Si el mandato 2019-2024 de la Comisión Europea se centró en la “doble transición verde y digital”, la narrativa europea ha experimentado un desplazamiento estratégico hacia un enfoque de “tecnologías digitales” y “tecnologías limpias”, que se ha operativizado en sus pilares industriales y geopolíticos. Este cambio refleja que la disputa tecnológica está convirtiéndose en un eje de seguridad económica, autonomía estratégica y resiliencia industrial, con una creciente presencia de tecnologías de uso dual y una cada vez mayor interacción entre energía, defensa y digitalización.
Europa entra en un periodo decisivo en el que la política industrial ya no es una opción sino un imperativo de asertividad económica y geopolítica.
La narrativa previa enfatizaba los objetivos climáticos y la digitalización como transformaciones paralelas. Sin embargo, la actual situación geopolítica ha dado lugar a un discurso orientado a capacidades industriales concretas: fabricación de chips, inteligencia artificial (IA), cloud edge, almacenamiento energético, redes inteligentes, nuclear o tecnologías renovables como la geotermia y el hidrógeno, entre otros. Las redes eléctricas son uno de los aspectos de política energética con mayor necesidad de una integración de tecnologías digitales, como la IA y el cloud, con el fin de sortear las barreras actuales para el desarrollo de nuevas infraestructuras de conexión y reducir congestiones existentes, para garantizar la propia estabilidad de la red y evitar cuantiosas inversiones, optimizando la eficiencia económica del tejido eléctrico comunitario de manera integrada.
Así pues, la seguridad económica europea depende tanto de la infraestructura energética como de las infraestructuras digitales, ambas sujetas a riesgos de coerción externa, interrupciones en la cadena logística y de suministro, y volatilidad geoeconómica.
Un contexto energético que determina la competitividad tecnológica europea
Las cifras recientes subrayan la persistente vulnerabilidad energética europea. Los precios siguen claramente por encima de los competidores: el gas al por mayor en Europa ronda los 30 €/MWh, casi el doble que los niveles pre-COVID y tres veces más caro que en Estados Unidos (EEUU); y la industria electro-intensiva soporta costes energéticos significativamente más altos en Europa que en EEUU y China; y a pesar de la caída de los precios internacionales del petróleo en 2024, la factura total de importación de hidrocarburos alcanzó los 315.000 millones de euros. Además, las diferencias existentes entre ayudas de Estado según el país europeo hacen difícil comparar el coste real de la electricidad para la industria electro-intensiva en Europa y genera distorsiones en el mercado interior, que no consigue estar integrado en la práctica debido a la diferente capacidad fiscal entre los Estados miembros.
Los altos costes energéticos condicionan la capacidad de los países europeos para competir en las nuevas tecnologías intensivas en energía, desde la computación cuántica hasta los centros de datos, donde el coste eléctrico representa aproximadamente el 50% del coste total. Caso claro es el de la energía nuclear, cuyo debate se había visto minimizado durante varios años y que en los últimos tiempos ha vuelto a entrar en la conversación de cómo construir una industria digital y limpia en Europa. En el marco de la Cumbre mundial de Acción sobre Inteligencia Artificial, que tuvo lugar en París en febrero de 2025, el presidente Emmanuel Macron destacó el diferencial que aporta la energía nuclear de la que dispone el país, de suministro estable, despliegue a gran escala y limpia, para desarrollar macroproyectos de IA. Con el objeto de atraer a inversores y empresas a Francia, algunos compromisos de la cumbre incluyeron la instalación de 10.000 millones de dólares para un superordenador de IA, que necesitaría un gigavatio de potencia, aproximadamente la cantidad generada por uno de los reactores nucleares más pequeños de Francia; y la instalación de centros de datos en el país. Sin embargo, al mismo tiempo, el cuello de botella está en la conexión de esos centros de datos a la red eléctrica: los plazos de permisos y construcción de líneas de alta tensión pueden alargar hasta cinco años la puesta en marcha. Esto indica que la capacidad energética no es el único factor necesario: se necesita una estrategia proactiva de agilización regulatoria y permisos.
También afecta al despliegue de tecnologías de energía limpia: fabricar baterías, paneles solares, acero verde y electrolizadores exige energía abundante y a bajo coste. Las condiciones actuales sitúan a Europa en desventaja frente a EEUU (beneficiado por precios energéticos estructuralmente bajos) y China (con economías de escala y energía más competitiva). Así, la industria europea de automoción, de la que como señala el Informe Draghi de 2024, dependen 14 millones de empleos directa e indirectamente, afronta actualmente una crisis existencial. No sólo los esfuerzos de Europa por equipararse a China en cuanto a fabricación de baterías no han dado fruto, sino que, incluso en el caso de que Europa consiguiera igualar a China en tecnología de fabricación de baterías, el coste final del vehículo eléctrico seguiría siendo entre un 30% y un 50% más alto que en China, debido a los costes energéticos.
La transición energética genera también nuevas dependencias: la mitad del cobalto mundial procede de la República Democrática del Congo, la mitad del litio de Australia y la mitad de las tierras raras de China, que además controla el refinado y el 95% de los paneles solares instalados en Europa. La Unión Europa (UE) importa más del 80% de los minerales críticos, esenciales para las tecnologías de energía limpia como vehículos eléctricos, baterías, turbinas eólicas, paneles solares, electrolizadores y redes eléctricas inteligentes.
Así pues, la independencia tecnológica verde requiere capacidades digitales y energéticas, y todas ellas dependen de cadenas de suministro hoy dominadas por terceros.
En el ámbito digital, las dependencias son igualmente profundas. Europa produce apenas un 10% de los semiconductores mundiales, sin capacidad industrial por debajo de 10 nm. El mercado cloud europeo continúa dominado por proveedores estadounidenses, que concentran alrededor de dos tercios del mercado. En tecnologías críticas –es decir, en IA, semiconductores, cuántica, biotecnología y el resto de las tecnologías listadas por la Estrategia de Seguridad Económica de la Comisión Europea de junio de 2023–, más del 85% del liderazgo global lo tienen EEUU y China. Europa conserva ventajas en cuellos de botella como las impresoras de litografía de ASML para la industria de semiconductores, pero carece de escala industrial en muchos otros nodos esenciales, como son chips de IA, high performance computing, módulos avanzados y plataformas de datos.
Este doble desequilibrio requiere construir una nueva arquitectura de política industrial europea: asegurar capacidad de fabricación, reducir aquellas dependencias que suponen un alto riesgo y acelerar la madurez de tecnologías emergentes que son digitales y limpias a la vez.
El papel del Marco Financiero Plurianual 2028-2034 para una política industrial competitiva
En los últimos años, varias propuestas han buscado consolidar una política industrial europea más asertiva. El Net Zero Industry Act (NZIA) fija un objetivo del 40% en la fabricación europea de tecnologías neutras y establece procedimientos de autorización acelerados, a pesar de lo cual este objetivo parece difícil de lograr. El Clean Industrial Deal busca proteger las industrias europeas de la competencia desleal y la volatilidad de los precios de la energía, así como reducir la dependencia de materiales críticos y asegurar el suministro necesario para la transición energética, mediante la circularidad y diversificación de la cadena de suministro, fomentando la demanda de productos limpios a través de criterios de sostenibilidad en la contratación pública y privada y reforzando los instrumentos de defensa comercial. No obstante, pocas medidas realmente novedosas se proponen en el Plan de Acción para una Energía Asequible más allá de la recuperación de la energía nuclear.
Al mismo tiempo, la Comisión Europea ha publicado una propuesta de “Marco de Soberanía en la Nube”, que define un conjunto de ocho objetivos de soberanía tecnológica para servicios en la nube, que abarcan desde la gobernanza industrial europea, la jurisdicción legal, el control sobre datos e IA, hasta la resiliencia operativa, las cadenas de suministro, la independencia tecnológica, la seguridad-cumplimiento y la sostenibilidad ambiental. El documento introduce una escala de niveles de garantía (SEAL) –de No Sovereignty hasta Full Digital Sovereignty–, junto con una puntuación ponderada que permite evaluar la idoneidad de los proveedores en procedimientos de contratación pública en la UE.
También ha lanzado una propuesta de desarrollo de IA desde una perspectiva más industrial que antes, con el AI Continent Action Plan, que busca reforzar el desarrollo de tecnologías en Europa en cinco ámbitos: infraestructura de computación (esperándose tener al menos 13 fábricas de IA operativas para 2026, hasta cinco gigafactorías y triplicar la capacidad de los centros de datos de la UE en los próximos 5-7 años), los datos (mejorando el acceso a los mismos y desarrollando datos de alta calidad), las habilidades, el desarrollo de algoritmos avanzados y su adopción en sectores estratégicos como la salud, la automoción y la manufactura avanzada; y la simplificación normativa.
En este contexto, en julio de 2025 la Comisión Europea presentó su propuesta de Marco Financiero Plurianual (MFP) para el período 2028-2034, que consolida este cambio de narrativa estratégica, pero, especialmente, aterriza una operatividad concreta y novedosa. Reduce programas de 52 a 16, aumenta el porcentaje de objetivo climático del 30% al 35% y amplía el alcance de nuevos “recursos propios”, incluyendo uno propio basado en los residuos electrónicos no recogidos mediante la aplicación de un tipo uniforme al peso de dichos residuos y que se espera genere alrededor de 15.000 millones de euros anuales de media.
Además, centraliza instrumentos y estructura la inversión pública en torno a cuatro grandes oportunidades de inversión bajo el paraguas de un nuevo Fondo Europeo de Competitividad (ECF), que son el Capítulo IV sobre transición limpia y descarbonización industrial; el Capítulo V sobre salud, biotecnología, agricultura y bioeconomía; el Capítulo VI sobre tecnologías digitales; y el Capítulo VII sobre resiliencia, industria de defensa y espacio. Si bien las cuatro ventanas de inversión están integradas en un único marco –el ECF– es necesario que estas ventanas de inversión diferenciadas dentro del ECF funcionen de manera complementaria.
Del total de 234.000 millones de euros previstos para el ECF, 125.000 millones se destinarían al capítulo de industria de defensa y espacio –es decir, más de la mitad del presupuesto–, mientras que 51.500 millones irían a tecnologías digitales, 26.200 millones a transición limpia y descarbonización industrial, y apenas 20.300 millones a salud, biotecnologías, agricultura y bioeconomía. Evitar que estas áreas evolucionen en compartimentos estancos no puede confiarse únicamente a un marco de gobernanza de “ventanilla única” como el que plantea el ECF.
La experiencia con la plataforma estratégica STEP, diseñada en 2024 bajo el paraguas de la Dirección General de Presupuesto precisamente para coordinar múltiples líneas de financiación desde un único punto de acceso, demuestra que este enfoque necesita mejoras. STEP tiene el objetivo de que una misma entidad acceda a fondos procedentes de distintos programas para un mismo proyecto; sin embargo, su primer informe de evaluación revela una clara asimetría: más del 50% de los proyectos se han concentrado en la línea de tecnologías limpias y de eficiencia de recursos, alrededor del 30% en tecnologías digitales y profundas, y menos del 20% en biotecnología. Es decir, la simple existencia de una ventanilla única no ha bastado para fomentar una interacción equilibrada entre estos ámbitos estratégicos ni para asegurar un enfoque realmente integrado.
En segundo lugar, la integración del enfoque de uso dual en la propuesta de Horizonte Europa bajo el MFP 2028-2034 debe priorizar que la I+D en tecnologías digitales y limpias sea de origen eminentemente civil, teniendo las consideraciones de uso dual o militar como aplicaciones posteriores. Esto es clave porque no existe certeza sobre el tiempo que durará el contexto de defensa actual y, por tanto, necesita hacerse una correcta gestión de expectativas para evitar severos desequilibrios en la oferta y la demanda, un exceso de stock no utilizable y dificultades de sostenibilidad financiera para empresas y entidades centradas en estas aplicaciones militares que combinen tecnologías digitales y limpias, como el transporte militar.
En tercer lugar, la propuesta del ECF manifiesta en su artículo 10 una “preferencia europea”, proponiendo criterios de manufactura local; garantizar que no transfieren operaciones, resultados ni derechos asociados a países no elegibles durante el proyecto y hasta cinco años después; emplear en la medida de lo posible suministros y componentes procedentes de países elegibles; y mantener un control sobre los resultados, asegurando que ninguna jurisdicción no elegible limite su capacidad para decidir, modificar o sustituir componentes o usos derivados del proyecto.
En el caso de la interacción entre las tecnologías digitales y limpias es importante tener en cuenta que la cadena de suministro no es mayoritariamente europea, sino que existen proveedores de terceros países. Una aplicación de este artículo 10 requeriría una evaluación específica de cada caso. La computación de alto rendimiento es clave para diseñar redes energéticas, optimizar la producción de hidrógeno y gestionar sistemas eléctricos con alta penetración renovable. Las fábricas de baterías, los electrolizadores y los nuevos materiales requieren automatización avanzada, sensores, IA y cloud-edge. Y a la inversa: la infraestructura digital sólo puede expandirse si dispone de energía competitiva, renovable y estable.
Recomendaciones para una financiación europea integrada en tecnologías digitales y limpias
Más allá de cualquier consideración vinculada a la coordinación e interacción entre oportunidades de inversión, preferencia europea e I+D de las tecnologías digitales y limpias, lo cierto es que existe un enfoque cada vez más orientado a la seguridad económica, con una política industrial europea de mayor participación pública, más orientada a la resiliencia y más coordinada entre energía y digital.
Varios elementos clave que garanticen que la financiación consolida el objetivo de la política industrial europea deberían ser:
- Creación de “proyectos integrados” obligatorios en el ECF que combinen tecnologías digitales y energía: gemelos digitales energéticos, IA para manufactura verde, electrificación inteligente, digitalización de cadenas de suministro limpias, computación de alto rendimiento (High-Performance Computing, HPC) para diseño de materiales y simulación climática.
- Establecer un porcentaje mínimo de inversión cruzada: por ejemplo, con una ratio del 15-20% por programa se garantizaría que cada euro en digital tenga efecto en tecnologías limpias y viceversa.
- Garantizar el alineamiento entre los marcos regulatorios, como son los Chips Act, Data Act, NZIA, Critical Raw Materials Act y Clean Industrial Deal para evitar cuellos de botella normativos entre tecnologías digitales y energía.
En conclusión, Europa entra en un periodo decisivo en el que la política industrial ya no es una opción sino un imperativo de asertividad económica y geopolítica. El MFP 2028-2034 debe consolidar un enfoque integrado en tecnologías digitales y limpias, porque ninguna de ellas puede desplegarse plenamente sin la otra. La competitividad futura de Europa –y su autonomía estratégica abierta– dependerá de su capacidad para financiar, coordinar y escalar tecnologías que simultáneamente descarbonicen, digitalicen y refuercen la seguridad del continente.
