Son muchos más los conflictos que estallan o se mantienen activos durante años que los que se logran solucionar con un acuerdo de paz. Por eso es tan bienvenido el contrapunto derivado del acuerdo firmado el pasado 27 de junio entre la República Democrática del Congo (RDC) y Ruanda, con la mediación estadounidense, qatarí y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Un acuerdo que, en todo caso, aún debe pasar la prueba del tiempo para confirmar si se consolida e incluso sirve de ejemplo para resolver el resto de los conflictos que asolan desde hace años la región de los Grandes Lagos.
¿Será Trump el que termine por proveer a los Grandes Lagos de la seguridad que los gobiernos locales no han sido capaces de proporcionar?
De momento, ambos actores dicen comprometerse a respetar la soberanía territorial de su vecino y a establecer un alto el fuego generalizado, eliminar todo apoyo a los grupos armados que actúan a caballo de la frontera común y garantizar la seguridad de la población civil y de los actores humanitarios. A eso se suma, mirando hacia el futuro, el compromiso de una colaboración en proyectos que fomenten el desarrollo conjunto y la adopción de medidas que atraigan a los inversores internacionales. Si todo eso se lograra se habría conseguido pasar página definitivamente a una etapa de pésimas relaciones vecinales, intensificada de manera trágica a partir del genocidio contra los tutsis (1994), cuando parte de sus perpetradores decidieron proseguir las matanzas en Ruanda desde suelo de la RDC. La evolución de esa dinámica violenta desembocó finalmente en la I Guerra del Congo (1996-1997) y en la II Guerra del Congo (1998-2003). Más recientemente, desde 2021, la violencia ha vuelto a intensificarse con el protagonismo del grupo M-23, apoyado por Ruanda, aunque Kigali niega rotundamente cualquier tipo de respaldo a un grupo que nunca ha podido ser derrotado por las fuerzas congoleñas.
Una primera variable a considerar para explicar la firma del acuerdo sería el simple cansancio de unos actores combatientes que han podido comprobar, tras años de confrontación, que ninguno está en condiciones de imponer totalmente su dominio a sus contrarios. Pero eso sería olvidar que para muchos de ellos la violencia ha dejado de ser un instrumento al servicio de una finalidad política y ha pasado a convertirse simplemente en una forma de vida que les concede cierta cuota de poder y de recursos. Por eso, sin que todo pueda reducirse a una sola clave, resulta inevitable concluir que el factor principal tiene nombre propio: Donald Trump.
Por un lado, el acuerdo le sirve para acercarse aún más a su deseado premio Nobel de la Paz, reforzando la imagen de pacificador universal con la que ya quiso ser identificado en su discurso inaugural el pasado 20 de enero. Por otro, haciendo gala nuevamente de su perfil transaccional en política internacional, Trump sabe que la RDC es una pieza muy codiciada en el marco de la competencia que sostiene con China por el control de recursos escasos. Actualmente, China mantiene una posición de ventaja en el control de las denominadas tierras raras y otros minerales fundamentales tanto en computación cuántica, como en inteligencia artificial, fabricación de semiconductores de alta gama, vehículos eléctricos y otras tecnologías muy sofisticadas. La RDC cuenta con una enorme riqueza en muchos de esos recursos, llegando a albergar hasta el 60% de las reservas mundiales de coltán y representando el 70% de la producción mundial de cobalto, entre otros.
Es eso lo que ha llevado a Trump a implicarse directamente en la consecución de un acuerdo que no por casualidad se ha firmado en Washington. De ese modo, como recientemente ha hecho con Ucrania, cuenta con lograr el acceso preferente a unos recursos que le permitirán reducir su dependencia de Pekín como suministrador (hasta el 70% de las tierras raras que Estados Unidos importa vienen de China) y atraer al presidente congoleño, Félix Tshisekedi, hacia la órbita estadounidense. De ser así, tratando igualmente de implicar al presidente ruandés, Paul Kagame, el inquilino de la Casa Blanca habría logrado un resultado pleno.
Para ello, en cualquier caso, son muchos todavía los obstáculos a superar. En primer lugar, será necesario convencer a muchos de los grupos armados, empezando por el citado M-23, de que depongan las armas, se desmovilicen y se muestren dispuestos a reintegrarse en la sociedad. Una enorme tarea cuando, por un lado, no han participado en el proceso de negociación y, por otro, llevan años apostando por una violencia que les permite controlar un cierto territorio y aprovecharse de sus recursos. A eso se añade la enorme dificultad para eliminar la profunda desconfianza existente entre Kinshasa y Kigali, como bien demuestra el fracaso en anteriores procesos de negociación. Y todo ello sin olvidar que el gobierno de Tshisekedi está muy lejos de lograr el pleno control territorial de todo el país y de ostentar el monopolio del uso legítimo de la fuerza.
En esas condiciones, resulta muy aventurado suponer que los inversores internacionales se van a animar de inmediato a poner en marcha nuevos proyectos empresariales para beneficio de los 110 millones de habitantes de la RDC y los 14 de Ruanda, provocando un giro estructural que traiga paz y desarrollo a la región. ¿Será Trump el que termine por proveer a los Grandes Lagos de la seguridad que los gobiernos locales no han sido capaces de proporcionar?
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