversores. A la luz de estas cifras, parece oportuno preguntarse cómo atraer la inversión española al país. En este sentido, las exigencias de los inversores extranjeros pasan por tres aspectos fundamentales: estabilidad política, seguridad jurídica y continuidad en las políticas macroeconómicas. Una vez producido el desembarco de las grandes empresas deberían promoverse el establecimiento de PYMES a través de proyectos de codesarrollo.

Por otro lado, España y Ecuador ya cuentan con una serie de mecanismos bilaterales que facilitan la inversión. Pero, además, podrían implementarse otros, como por ejemplo el Comité bilateral de hombres de negocios, que ya funciona con Argentina, o un alto funcionario, actor gubernamental en contacto con las altas instituciones del país receptor, capaz de transmitir las inquietudes de las empresas de origen a la autoridad correspondiente. Esta figura ya existe en Colombia y se trató de establecer en Perú sin éxito. Por su parte, las empresas españolas no deben perder de vista el concepto de “responsabilidad social”, tratando de mejorar la imagen de las inversiones en el país[12] y tratando, además, que éstas contribuyan más y mejor al desarrollo y estabilidad del país.

Educación y cultura

Parece claro que en el futuro de las relaciones bilaterales el mutuo conocimiento es la clave, y por eso se debe potenciar la presencia de unos y otros en cada una de las orillas. En este sentido, los instrumentos de la “diplomacia pública” –becas, actividades culturales y medios de comunicación– juegan un papel decisivo y, por lo tanto, deberían reforzarse.

Educación

En lo referido a la educación, el intercambio de estudiantes permite establecer redes de cooperación académica para el futuro. Actualmente, en España conceden becas a latinoamericanos la Fundación Carolina y el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC). La Unión Europea, a su vez, cuenta con el Programa Alban para estudiantes de América Latina. Otra propuesta interesante a la luz de los resultados obtenidos en Europa sería la de crear un programa similar al Erasmus para alumnos universitarios.

Presencia

Para un mayor conocimiento mutuo deberían promoverse proyectos culturales ambiciosos que mostrasen las diferentes facetas de nuestras sociedades en el otro país. Por ejemplo, España debería tratar de modificar su negativa imagen histórica de potencia colonial, del mismo modo que Ecuador debería fomentar el conocimiento de su país en España. Pese a que en España se conoce a los ecuatorianos por su presencia, pocos tienen una imagen clara del país, de sus riquezas, su interés turístico, etc.

En este sentido, para finales de año la Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior española, la SEACEX, tiene previsto inaugurar una exposición itinerante en Madrid sobre la historia de Ecuador desde la etapa precolombina hasta el período republicano contemporáneo. Éste tipo de iniciativas podrían repetirse, participando ambos países en su organización.

Conclusiones

  • La agenda bilateral está claramente marcada por el tema migratorio. En este sentido, España deberá ser sensible a las necesidades de la comunidad ecuatoriana en nuestro país, promoviendo políticas de integración que superen el marco básico de los derechos universales y alcanzando el ámbito político, materializado en la capacidad de voto en las elecciones municipales. También, deberían existir políticas de retorno voluntario en coordinación con los gobiernos autonómicos y locales, así como con ONG y Organismos Internacionales.
  • España deberá seguir siendo firme defensora de los PRM en su política de cooperación al desarrollo, centrando su acción en Ecuador en la erradicación de la pobreza (en la línea de los ODM), la promoción de la educación y la reducción de la desigualdad social. Además, tendría que “compensar” la retirada de ayuda de otros donantes multilaterales.
  • La cooperación política deberá hacer especial hincapié en la reforma de la justicia y en el fortalecimiento de los partidos políticos. Tampoco podrá perderse de vista el fortalecimiento de la sociedad civil para el adecuado funcionamiento del sistema democrático.
  • España deberá apoyar los proyectos de integración regionales que decidan los amigos latinoamericanos siempre y cuando no sean excluyentes ni estén definidos por pulsiones demagógicas y populistas. Por el momento, sería conveniente estar atentos a los movimientos que se produzcan en la región. Del mismo modo, España deberá cumplir el papel de interlocutor privilegiado entre Ecuador y la UE, pudiendo incidir en la firma de un eventual tratado de “asociación privilegiada”.
  • Tanto desde Ecuador como desde España se deben potenciar los instrumentos de la “diplomacia pública” –becas, cultura y medios de comunicación– para el mutuo conocimiento.


Carola García-Calvo Rosell
Real Instituto Elcano


[1] Instituto Nacional de Estadística (INE), Revisión del Padrón Municipal, 2005(enero de 2006), www.ine.es.

[2]Este cálculo fue realizado por Amapola Blasco, asesora de la Dirección General de Integración de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración de España, en el seminario “España-Ecuador: hacia una reformulación de sus relaciones bilaterales”, organizado por CICODE y FLACSO-Ecuador y celebrado en Quito los días 18 y 19 de mayo de 2006.

[3] http://www.realinstitutoelcano.org/documentos/211.asp.

[4] www.remesas.org.

[5] Jaime Atienza, “Más allá de la ayuda. Coherencia de políticas económicas para el desarrollo”, Real Instituto Elcano y Ariel (2006).

[6]El último ejemplo fue la caída del presidente Lucio Gutiérrez en abril de 2005 ante las presiones callejeras de “los forajidos”, un grupo poco estructurado que aglutinó a medios de comunicación (especialmente relevante fue el papel de la “Radio de la Luna”) y diferentes grupos de la sociedad civil.

[7] En 2004 Ecuador presentaba un 14% de satisfacción con la democracia, el segundo porcentaje más bajo de los países andinos (Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela) –con un promedio del 27%–, mientras que la media latinoamericana era de un 33% según se recoge en Alfredo Torres G., “Democracy in the Andean Countries”, Conference on Ten Years of Latinobarómetro, 19-20/IX/2005.

[8] Para más información sobre el tema véase Carlos Malamud, “La salida de Venezuela de la CAN y sus repercusiones sobre la integración regional (1ª parte)”, Análisis del Real Instituto Elcano (ARI), en http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/970.asp

[9] El ALBA es un proyecto impulsado por Fidel Castro y Hugo Chávez. Unasur fue anunciado por Chávez tras su salida de la CAN y el G-3 en abril de 2006 y su acercamiento al Mercosur. Ambos son proyectos poco definidos y factibles tal como señala Carlos Malamud en “La salida de Venezuela de la CAN: sus repercusiones sobre la integración regional (2ª parte): su impacto en el Mercosur”, Análisis del Real Instituto Elcano (ARI), en http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/982.asp

[10] Informe Económico y Comercial de Ecuador, Oficina Económica y Comercial de España en Quito, noviembre de 2004.

[11] Secretaría de Estado de Turismo y Comercio, Dirección General de Comercio e Inversiones, http://www.mcx.es/polco/default.htm.

[12] El grado de satisfacción de los ecuatorianos con las inversiones españolas en 2005 era bajo, alcanzando sólo una puntuación de 10 sobre 100, 5 puntos por debajo de la media de América Latina. Para más información véase “La imagen de España en América Latina. Resultados del Latinobarómetro 2005”, Real Instituto Elcano, 2005, en http://www.realinstitutoelcano.org/materiales/docs/imagen_espaya_america_latina_1.pdf