El Consejo Europeo ha dado otro pequeño paso adelante para estabilizar los mercados financieros e intentar asegurar la irreversibilidad del euro y el resultado puede considerarse como muy positivo para España.
Las sombrías perspectivas de crecimiento, la inestabilidad financiera y el nuevo escenario político en Europa tras las elecciones francesas y griegas podrían alumbrar una alternativa a la estrategia de austeridad autoritaria con la que se viene gestionando la crisis del euro desde 2010.
El Consejo Europeo de los días 28 y 29 de junio, que llega tras la petición formal de rescate por parte de España y Chipre, tiene la oportunidad de sentar las bases de una nueva política económica.
El comunicado de cumbre del G20 celebrado en Los Cabos (México) es ambicioso y pretende mandar un mensaje de confianza para estabilizar la economía mundial en un momento que se parece peligrosamente a la antesala de la quiebra de Lehman Brothers.
La designación hace 16 años y medio de la moneda común como Euro resultó paradigmática de lo que luego ha sido su trayectoria y su gobernanza. Aquella decisión fue fundamentalmente alemana, asumida al final por los demás sin grandes resistencias, aunque matizada por una sombra griega.
Las inversiones directas en el extranjero (IDE) pueden tener un impacto importante en el desarrollo de los países receptores. Las inversiones favorables al desarrollo no solamente pueden aportar mayor sostenibilidad a la inversión, sino que también pueden ofrecer un potencial en términos de imagen-país.
El Eurogrupo acaba de aprobar asistencia financiera para España. Aunque se concede que se trata de un programa de ayuda más suave que el de Grecia, Irlanda y Portugal, lo innegable es que ya hay cuatro miembros de la eurozona –o cinco, si se incluye a Chipre, que tampoco tiene acceso al crédito externo– sin los recursos ni la capacidad de obtener financiación en los mercados para atender todas sus necesidades de gasto público.
Aun cuando la ayuda que ha recibido España es en sí misma importante, el futuro inmediato de la UE se sigue jugando en Grecia, en cómo se reciba al nuevo gobierno que se pueda formar y al efecto desestabilizador que tendría en su caso su salida involuntaria de la eurozona.
Los buenos estrategas saben que es arriesgado tener dos frentes abiertos en un momento de debilidad interna. Por eso, la zona euro, que atraviesa sus horas más bajas, ha optado por intentar cerrar el frente español para poder concentrarse en el griego, que podría reabrirse el día 17 de junio tras las elecciones.
Por mucho que las recientes acciones realizadas para encauzar políticamente la crisis de la Unión Europea y su moneda común hayan sido relevantes para mejorar en algo la muy imperfecta gobernanza de la eurozona o la frágil posición de España dentro de la misma, sabemos que no han servido para disipar la sensación de que la unión monetaria no es un proyecto irreversible ni la desconfianza hacia la capacidad de sus miembros más vulnerables para continuar formando parte del mismo.
Más allá de que sea cierto que España necesita fondos externos para recapitalizar algunos de sus bancos, existen importantes justificaciones de economía política que explican la resistencia del gobierno español a no aceptar un rescate como los que han tenido Grecia, Irlanda o Portugal.
Desde que estalló la crisis griega Alemania vislumbró un plan para la zona euro (ZE). Vio la posibilidad de construir la Europa fuerte y federal que siempre ansió aprovechando su potencial económico y su influencia sobre el BCE para asegurarse de que las ayudas a los países en dificultades sólo se desembolsarían a cambio de mayores cesiones de soberanía.
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