Cuando, ante la ambigüedad de la Administración Trump y la creciente oposición de Hungría y Eslovaquia, parecía debilitarse el impulso para seguir sancionando a Rusia, los Estados miembros de la Unión Europea (UE) aprobaron el 18 de julio uno de los paquetes más contundentes hasta la fecha. Esta nueva ronda, además, coincide con la consolidación de una propuesta apoyada por republicanos y demócratas en el Senado de Estados Unidos (EEUU) para aumentar sustancialmente las sanciones sobre Moscú, así como con un ultimátum, otro más, de Donald Trump al Kremlin para alcanzar la paz con Ucrania en un plazo de 50 días. Esta nueva dinámica parece marcar un cambio de tendencia en la presión sobre la principal fuente de ingresos de Rusia, las exportaciones de hidrocarburos, rompiendo con meses de relativa tranquilidad para Moscú.
Una vez minimizados los ingresos rusos procedentes del mercado europeo, el objetivo de las nuevas sanciones es reducir los beneficios energéticos que la Federación Rusa obtiene mediante la exportación de hidrocarburos a terceros países.
Para la UE, la aprobación de este paquete consolida los avances en su desconexión energética de Rusia. Desde 2021, las importaciones de gas ruso, tanto licuado como por gasoducto, han descendido del 45% al 18% en los primeros meses de 2025, mientras que las de petróleo han pasado del 27% a tan sólo un 3%. Una vez minimizados los ingresos rusos procedentes del mercado europeo, el objetivo de las nuevas sanciones es reducir los beneficios energéticos que la Federación Rusa obtiene mediante la exportación de hidrocarburos a terceros países.
Para ello, la medida estrella de este nuevo paquete consiste en reducir el precio máximo permitido para la venta internacional del crudo ruso. Desde diciembre de 2022, ese límite se había fijado en 60 dólares por barril y ahora la UE propondrá a sus aliados del G7 ajustarlo a 47 dólares. Estas limitaciones, establecidas pocos meses después del inicio de la invasión, se aplican únicamente a las transacciones en las que participan empresas de los países sancionadores que prestan servicios vinculados al transporte marítimo de petróleo, como aseguradoras, entidades financieras o intermediarios. Para garantizar su cumplimiento, los países del G7 han prohibido a sus empresas la prestación de estos servicios a los buques que no puedan demostrar que respetan el precio máximo establecido. Entre estos servicios, el seguro marítimo resulta especialmente relevante debido al cuasimonopolio que ejerce, o ejercía, el Grupo Internacional de Clubes de Protección e Indemnización, cuyos miembros son mayoritariamente empresas radicadas en países del G7 y, por tanto, sujetos al cumplimiento de este precio máximo.
Durante los primeros meses, el mecanismo logró cumplir su doble objetivo. Por un lado, permitió mantener constante el flujo de exportaciones rusas, evitando una disrupción global con una subida descontrolada en los precios del petróleo. Por otro, redujo los ingresos que Moscú obtenía por esas exportaciones, reflejado en el precio del barril Urales, referencia para las exportaciones rusas, frente al precio del barril de Brent, precio de referencia internacional. Con el tiempo, sin embargo, esta efectividad se fue erosionando (Figura 1) como resultado de las maniobras de Rusia y otras partes interesadas en evadir las sanciones. En concreto, desde 2022, Rusia ha invertido más de 10.000 millones de dólares en construir una flota propia de petroleros que opera mediante empresas pantalla, al tiempo que ha promovido la creación de un sistema alternativo de seguros, opaco y no regulado. Esto ha permitido que una parte creciente de sus exportaciones se canalice al margen de los servicios ofrecidos por empresas del G7 y, por tanto, quede fuera del alcance de las restricciones de precios máximos.
Como respuesta a este fenómeno, la segunda gran medida de este paquete consiste en limitar la operatividad de estos buques, conocidos como la “flota fantasma”, incorporándolos a una lista negra que les prohíbe operar con empresas europeas, ya sean puertos, de servicios de ingeniería o entidades financieras. La penúltima ronda de sanciones de la UE, impuesta el 20 de mayo, incluyó en el listado casi 200 buques pertenecientes a esta flota y el pasado 18 de julio se bloquearon 105 embarcaciones adicionales, lo que eleva el número total de buques sancionados por parte de la UE a más de 400. En el pasado, estas medidas, coordinadas por la UE, el Reino Unido y, hasta la llegada de Trump, también por EEUU, han demostrado ser relativamente eficaces, especialmente cuando se aplican de forma conjunta. Las compañías compradoras de petróleo ruso en Turquía, la India y China suelen evitar recurrir a estas embarcaciones sancionadas por temor a represalias, especialmente por parte del Departamento del Tesoro de EEUU, dada la centralidad del dólar en el sistema financiero internacional. Las que deciden hacerlo pese a las sanciones, suelen exigir un descuento en el precio de compra del petróleo ruso, limitando igualmente los ingresos fiscales de Moscú.
Una medida adicional en este paquete de sanciones ha sido la designación de la refinería india de Nayara como entidad sancionada y, por tanto, excluida de cualquier transacción con entidades europeas. Esta refinería, participada en un 49% por la petrolera rusa Rosneft, se estaba beneficiando desproporcionadamente de una laguna en el régimen sancionador que le permitía comprar petróleo ruso (en ocasiones por encima del precio máximo), refinarlo y vender los derivados (diésel, gasolina, keroseno, etc.) al mercado europeo. Se trata de una acción sin precedentes por parte de la UE, que nunca había designado una refinería fuera de Rusia. La India ya ha expresado su malestar ante una medida que podría afectar al comercio bilateral de derivados del petróleo, valorado en 15.000 millones de dólares en 2024. La decisión europea lanza un mensaje para aquellas refinerías oportunistas que se han beneficiado de un comercio hasta la fecha tolerado: ya no están a salvo y deberán elegir entre el petróleo ruso o el comercio con la UE.
En paralelo, la presión sobre Moscú podría intensificarse aún más si se aprueba, finalmente, la propuesta legislativa que se debate en el Senado estadounidense. A pesar de haber estado bloqueada durante meses por la falta de respaldo de Trump, una mayoría de 85 senadores (de los 100 que componen la cámara) ya ha expresado su apoyo al texto. Esta nueva ley otorgaría al Ejecutivo nuevos poderes al autorizar al presidente a imponer aranceles secundarios de hasta el 500% a productos importados de países como China, Brasil o la India que continúen comerciando con petróleo ruso por encima del precio máximo. El novedoso concepto de arancel secundario fue presentado por primera vez unos meses atrás durante la reimposición de sanciones a Venezuela, pero nunca se ha ejecutado. Se trata de una herramienta poco convencional, sin precedentes en la legislación estadounidense y que deja total discrecionalidad al presidente; pero que encaja con la visión neomercantilista de Trump, su forma de hacer política y el proceso de renegociación arancelaria en el que se ha embarcado su Administración. En un momento en el que la presión sobre Rusia a través de las sanciones occidentales parecía debilitarse, ha llegado un nuevo impulso por parte de la Comisión Europea que podría generar un efecto dominó si logra arrastrar al G7 a establecer un nuevo precio máximo para el petróleo ruso y a que otros países, especialmente EEUU, designen buques petroleros de la flota fantasma en sus listas de entidades sancionadas. La decisión final sobre la efectividad de esta nueva escalada volverá a depender del impredecible presidente estadounidense y de su errática política hacia Moscú. Quizá, Trump ya se haya cansado de las negociaciones en falso con Putin.
