Argelia 2019: la sociedad ha cambiado, el sistema aún no

Movilización ciudadana contra la presentación de la candidatura de Abdelaziz Buteflika para un quinto mandato en Argelia (10/3/2019). Foto: Fethi Hamlati (Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0)

Tema

Argelia ha vivido acontecimientos extraordinarios a lo largo de 2019. La masiva movilización social forzó la renuncia del presidente Abdelaziz Buteflika y provocó el aplazamiento de las elecciones presidenciales en dos ocasiones. El tercer intento, previsto para el 12 de diciembre y ampliamente rechazado por la sociedad, no resolverá la profunda crisis política en el país, si no hay reformas de fondo en el sistema.

Resumen

Argelia está viviendo un momento crítico. Las protestas pacíficas contra el actual sistema de gobierno no han cesado desde febrero. Hay un estado de ánimo extendido reclamando una transición democrática y buen gobierno. Frente a eso, el sistema sólo ofrece reemplazar al jefe del Estado mediante unas elecciones sin garantías de libertad ni limpieza, y sin realizar unas mínimas reformas que satisfagan las demandas sociales. El pulso entre esas dos posiciones continuará más allá de las elecciones del 12 de diciembre, y podría acentuarse mientras no haya vías de diálogo y una búsqueda de consensos básicos. Todo eso en un contexto de un deterioro económico acelerado por la caída de ingresos y por la parálisis que genera la prolongada crisis política. La estabilidad regional del Magreb y del Mediterráneo occidental está condicionada por la salida que se busque para el actual conflicto político en Argelia.

Análisis

Es poco común que los países suspendan sus elecciones presidenciales. Cuando eso sucede, suele ser una señal de problemas en el sistema político. Es aún más inusual que un país posponga esas elecciones dos veces seguidas, y más si se hace en un plazo de dos meses. Este ha sido el caso de Argelia en 2019. Lo que hace que la situación argelina sea única es que el tercer intento del régimen de celebrar las elecciones aplazadas ha sido recibido con un amplio rechazo por parte de grandes sectores de la población argelina. También es bastante excepcional que una movilización popular que pide reformas políticas profundas continúe durante casi un año entero de manera pacífica y notablemente cívica (al menos en el momento de escribir estas líneas). No cabe duda de que algo profundo ha cambiado en la sociedad argelina, así como en la relación entre el Estado y la ciudadanía, pero aún quedan muchas preguntas por responder sobre el futuro del país y la salida al pulso actual entre el régimen sostenido por los militares y la sociedad movilizada.

¿Qué ha cambiado en 2019?

Una profunda sensación de humillación invadió a los argelinos en febrero de 2019, cuando se anunció oficialmente que el presidente Abdelaziz Buteflika tenía previsto presentar su candidatura para un quinto mandato en las elecciones presidenciales previstas para el 18 de abril. El viejo Buteflika, enfermo y casi desaparecido de la escena pública, era visto por muchos argelinos como la fachada de una estructura de poder que ellos consideraban corrupta y paralizante para sus aspiraciones. La gota que colmó el vaso fue cuando le pouvoir (término utilizado por los argelinos para referirse a las opacas redes de poder que dirigen el país) intentó prorrogar el cuarto mandato y mantener el statu quo que tanto les había beneficiado durante décadas.

El impacto emocional de las decisiones políticas explica muchos de los acontecimientos extraordinarios que se han sucedido en Argelia durante 2019, pero también de lo que se necesita para romper el actual estancamiento. Los poderes fácticos confiaban en que podrían contener el malestar social mediante el recurso a viejos trucos que habían funcionado antes. Esta actitud, que muchos consideraron arrogante, no tenía en cuenta los límites de la paciencia de la población, ni la energía que se podía liberar si ésta descubría que el sentimiento de humillación era ampliamente compartido. La memoria traumática de la guerra civil de los años 90 ya no era un impedimento para las expresiones populares de descontento, generalizadas y pacíficas, contra el régimen político.

La masiva y continuada movilización popular (llamada hirak) tomó a casi todos por sorpresa. Se podría argumentar que la traumática historia reciente de Argelia, sumada al proceso de aprendizaje después de las revueltas árabes de 2011, ha dado como resultado el alto nivel de madurez política mostrado por la población argelina. El carácter pacífico y cívico de las manifestaciones –alejándose de consignas ideológicas divisorias, destacando el orgullo del sentimiento nacional y reconociendo la diversidad entre los argelinos como fuente de fortaleza– ha generado un sentimiento de unidad e incluso ha tenido un efecto terapéutico después de mucho sufrimiento en el pasado reciente. Casi un año compartiendo el espacio público para manifestarse sin violencia ha ayudado a muchos argelinos a redescubrir su propio país y a sus conciudadanos.

¿Un Estado civil o militar?

El Ejército Nacional Popular de Argelia ha desempeñado un papel central en la vida política del país desde su independencia en 1962. Ese papel se ha hecho mucho más evidente tras el estallido del hirak en febrero de 2019. La cúpula militar, encabezada por el jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Ahmed Gaid Salah, forzó la dimisión de Buteflika, tras 20 años gobernando el país, como resultado de la mayor movilización política desde la independencia. Este movimiento fue seguido por una ola de detenciones de figuras clave de las elites políticas y empresariales, principalmente las asociadas al “clan Buteflika”, empezando por su influyente hermano Said, pero también de algunos miembros de los partidos de la “oposición” y activistas de la sociedad civil.

El objetivo de los militares desde el inicio del hirak ha sido forzar la celebración de elecciones presidenciales cuanto antes para limitar las posibilidades de tener que hacer concesiones al movimiento popular. Gaid Salah, que se ha hecho famoso por pronunciar discursos públicos casi semanales, ha intentado diferentes tácticas para debilitar al hirak –como atacar la presencia de banderas bereberes en las manifestaciones– sin mucho éxito. En todo caso, su tono amenazador y su falta de empatía lo han convertido en un actor político impopular que no parece apto para negociar una transición ni para hacer ofertas creíbles a la población.

En el actual sistema político argelino, los militares hacen todo lo posible para mantener su poder detrás de una fachada de constitucionalismo y un pluralismo electoral poco creíble. Para los militares, es crucial preservar sus intereses materiales y sus amplias prerrogativas. Esto incluye tener el control exclusivo del enorme presupuesto de defensa (alrededor de 10.000 millones de dólares en 2018, siendo Argelia el quinto mayor importador de armas del mundo en el período 2014-2018, lo que representó el 56% del total de importaciones de armas en el continente africano). También significa supervisar los asuntos estratégicos, desempeñar un papel central en la política y asegurarse la inmunidad por sus acciones pasadas, presentes o futuras.

Para muchos argelinos, las fuerzas armadas son la institución más fiable y la última garantía para salvaguardar la independencia y la soberanía nacionales. Sin embargo, como ha quedado claro tras más de nueve meses de manifestaciones populares masivas, la sociedad argelina ha expresado su voluntad de vivir en un “Estado civil” (dawla madaniya), más que en un Estado dirigido por los militares (dawla askariya), que cuente con instituciones independientes, procesos electorales creíbles y gobernantes legítimos.

La crisis política no desaparecerá en Argelia mientras persista la contradicción entre el régimen militar de facto y el texto de la Constitución argelina de 2016. Los artículos 7 y 8 establecen, entre otras cosas, que “el pueblo es la fuente de todos los poderes. La soberanía nacional pertenece exclusivamente al pueblo. El poder constituyente pertenece al pueblo. El pueblo ejerce su soberanía a través de las instituciones que él se otorga. El pueblo también la ejerce por la vía del referéndum y a través de sus representantes electos”. Los argelinos ya no están dispuestos a aceptar el statu quo y están diciendo basta. Nada captura mejor ese estado de ánimo que las pancartas vistas en algunas manifestaciones con el texto “La presidencia está al servicio de su excelencia el pueblo”.

Un estancamiento insostenible

Después de haber pospuesto las elecciones presidenciales que estaban programadas primero para el 18 de abril y luego para el 4 de julio, el jefe de la junta militar presionó para que se celebraran antes de fin de año. La fecha elegida fue el 12 de diciembre. A menos que se produzca algún acontecimiento inesperado, es sumamente improbable que las elecciones por sí solas –en caso de que lleguen a celebrarse, y sin una revisión a fondo de los sistemas político y electoral– puedan hacer que las cosas vuelvan a la normalidad en Argelia. Eso se debe a que el trasfondo del pulso actual entre los militares y el hirak es la incompatibilidad manifiesta entre el enfoque de “reemplazo” de los primeros y el enfoque de “transición” de los segundos. Mientras que la junta militar prefiere reemplazar al jefe de Estado sin hacer cambios políticos fundamentales, el heterogéneo movimiento de protesta pide una transición democrática, con una separación efectiva de poderes y líderes que no estén asociados a los métodos y abusos de la vieja guardia.

Un problema que puede complicar aún más la situación en Argelia es la crisis económica que se avecina como resultado de la parálisis política. Mientras los militares no pueden tranquilizar a los manifestantes sobre su voluntad de reformar el sistema y mientras los manifestantes no logran nombrar representantes y alumbrar nuevos líderes, la economía de Argelia está sufriendo las consecuencias de las malas políticas del pasado, la falta de reformas y la volatilidad de los ingresos de los hidrocarburos. Las reservas de divisas de Argelia se están reduciendo a un ritmo acelerado (de cerca de 200.000 millones de dólares en 2014 a 65.000 millones en julio de 2019).

Para un país que importa la gran mayoría de lo que consume (casi el 70%), esta tendencia debería ser una fuente importante de preocupación debido a las repercusiones sociales de una disminución incesante de las reservas internacionales. Los abundantes subsidios y los proyectos públicos también dependen en gran medida de esas reservas, que se han utilizado en el pasado reciente para comprar paz social. Es sólo cuestión de tiempo antes de que las actuales demandas políticas se transformen, además, en demandas económicas, lo que podría desembocar en un movimiento de desobediencia civil, con la consiguiente desestabilización del país y probable represión por parte de las fuerzas policiales.

Elecciones sin soluciones a la vista

El tercer intento de celebrar unas elecciones presidenciales en Argelia durante 2019, previstas para el 12 de diciembre, ha recibido el rechazo de amplios sectores de la sociedad argelina. Los manifestantes, que llevan 42 semanas de movilizaciones contra la continuidad de figuras del antiguo régimen, desconfían de un proceso impuesto por la cúpula militar y sin las mínimas garantías de que será libre y transparente, empezando por la selección de los candidatos. Los cinco que pasaron los filtros pertenecen a la vieja guardia de la era Buteflika, habiendo sido cuatro de ellos ministros. Los dos que ocuparon el cargo de primer ministro (Abdelmajid Tebboune y Ali Benflis) aparecen como los que tienen más opciones para convertirse en el nuevo presidente de la República Argelina Democrática y Popular.

A pesar de la imagen de normalidad que quiere transmitir el régimen, las elecciones le plantean un importante reto. Para poder perpetuarse, el sistema actual necesita que haya votantes en los colegios electorales, o al menos un número mínimamente creíble de electores, para poder argumentar que el proceso ha sido “democrático”, al menos en apariencia. Si en el pasado los niveles de participación fueron muy bajos, en esta ocasión se podría batir un récord de urnas casi vacías. No ayuda a dar credibilidad al proceso el hecho de que las autoridades argelinas no hayan permitido la presencia de observadores internacionales en las elecciones. Tampoco puede haber mucha credibilidad si las autoridades ejercen un control férreo sobre los medios de comunicación (que ignoran las movilizaciones sociales), o detienen a activistas, manifestantes y periodistas cada vez en mayores números según se acerca la fecha de las elecciones.

En Argelia, le pouvoir se ha ganado la desconfianza de la población a lo largo de los años, aunque más si cabe durante 2019. Esa desconfianza se extiende a las actuales autoridades y a las instituciones que controlan. Eso queda reflejado en los términos que emplea el hirak para referirse a los grupos en el poder (con frecuencia descritos como “bandas” o “mafias”). La actitud de las autoridades desde el pasado febrero no ha contribuido a acercar posiciones ni a crear una atmósfera tendente al diálogo. Una muestra de ello es que el ministro del Interior calificó el pasado 3 de diciembre a quienes se oponen a las elecciones de “pseudo-argelinos”, “traidores”, “homosexuales”, “mercenarios” y “perversos”. No es la primera vez que un alto representante del poder responde a las demandas de cambio con desprecio y actitudes ofensivas.

El problema de fondo, más allá de lo que ocurra el 12 de diciembre, es que el próximo jefe del Estado carecerá de legitimidad para un número demasiado elevado de argelinos. Las presiones a las que estará sometido serán enormes. Por un lado, el nuevo presidente le deberá el cargo a los militares y no podrá hacer muchas cosas contrarias a su voluntad. Por otro lado, las demandas políticas y económicas de la población argelina no se evaporarán con la elección de un nuevo presidente, sin que antes se hayan hecho reformas de fondo en el sistema. Ante este escenario, no parece que las autoridades cuenten con un “plan B”.

El riesgo es que un creciente deterioro de la situación política y económica del país lleve a una fragmentación de las instituciones del Estado, lo que podría conducir –en un caso extremo, pero no inimaginable– a una peligrosa situación de ingobernabilidad, máxime si a la crisis política se suma una crisis económica. Argelia es el mayor país mediterráneo, árabe y africano. La estabilidad en esos tres ámbitos regionales está condicionada por la salida que se busque para el actual conflicto político en Argelia.

Conclusiones

El sistema político argelino surgido tras la independencia en 1962 (la primera república argelina) está mostrando signos de agotamiento. A lo largo de 2019, la población argelina está pidiendo el establecimiento de una “segunda república” con diferentes reglas de juego. El cambio generacional se siente en las calles de Argelia y en su ciberespacio, y viene acompañado de una nueva cultura política con valores superiores como la libertad, la dignidad y la transparencia. Un problema que Argelia comparte con varios de sus vecinos en el sur y este del Mediterráneo es que ese cambio generacional y de valores aún no se ha sentido en las altas esferas del establishment político-militar.

Queda por ver si una salida pacífica al actual estancamiento que amenaza la estabilidad de Argelia y su vecindario podría provenir de las generaciones más jóvenes de oficiales militares, y si éstas deciden reducir la exposición política de las fuerzas armadas, manteniendo al mismo tiempo su supervisión de las cuestiones estratégicas. Eso permitiría entablar un diálogo nacional que dé pie a una transición política que avance hacia el buen gobierno. Ese paso es imprescindible para la llegada al poder de gobernantes legítimos, capaces de desarrollar políticas y reformas necesarias para afrontar los grandes retos del país. En Argelia, como en el resto del Magreb y de Oriente Medio, si no hay más libertad y desarrollo, habrá más frustración y caos.

Haizam Amirah Fernández
Investigador principal de Mediterráneo y Mundo Árabe, Real Instituto Elcano | @HaizamAmirah