Los británicos, aunque por una ajustada mayoría, han decidido abandonar la UE, precisamente cuando la amenaza yihadista que el terrorismo global supone para su país es más elevada que nunca desde los atentados ocurridos en Londres el 7 de julio de 2005. Mientras acudían a votar en el referéndum del 23 de junio, el Joint Terrorism Analysis Center (JTAC), órgano que dentro del MI5 –agencia de inteligencia dedicada a la seguridad interior del Reino Unido– tiene entre sus cometidos el de valorar la amenaza terrorista, situaba ésta en un nivel “severo”, lo que significa que un atentado es no ya posible o muy posible sino “altamente probable” en suelo británico.
La situación no es diferente en otras naciones de Europa Occidental. El terrorismo global se ha extendido inusitadamente en los últimos años y adquirido mayor complejidad, en buena medida debido al auge del denominado Estado Islámico (EI) y su rivalidad con al-Qaeda. A fines de 2015 eran unos 800 los británicos o residentes en el Reino Unido que habían partido como combatientes terroristas extranjeros hacia Siria e Irak, de los cuales cerca de la mitad habrían retornado. A lo largo del mismo año, los servicios de seguridad detuvieron a más de 300 individuos por actividades relacionadas con el terrorismo yihadista y frustraron no menos de siete atentados que iban a ser ejecutados en el país.
“Cualquier posible incremento en la seguridad fronteriza tendría un impacto entre imperceptible y marginal sobre la amenaza terrorista”
No hay razones para pensar que el yihadismo global y su amenaza terrorista para el conjunto de Europa Occidental habrán dejado de existir cuando el Brexit se complete. Así las cosas, ¿salir de la UE tendría alguna incidencia en la amenaza de ese terrorismo yihadista para el Reino Unido? ¿Repercutirá el Brexit sobre las capacidades británicas de prevención y lucha contra dicho fenómeno?
Nada sugiere que los niveles de la amenaza terrorista en el Reino Unido vayan a modificarse con el Brexit. Pertenecer o no a la UE es irrelevante para que el país sea señalado como blanco por las organizaciones yihadistas basadas en Oriente Medio o el Sur de Asia, las cuales –eso, sí– se atribuirán haber contribuido a fragmentar Europa. Por otra parte, cualquier posible incremento en la seguridad fronteriza tendría, además de efectos muy negativos para los sectores más dinámicos de la sociedad y de la economía británicas, un impacto entre imperceptible y marginal sobre la amenaza terrorista, teniendo en cuenta que el Reino Unido solo cooperaba en algunos aspectos del Acuerdo Schengen.
Además, un pretendido mayor control sobre la inmigración procedente de la UE como el demandado por los partidarios del Brexit, resultaría poco eficaz si de reducir el nivel de la amenaza terrorista en el Reino Unido se trata, pues hace más de una década que su principal componente no es foráneo sino autóctono o homegrown. No menos de ocho de cada 10 de los detenidos en el país durante 2014 y 2015 por delitos de terrorismo eran británicos o contaban con doble nacionalidad, una de ellas la británica. Poco extrañará que el Gobierno británico haya sido pionero, en el marco Europa Occidental, aunque sin los resultados deseados, en la adopción de programas de prevención de la radicalización violenta.
Esto último hace desde luego inverosímil que, aun no siendo vinculantes para los británicos las decisiones y normativas comunitarias contra el terrorismo, una vez abandonen la Unión, se reproduzcan las condiciones estructurales que en los 90 del pasado siglo hicieron de su capital un Londonistán. Allí se movían con facilidad delegados de al-Qaeda y líderes del Grupo Islámico Armado (GIA) argelino y del Grupo Islámico Combatiente Libio (GICL). Ello fue en parte debido a tolerancia oficial derivada de un enfoque multiculturalista ante la inmigración pero también a la voluntad de hacer al país inmune de los atentados que esas organizaciones terroristas perpetraban en otros, fuera y dentro de Europa, como ocurrió en 1995 en Francia.
“Fuera de la UE, la comunidad de Inteligencia no podrá beneficiarse del acceso a bases multilaterales de datos cuya importancia ha quedado de manifiesto tras los atentados”
Hoy el Reino Unido cuenta con uno de los modelos antiterroristas más desarrollados en el mundo occidental. Pero fuera de la UE su comunidad de Inteligencia no podrá beneficiarse del acceso a bases multilaterales de datos cuya importancia ha quedado de manifiesto tras los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París y del 22 de marzo de 2016 en Bruselas. Esto es algo que objetivamente limitará sus capacidades de prevención y lucha contra el terrorismo, tanto en relación al escenario europeo continental como respecto a focos de amenaza terrorista como el Magreb y el Sahel, donde otros países de la UE se encuentran mucho mejor situados. Tanto más avance la UE en sus bases de datos multilaterales de interés para la lucha contra el terrorismo, tanto mayor será para el Reino Unido el perjuicio de no poder acudir directamente a ellas.
Las autoridades británicas tratarán de compensar este problema mediante acuerdos bilaterales para el intercambio de información con diversos países europeos por separado y su participación en foros informales, pero el contexto y los términos de su actualización serán distintos. También intentarán hacerlo recurriendo a sus relaciones privilegiadas con EEUU –a través del UK–US Intelligence-sharing and Cooperation Arrangement (UKUSA)– y por ende de su pertenencia a la alianza que en materia de inteligencia forman las naciones de los “Cinco Ojos”, junto a Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Alianza cuyos socios no europeos consideraban muy valioso que el Reino Unido fuese miembro de la UE.
Pero el Brexit tendrá para el Reino Unido más consecuencias sobre sus capacidades antiterroristas, sobre todo a medio y largo plazo. Ya no podrá contar con Europol ni con su nuevo Centro Europeo Contra el Terrorismo. Sería razonable, por cierto, que el actual director británico de Europol dimitiera como consecuencia de los resultados favorable al Brexit en el referéndum llevado a cabo en su país, para no proyectar incertidumbre sobre la institución en un momento tan importante de su desarrollo. Pero el Reino Unido tampoco podrá seguir beneficiándose de la Orden Europea de Detención y Entrega –la “Eurorden”–, por lo que necesitará recurrir a procedimientos más lentos y complicados de extradición para perseguir a terroristas arrestados en la UE. Quedará privado de Eurojust y de la contribución que esta agencia de la UE hace a la cooperación judicial antiterrorista. Asimismo, dejará de percibir fondos comunitarios para sus iniciativas nacionales de prevención de la radicalización terrorista.
En suma, el nivel de amenaza terrorista para el Reino Unido se mantendrá con el Brexit. Pero es previsible que abandonar la UE afecte a medio y largo plazo a las capacidades antiterroristas del país, especialmente –aunque no sólo– en relación con su comunidad de inteligencia. La UE pierde a un país que ha sido decisivo en la adopción de la actual Estrategia Europea de Lucha contra el Terrorismo y de numerosas medidas derivadas de la misma, lo que tendrá una innegable importancia a corto plazo. Pero son los ciudadanos británicos quienes van a resultar más perjudicados y su aislamiento o la ilusión de recuperar, fuera de la UE, una soberanía sobre su seguridad nacional que nunca cedieron, no va a protegerlos mejor de la amenaza yihadista del terrorismo global.
