La sociedad de la información tiene una enfermedad propia: la desinformación, que se aprovecha de unos instrumentos diseñados para la comunicación, el bienestar y la libertad de esa sociedad para suscitar dudas, generar tensiones, cuestionar identidades y desarticular comunidades. La desinformación es un desorden de la globalización que fomentan deliberadamente agentes totalitarios, populistas, supremacistas o sectarios que no sólo buscan notoriedad o dinero, sino capacidad de control sobre el cuerpo social. La enfermedad afecta a órganos vitales de la vida democrática y social como las instituciones, las elecciones, los medios de comunicación o la libertad de pensamiento, pero también a los individuos, a los que manipula para cambiar creencias, lealtades y comportamientos.
“(…) es necesario ampliar y profundizar la base de conocimiento y el modelo de actuación contra la desinformación que permita vacunar a las sociedades avanzadas”.
La desinformación permite fragmentar, aislar y manipular las opiniones públicas infectadas, desacreditar y cuestionar los hechos objetivos y acreditar como reales las emociones virtuales y las percepciones inducidas. Inicialmente, la desinformación era utilizada por los Gobiernos para influir nacional o internacionalmente, pero se ha ido instalando progresivamente en agendas no estatales de influencia política, económica o ideológica. Al igual que ha ocurrido con la ciberseguridad, los instrumentos creados por los Estados para llevar a cabo sus actuaciones civiles o militares de influencia se utilizan ahora en las estrategias privadas o partidistas de comunicación electoral, de mercado o de movilización social. Los Gobiernos han tomado conciencia de los riesgos de la desinformación para su seguridad y han comenzado a reaccionar, pero las sociedades y los individuos siguen despreocupados y contribuyen con su pasividad a su propagación. Se fijan en los árboles (fake news), pero siguen sin ver el bosque de la desinformación. En estas condiciones, la desinformación acabará con la vida democrática tal y como se concibe en Occidente en no muchos años y, por eso, es necesario ampliar y profundizar la base de conocimiento y el modelo de actuación contra la desinformación que permita vacunar a las sociedades avanzadas.
La desinformación como problema de conocimiento
Como en todas las áreas emergentes de conocimiento, el estudio del fenómeno ha ido por detrás de sus manifestaciones. Inicialmente, la lucha contra la desinformación se ha orientado a recabar los hechos y datos que permitieran conocer mejor su comportamiento y manifestaciones. La movilización ha seguido un patrón vertical de arriba abajo, liderado por las autoridades responsables de la seguridad y de la comunicación, que han puesto en marcha grupos de trabajo y adoptado las primeras medidas de reacción.
Por ejemplo, la Comisión Europea encuadró su lucha contra la desinformación dentro de sus medidas para protegerse frente a las amenazas híbridas procedentes del Este. En 2015 creó un grupo de trabajo (East Stratcom Task Force) dentro del Servicio Europeo de Acción Exterior en respuesta a las actividades rusas de desinformación, así como un instrumento de difusión pública (EUvsDisinfo). En 2016 creó una célula ad hoc (EU Hybrid Fusion Cell) dentro del European Union Intelligence Analysis Centre (EU INTCEN) para obtener y procesar la inteligencia disponible en fuentes abiertas y algunos Estados miembros pusieron en marcha el Centro de Excelencia en Helsinki (European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats, EU Hybrid CoE), al que se han ido sumando otros posteriormente, entre ellos España en 2017.
A los centros siguieron las medidas, como las que se mencionan en la figura anterior, incluido el código de buenas prácticas, en el que participan actores privados como las grandes plataformas y el sector de la publicidad. Dentro de su plan de acción contra la desinformación, las medidas se orientan a la detección, la difusión y la cooperación entre Gobiernos y, como novedad, actores privados.
En España la lucha contra la desinformación ha seguido el mismo patrón intergubernamental de movilización y ha primado el estudio de las amenazas –los actores detrás de la desinformación– sobre el estudio de la desinformación como objeto de conocimiento más amplio. Este enfoque continúa en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de 2019, que centra su atención en los actores –estatales y no estatales– que utilizan la desinformación para poner en riesgo la reputación nacional o el resultado de las elecciones. Por eso, la Estrategia no reconoce a la desinformación una categoría propia como riesgo específico ni propone otras líneas de acción para combatirla que fomentar el espíritu crítico de la sociedad como parte de su cultura de la ciberseguridad.
España ha participado en las iniciativas europeas y trasladado sus conclusiones a las medidas gubernamentales. En el aspecto normativo, el Consejo de Seguridad Nacional aprobó en marzo de 2019 el procedimiento de actuación contra la desinformación en respuesta al plan de acción europeo aprobado en diciembre de 2018. Se coordina desde el Departamento de Seguridad Nacional y, de cumplirse la intención del presidente del Gobierno manifestada en su discurso de investidura en enero de 2020, se convertirá en una estrategia nacional de lucha contra la desinformación durante la presente legislatura. La iniciativa anterior se corresponde con la creación en marzo de 2019 de la Comisión Permanente contra la Desinformación, en la que participan representantes de Presidencia, Exteriores, Defensa, Interior y Economía y liderada por la Secretaría de Estado de Comunicación, además de ser punto de contacto único con el Sistema de Alerta Rápida de la UE.
Cambio en el modelo de actuación
“Para construir una comunidad de conocimiento inclusiva en torno a la desinformación, los observatorios públicos han tenido un papel relevante”.
Las iniciativas anteriores han permitido progresar en el conocimiento de la desinformación, pero este fenómeno, a su vez, ha evolucionado muy deprisa y aumentado su complejidad, por lo que persiste el desfase entre conocimiento y acción. Para reducirlo, las últimas tendencias conocidas apuntan a un cambio en el modelo de gestión para facilitar una mayor participación social y privada con la que complementar las medidas gubernamentales. Think-tanks como Brookings consideran insuficientes los resultados de los códigos de autorregulación y de los mecanismos intergubernamentales de coordinación en la lucha contra la desinformación en Estados Unidos, por lo que proponen mecanismos de consulta inclusivos donde colaboren expertos privados y responsables públicos; apuestan así por una colaboración público-privada y un enfoque nacional (whole-of-society) más relevante que el meramente gubernamental (whole-of-government). En el mismo sentido se había pronunciado antes el Real Instituto Elcano sobre la necesidad de una mayor participación del sector privado en la lucha contra la desinformación.
Para construir una comunidad de conocimiento inclusiva en torno a la desinformación, los observatorios públicos han tenido un papel relevante. La Comisión Europea apoyó la apertura de un observatorio Europeo contra la desinformación (SOMA, Social Observatory for Disinformation and Social Media Analysis) abierta a los investigadores, verificadores de información (fact-checkers), centros de excelencia académica y organizaciones sociales dedicados a la investigación y el análisis de cuestiones de comunicación y desinformación. España no dispone aún de un observatorio semejante, aunque tiene acceso a los resultados de los observatorios y centros de excelencia y comienzan a funcionar centros universitarios como la cátedra Jean Monnet de la UC3M sobre “EU, Disinformation & Fake News”, pero todavía carece de un ecosistema de conocimiento con suficiente masa crítica para mejorar el conocimiento y las medidas de actuación contra la desinformación.
A impulsarlo podrían contribuir dos iniciativas de reciente aparición. En primer lugar, el Centro Criptológico Nacional (CCN) acaba de inaugurar en 2020 una nueva sección sobre desinformación destinada inicialmente a facilitar la identificación de las campañas de desinformación y a difundir informes de buenas prácticas. Segundo, la puesta en marcha del Foro Nacional de Ciberseguridad, también en 2020, abre la puerta a la cooperación público-privada en asuntos como la desinformación. Ambas iniciativas podrían coadyuvar a desarrollar una incipiente área de conocimiento científico y una comunidad más inclusiva en la lucha contra la desinformación en España. Con ello podría concienciar a mayor parte de la sociedad española sobre los riesgos de la desinformación y contribuir más eficazmente a la lucha internacional contra ella.
