Tema
Se analizan las primeras medidas tomadas por la nueva Administración estadounidense en los primeros 100 días de mandato, con sus errores y sus aciertos.
Resumen
El presidente Donald Trump ha marcado en estos 100 días un cambio de rumbo para Estados Unidos (EEUU) y ha vinculado más que nunca el destino del país a su propio poder personal, llevando a testar los límites del sistema. Sin embargo, una primera evaluación confirma el fracaso legislativo, económico y de política exterior de la segunda Administración Trump. Y a pesar del caos creado y el desconcierto, que ha mantenido a la oposición paralizada, la reacción empieza a hacerse visible.
Análisis
Los primeros 100 días en el cargo de cualquier nuevo presidente suelen marcar un momento de cambio para el país, dando a conocer su estilo de gestión, sus prioridades y su rapidez a la hora de cumplir las promesas electorales. Unas prioridades que Donald Trump delineó en su discurso de investidura: poner a EEUU primero, recuperar su soberanía, restablecer su seguridad, y reparar el equilibrio de la justicia. “EEUU pronto será más grande, más fuerte y mucho más excepcional que nunca.”
Trump se presentó como el salvador de la nación con una curiosa mezcla de política, ideología y megalomanía que vincula más que nunca el destino de la nación a su propio poder personal. Pero más que poner “América primero”, el presidente Trump ha utilizado el gobierno para vengarse y tomar represalias contra sus supuestos oponentes, acosar a bufetes de abogados, universidades y la prensa libre con un aire autoritario, y mostrar crueldad tanto con los funcionarios públicos como con los inmigrantes. Ha recortado drásticamente la plantilla federal, ha mermado la capacidad del gobierno para recaudar impuestos, administrar la Seguridad Social y financiar la investigación médica. También ha trastocado las estructuras globales que mantuvieron la paz durante generaciones y ha alineado a EEUU con los déspotas del mundo.
Quizá lo verdaderamente notable ha sido la introducción de un nivel de caos y una sensación de destrucción tan alta que hay dificultades para encontrar un equivalente en la historia estadounidense. Trump ha llegado no como un reformador sino como una bola de demolición. Han sido los 100 días más extraños de cualquier presidente en la historia de EEUU, un periodo en el que cada semana de los 100 días ha parecido un año, dentro y fuera del país, consiguiendo, además, mantener a la oposición desequilibrada.
Para todo ello ha abusado de su poder de forma alarmante, tratando de derrumbar las barreras que limitan el Poder Ejecutivo, ignorando las leyes y eliminando a los inspectores generales y otros mecanismos de rendición de cuentas y supervisión. Hemos visto a un gobierno que no se rige por el Estado de derecho, sino por los caprichos de un solo hombre, lo que es, al mismo tiempo, una admisión de debilidad: no tiene el poder para alcanzar sus objetivos por medios legítimos, por lo que intenta conseguirlos ilegalmente. Afortunadamente, la reacción está creciendo.
1. Trump First
A diferencia de 2017, Donald Trump ha llegado esta vez al poder respaldado con una maquinaria organizada. Trump sentía que la burocracia federal y el establishment republicano le frustraron durante su primer mandato. Por lo tanto, ha hecho de la lealtad el principal criterio para los nombramientos de su gabinete y en la administración en general, y ha tratado de someter a las agencias gubernamentales que, en su opinión, conforman el odiado “Estado profundo”. No es casualidad que una de las órdenes ejecutivas que Trump firmó en su primer día en el cargo instruyera a su fiscal general y a su director de inteligencia nacional para que le proporcionaran un informe sobre la supuesta “militarización del gobierno” por parte de la Administración Biden, que es como percibe cualquier acción legal y administrativa que haya sido dirigida a su conducta y la de sus partidarios. La otra decisión trascendental de su día de investidura fue el indulto y la conmutación de la pena de los condenados por asaltar el Capitolio el 6 de enero de 2021. A ojos de Trump, estas personas no intentaron subvertir violentamente la transición pacífica del poder tras unas elecciones democráticas celebradas con normalidad. Al contrario, cometieron el acto de lealtad definitivo: lo pusieron por encima de la ley y del orden constitucional. Porque América primero significa, ante todo, Trump primero.
Los redactores de la Constitución de EEUU crearon un sistema de gobierno tripartito con tres ramas superpuestas e iguales para controlarse y equilibrarse entre sí. En el último siglo, especialmente durante el New Deal y la Guerra Fría, hubo una expansión de los poderes ejecutivos del presidente, pero es ahora, en la segunda Administración Trump, cuando la teoría del “ejecutivo unitario” se está aplicando de forma extrema.
La idea del “ejecutivo unitario” comienza con un pasaje aparentemente inocuo de la Constitución, que establece que “el poder ejecutivo recaerá en el presidente de EEUU”. Como señalan los defensores del “ejecutivo unitario”, y como dijo el juez Antonin Scalia en 1988, esta disposición “no significa que una parte del poder ejecutivo, sino que todo el poder ejecutivo está en manos del presidente y, por lo tanto, puede dirigir, controlar y supervisar a los funcionarios o agencias inferiores que buscan ejercer el poder ejecutivo discrecional”. Se trata, por tanto, de una teoría diseñada para disminuir drásticamente el papel imperativo del Congreso de actuar como contrapeso del Poder Ejecutivo con herramientas como la creación de agencias independientes para tomar decisiones expertas y limitando la capacidad de los presidentes de despedir a funcionarios de carrera con fines puramente políticos.
Paradójicamente, los republicanos, que tradicionalmente habían profesado creer en un gobierno débil y limitado se han ido convirtiendo en defensores de una presidencia superpoderosa. De esta manera, pueden dominar el Estado administrativo e imponer su agenda unilateralmente, desarrollando esta teoría del “ejecutivo unitario”.
Por otro lado, cabe recordar que el Estado administrativo ha proporcionado a todos los presidentes innumerables oportunidades para obtener más poder. Esto se debe en parte a que tanto el Congreso como los tribunales han ido reconociendo que los presidentes estaban mejor situados para gestionar y aplicar las políticas de manera más coherente, concediéndoles una discreción y deferencia sustanciales para hacerlo. Los presidentes, por su parte, siempre han querido dejar un legado como grandes líderes y el creciente Estado administrativo les ha proporcionado agencias especializadas, personal capacitado, puestos para leales y medios burocráticos para dar forma a las políticas sin la participación del Congreso. Así, muchos presidentes hicieron valer su derecho legal a ejercer autoridad plena sobre el Estado administrativo y resistir las “invasiones” del Congreso. El gran gobierno federal ha sido, por tanto, una bendición para el poder presidencial.
Pero también funciona una segunda lógica que además es asimétrica para demócratas y republicanos, sobre todo desde la creciente polarización política en EEUU. A excepción de las agencias de defensa y seguridad nacional, el Estado administrativo encarna de forma más palpable los compromisos y valores de los demócratas: la protección de los trabajadores, los consumidores y el medio ambiente, la regulación de los negocios, la ayuda a los pobres y demás. Cuando los demócratas observan hoy el Estado administrativo, ven aliados que desempeñan funciones gubernamentales vitales. Cuando los republicanos lo hacen, cada vez más ven a enemigos que se inmiscuyen en el sector privado y amenazan las libertades individuales. Por ello, ahora apuestan por dominar el Estado administrativo e imponer su agenda unilateralmente. El peligro radica en que el Partido Republicano llegue a convertirse en un partido antidemocrático y sus futuros presidentes –empoderados por la teoría del “ejecutivo unitario”– amenacen los fundamentos del sistema democrático estadounidense.
Las amenazas de Trump contra la Reserva Federal y su presidente, Jerome Powell, a pesar de haber suavizado el tono para calmar a los mercados, podrían ser el siguiente intento para testar el sistema. Powell, nominado por Trump durante su primera Administración y cuyo mandato como presidente finaliza el año que viene, ha afirmado que no le preocupan las críticas ni le influyen, y ha asegurado que Trump no tiene autoridad legal para destituirlo. Sin embargo, la solidez de su posición es objeto de debate jurídico para los defensores de la teoría del “ejecutivo unitario”. La Reserva Federal debe lograr un delicado equilibrio entre maximizar el crecimiento del empleo y controlar la inflación. La preocupación de que Trump presione para que baje los tipos de interés y de que no sea libre de actuar independientemente no es una preocupación baladí. En 1971, el presidente Richard Nixon presionó al presidente de la Reserva Federal, Arthur Burns, para que bajara los tipos de interés antes de la carrera por la reelección de Nixon, a lo que éste accedió y la economía creció en 1972, llevando en parte a Nixon a ganar la reelección. Pero, la acción de Burns se considera la culpable de los años de “estanflación” en la década de 1970.
A la aplicación del “ejecutivo unitario” por parte de la nueva Administración hay que sumar, además, la decisión del Tribunal Supremo de julio del 2024 sobre la inmunidad presidencial que sitúa a Trump por encima de la ley.En Trump contra EEUU, el Supremo sostuvo que los presidentes tienen inmunidad absoluta frente a acciones penales por actos oficiales fundamentales y presunta inmunidad para todos los demás actos oficiales. “A diferencia de cualquier otra persona, el presidente es una rama del gobierno, y la Constitución le confiere amplios poderes y deberes”, escribió el presidente del Tribunal Supremo John Roberts en nombre de la mayoría. El tribunal declaraba por primera vez que “el funcionario más poderoso de EEUU puede… convertirse en una ley en sí mismo”.
Como resultado de Trump contra EEUU, la victoria electoral de Trump y la política del Departamento de Justicia contra el enjuiciamiento de presidentes en ejercicio, los casos penales contra el presidente, que comprenden 91 cargos, se están evaporando.
2. Fracaso doméstico
Según cualquier criterio razonable, los primeros 100 días del presidente Donald Trump serán considerados un estrepitoso fracaso. Y el primero de ellos ha sido el fracaso legislativo a pesar de sus intentos de aplicar la teoría del “ejecutivo unitario”.
La segunda Administración Trump ha promulgado sólo cinco proyectos de ley, el peor desempeño al inicio del mandato de un nuevo presidente en las últimas décadas (en 2017, Trump llegó a firmar 24 proyectos de ley en los primeros 100 días): tres resoluciones de la Ley de Revisión del Congreso que anulan las regulaciones de la era Biden, la Ley Laken Riley –que amplía el alcance de las personas que pueden ser arrestadas, detenidas y deportadas por los agentes de inmigración– y un proyecto de ley de financiación provisional necesario para evitar un cierre del gobierno. Además, el Congreso aprobó la Ley Laken Riley antes de que Trump asumiera el cargo, pero el liderazgo del Partido Republicano en la Cámara de Representantes la retuvo para que el expresidente Biden no pudiera promulgarla.
Hay varias razones por las que este Congreso ha sido improductivo en el frente legislativo. Por un lado, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson,tiene una mayoría históricamente pequeña, con la vulnerabilidad de que cualquier vacante o ausencia en una votación puede suponer un fracaso para los Republicanos. Además, esta mínima ventaja hace que cualquier legislador de base tenga la capacidad de ejercer una influencia desmesurada en el presidente de la Cámara que contará con su voto.
Por otro lado, Trump se ha apoyado en las órdenes ejecutivas, memorandos y declaraciones (la distinción entre estos instrumentos en una cuestión de forma más que de fondo) llegando a firmar más de 140 acciones ejecutivas desde que asumió el cargo. Con ellas ha abarcado cuestiones que van desde la política energética y la propiedad de TikTok hasta la amenaza de retirar las autorizaciones de seguridad a los abogados de bufetes que han intentado frenar a Trump. Las acciones ejecutivas son medidas presidenciales que se han utilizado históricamente ante la necesidad de actuar rápidamente o cuando el proceso legislativo no producía el resultado deseado. Pero, en general, los presidentes no han recurrido a ellas, dando preferencia a la acción legislativa. Pero lo que antes era un último recurso ahora es una prioridad porque proporciona victorias rápidas para un público desencantado por el sistema. A Trump parece dominarle la sensación de urgencia con sólo un mandato por delante. ¿Por qué esforzarse en llegar a un compromiso en el Congreso cuando una sola firma ofrece una gratificación inmediata? Sin embargo, este es un enfoque frágil. Las acciones ejecutivas pueden ser anuladas por un tribunal, por la oposición legislativa o simplemente por el siguiente presidente, lo que demuestra que la tinta de la pluma presidencial no es permanente. Además, sus medidas ejecutivas, descaradas en su desprecio por la ley, ya han sido rechazadas en buena parte por los jueces, incluidos los nombrados por los Republicanos.
El presidente Trump también ha declarado ocho emergencias nacionales en sus primeros 100 días, más que cualquier otro presidente, para impulsar aranceles, para asegurar fondos para la frontera y para impulsar la producción de combustibles fósiles, entre otras cosas. La Constitución de EEUU no dice nada sobre cómo declarar o poner fin a una emergencia. Hoy en día, los estadounidenses viven bajo docenas de emergencias nacionales, la mayoría relacionadas con la política exterior, como las sanciones. La más antigua, dirigida contra Irán, se remonta a la Administración Carter. Otras provienen de la era posterior al 11 de septiembre, cuando el Congreso otorgó al Poder Ejecutivo nuevos poderes, todos en nombre de la seguridad nacional, en un ejemplo más de cómo el Congreso se ha ido debilitando en su papel como primera rama del sistema político destinada a ejercer un control constante y significativo sobre la segunda rama, la presidencia.
Los primeros 100 días de Trump también han sido un fracaso económico. El crecimiento se ha ralentizado, la confianza de los consumidores y de las empresas se ha desplomado y los mercados se han hundido, junto con la riqueza de los estadounidenses. Según el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, el crecimiento se ha ralentizado en el primer trimestre de este año con respecto al ritmo sólido del 2024, mientras que todas las predicciones económicas auguran mayor inflación y un crecimiento más lento como consecuencia del juego arancelario de Trump. El denominado “Día de la Liberación“ escogido para simbolizar el inicio de la liberación de su país de lo que él considera prácticas comerciales extremadamente injustas, ha pasado a significar algo muy diferente a lo que pretendía. Un juego en el que los aranceles no son tanto una herramienta para defender la industria nacional como una palanca para disciplinar a los aliados –vistos más como clientes– y competir con los rivales y, por tanto, una herramienta que va más allá del ámbito comercial.
3. Fracaso exterior
En política exterior, America First se refiere principalmente al proteccionismo y al unilateralismo, mezclados con una dosis de cinismo no intervencionista. Trump ve el mundo como un escenario en el que los acuerdos transitorios entre grandes potencias sustituyen a las instituciones multilaterales, y las alianzas como la Organización para el Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se convierte en una red de clientes. De ahí que los aranceles se hayan transformado en una herramienta de política exterior. America First significa también reforzar la primacía de EEUU sin que ello implique compromisos diplomáticos y militares, razón por la cual Trump busca un equilibrio de poder sin tener mucho en cuenta el derecho internacional y sus reglas.
La política exterior ha sido también otro de los grandes fracasos de Trump, empezando por los aranceles y siguiendo con la promesa de poner fin a las guerras en Gaza y Ucrania. Los combates se reanudaron en Gaza tras el fracaso del alto el fuego negociado por su predecesor. Rusia, por su parte, sigue atacando Ucrania y ridiculizando las ingenuas propuestas de Trump a Vladímir Putin sobre una negociación de alto el fuego.
A ello hay que sumar el caos y la disfunción que parece haberse adueñado del Pentágono. Crecen las voces, entre ellas muchas republicanas, que piden la dimisión del secretario de Defensa, Pete Hegseth, tras compartir planes militares confidenciales en al menos dos chats de Signal. Altos cargos militares han sido destituidos, entre ellos las únicas oficiales de cuatro estrellas, el presidente del Estado Mayor Conjunto –un general afroamericano– y los principales abogados militares. Hegseth, opositor desde hace mucho tiempo a que las mujeres ocupen puestos de combate en primera línea, ha ordenado una amplia revisión de las normas militares y decenas de miles de civiles se están viendo obligados a abandonar voluntariamente el Departamento o serán despedidos mediante una reducción de plantilla. Todos estos cambios internos se producen en un momento en que el ejército se está reestructurando para una posible lucha futura con China y justo cuando está a punto de recibir una inyección de fondos, ya que Trump está sopesando un presupuesto de casi un billón de dólares para el Pentágono.
Todo ello está llevando a un fracaso de Trump a ojos de los amigos de EEUU. Sus aliados tradicionales en Europa y en la cuenca del Pacífico han sido un enorme activo para la influencia y la proyección de su poder. Pero la nueva Administración tiende a considerarlos, en el mejor de los casos, como aprovechados y, en el peor, como hostiles a su agenda. En parte, esto último es cierto: los amigos más cercanos de Washington han invertido en el sistema internacional de leyes, instituciones y alianzas que EEUU ayudó a construir durante las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial y que la Administración Trump considera ahora un obstáculo para la consecución de sus intereses. Pero pocos querrán participar en los esfuerzos de la Administración por desmantelar ese sistema.
Eso no ha impedido que la Administración lo intente: una agenda expansionista articulada en su discurso inaugural, amenazando con arrebatar Groenlandia a Dinamarca, aliada de la OTAN, tomar el control del canal de Panamá, absorber Canadá como el estado número 51 y tomar el control de Gaza; en la misma línea, ha propuesto reconocer formalmente la ocupación de Crimea por Rusia. Mientras tanto, los drásticos recortes de la ayuda internacional a través de la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) amenazan los esfuerzos multilaterales de larga data para contener la pobreza y el empobrecimiento y pueden debilitar a las agencias humanitarias de las Naciones Unidas. Aunque EEUU, al menos por ahora, no ha dado pasos para desmantelar sus alianzas y acuerdos de seguridad de décadas en Europa y Asia, sus aliados y socios no son ajenos a las señales de alerta: ya están estudiando cómo compensar el posible vacío que dejaría EEUU en sus posiciones de defensa.
Trump también ha sido un fracaso a ojos de sus enemigos. China es un adversario que tiene los motivos, los recursos y la disciplina política para plantarle cara a su rival estadounidense y lo está haciendo. Además, las enormes reservas de deuda estadounidense que posee y su control de las exportaciones necesarias para industrias estratégicas le permiten causar considerables molestias a EEUU. Una China envalentonada está amenazando a Taiwán, respondiendo con dureza en la guerra comercial y extendiendo su influencia global para llenar el vacío dejado por la retirada de Trump del mundo.
La segunda presidencia de Trump también se percibe como fracaso por parte de la opinión pública. Una reciente encuesta de The Economist/YouGov revela que el 42% de los encuestados aprueba su actuación y el 52% la desaprueba, lo que supone un descenso de 16 puntos desde el inicio de su mandato. La mayoría afirma que el país va por mal camino y está fuera de control.
Según el Pew Research Center, aunque Trump sigue recibiendo buenas valoraciones de sus seguidores acérrimos, varias de sus medidas políticas clave son vistas de forma más negativa que positiva por la opinión pública. Así, el 59% de los estadounidenses desaprueba el aumento de los aranceles impuestos y el 55% los recortes que el gobierno está aplicando a los departamentos y agencias federales. El uso que Trump hace de su autoridad ejecutiva también es objeto de críticas: el 51% de los adultos estadounidenses afirma que está estableciendo demasiadas políticas mediante órdenes ejecutivas.
Incluso sus pocos “éxitos” son menos relevantes de lo que parecen. Los cruces fronterizos han disminuido desde niveles ya bajos, pero a pesar de toda la bravuconería de la Administración, hay pocas pruebas de un aumento de las deportaciones. Varias investigaciones (CBS News y The New York Times) revelan además que la gran mayoría de los migrantes deportados no tienen antecedentes penales. El otro supuesto éxito –las esperanzas de recortar gastos a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE)– y que Elon Musk había proyectado originalmente en un billón de dólares para este año, se han reducido a sólo 150.000 millones y gran parte de esa cifra parece basarse en datos poco fiables.
4. La reacción
La subversión electoral y el engrandecimiento del ejecutivo se han erigido como las principales formas de erosionar la democracia estadounidense y si las debilidades de las instituciones formales del sistema político dificultaban la prevención de nuevos ataques a la Constitución, el último respaldo de la democracia es la sociedad civil, que históricamente ha sido fuerte en EEUU. Sin embargo, la sensación es que la oposición pública a la segunda Administración Trump sigue siendo mucho menor que la última vez, a pesar de que las recientes acciones representan un ataque mucho más agresivo que hace ocho años.
Sin embargo, los medios de comunicación –sobre todo periodistas independientes o revistas como la tecnológica WIRED– empiezan a responder a los ejemplos más graves de malversación del Poder Ejecutivo. Su coordinación para proporcionar un contrapeso público al fuerte tirón de este gobierno no es una labor fácil, sobre todo porque ha habido una pérdida paulatina del rumbo colectivo que conviene recuperar.
Las preocupaciones de las empresas aún no se han canalizado hacia la acción política, quizás porque la influencia empresarial estadounidense se ha vuelto cada vez más conservadora ideológicamente y se ha centrado en beneficios limitados como recortes de impuestos y retrocesos regulatorios. Desde las elecciones, los líderes empresariales parecen haber cedido ante la nueva Administración, una tendencia que muchos sugieren que está impulsada por el miedo a las represalias oficiales. Sin embargo, poco a poco las empresas se están dando cuenta de los peligros que supone la extralimitación del ejecutivo.
Las oficinas del Congreso también empiezan a verse inundadas de llamadas telefónicas y se han producido pequeñas protestas en agencias gubernamentales en las que las organizaciones sindicales a menudo han desempeñado un papel clave.
La racha perdedora de la Administración en los tribunales también ha comenzado y continúa a buen ritmo. Un juez federal abrió un proceso por desacato después de que la Administración desobedeciera su orden de bloquear ciertas deportaciones; otros jueces siguen bloqueando las deportaciones de Trump llevadas a cabo sin el debido proceso. Un bufete de abogados ha conseguido una orden que bloquea las medidas punitivas de Trump contra ellos, que el juez calificó de “un abuso de poder escandaloso”.
La reciente resistencia de la Universidad Harvard a los ataques de Trump a la libertad académica ha endurecido la postura de la Universidad de Columbia y otras instituciones. Los bufetes de abogados que llegaron a acuerdos con Trump para evitar sanciones por sus venganzas personales están reconsiderando sus acuerdos.
La diputada Alexandria Ocasio-Cortez y el senador Bernie Sanders han estado actuando ante grandes multitudes en zonas profundamente republicanas del país. Y una docena de nerviosos republicanos de la Cámara de Representantes enviaron una carta a sus líderes advirtiendo que se opondrían al importante proyecto de ley fiscal y de gasto de Trump si “incluye cualquier reducción de la cobertura de Medicaid para las poblaciones vulnerables”. Esto es incómodo, porque el esbozo del presupuesto para el proyecto de ley, que estos mismos legisladores apoyaron, requiere unos 800.000 millones de dólares en recortes de este tipo.
Conclusiones
Se puede afirmar con seguridad que los primeros 100 días del segundo mandato de Donald Trump serán considerados los más trascendentales de la historia moderna de EEUU. Desde que asumió el cargo, Trump ha consolidado un poder extraordinario en el ejecutivo, ha tratado de desmantelar gran parte del gobierno federal, ha roto las alianzas militares y económicas que se formaron tras la Segunda Guerra Mundial y ha destrozado el consenso político que ha regido el comercio mundial durante todo ese tiempo. Pero un comienzo impactante no equivale en modo alguno a un éxito a largo plazo.
Trump ha caído en la trampa de no comprender la diferencia entre el espectáculo de la campaña electoral y el trabajo de un gobierno eficaz. La incapacidad de planificar y ejecutar adecuadamente las políticas está definiendo su segundo mandato, ejemplificado por la caótica puesta en marcha de sus iniciativas en materia de inmigración y aranceles y el Departamento de Eficiencia Gubernamental. La incertidumbre creada por el imprevisible estilo de gobierno de Trump también imposibilita a las empresas tomar decisiones de inversión y crecimiento. Y a pesar de que una parte de los estadounidenses piense que hay despilfarro en el gobierno y que hay que recortar gastos superfluos, también cree que el gobierno presta servicios esenciales y valorarán aún más estos servicios cuando dejen de recibirlos. La población aún no ha notado realmente el impacto de los recortes, pero lo hará en otoño.
Trump hizo campaña con promesas audaces de acabar con la inflación, reducir el precio de todos los productos y dar paso a una “edad de oro de EEUU” a partir del primer día. Pero necesita hacer mucho más para cumplir de verdad con sus promesas. Y aunque sólo un loco haría predicciones en este entorno político tan volátil, no cabe duda de que, a principios de septiembre, Trump ya no podrá culpar a Biden de sus problemas; él será el responsable, para bien o para mal, de la situación del país.