Mensajes clave
- La captura de Nicolás Maduro marca un punto de inflexión que trasciende a Venezuela. La operación estadounidense no sólo altera abruptamente el equilibrio político interno venezolano, sino que expone con claridad las tensiones estructurales del sistema internacional actual. Más que embarcarse en un debate normativo –legítimo y necesario– sobre legalidad o legitimidad, en este artículo se propone analizar lo que este episodio revela de cómo actúan efectivamente los actores centrales en un contexto de competencia entre bloques, donde prevalece el poder y los intereses estratégicos.
- A Donald Trump hay que tomarlo muy en serio. Lejos de ser errática o meramente reactiva, la política exterior de la Administración Trump responde a una jerarquización explícita de intereses nacionales, claramente formulada en la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN). La intervención en Venezuela encaja de manera casi perfecta en ese marco y la preanuncia: narcodictadura, colapso institucional y económico, migración masiva, presencia de actores hostiles y abundantes recursos estratégicos.
- Estados Unidos (EEUU) sigue necesitando un encuadre jurídico para ejercer el poder. La Administración Trump no actúa constreñida por el derecho internacional, pero considera políticamente indispensable empaquetar el uso unilateral de la fuerza en una narrativa jurídica. El fundamento jurídico no explica la acción; se construye a posteriori para gestionar costes políticos, contener aliados para que no rompan filas y preservar la posibilidad de impugnar conductas similares de rivales estratégicos. El derecho opera, así, menos como límite material y más como instrumento de administración del poder.
- La operación implica un retorno explícito a la realpolitik. La desautorización de la oposición democrática venezolana y la disposición a pactar con el aparato del régimen revelan que la prioridad de Washington es la estabilidad, el control de recursos estratégicos y el alineamiento geopolítico, aun a costa de sacrificar la restitución inmediata de la soberanía popular. Venezuela se perfila, así, como un Estado tutelado. Washington apuesta por evitar un vacío de poder, incluso al precio de mantener, al menos transitoriamente, a actores “políticamente tóxicos” si estos garantizan orden, control territorial y cooperación estratégica. La secuencia prometida –estabilización, recuperación, transición democrática– puede sonar razonable, pero asumir que será inevitable es, como mínimo, prematuro. En un mundo donde el poder duro vuelve a primar, la promoción de la democracia deja de ser un principio rector y pasa a ser, en el mejor de los casos, una variable contingente.
- La izquierda latinoamericana defiende principios de forma selectiva y pierde credibilidad. Aunque resulta esperable la condena a la acción unilateral de EEUU, los comunicados de varios gobiernos de izquierda omiten condenar con claridad al régimen de Maduro y reconocer al gobierno electo en 2024. Esta defensa selectiva de los principios, severa con los que los que no comulgan e indulgente con regímenes afines, debilita su autoridad moral y los condena a la irrelevancia en un sistema internacional cada vez más estructurado en bloques, en dónde los actores medianos y pequeños sólo preservan márgenes de autonomía si son coherentes y previsibles en la defensa de las normas.
- La respuesta de la Unión Europea (UE) refleja un pragmatismo coherente con su naturaleza. La UE reafirma el derecho internacional a la vez que evita una confrontación directa con Washington, consciente de sus limitaciones militares y su dependencia estratégica. Su principal activo estratégico sigue siendo su condición de potencia normativa. En un orden global dominado por el poder duro, la estrategia más racional de la UE no es diluir sino reforzar sin ambigüedades la defensa de reglas, instituciones y procedimientos que definen su identidad y que son el núcleo de su cohesión interna y su principal carta de presentación ante terceros. Es también la única base creíble desde la cual puede concitar el apoyo de potencias intermedias y de países medianos y pequeños que perciben que su seguridad, su prosperidad y su autonomía dependen menos del alineamiento forzado con uno u otro bloque que de la vigencia efectiva de instituciones, normas y límites al uso arbitrario del poder. La aprobación por el Consejo de la UE del acuerdo de la Unión con el Mercado Común del Sur (Mercosur) 25 años después de comenzar las negociaciones y alcanzada a pesar de la fuerte oposición interna dentro de la UE nada menos que de Francia es la joya de la corona de esa estrategia.
Análisis
El 3 de enero de 2026 marcó un punto de inflexión en la crisis venezolana. La operación estadounidense que condujo a la captura de Nicolás Maduro no sólo alteró de manera abrupta el equilibrio político interno de Venezuela, sino que expuso con nitidez algunas de las tensiones estructurales que atraviesan hoy el sistema internacional.
Más allá del debate normativo –legítimo y necesario– sobre la legalidad y legitimidad de la intervención, este artículo propone un ejercicio deliberadamente analítico. A partir de este episodio, se ofrecen cinco reflexiones orientadas a comprender no tanto cómo deberían comportarse los actores internacionales, sino cómo efectivamente lo están haciendo. En otras palabras, se trata de un análisis sobre el ser, más que sobre el deber ser, de las relaciones internacionales en un contexto de competencia entre bloques.
1. A Trump hay que tomarlo en serio
Es frecuente escuchar voces que desestiman los anuncios del presidente Trump como bravuconadas sin consecuencias destinadas, en el mejor de los casos, a fortalecer su posición negociadora o a matizar sus acciones bajo el argumento de que, finalmente, casi siempre retrocede (Trump Always Chickens Out, TACO). Los sucesos recientes en Venezuela muestran que esta postura es un error.
El episodio venezolano confirma que la política exterior de la Administración Trump no es errática ni puramente reactiva, sino que responde a una jerarquización explícita de intereses nacionales definida de antemano. Tomar a Trump en serio no implica compartir sus métodos ni sus objetivos, pero sí reconocer que su conducta internacional es consistente con una visión del mundo en la que el poder, el control de recursos estratégicos y la disuasión directa prevalecen sobre consideraciones normativas.
El documento sobre la ESN, publicado el pasado mes de noviembre de 2025, establece con claridad los objetivos de la política exterior de EEUU:
“El objetivo de la política exterior es la protección de los intereses nacionales fundamentales; ése es el único objetivo de esta estrategia (…). Los asuntos de otros países sólo nos conciernen si sus actividades amenazan directamente nuestros intereses”.
Y con respecto a América Latina, dice lo siguiente:
“Queremos garantizar que el hemisferio occidental siga siendo razonablemente estable y esté lo suficientemente bien gobernado como para prevenir y desalentar la migración masiva a Estados Unidos; queremos un hemisferio cuyos gobiernos cooperen con nosotros contra los narcoterroristas, los cárteles y otras organizaciones criminales transnacionales; queremos un hemisferio que permanezca libre de incursiones extranjeras hostiles o de la propiedad de activos clave y que apoye las cadenas de suministro críticas; y queremos garantizar nuestro acceso continuo a ubicaciones estratégicas clave”.
Lo que acaba de ocurrir en Venezuela sigue al pie de la letra el guion y es un ejemplo de manual de la puesta en práctica de esta estrategia: es un país con un gobierno ilegítimo que robó las elecciones del año pasado y que no es reconocido por los principales países de Occidente; una narcodictadura que organiza y facilita desde la cúpula el tráfico de drogas y otros negocios ilegales; un régimen que silencia, apresa y tortura a los opositores políticos y que empobreció a su pueblo, llevando a corrientes masivas de emigrantes huyendo de la persecución, la pobreza y la falta de futuro; un régimen que da cobertura y capacidades operativas a grupos terroristas como Hizbulah y es una cabeza de playa para que China y Rusia proyecten su influencia en la región; y es un país que cuenta con una enorme riqueza petrolera y en recursos minerales.
Tomar a Trump en serio no implica compartir sus métodos ni sus objetivos, pero sí abandonar la cómoda ficción de que sus amenazas son meras bravuconadas negociadoras. En este caso, el guion estaba escrito de antemano.
2. EEUU sigue considerando fundamental dar un encuadre jurídico a sus acciones
Más que una creencia sustantiva en la fuerza vinculante del derecho internacional, lo que revela el episodio venezolano es otra cosa: EEUU sigue considerando fundamental –política y estratégicamente– envolver el uso del poder en un lenguaje jurídico. No porque ese andamiaje condicione decisivamente la decisión de actuar, sino porque forma parte del modo en que la Administración Trump ejerce el poder y lo comunica.
La legitimidad jurídica invocada por EEUU se articula a grandes rasgos por estos carriles: la caracterización de la detención de Maduro como una medida de law enforcement vinculada a procesos penales, la negación de su inmunidad por falta de reconocimiento como jefe de Estado, la ausencia de una autoridad venezolana capaz de ejercer jurisdicción efectiva, la inexistencia de medios alternativos viables para la captura y detención de Maduro, y el carácter limitado, selectivo y proporcional de la operación, presentada como distinta de un cambio de régimen o de una intervención militar sostenida.
Sin embargo, la operación contra Nicolás Maduro no se explica por la existencia de un fundamento jurídico previo; el fundamento se construye a posteriori para ordenar el relato, reducir costes políticos y administrar las consecuencias. En un sistema internacional erosionado, pero no colapsado, el derecho no opera tanto como límite material al poder, sino como instrumento de gestión de éste, que permite presentar una acción excepcional como compatible, aunque sea de manera forzada, con un orden formal.
Desde esta perspectiva, el esfuerzo por dotar de juridicidad a una acción esencialmente unilateral no apunta a convencer a juristas internacionales ni a satisfacer un estándar normativo exigente. Apunta, sobre todo, a tres audiencias concretas. Primero, a la doméstica: esquivar el escrutinio del Congreso y minimizar el riesgo de impugnaciones judiciales, en coherencia con el hecho de que Trump, aun tensando los límites, ha tendido a cumplir las resoluciones de los tribunales estadounidenses. Segundo, a los aliados: ofrecerles un mínimo argumental que haga políticamente viable no romper filas con Washington. Y tercero, quizás lo más relevante, a los rivales estratégicos: al construir una narrativa legal, aunque sea sobre bases endebles, Washington busca preservar el equilibrio entre actuar con discrecionalidad sin tener que declarar la irrelevancia total de las normas.
De ese modo, mantiene un margen para cuestionar, en otros contextos, acciones equivalentes de China o Rusia como ilegítimas, aun cuando en términos prácticos respondan a lógicas similares. Tal como ha sugerido Gideon Rachman, Moscú y Pekín pueden condenar la caída de Maduro, pero al mismo tiempo pueden argumentar que sienta un precedente (para Taiwán, Ucrania) si el mensaje fuera que las grandes potencias han abandonado toda pretensión de encuadre normativo.
Que la Casa Blanca se preocupe por el relato jurídico y no se limite a una lógica explícita de “lo hago porque quiero, porque puedo y porque éste es mi barrio”, no refleja apego normativo. Refleja cálculo estratégico. Y es precisamente ese cálculo, más que el contenido jurídico en sí, lo que resulta relevante para evaluar la probabilidad de acciones similares en otros escenarios (Groenlandia, por ejemplo) y, más ampliamente, para entender cómo se están reconfigurando las reglas no escritas de la competencia entre grandes bloques.
3. La realpolitik reaparece en escena
En la primera conferencia de prensa posterior a la captura de Maduro, Trump desautorizó a María Corina Machado, líder de la oposición democrática venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, al afirmar explícitamente que «no tiene el apoyo ni el respeto» necesarios dentro de Venezuela para gobernar. A la vez, dejó entrever su disposición a pactar con el aparato del régimen en la medida en que éste se alinee con los intereses estratégicos de EEUU, empezando por el control de los recursos petroleros.
Venezuela se encamina así a transformarse en una suerte de “Estado tutelado” que no ejerce plenamente su soberanía y está sujeto a supervisión, dirección y control externo de EEUU. No es un dato menor que Washington advirtiera a Diosdado Cabello, temido represor y número dos del régimen, que él sería el próximo objetivosi no coopera en la transición y en el mantenimiento del orden tras la caída de Maduro. Así, Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Nicolás Maduro y presidenta encargada en ejercicio, ha decidido rodearse de los elementos más duros del régimen, mientras que en los comunicados oficiales muestra su disposición a trabajar conjuntamente con EEUU, especialmente en el terreno comercial. No es obvio que este matrimonio así concebido vaya a terminar bien, pero, claramente, es por el que la Administración Trump apuesta.
La deslegitimación de María Corina Machado fue injusta y, si se me permite, hasta cruel con una mujer no sólo representativa de las aspiraciones de la mayoría de los venezolanos, sino extraordinariamente valiente. Pero fue deliberada. Y asestó un golpe casi definitivo a la expectativa de que esta operación devolvería de forma inmediata la soberanía al pueblo venezolano, instalando en el poder a quienes ganaron las elecciones de 2024 por amplia mayoría y que Maduro decidió desconocer.
La Administración Trump argumenta que lo que se pretende es evitar un vacío de poder en Venezuela, manteniendo a cargo a quienes controlan el aparato de seguridad del Estado, evitando así la violencia y la anarquía que se desataron tras la caída de Sadam Hussein en Irak. Más aún, y tal como lo anunció el secretario de Estado, Marco Rubio, al presentar el plan de la Administración Trump sobre Venezuela ante senadores en el Congreso, esta etapa de pacto con el régimen se concibe como la primera fase de una secuencia: primero, estabilización (sobre todo económica); luego, recuperación, con énfasis en la reconciliación nacional; y, finalmente, transición y normalización hacia la celebración de elecciones. En el proceso, EEUU mantendría indefinidamente el control del petróleo.
Asumir que ésa será inexorablemente la secuencia natural de los acontecimientos es precipitado. En la lógica fría de un contexto en el que los bloques dominantes priorizan los alineamientos geopolíticos, la estabilidad regional, el acceso a energía y minerales críticos, el control de rutas, de la inmigración y del terrorismo y la neutralización de la influencia de los rivales estratégicos, las alianzas con socios “políticamente tóxicos” si entregan capacidades críticas serán cada vez más frecuentes. Y la promoción de la democracia y los derechos humanos como un valor universal y absoluto (aun aplicado con grietas y excepciones) ya no será un principio rector, sino, en el mejor de los casos, una variable contingente.
Pactar con el régimen de Venezuela y mantenerlo es un regreso a la realpolitik en donde las credenciales democráticas del aliado circunstancial son secundarias si contribuyen a los fines estratégicos. La frase atribuida a Franklin D. Roosevelt al referirse al dictador nicaragüense Anastasio Somoza –“He is a son of a bitch, but he is our son of a bitch”– funciona como atajo retórico, en lenguaje vulgar pero preciso, para describir una doctrina que prioriza la utilidad estratégica sobre la afinidad normativa.
4. La izquierda de América Latina se aferra a los principios de manera selectiva
No resulta sorprendente que los gobiernos latinoamericanos ubicados a la derecha del espectro ideológico se hayan alineado, en mayor o menor medida, con la Administración Trump, priorizando la caída de un régimen autoritario y criminal sobre una reflexión rigurosa acerca del respeto al derecho internacional y la legitimidad de la acción unilateral de EEUU. Esa posición es coherente con su diagnóstico previo sobre el régimen venezolano y con su alineamiento estratégico con Washington.
Tampoco sorprende que los gobiernos escorados a la izquierda hayan condenado la intervención. Lo que sí llama la atención es el tono, el contenido y, sobre todo, las omisiones del comunicado conjunto emitido por Brasil, México, Colombia, Chile y Uruguay. Como era esperable, el texto expresa una “profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio venezolano, las cuales contravienen principios fundamentales del derecho internacional”; reafirma que “la situación en Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano” y advierte sobre “cualquier intento de control, administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos”. Sin embargo, si la intención era sostener una posición principista, el comunicado falla precisamente allí donde más importaba. En primer lugar, evita condenar de manera clara e inequívoca el régimen de Nicolás Maduro, responsable último del colapso institucional, humanitario y económico del país. En segundo lugar, elude reconocer al gobierno legítimamente electo en 2024, cuya victoria fue ampliamente documentada. Estas omisiones no son menores: socavan la autoridad moral de la crítica.
Defender principios de manera selectiva, esto es, condenando con firmeza la violación del derecho internacional cuando se trata de una potencia ideológicamente distante, pero relativizando o silenciando violaciones sistemáticas de derechos humanos y del orden democrático cuando las comete un régimen ideológicamente afín, relega a estos países a la irrelevancia estratégica. En un sistema internacional crecientemente estructurado en bloques, los actores medianos y pequeños sólo preservan márgenes de autonomía si son coherentes y previsibles en la defensa de las normas.
5. La respuesta de la UE refleja un pragmatismo coherente con su identidad
La respuesta de la UE es, en rigor, la única que puede esperarse de un actor con su naturaleza, capacidades y limitaciones. Entre los grandes bloques, la UE es el que más explícitamente ha construido su identidad estratégica como potencia normativa: un proyecto de integración que sustenta su legitimidad en la defensa de un orden internacional basado en instituciones, reglas y procedimientos y no en la imposición unilateral de la fuerza. Esa vocación es el núcleo de su cohesión interna y su principal carta de presentación ante terceros.
Al mismo tiempo, la UE es un actor en términos económicos de primer orden (de magnitud comparable a China), pero carece de autonomía militar equivalente y no se sitúa en la frontera tecnológica. En ambos ámbitos depende en gran medida de EEUU. Esa asimetría estructural condiciona su margen de maniobra: la UE difícilmente puede sostener por sí sola una estrategia de confrontación dura frente a Washington sin pagar un precio significativo.
En ese contexto debe leerse el comunicado de la alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Por un lado, exhorta a respetar los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas; por otro, evita una condena explícita a la Administración Trump por sus acciones en Venezuela. Al mismo tiempo intenta ser coherente con la vocación normativa europea: declara que Nicolás Maduro carece de la legitimidad de un presidente elegido democráticamente, subraya la prioridad de combatir la delincuencia organizada transnacional y el narcotráfico y llama a respetar la voluntad del pueblo venezolano como condición para restablecer la democracia y encauzar la crisis.
Puede resultar frustrante que la UE no sea más enfática o más confrontacional. Sin embargo, en un sistema internacional crecientemente estructurado en bloques y dominado por lógicas de poder duro, la UE no puede (ni pretende) comportarse como una potencia revisionista. Su influencia no reside en la coerción militar ni en la dependencia tecnológica, sino en su capacidad de articular consensos, fijar estándares, ofrecer previsibilidad y mantener abierto el espacio de la legalidad internacional como punto de apoyo para terceros.
Precisamente por eso, la estrategia más racional para la UE no es diluir su perfil, sino reforzarlo. Abanderarse sin ambigüedades en la defensa de un orden basado en reglas es su principal activo estratégico. Es también la única base creíble desde la cual puede concitar el apoyo de potencias intermedias y de países medianos y pequeños que perciben que su seguridad, su prosperidad y su autonomía dependen de la vigencia efectiva de instituciones, normas y límites al uso arbitrario del poder.
Venezuela, trágicamente, empieza a dibujar el nuevo paisaje del poder y de las relaciones internacionales.
Conclusiones
Lo ocurrido en Venezuela no es un episodio aislado ni una anomalía coyuntural, sino una ventana privilegiada para observar la reconfiguración del poder y de las relaciones internacionales. La captura de Nicolás Maduro revela con crudeza cómo, en un contexto de competencia entre bloques, el ejercicio del poder vuelve a organizarse en torno a jerarquías y a intereses estratégicos, más que a principios universales aplicados de manera consistente. El derecho internacional no desaparece, pero se instrumentaliza; la democracia no se abandona retóricamente, pero se subordina; y la coherencia normativa de actores como la UE, así como de otros actores medianos y pequeños, se convierte en un activo escaso pero decisivo para preservar autonomía y relevancia.
En ese marco, Venezuela deja de ser únicamente un episodio más en el derrotero del presidente Trump para convertirse en un caso testigo de un orden global en transición, donde la realpolitik reaparece sin complejos y las reglas se adaptan al poder, no el poder a las reglas. Para Europa y América Latina, el desafío no es elegir entre ingenuidad normativa o cinismo estratégico, sino comprender que la defensa creíble de principios exige consistencia y conciencia de las propias capacidades. La firma del acuerdo UE-Mercosur, apenas días después de la intervención en Venezuela y 25 años después de iniciadas las negociaciones –lograda pese a la fuerte oposición interna dentro de la UE, nada menos que de Francia– es la joya de la corona de esa estrategia.
