Los desafíos de España en el ámbito aeroespacial: hacia la creación de una Agencia Espacial Española y la adopción de una Ley global sobre el Espacio

Misión Hispasat 30W-6. Foto: Official SpaceX Photos (Wikimedia Commons / CC0)
Documento de trabajo

Resumen

En este Documento de Trabajo se analizan los progresos que ha realizado España en materia aeroespacial y los aspectos que aún quedan por desarrollar, tales como la creación de una Agencia Espacial Española y la elaboración de una Ley sobre las Actividades en el Espacio Ultraterrestre, como han hecho otros países del entorno.

La implicación española en materia espacial

España, en estos últimos años está llevando a cabo importantes esfuerzos en materias relacionadas con el espacio ultraterrestre, tales como la aprobación de la Estrategia de Seguridad Aeroespacial Española, la Estrategia Nacional de Ciberseguridad o Centro de Operaciones de Vigilancia Espacial (COVE) y, sin duda, el Consejo Ministerial de la Agencia Europea del Espacio (ESA) celebrado en Sevilla en noviembre de 2019. Además, España, como miembro de la UE se encuentra obligada a seguir los criterios que se determinan con carácter general para los países miembros. En este sentido, el Tratado de Lisboa ha definido con claridad los intereses espaciales y ningún Estado miembro de la UE debería sustraerse a este cometido. En efecto, en el marco del Título XIX del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), dedicado a la Investigación y Desarrollo Tecnológico y Espacio y, en particular, su artículo 189 establece que, a fin de favorecer el progreso científico y técnico, la competitividad industrial y la aplicación de sus políticas, la Unión elaborará una Política Espacial Europea. Para ello podrá fomentar iniciativas comunes, apoyar la investigación y el desarrollo tecnológico, además de coordinar los esfuerzos necesarios para la exploración y utilización del espacio. Por otra parte, resulta importante la referencia que se refleja en el Tratado de Lisboa sobre la voluntad de la Unión de establecer las relaciones que sean apropiadas con la Agencia Espacial Europea.

Siguiendo esta idea vale recordar la sugerencia del embajador de España Lacleta Muñoz cuando, hablando sobre las actividades de España en materia de Espacio ultraterrestre, indicaba que “en el terreno jurídico, aunque España sea parte contratante en los más importantes tratados internacionales… nuestra actividad ha sido más bien escasa… Personalmente, creo que deberíamos participar en el propósito europeo de establecer unas normas jurídicas internas de carácter general adecuadas a nuestras actividades e intereses en el espacio ultraterrestre”.2

En esta línea, el Consejo de Seguridad Nacional, reunido en el Palacio de la Zarzuela bajo la presidencia del Rey Felipe VI, acordó el procedimiento para la elaboración de la Estrategia de Seguridad Aeroespacial,3 una iniciativa ya contemplada en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017, con el propósito de hacer frente a las amenazas de diversa índole a las que están sometidos el espacio aéreo y ultraterrestre. En el Real Decreto de 2017 se señalaba la “vulnerabilidad del espacio aéreo y ultraterrestre” y se indicaba que determinadas infraestructuras, como las energéticas, los flujos de información financiera, o el normal funcionamiento de determinados servicios básicos para la sociedad, se encuentran subordinados al buen uso del espacio ultraterrestre y el ciberespacio.

Habrá de tenerse en cuenta que el espacio aéreo puede ser escenario de violaciones a la seguridad y al orden internacional por parte de actores estatales y no estatales. Las acciones contra la aviación comercial y sistemas de control de navegación y todo tipo de tráficos ilícitos por vía aérea son ejemplos de la potencial alteración del orden mundial. Asimismo, el abaratamiento de costes que facilita el acceso a la tecnología satelital ofrece grandes oportunidades en ámbitos como la exploración espacial, pero al mismo tiempo acarrea importantes riesgos como el incremento de la basura espacial. Sin olvidar que la competición entre Estados por el acceso, uso y control del espacio ultraterrestre va a seguir creciendo dado su gran valor estratégico y comercial y que el despliegue de tecnologías antisatélite, diseñadas para deshabilitar o destruir satélites, podría incrementar la tensión global.

En este sentido, el 16 de julio de 2018 el actual Gobierno de Pedro Sánchez, en el marco del Consejo de Seguridad Nacional, acordó la elaboración de la “Estrategia de Seguridad Aeroespacial”4 con el fin de afrontar las amenazas de diversa índole que afectan al espacio aéreo y ultraterrestre con la idea de poner en marcha la creación de un Consejo de Seguridad Aeroespacial. Debemos saludar, también, el hecho de que el astronauta de la Agencia Europea del Espacio de nacionalidad española, Pedro Duque, haya sido nombrado en su momento ministro de Ciencia, Innovación y Universidades y en la actualidad ministro de Ciencia e Innovación, puesto que, dada su experiencia en estas materias, su nombramiento resulta un acicate importante para la industria espacial española y las investigaciones en el espacio ultraterrestre. Nos encontramos en un buen momento para poner en marcha la creación de una Agencia Espacial española y comenzar la elaboración de una Ley del Espacio que aglutine los principales problemas que plantea el espacio ultraterrestre, así como su efectiva gestión.

Recientemente, siguiendo esta tendencia, el Ejército del Aire ha puesto en marcha una importante iniciativa como es la creación del Centro de Operaciones de Vigilancia Espacial (COVE) para 2019, por medio del control operativo del radar español de vigilancia del espacio (S3TSR)5 situado en Morón de la Frontera en Sevilla. En el futuro, este radar tendrá también el control operativo del radar situado en la estación radionaval de Santorcaz en Madrid,6 así como la integración de datos procedentes de los telescopios de Puertollano en Ciudad Real, de San Fernando en Cádiz y de Montsec en Lleida y del Teide en Tenerife. Sin olvidar la ya citada Estrategia de Seguridad Aeroespacial, para hacer frente a las amenazas de diversa índole a las que están sometidos el espacio aéreo y ultraterrestre.

Cabe destacar que la participación de España en la Agencia Europea del Espacio (ESA), como uno de sus socios fundadores, ha marcado una importante seña de identidad relativa al interés en materia de actividades espaciales en las que nuestro país participa, en mayor o menor grado, con los Programas de la ESA. Sobre todo, porque las empresas y centros de investigación españoles tienen una implicación cada vez más profunda en las misiones de la ESA, con lo que, sin duda, se acrecienta el desarrollo tecnológico y científico español; no obstante, quedan aún algunas importantes lagunas jurídico-institucionales que colmar.

Tengamos en cuenta que, en términos económicos, España contribuye, como el resto de los Estados miembros de la Agencia, al presupuesto obligatorio de la ESA en función de su Producto Nacional Bruto. Además, España participa, en el marco de su agenda política y económica,7 en los Programas opcionales de la ESA, como por ejemplo Galileo, la Estación Espacial Internacional (ISS) y los satélites de Observación de la Tierra. Es interesante destacar que las operaciones científicas se llevan a cabo en España8 desde el Centro Europeo de Astronomía Espacial que la ESA tiene en Villanueva de la Cañada en Madrid (ESAC).

Por tanto, cada país miembro de la ESA tiene que pagar al Programa obligatorio una contribución proporcional a su PIB, con la cual se financian sobre todo las actividades científicas y los gastos de funcionamiento.9 Por lo que respecta al resto de los Proyectos de desarrollo tecnológico, incluidos los de observación de la Tierra, las telecomunicaciones, la preparación de astronautas o los proyectos de las naves espaciales tripuladas, se financian con el dinero que los países deciden aportar para cada Proyecto, dado que estos programas optativos son especialmente estratégicos y con gran impacto en la política industrial de los Estados miembros.10

Las contribuciones, obligatoria y opcional, de España generan retornos que revierten en forma de contratos para la industria española; de tal modo que, para la comunidad científica, esta participación supone la posibilidad de investigar con la más avanzada tecnología espacial.

Juan Manuel de Faramiñán Gilbert
Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Jaén, titular de la Cátedra Jean Monnet (1997-2017), e investigador sénior asociado del Real Instituto Elcano


1 El autor es, además, director internacional emérito de la Red Latinoamericana y del Caribe de Universidades e Instituciones que investigan la tecnología, la política, la ciencia y el derecho del espacio ultraterrestre (ReLaCa-Espacio), miembro del Centro Europeo de Derecho del Espacio de la Agencia Europea del Espacio y antiguo miembro de su Junta Directiva (Board of the European Centre of the Space Law of European Space Agency), miembro vocal de la Junta Directiva del Centro Español de Derecho Espacial (sito en la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Aeronáutica y Espacio, TEDAE), miembro del Instituto Internacional de Derecho del Espacio de la Federación Astronáutica Internacional (International Institute of Space Law International Astronautical Federation), antiguo miembro de la Subcomisión de Ética para el Espacio Ultraterrestre de la UNESCO (Sub-Commission on the Ethics of Outer Space of the World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology –COMEST– de la UNESCO), miembro del Specialised panel of arbitrators established pursuant to the optional rules for arbitration of disputes relating to outer space activities of Permanent Court of Arbitration (PCA).

2 J.M. Lacleta Muñoz, “El Derecho en el espacio ultraterrestre”, Documento de Trabajo, nº 18/2005, Real Instituto Elcano, 8/IV/2005.

3 Para el estudio de la Estrategia Española de Seguridad Aeroespacial véase J.M. de Faramiñán Gilbert, “Comentarios sobre el reto de una estrategia española de seguridad aeroespacial y ciertas lagunas jurídicas”, en Freedom, Security & Justice: European Legal Studies, Rivista quadrimestrale on line sullo Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, nº 2, 2019, pp. 17-34.

4 Boletín Oficial del Estado, nº 103, martes, 30/IV/2019, Sec. I, p. 43482. Orden PC/489/2019, de 26 de abril, por la que se publica la Estrategia de Seguridad Aeroespacial Nacional, aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional. La presentación estuvo a cargo de Iván Redondo, secretario de Seguridad Nacional y director del Gabinete de la Presidencia, quien que indicó son muy pocos los países que disponen de una estrategia destinada al control del espacio aéreo y del espacio ultraterrestre con importantes implicaciones de carácter militar, económico, industrial y de comunicaciones y a enfrentar las amenazas que se pueden  producir en estos espacios provenientes de acciones terroristas, proliferación de armas de destrucción masiva, espionaje, conflictos armados, ciberamenazas o el uso ilegal de aeronaves no tripuladas.

5 La primera fase de este proyecto se plantea operativa para noviembre de 2019 con la capacidad de detectar objetos con el porte de dos metros a una distancia de 1.000 kilómetros y de 10 centímetros a una distancia menor. Dado que se trata de un radar modular y escalable que puede ir mejorando su alcance se calcula que para el año 2012 podrá detectar objetos de un porte de 45 centímetros a 1.000 kilómetros de distancia y de siete centímetros a una distancia menor.

6 Operativo para el seguimiento y detección de objetos en órbitas bajas.

7 Actualmente están en órbita numerosas misiones científicas de la ESA (o con participación científica de la ESA), cubriendo observaciones astronómicas en diferentes bandas espectrales, estudiando el Sol, la interacción Sol-Tierra, los planetas Venus, Marte y Saturno, y para la observación más detallada de un cometa. Misiones tales como XMM-Newton, Integral, Herschel, Planck, Hubble, SOHO, Cluster, Proba-2, Venus Express, Mars Express, Cassini-Huygens y Rosetta.

8 Para mayor información, véanse: V. Claros Guerra y R. León Serrano, Historia de la Estación de seguimiento de satélites de Villafranca del Castillo (VILSPA), 1975-2009, Ministerio de Defensa, INTA, Ingeniería y Servicios Aeroespaciales S.A., Madrid, 2011; y V. Claros Guerra, “La evolución de las telecomunicaciones vía satélite entre España e Iberoamérica y su impacto social (1957-2008)”, Discurso de ingreso en el Real Academia Hispano-Americana de Ciencias, Artes y Letras, Cádiz, 2009.

9 http://www.esa.int/esl/ESA_in_your_country/Spain (consultado 20/VIII/2019). El presupuesto total de la ESA en 2012 superaba ligeramente los 4.000 millones de euros. Para 2015 la Agencia Espacial Europea (ESA) había elevado su presupuesto ese año en un 8% hasta los 4.433 millones de euros. Contribuyen al total de ese presupuesto los Estados miembros de la ESA, con 3.230 millones de euros, la Comisión Europea, con 1.000 millones de euros, y la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos (Eumetsat), con unos 300 millones de euros.

10 J.M. de Faramiñán Gilbert y M.C. Muñoz Rodríguez, “España y el Espacio Ultraterrestre”, Revista on-line Infoespacial.com, 10/XII/2015.

Misión Hispasat 30W-6. Foto: Official SpaceX Photos (Wikimedia Commons / CC0)